La guerra contra los pueblos indígenas

La Jornada de México, dic 21 de 2008

"Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en paz". Las anteriores son palabras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en Colombia, pronunciadas el día 16 de noviembre pasado, después de enterarse de que en la mañana de ese día el automóvil de Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, la región donde el movimiento indígena colombiano ha avanzado más en la construcción de las autonomías, había sido baleado por elementos del ejército de ese país, en una acción criminal que arrebató la vida a Edwin Legarda, compañero de la consejera indígena.

Las palabras, pronunciadas con la ira y el dolor de quien padece una violencia irracional ante la falta de argumentos pacíficos que se funden en razones, son exactas y pueden ser suscritas por cualquiera de los movimientos indígenas de cualquier parte del continente. Los pueblos indígenas de América Latina padecen una guerra no declarada, por un enemigo que no se anuncia como tal pero lo es, el capitalismo en su etapa de desposesión, donde los recursos naturales han dejado de ser bienes comunes porque son necesarios para todos los seres vivos y se han convertido en mercancías de las cuales puede apropiarse cualquiera que tenga el capital y el poder para hacerlo, despojando a los demás, a menos que también tengan dinero para pagar por ellos. A eso se refieren las autoridades indígenas de Colombia cuando afirman que el motivo de la guerra contra ellos es la defensa de su dignidad y su derecho de construir un país sin dueños y en paz.

La muerte de Edwin Legarda ha suscitado una serie de reacciones tan importantes como las expresadas en apoyo al periodista iraquí Muntazer al-Zaidi por los zapatazos lanzados contra George W. Bush, al tiempo que le gritaba: "¡Ahí te va un beso de despedida, perro!" El movimiento indígena latinoamericano se siente agraviado con esa muerte y así lo ha manifestado. Pero no es el único, también han condenado el asesinato la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y el grupo de los 24 países más desarrollados del mundo. Frente a la presión internacional el Ministerio de Defensa colombiano sólo ha atinado a afirmar que aún no hay "suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos".

No sorprende la postura del ejército colombiano, que seguramente cuenta con la aprobación del señor Álvaro Uribe, presidente de ese país; lo que llama la atención es que el organismo internacional y la Unión Europea se muestren públicamente preocupados por el asesinato, porque normalmente, por razones diplomáticas, callan ante sucesos de esta naturaleza, aunque tal vez la gravedad del hecho no les deje otra alternativa. El hecho es importante pero tampoco hay que esperar que ello tenga resultados concretos. Ya lo vimos en México cuando el mismo organismo y otros similares se pronunciaron condenando los asesinatos de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, las comunicadoras triquis, actitud que no impidió siquiera que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República declarara hace días que su muerte no tuvo nada que ver con su ejercicio de comunicación.

Lo que no se puede perder de vista es la veracidad de la declaración de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. La guerra del capital contra los pueblos indígenas no es una posibilidad en el futuro sino una realidad que de muy diversas maneras se viene desarrollando en nuestro continente. Y tal vez no sea exacta la afirmación anterior de que se trata de una guerra que no ha sido declarada. Hay que recordar que desde el año 2000 la CIA advertía a los gobiernos de América Latina que el peligro para las oligarquías nacionales en los próximos años no serían las guerrillas subversivas sino los movimientos indígenas. El problema entonces no es si va a haber guerra o no, sino cómo la van a enfrentar los pueblos. Hasta ahora la mayoría de las acciones de resistencia han sido pacíficas. Falta ver qué pasará en el futuro próximo. Y eso no depende de los pueblos indígenas, que seguramente encontrarán la mejor forma de defenderse, sino de quienes han decidido hacerles la guerra.

Colombia: Presidente Uribe Asesinó a Edwin Legarda

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC no puede interpretarse como un hecho aislado. Es parte de la cadena de homicidios contra líderes indígenas de Colombia.

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA (CRIC)

Información:

1- Comunicado remitido a kaosenlared por el CRIC (sigue más abajo).

2- Informe de Observación y Verificación del asesinato de Edwin Legarda

COMPROMISO INSTITUCIONAL DE DESMENTIR LA VERSIÓN QUE EL FALLECIDO EDWIN LEGARDA HABIA HECHO CASO OMISO A UN RETEN MILITAREl

Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro;

segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y

tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades.

En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.Popayán, 19 de diciembre de 2008.

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC