Analistas advierten que la derecha podría derogar o remover las leyes
populares aprobadas en Revolución que benefician a los venezolanos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela emitió este lunes el
segundo boletín de resultados electorales, tras los comicios celebrados
este domingo para elegir a los 167 diputados de la Asamblea Nacional
(AN).
De acuerdo con el segundo boletín del CNE, la autodenominada Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) alcanzó 107, mientras que el Gran Polo
Patriótico (GPP) obtuvo 55 diputados. Faltan 2 por adjudicarse.
Según la Constitución vigente de 1999, una mayoría calificada
contaría con los votos necesarios para designar o remover a las
autoridades de otros poderes públicos: Tribunal Supremo de Justicia (TS)
o los rectores del Consejo Nacional Electoral.
La Carta Magna establece además que con dos tercios de la AN pueden
promover referendos, reformas constitucionales y asambleas
constituyentes, promulgar leyes orgánicas o que sirvan de base
conceptual para otras leyes y reglamentos. Asimismo, someter tratados
internacionales a referendo en caso de que atenten contra la soberanía
nacional.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IV
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, Sección Segunda: Del
Referendo Popular, artículo 73, las dos terceras (2/3) partes de la
Asamblea pueden someter a referendo aprobatorio los proyectos de Ley que
discuta el hemiciclo.
Igualmente, serán sometidos a consulta aquellos proyectos de ley en
discusión por la AN, “cuando así lo decidan por lo menos las dos
terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea”.
Además, someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos
internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o
transferir competencias a órganos supranacionales.
Según el artículo 187, Título V, Capítulo I Del Poder Legislativo
Nacional, Sección primera de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la Asamblea Nacional, con las tres quintas partes de los
diputados, puede dar voto de censura al vicepresidente de la República,
cuestión que implicaría la destitución del mismo.
Leyes que promovería la oposición parlamentaria:
1. Promulgación de una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a
políticos enjuiciados por su responsabilidad en varios crímenes
Obtendrían los votos suficientes para aprobar una ley de amnistía y
liberar a políticos que cometieron crímenes contra el Estado, entre
ellos, el dirigente opositor Leopoldo López condenado a 13 años de
cárcel por ser el responsable de la muerte de 43 venezolanos en las
guarimbas (protestas violentas) entre febrero y marzo de 2014.
El politólogo Vladimir Adrianza precisó que la promulgación de una
Ley de Amnistía y Reconciliación de los presos políticos sería una
violación al estado de derecho y a la Constitución del país porque “a lo
que ellos llaman presos políticos son personas que han incurrido en
delitos de derechos humanos”.
2. Implementar una Ley Programa para el Pleno Abastecimiento
Los candidatos opositores no han especificado cómo llevarán a cabo este programa.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha garantizado el
abastecimiento de alimentos a través de la red Mercal, Pdval y Abasto
Bicentenarios a precios subsidiados. Hasta marzo de 2015, más de 120 mil
toneladas de alimentos se distribuyeron en todo el país. Al menos 20
millones de personas se han beneficiado.
Adrianza explicó que la derecha venezolana quiere conseguir que el
Estado no tenga propiedades y así privatizar todas las empresas aún
cuando “se tendría que someter a voluntad popular”.
El Gobierno Bolivariano ha nacionalizado empresas de alimentación con
el fin único de garantizarle al pueblo un desarrollo soberano de este
rubro.
Adrianza explicó que la derecha venezolana quiera reformar y hasta
eliminar proyectos sociales creados en los 16 años de Revolución,
causaría que “nos estuviéramos devolviendo a los años 80 donde no había
un desarrollo concreto para el pueblo venezolano”.
Éstas son las leyes populares y convenios internacionales que están
amenazados por la tolda opositora en el Parlamento venezolano:
Ley Habilitante para combatir la corrupción
En diciembre de 2013, con 99 votos a favor fue aprobada la Ley
Habilitante para luchar contra la corrupción, la especulación y el
acaparamiento.
Con la mayoría calificada, la MUD eliminaría los estados de excepción
declarados por el presidente Nicolás Maduro en la frontera
colombo-venezolana para detener el contrabando de extracción y desvío de
alimentos producidos en su país.
El artículo 203, Sección cuarta: de la formación de las leyes de la
organización del Poder Público Nacional, Capítulo I, la AN aprobará o
rechazará la Ley Habilitante por las tres quintas partes de sus
integrantes, es decir, 100 diputados.
Convenio Cuba-Venezuela
La cooperación entre ambos países ha permitido a través de la Misión
Barrio Adentro Salud salvar la vida a 1 millón 760 mil 330 venezolanos,
otros 19 millones 500 mil han recibido atención médica. Hasta la fecha
se han realizado 731 millones 397 mil 832 consultas. En estos 16 años se
han efectuado 1 millón 880 mil 615 intervenciones quirúrgicas. La
Misión Milagro ha atendido a 1 millón 093 mil 021 venezolanos.
Hasta la fecha se han graduado 183 mil 762 nuevos médicos y
próximamente se graduarán 29 mil 044 médicos lo que en total suma una
cifra cercana a los 50 mil.
