La crisis humanitaria
en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras) podría recrudecerse durante la presidencia de
Donald Trump, quien desea incrementar la deportación de inmigrantes
ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica por
medio de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos de
seguridad y la reducción de la ayuda económica.
La
administración de Donald Trump deportó, en sus primeros cien días de
gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se encuentra por
debajo de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack Obama
durante el mismo período en 2016 [2]. A diferencia del gobierno
anterior, el arresto de inmigrantes ilegales para proceder después con
su deportación creció sustancialmente, lo cual allanó el camino para la
expulsión masiva de centroamericanos.
La deportación masiva de
inmigrantes centroamericanos, sin embargo, tiene el potencial de
debilitar el poderío de la industria estadounidense de alimentos, ya que
no contaría con una mano de obra sobreexplotada que continuamente
necesita renovarse con cuadros jóvenes por las condiciones inhumanas en
sus lugares de trabajo. El conflicto se ha resuelto hasta el momento por
medio del otorgamiento de visas de trabajo para el sector de la
agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos los
trabajadores centroamericanos [3].
Si el número de
deportaciones adquiere una escala masiva en Estados Unidos en los
próximos meses, los gobiernos centroamericanos se verán obligados a
recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una crisis
humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación económica
de los países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los índices
de pobreza extrema más elevados en América Latina [4].
La dura realidad de los países del Triángulo del Norte es que dependen
de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en Estados
Unidos, puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El
Salvador y Honduras respectivamente [5]. La reducción de las
remesas recibidas por las familias centroamericanas exacerbaría entonces
el caos social caracterizado por la indigencia, la pobreza y la
violencia.
El margen de maniobra de los países del Triángulo
del Norte es extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación
fiscal promedio (16% del PIB), que imposibilita incrementar el gasto
público para crear oportunidades de empleo para los migrantes ilegales.
La corrupción de las autoridades públicas que recaudan principalmente
sobre los impuestos indirectos, demuestra la imposibilidad de recaudar
más fondos por medio del mayor cobro sobre las ganancias del capital
trasnacional.
La corrupción política es apoyada por Washington a
través de los programas financiados por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, que promovió recientemente los
golpes de Estado de Manuel Zelaya en Honduras y Otto Pérez Molina en
Guatemala. En consecuencia, los gobiernos centroamericanos no pueden
implementar reformas económicas en beneficio de las mayorías sociales,
mientras sus instituciones políticas se encuentren bajo la tutela de
Estados Unidos.
Además de la insignificante recaudación fiscal,
los gobiernos centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el
enorme gasto militar a causa de las exigencias de Washington que demanda
la destinación de sus fondos al combate contra las redes criminales.
Por ejemplo, el gasto militar de Honduras y El Salvador está por encima
del 6% del PIB, cifra que supera el gasto militar como proporción del
PIB de todos los países latinoamericanos [6].
La doble
cara de Washington en sus fuertes demandas al gasto militar se refleja
en su casi nula aportación de 630 millones de dólares a la Alianza para
la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del Norte
aportaron 2,900 millones de dólares para la conformación del 80% del
fondo en 2107 [7]. Los países centroamericanos se encuentran así
aislados y desprotegidos para cambiar su penosa situación económica ante
el desinterés de Washington.
Adicionalmente, los gobiernos
centroamericanos ya son presionados por el presidente Donald Trump,
quien solicitó una disminución del 30% en la ayuda económica de la
Alianza para la Prosperidad correspondiente a 2018. La asistencia
económica se reducirá a 460 millones de dólares y podría disminuir aún
más próximamente, ya que la continuidad del apoyo económico está
condicionada a la cooperación de los países centroamericanos en la
deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Cabe
destacar que más de la mitad de la contribución estadounidense a la
Alianza para la Prosperidad se destina al fortalecimiento del aparato
bélico de los países centroamericanos a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica [8].
Esta estrategia solamente ha contribuido a militarizar todo el
territorio centroamericano a costa de aumentar la violencia, la
represión y la persecución de la población.
Asediados por las
masacres sociales y la terrible situación económica, los
centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su país de origen
debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y los altos
índices de violencia. Dichos factores mantienen a la región del
Triángulo del Norte como el territorio más violento de América Latina a
pesar de la inexistencia de una guerra comparable a los conflictos en
Medio Oriente.
En contraste con el fortalecimiento del aparato
militar, el gobierno de Donald Trump no tomará acciones decisivas para
desarticular el tráfico de drogas que tiene como destino a los
consumidores estadounidenses. La región del Triángulo del Norte seguirá
teniendo una importancia geoestratégica para el narcotráfico, ya que
representa un importante corredor del tráfico de drogas entre América
del Sur y Estados Unidos.
La deportación de migrantes ilegales,
por consiguiente, beneficiará a las organizaciones criminales
trasnacionales como las maras, organización que se dedica al tráfico de
drogas, la venta ilícita de armas y la extorsión de personas y empresas
principalmente en Centroamérica. La razón por la cual sucederá esto es
porque los centroamericanos deportados engrosarán las filas de las
organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra barata,
con lo cual se acrecentará la violencia en los países centroamericanos.
Lo más atroz vendrá para los migrantes si se llegara a concretar la
construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, ya que
la experiencia ha demostrado que la construcción de muros únicamente
promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los
puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de
los traficantes de personas [9].
A pesar del silencio
de los grandes medios de comunicación sobre los acontecimientos de los
pequeños países de Centroamérica, indudablemente son ellos los que
sufren con mayor violencia la dominación de Estados Unidos. Y el futuro
que depara a los centroamericanos dependerá fundamentalmente de la
resistencia de los movimientos sociales contra la política migratoria de
Donald Trump.
Ulises Noyola Rodríguez, Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.
[2] The Washington Post. Immigration arrests soar under Trump; sharpest spike seen for noncriminals. Fecha de publicación: 2017.
[3] New York Times. Los productores de California apoyaron a Trump, pero ahora temen perder jornaleros. Fecha de publicación: 2017.
[4] CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina 2016. Fecha de publicación: 2016.
[5] Inter-American Dialogue. El triángulo de la desesperación de Centroamérica. Fecha de publicación: 2017.
[6] Banco Interamericano de Desarrollo. Los costos del crimen y de la violencia. Fecha de publicació n: 2017.
[7] Atlantic Council. Building a better future: A Blueprint for Ce ntral America’s Northern Triangle. Fecha de publicación: 2017.
[8] Congressional Research Service. U.S. Strategy for Engagement in Central America: Policy Issues for Congress. Fecha de publicación: 2017.
[9] Amnistía Internacional. Enfrentando muros. Fecha de publicación: 2017.
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