MARIELOS MONZóN
El sábado, el presidente Álvaro Colom pidió perdón en nombre del Estado de Guatemala a las familias de Otto René Castillo y Nora Paiz por su secuestro, tortura y posterior fusilamiento. Durante el acto se declamaron varios de los poemas de Otto René que se refieren al sistema de opresión, a la injusticia social, al despojo de las tierras, a la miseria de los campesinos e indígenas y a las arbitrariedades de los terratenientes. Se recordó su trayectoria revolucionaria y su lucha por cambiar las injusticias del sistema.
Se pidió perdón por la violencia a la que fueron sometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. En la voz del cantautor Fernando López escuchamos los versos del poema Aquí sólo queremos ser humanos: “Cuando se nos dice: Comed/ comed vuestra miseria desgraciado/Cuando eso acontece no lloran los ojos/ sino la sangre humana y lastimada”.
En esa misma semana y durante tres días consecutivos, el mismo gobierno que pidió perdón realizó varios desalojos contra población campesina e indígena en el área del Polochic, y lo hizo con una violencia extrema, sembrando terror y muerte. Una vez más el aparato del Estado se ensañó contra la población más vulnerable, ejecutó extrajudicialmente al campesino Antonio Bed Ac, hirió a varios más, destruyó los cultivos de las comunidades, que son fuente de su alimentación; quemó las viviendas y emitió un comunicado en el que destacan frases como: “algunas organizaciones sociales de comportamientos radicales han recurrido de manera sistemática a la implementación de medidas de hecho…” o “han puesto en grave riesgo la gobernabilidad y el imperio de la ley en nuestro país” y “se congelará todo espacio de diálogo en el que participen organizaciones sociales que estén desarrollando medidas ilegales y de hecho…”.
Nada dice, por supuesto, de las ilegalidades cometidas por los terratenientes y sus aparatos de seguridad paralelos, del retorcimiento de la ley para conseguir títulos falsos de propiedad, ni de la complicidad de las autoridades judiciales en la emisión de órdenes de desalojo sin la verificación previa de la veracidad del reclamo de propiedad.
Los desalojos en las comunidades se ejecutaron con una desproporción absoluta del uso de la fuerza, tal y como ocurrió en la finca Nueva Linda durante el gobierno de Óscar Berger.
Según denuncias de los pobladores, a las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía se sumó la guardia privada de la empresa Chab’il Utz’aj, y fue el propio Carlos Widmann, dueño de la misma, y su gerente, Jorge Mario Barrientos, quienes dirigieron a los fiscales, policías y militares. Las autoridades desconocieron el acuerdo, al que se había llegado un día antes del inicio de los desalojos en la Comisión de Alto Nivel, para resolver por la vía de la negociación el conflicto.
La propiedad de las tierras que reclama como suyas la empresa no está clara y tampoco lo está la forma en que le fue otorgado un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al cuñado del entonces presidente Óscar Berger, que es el señor Carlos Widmann. Lo que sí está claro es de qué lado se coloca el gobierno y las instituciones estatales cuando de un conflicto histórico, laboral, ambiental y agrario se trata. No deja de darme vueltas en la cabeza la afirmación que me hizo un conocido analista político: “Estamos frente al primer desalojo de la campaña”.
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