Guatemala
Las reformas
legislativas para establecer normas de paridad en los sistemas
electorales y el marco político, no son un invento chapín. Solo en
América Latina 14 países introdujeron, desde 1991, acciones afirmativas
de género a nivel de cuotas y paridad, las cuales se tradujeron en una
mayor presencia femenina en las cámaras y otros espacios de decisión.
Sin embargo, existe una fuerte resistencia al cambio en algunos foros
parlamentarios, como el de Guatemala, bajo la excusa de que esos
espacios solo deben abrirse por mérito y no por ley.
Aquí,
resulta pertinente insistir en el hecho de que no existe el concepto de
mérito alguno en el actual sistema electoral, ya que los puestos en los
listados de candidatos están abiertos a un mercado de oferta y demanda,
manejado a conveniencia de las cúpulas partidarias. Los resultados están
a la vista.
Los avances en la conquista de los derechos de las
mujeres ha sido un camino empedrado y sembrado de obstáculos. Es una
batalla desigual en la cual de un lado están quienes tienen las llaves
del poder y de la elaboración de leyes y, en el otro, la mitad de la
población sujeta a un régimen de sumisión obligatoria. Un tema por demás
apropiado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y echar un
vistazo a sus luchas por la igualdad.
Desde el voto femenino,
el derecho al aborto, el ingreso a las universidades hasta la práctica
del deporte en arenas olímpicas, la mujer ha tenido que pelear sus
espacios a brazo partido. Esto le ha costado descrédito, prisión, muerte
y destierro. Sus ambiciones han sido calificadas de ridículos intentos
de colocarse a nivel del hombre, cuya ilegítima autoridad ha estado
amparada por leyes destinadas a preservar sus privilegios.
En
la actualidad ya no se discute la capacidad de las mujeres para aportar
sus conocimientos, experiencia y calidad de trabajo en los ámbitos
político y administrativo, pero los candados siguen cerrados para su
acceso a cargos de elección y posiciones de poder. Las reformas a leyes
opuestas a la norma constitucional, las cuales ponían obstáculos al
libre ejercicio de los derechos de las mujeres, costaron años de
argumentaciones por parte de este sector. Lo mismo sucedió con la Ley
Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a cuya
aprobación se resistía la mayoría de representantes, quienes veían en
ella una fuerte amenaza a su estatus. Hoy esos avances son una realidad.
La legitimidad del sistema democrático depende, entonces, de
una participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. Ante
eso no puede existir la menor duda, al quedar demostrado que la
marginación de la mujer responde a una estrategia de dominación
patriarcal en sistemas diseñados con ese fin. En países como los
nuestros, en donde la población más pobre está compuesta
mayoritariamente por mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace
imperativo introducir cambios radicales en el modo de administrar los
recursos del Estado y establecer políticas públicas en consenso con
todos los sectores.
Guatemala posee una riqueza inmensurable en
recurso humano, creatividad y capacidad de producción, bienes
actualmente desperdiciados y convertidos en una carga social por falta
de oportunidades de desarrollo. Una mayor presencia de las mujeres en
todas las instancias de decisión, pero fundamentalmente en el organismo
legislativo, pondría un acento nuevo y el equilibrio indispensable para
el ejercicio de un gobierno más dinámico, mejor administrado y con la
posibilidad de consolidar las relaciones humanas sobre una plataforma
más justa y democrática.
Blog de la autora: El Quinto Patio
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