La condena a cadena perpetua dictada en contra del ex dictador argentino, Jorge Rafael Videla, no tiene sabor a revancha, sino a justicia. Nunca una sentencia llega en mejor momento que este, cuando la democracia no es solo una intención o un discurso manido, sino una realidad. Que un mecanismo de la democracia se practique en democracia, no es solamente un gran logro o una noticia importante, sino el horizonte al que aspiramos en más países.
Si la primera condena a Videla, dictada muy a la fuerza hace ya tantos años durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hubiera sido firmemente sostenida por Carlos Menem —quien lo indultó—, otra sería la historia. Los gobiernos de la Alianza y posteriores sostuvieron también silencios cómplices que le permitieron a Videla caminar libremente por su país durante demasiado tiempo. Esto generó mucha resistencia y acciones firmes de grupos de la sociedad como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, así como de jóvenes comprometidos con una visión menos retórica de la justicia. Por ello esta condena no solo es un acto de justicia; simbólicamente, le da contenido a la democracia.
“Desde las dos condenas que hubo en 2006 hasta el número inédito de este año, que estará alrededor de 150, para nosotros este fue el año de los juicios”, señaló Lorena Balardini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Videla fue sentenciado a cadena perpetua por su protagonismo en la “guerra sucia” que se vivió en Argentina durante los años 70. La necia pregunta que algunos se hacen es: ¿sirve de algo esa condena luego de décadas de vida democrática?
El juicio y condena de Videla y a otros como él partió de una acción judicial iniciada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el derecho jurisprudencial. Lo más novedoso de todo es que esa Corte exigió que se derogaran las amnistías concedidas a militares y políticos, tanto argentinos como de otros países de la región, reforzando así una verdadera práctica democrática. Que los dictadores y sus socios, militares o civiles, rindan cuentas por los horrores cometidos es una obligación para ellos y un derecho humano para las víctimas y sus familias. Anular la legislación de la impunidad quiebra a la impunidad por la mitad y rebautiza a una democracia.
Esto no tiene que ver con algo tan básico como la lógica del crimen y el castigo, sino con un sistema basado en la mentira política, que nunca pone límites a las justificaciones de tantos crímenes. No solo a los crímenes en sí mismos, sino a sus apologías. Operación Cóndor en el Sur o Estrategia de Tierra Arrasada y Plan Sofía en Guatemala, todo nos remite a Ejércitos poderosos que cuidaban y capturaban el juego político, mientras ejercían jornadas de horror que no ofrecían posibilidades de cambios democráticos sin armas o violencia.
Aquí hay una prueba de que los crímenes cometidos desde el poder sí pueden ser juzgados por sociedades democráticas. En este caso, aplica bien aquello de que no llega tarde lo que llega, ya que la condena a Videla le devuelve a la democracia de aquel país mucho de su razón de ser y, desde nuestra esperanza, también podría darle nuevos aires a otras frágiles y debilitadas democracias. Que las nuevas generaciones aquilaten el sentido profundo de condenas como esta y rescaten los procesos que permitieron llegar a ellas, no el hecho de condenar o no a un asesino. Queremos sociedades más libres, no más seres humanos condenados.
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