por CERIGUA
El Observatorio de Pueblos Indígenas destacó que el Estado de Sitio
tiene características represivas y pretende deslegitimar la protesta
social pacifica que han mantenido las comunidades en la zona debido a
la instalación de la mina San Rafael, desde el 2008.
Guatemala, 3 May (Cerigua).- El Estado
de Sitio decretado por el Ejecutivo en cuatro municipios del oriente
guatemalteco tiene su fundamento en la aplicación de la Ley de Orden
Público, la que fue aprobada antes de las reformas a la Constitución
Política de la República, por lo que la decisión gubernamental se
encuentra descontextualizada y violenta los derechos individuales y
colectivos de la población, afirmó el Observatorio de Pueblos Indígenas.
El pasado 1 de mayo, el Ministerio de
Gobernación decretó Estado de Sitio en los municipios de
Mataquescuintla y en la cabecera departamental de Jalapa, así como en
Casillas y en San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa,
durante 30 días.
La medida pretende resolver la
situación de contingencia en la zona, por lo que las autoridades
suspendieron la vigencia de los siguientes derechos ciudadanos:
libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o
presos, libertad de locomoción, derecho de manifestación y portación de
armas, entre otros.
En un comunicado de prensa, la Oficina
de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) lamentó los hechos
violentos ocurridos el 29 y el 30 de abril en San Rafael las Flores y
en la Montaña Xalapán, en el oriente del país, que tuvieron sus causas
en el establecimiento de la mina San Rafael.
El Observatorio de Pueblos Indígenas
destacó que el Estado de Sitio tiene características represivas y
pretende deslegitimar la protesta social pacifica que han mantenido las
comunidades en la zona debido a la instalación de la mina San Rafael,
desde el 2008.
Un reporte del Centro de Medios
Independientes (CMI) señala que unas 2 mil personas se dieron cita en
Sábana Redonda el pasado lunes, a inmediaciones de la mina San Rafael,
como muestra de rechazo al reciente acuerdo que firmaron cinco
municipalidades de Santa Rosa y la empresa, con el aval del gobierno,
de incrementar voluntariamente a 5 por ciento las regalías; la Ley de
Minería establece el 1 por ciento.
A decir del Ministro de Gobernación,
Mauricio López Bonilla, el lunes 29 en la noche, 23 agentes de la PNC
se movilizaron al lugar, cuando fueron interceptados por un grupo de
campesinos que los retuvieron; a las 6 horas del día siguiente, unos 2
mil agentes al mando de Gerson Oliva, Director de la Policía,
incursionaron para liberarlos.
En el hecho resultaron heridos 10
agentes, dos de ellos de gravedad; un policía recibió un impacto de
bala en el pecho y falleció en el lugar; grupos de personas con gorros
pasamontañas irrumpieron en tres viviendas donde se hospeda personal de
la mina, las saquearon y les prendieron fuego, aseguró López Bonilla.
Mujeres abogan por la estabilidad social
En un comunicado de prensa, la
Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ)
expresó que las declaraciones públicas del Ministro de Gobernación,
Mauricio López Bonilla, en donde calificó de terroristas a quienes
defienden el territorio, puso en riesgo la estabilidad social.
Las autoridades no respetaron los
resultados de las consultas de buena fe, que se realizaron previo a la
instalación de la minera, tampoco la libertad de protesta regulada en
la Constitución Política de la República, ambos aspectos son
fundamentales para la construcción de la democracia, destaca el boletín
de AMISMAXAJ.
El Estado de Sitio aumentó la tensión y
la resistencia comunitaria en la Montaña Xalapán, un reflejo de la
incapacidad institucional para abordar los conflictos territoriales y
del debilitamiento de los mecanismos que se implementan para consolidar
la paz en Guatemala, señalaron las integrantes de dicha asociación.
Las lideresas hicieron un llamado a
continuar con las manifestaciones de forma pacífica y para que los
movimientos sociales se sumen a la defensa del territorio, que se
vería afectado con las actividades de explotación minera.
Fin Cerigua
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