Las versiones digitales del diario El Telégrafo y El Ciudadano señalan que en los últimos días se realizó una reunión entre la Cancillería y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) para analizar las repercusiones de una eventual decisión al respecto.
Según las fuentes, de concretarse la idea, el presidente Rafael Correa la anunciaría oficialmente en esta semana.
Informes consultados señalan que de 19,2 millones de dólares adicionales que la Usaid envió a esta nación en el año 2010, solo cuatro millones serían destinados a supuestos programas sociales.
El Telégrafo precisa que la finalización de la intervención de Usaid en Ecuador pasaría por la denuncia (culminación) tanto del Convenio Marco como de la estrategia-país que no ha sido renovada hasta la fecha.
Este mismo diario, de circulación nacional, puso al descubierto en las últimas semanas que esa agencia financia dos proyectos en territorio ecuatoriano por 4,3 millones de dólares bajo el supuesto de "fortalecer la democracia".
Con esos recursos, advierte, se busca liderar en este año electoral una campaña conjunta con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del país en contra del Decreto 982, que regulariza las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Esa intención, revela el rotativo, se estaría fraguando a través del convenio Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador o Ciudadanía Activa, ejecutado por el Grupo Faro y Fundamedios, ONG opuestas al Gobierno, junto a otras asociaciones similares.
Desde mayo de 2010 el presidente Rafael Correa ha revelado la existencia de un número considerable de ONG en el país, mayoritariamente sin control y sin pagar impuestos al fisco, con financiamientos para actividades políticas ilegítimas, incluso para la supuesta formación de líderes.
La Usaid reiteró recientemente su disposición a financiar grupos subversivos que buscan desestabilizar a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mecanismo integracionista surgido en 2004.
Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la agencia estadounidense, confirmó que Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que están luchando por los derechos humanos y la democracia en esas naciones.
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