El politólogo Miguel Jaimes indicó que los convenios Cuba-Venezuela
serán uno de los primeros que atacará la derecha venezolana dado que
“ellos están siendo guiados por el Gobierno de los Estados Unidos
(EE.UU.), ahora en unión con el presidente electo de Argentina, Mauricio
Macri”.
“Ellos funcionan a través de la venganza y por ello es que irán
contra Cuba. Causarán un retroceso por décadas de lo que hasta ahora han
sido lazos bilaterales con Cuba”.
El Convenio Cuba -Venezuela fue impulsado por el presidente Hugo
Chávez, y este ha beneficiado al pueblo venezolano en salud, educación,
cultura y deporte.
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)
El hilo constitucional también establece amparar a los millones de
trabajadores con la LOTTT , impulsada por Chávez y aprobada en 2012. Es
por ello, que ante la amenaza de perder este derecho, el alcalde del
municipio Libertador Jorge Rodríguez ratificó este lunes que no van “a
permitir el despido de millones de trabajadores”.
Para Vladimir Adrianza que la oposición pretenda reformar la presente
Ley del Trabajo causaría que “la integración o derecho adquirido de la
mujer se perdiera, la suplantaría o disminuiría”. Explicó que el impacto
de la reforma de esta ley sería “casi inmediata” lo que daría como
resultado una ley neoliberal en el que “la familia, el niño y la mujer
perderían el sentido de derecho”.
“El derecho adquirido de la mujer es legal y constitucional”, reflexionó.
Igualmente señaló que para reformar la ley de los trabajadores, la
derecha tendría que derogar la presente, suplantarla por otra y al
momento que se tenga “una nueva ley neoliberal”, tendrían que darle una
integración al pueblo situado a lo que era la ley anterior.
Rodríguez denunció este lunes que Fedecámaras, la organización que
agrupa a comerciantes y empresarios del sector privado del país, ha
propuesto a la Asamblea Nacional, electa este 6 de diciembre, anular la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.
“Piden la anulación de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir que van a
proponer el despido de millones de trabajadores. No lo vamos a
permitir”, aseveró Rodríguez, durante una rueda de prensa en Caracas.
En las propuestas de Fedecámaras a la AN también se encuentra la
“reforma” al Presupuesto Nacional aprobado este año y que otorga más de
60 por ciento a la inversión social.
Ley de Precios Justos
La derecha plantea revisar la Ley Orgánica de Precios Justos,
aprobada en 2014 por el presidente Nicolás Maduro y reformada este año
para proteger el salario de los venezolanos de la especulación del
sector comercial privado.
Una publicación de Notilab del 2 de diciembre de 2015, señala que el
presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, en el primer consejo
nacional del período 2015-2017, reafirmó su rechazo a la Ley de Precios
Justos, porque supuestamente “genera efectos muy severos sobre la
producción de bienes y servicios”, dado que la norma establece ganancias
máximas de 30 por ciento para garantizar precios justos, de acuerdo con
la estructura de costos de producción y no de la especulación.
A este hecho le antecede la petición que hizo Fedecámaras cuando
introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad
contra la ley, documento que no fue admitido.
La Ley de Precios Justos entró en vigor el pasado 23 de enero de 2014
para combatir la guerra económica instaurada por representantes de la
derecha desde finales del año pasado, y garantizar el equilibrio
económico nacional, así como defender, proteger y salvaguardar los
derechos de la población al acceso a los bienes y servicios declarados o
no de primera necesidad.
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) se inició formalmente en
abril del año 2011, con este programa, el Gobierno venezolano dignificó
las condiciones de vida de los ciudadanos más pobres, quienes
enfrentados a años de exclusión, se vieron obligados a construir ranchos
en terrenos peligrosos ante la imposibilidad de habitar en las buenas y
céntricas zonas tomadas por terratenientes o negociantes inmobiliarios.
Aún cuando la derecha no ha definido sus acciones ante este logro
soberano, ya tiene en sus planes establecer una misión de hipoteca que
imposibilitará al pueblo a acceder a una vivienda.
Frenar la Gran Misión Vivienda es una de las promesas electorales de
la oposición, en un plan neoliberal que tiene nombre y apellido: Ley
Impulso al Desarrollo de Viviendas.
Actualmente, esta gran iniciativa habitacional cuenta con una Ley del
Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, que fue aprobada en el parlamento el 6 abril de 2011 bajo el
decreto N° 8.143.
De igual forma, esta gran misión es producto de una estrategia
nacional, que incluye al pueblo organizado, los gobiernos regionales y
municipales, así como al sector privado (banca y empresariado).
Asimismo, ha sido vital el apoyo internacional a través de convenios
con países del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia. Acuerdos que hoy están
en riesgos de ser clausurados por el “Paquete Legislativo” que ofrece
la MUD.
Las cuatro mentiras de la oposición previo a parlamentarias.
Esta propuesta legal plantea que cada familia posea una estructura
mínima inacabada de una casa y luego se endeude con la banca privada
para que amplíe la vivienda.
De esta manera, la oposición evidencia el querer apoderarse del
presupuesto público para la inversión social que le pertenece al pueblo
organizado.
LibreRed
No hay comentarios:
Publicar un comentario