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jueves, 6 de agosto de 2015

Expresidente Mujica denuncia intentos de desestabilizar a gobiernos latinoamericanos



AVN
Adital
José "Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, denunció en entrevista esta semana intentos de desestabilización en la región latinoamericana y advirtió que los medios de comunicación están asociados a dichas pretensiones.
El político uruguayo, quien fue Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, se refirió a la nueva derecha, a la que empresas de comunicación "hacen campañas con discursos actualizados, que se muestran como empresarios exitosos y con un discurso antipolítico”.

Expresidente uruguayo José Mujica y la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
El actual senador por el gobernante partido Frente Amplio destacó que los gobiernos progresistas de la región son atacados por priorizar a los hombres sobre el mercado.
Asimismo, indicó que en Uruguay hay una izquierda cada vez más formada, preparada e integrada que podrá dar la batalla e incluso acabar con el capitalismo y el consumismo, reseña información publicada en el portal web de la agencia Prensa Latina.
En los últimos meses, gobiernos de América Latina han sido objetivo de planes violentos orquestados por sectores de la derecha, para tratar de desestabilizar y acabar con sus mandatos legítimos.
Tal es el caso de Ecuador, donde en las últimas semanas el Gobierno del presidente Rafael Correa ha enfrentado hechos de violencia promovidos por la derecha contra la Ley de Redistribución de la Riqueza (Ley de Herencias) y de Ganancias Extraordinarias (Plusvalía), pese al anuncio del Ejecutivo de retirar temporalmente las normas y al llamado al debate nacional.
La derecha ecuatoriana emprende acciones violentas que buscan derrocar al Gobierno constitucional, utilizando como pretexto la reforma de la mencionada normativa, cuyo objetivo es profundizar la redistribución de la riqueza y la equidad social, y que sólo pechará a 2% de la población de la nación suramericana.
En junio pasado, grupos de opositores intentaron reanudar las protestas contra el Gobierno de Ecuador, tras la despedida del Papa Francisco de la nación andina, para demandar la derogación de las leyes.
El más reciente hecho violento se registró la semana pasada, cuando cerca de las instalaciones de los diarios El Telégrafo y El Universo, ubicadas en Guayaquil, estallaron bombas panfletarias firmadas por un supuesto grupo denominado "Frente de Liberación Nacional”.
Brasil sufre también la arremetida de la derecha, que también actúa en Venezuela y Argentina. En ésta última, la muerte de un fiscal ha sido usada por corporaciones mediáticas para pretender deslegitimar la gestión democrática y popular de la presidenta Cristina Fernández.
En Venezuela la escalada de la derecha ha tenido diversas fases, como la guerra económica, caracterizada por promover la usura, la especulación y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, así como campañas de rumores, fallidos golpes de Estado y planes para generar violencia y zozobra en el país.
El pasado 12 de febrero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció un nuevo intento de golpe de Estado contra Venezuela, su Gobierno y el pueblo.
El plan, que se iniciaría tras la publicación en los medios de comunicación de un manifiesto llamando a un Gobierno transitorio, contemplaba atacar con un avión Tucano – traído del exterior – los actos de conmemoración de la Batalla de La Victoria, así como sedes de instituciones del Estado y zonas residenciales de Caracas.
Al mismo tiempo, implicaría la reactivación de las guarimbas en la ciudad capital y otras localidades del país. La acción anticonstitucional fue totalmente desarticulada.
Las pretensiones de la derecha se han extendido a Centroamérica, específicamente a El Salvador, donde la oposición y grupos criminales ejecutaron un boicot al sector transporte para tratar de crear caos y promover un golpe de Estado contra el presidente legítimo Salvador Sánchez Cerén.
La semana pasada, bandas delictivas obligaron a transportistas a paralizar sus unidades bajo amenazas y asesinaron a nueve conductores que no acataron sus órdenes.
Ante la escalda de violencia, en El Salvador se incrementó la presencia policial y militar y se habilitaron vehículos de instituciones públicas, llamados "picacheros”, para asegurar la movilidad de las personas.

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