Cristina Fontenele
Adital
En un nuevo informe, denominado "Un
título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en
Colombia”, la organización
Amnistía Internacional examina como está la aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras (Ley
1448, de 2011), que fue aprobada para ayudar al gobierno a devolver
las tierras robadas en el marco de los conflictos armados en la país. Son casi
6 millones de personas, entre campesinos, indígenas, afrodescendientes, expulsados de sus tierras desde 1985 y que temen
retornar por causa del contexto de violencia que se enfrenta en el país.
La lucha por el control del
territorio, motivada por intereses económicos, militares y políticos, conjuntamente
con los altos niveles de pobreza rural y la elevada concentración de la tierra en
manos de pocos propietarios, son las principales causas del conflicto armado
que, desde hace más de 50 años, asota a Colombia. Según el investigador
de Amnistía Internacional en el país sudamericano, Marcelo
Pollack, "no basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya
está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos
y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos
responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a
juicio”.
La amenaza de homicidios,
sumada a la falta de rigor en la aplicación de la ley, hace lento el
cumplimiento de la promesa del gobierno colombiano de devolver las tierras a la
comunidad. Datos revelan que, a fines de agosto de este año, la Procuraduría
General estaba investigando cerca de 35 homicidios vinculados al proceso de
devolución de tierras, y es probable que el número sea mucho mayor. De acuerdo
con Pollack, "Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos
del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente
para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos
ocupantes”.
En el informe Amnistía
Internacional señala también que el 13% de la población colombiana huyó de sus
tierras; sólo en 2013, casi 220 mil personas fueron obligadas a abandonar sus
tierras. La mayor causa de los desplazamientos ocurre por la actuación de las
fuerzas paramilitares y por las fuerzas de seguridad, que actúan tanto por
separado como en conjunto. Son alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras
(14% del territorio) adquiridos ilegalmente, debido a intereses políticos y
económicos, incluyendo a poderosos grupos empresariales nacionales e
internacionales.
Otro problema preocupante
es la condición de las mujeres y niñas. El 45% de las familias que son víctimas
tienen como "jefe de familia” a una mujer, que es más vulnerable a los abusos
sexuales, siendo en algunos casos forzadas a prostituirse.
Problemas en la aplicación de la Ley
La impunidad es uno
de los factores determinantes para el fracaso de la ley. La informalidad de la
propiedad de la tierra también facilita la expulsión de las personas de sus
territorios y, cuando se suma al conflicto armado, se vuelve difícil determinar
el valor de la tierra en términos monetarios.
Menos de 30 mil hectáreas
fueron devueltas a sus respectivos dueños. Solamente un pequeño porcentaje si
se lo compara con los 8 millones de tierras robadas. La mayoría de los casos de
restitución es de personas que ya retornaron a las tierras y esperan sólo una
formalización de la posesión.
Conflicto histórico por la tierra
En el informe de Amnistía se
revela que la concentración de tierra en Colombia es una de las más altas del
mundo. Cerca del 1% de los propietarios tienen más de la mitad de las tierras
agrícolas del país, mientras que los pequeños propietarios, la mayoría de
campesinos pobres, equivalente a tres cuartos de todos los propietarios de
tierras, ocupan solamente el 10% de las áreas agrícolas. Según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia registra una de las
tasas más altas de desigualdad en la propiedad rural, en América Latina y en el
mundo, consecuencia histórica de las políticas públicas, del narcotráfico y de
grupos armados fuera de la ley.
Entre las diversas
recomendaciones, en el informe se destaca que se amplíe a 10 años el plazo de
aplicación de la Ley nº 1448 para garantizar que se respete el derecho de
restitución a todos los reclamantes de tierras. Sugiere también que se
implemente un programa de protección para los reclamantes y activistas, basado
en un modelo colectivo y de derechos humanos. Remarca también que se aseguren
recursos adecuados para que los órganos estatales puedan garantizar, de manera
efectiva, el derecho de reparación integral a las víctimas del conflicto.
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