Leon Bendesky
La Jornada
A mediados de agosto el poderoso grupo
de cerca de 200 presidentes y directores de las más grandes empresas de
Estados Unidos, que forman a título personal el grupo de cabildeo
llamado The Business Roundtable, emitió una declaración de propósitos en
la que propone replantear la prioridad de la llamada
primacía del accionista.
Este objetivo coloca como fundamento la idea de que las empresas
deben servir de modo prioritario a los dueños del capital. Se situó
firmemente como credo de la gestión empresarial a partir de un artículo
de Milton Friedman (The NYT Magazine, 3/9/70) que se titulaba, sin titubeos,
La responsabilidad de los negocios es acrecentar sus utilidades.
Pues ahora los miembros de este grupo de superélite declaran que tal
objetivo es sólo uno, pues añaden a clientes, trabajadores, proveedores y
las comunidades donde operan. Del gobierno no se dice nada.
Esta declaración no puede ser más que sumamente controversial. Un asunto, entre muchos otros, lo ilustra. Un artículo de The Atlantic
(agosto de 2019) señala que, según los datos de la Reserva Federal, en
los últimos nueve años las corporaciones han destinado recursos del
orden de 3.8 billones de dólares (según nuestra medida) para recomprar
sus propias acciones, lo que supera a cualquier otro inversionista, sean
individuos, fondos mutuales y de pensiones o inversionistas
extranjeros, combinados todos ellos.
El argumento convencional es que mediante la recompra disminuye el
número de acciones en el mercado, lo que incrementa el precio de cada
una de ellas y beneficia a los accionistas que permanecen.
Pero un estudio ha mostrado que son precisamente quienes dirigen las
empresas los que más se han beneficiado de las recompras. Se observó
que, en promedio, venden en esos momentos muchas más de sus acciones que
en situaciones normales y se aprovechan así del mayor precio que en el
corto plazo ellos mismos provocan cuando anuncian la recompra.
Así es que la flamante declaración que propone circunscribir la
primacía de los accionistas fue recibida con gran escepticismo de todas
partes.
Este asunto se inserta en un debate que data de la década de 1950 en Estados Unidos.
En términos generales puede enmarcarse en la disputa de la relación
asimétrica que existe en términos del control efectivo de una
corporación, o sea, entre quienes administran y quienes son dueños de
las acciones.
La situación indica que de modo creciente quienes están a cargo del management
ejercen el control, frente a un amplio conjunto de accionistas con una
capacidad efectiva diluida. Este es el caso del Business Roundtable, que
son enormes empresas públicas que listan sus acciones en la bolsa de
valores.
Una de las reacciones ante este control es la del llamado activismo
inversor, que alienta la influencia de los accionistas en el
comportamiento de una empresa ampliando sus derechos como dueños de una
parte del capital. Esto tiene que ver con la debilidad que usualmente
enfrentan los accionistas minoritarios en una empresa.
Una de las formas en que se ha planteado la cuestión del control y
fin social de las empresas ha puesto de relieve la transición que ha
ocurrido desde lo que se consideraba como los encargados de la
organización hacia los que preferentemente realizan las transacciones.
Este cambio ha sido impulsado hasta el extremo por el proceso de
financiarización, que implica el uso extendido del endeudamiento en las
empresas superando con creces al capital del que disponen, es decir, el
apalancamiento. Y también el hinchamiento de los mercados financieros
mediante operaciones cada vez más especulativas, como se manifestó en la
crisis de 2001 y de modo más profundo en 2008. Ésta ha provocado que
buena parte del poder económico esté hoy asentado en las grandes
empresas financieras, lo que repercute ineludiblemente en el uso del
capital con una mayor centralización y concentración.
La declaración del Business Roundtable se inserta en las crecientes
críticas al sistema de producción y distribución: la deslocalización de
la actividad económica, la preminencia de los servicios, la precariedad
del empleo y, en general, de la ocupación y la enorme brecha de la
desigualdad.
Consignemos el hecho por ahora. La iniciativa exhibe cuando menos el
debate sobre las contradicciones del desenvolvimiento social en curso.
Probablemente sea sólo una llamarada de petate.
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