Adital
Las organizaciones sociales se unen para exigir una investigación clarificadora y justicia en el caso de la masacre de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
en la ciudad mexicana de Iguala (Estado de Guerrero), perpetrada el 26
de septiembre. La tragedia dejó seis muertos, 18 heridos y 43
desaparecidos. Para los movimientos sociales, el hecho puede ser
considerado un crimen de Estado, quemanifiestauna política represiva
del gobierno mexicano.
En una declaración pública, la organización mexicana Constituyente Ciudadanaafirma que hay, además de una participación directa de la policía y las fuerzas paramilitares del municipio de Iguala en el crimen, hay múltiples indicios de una "provocación mayor”.” La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense (...) y el mismo ejército estadounidense”, sostiene la Constituyente Ciudadana.
La organización señala la relación entre el atentado cometido contra los estudiantes y la masacre cometida por el Ejército Tlatlaya (Estado de México), producida el 30 junio de este año, en la que 22 personas fueron ejecutadas. En ese momento, el caso fue tratado como "indisciplina militar", resultado de un supuesto enfrentamiento entre militares y delincuentes. "Si se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre mafias de la clase política local", analiza.
Para la entidad, tales acciones son una muestra del proceso de "ocupación neocolonial" en el país. "Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas ‘colaterales’. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia”, denuncia la Constituyente
Acciones en apoyo a las víctimas
En ciudades de todo el país, mexicanos y mexicanas salen a las calles en apoyo a lasvíctimas de Ayotzinapa y sus familiares, como ocurrió en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que se reunieron zapatistas, estudiantes y profesores en manifestación pública el pasado 08de octubre. Organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos se están uniendo a la causa en todo el territorio nacional y en otros países.
"El gobierno de México tiene la obligación de realizar una investigación profunda, minuciosa y transparentepara esclarecer los sucesos de la masacre de Iguala que ha conmocionado a México y al mundo, así como proceder de manera inmediata a presentar con vida a los 43 estudiantes normalistas que continúan desaparecidos forzadamente”, demanda un comunicado firmado por las organizaciones entre ellas el Frente Popular Ricardo Flores Magón de Ixtapa, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-Filial Jitotol)
Según las entidades, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el caso de Iguala son en parte, responsabilidad del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que viene a agravar una situación de criminalización, la represión y la violación de los derechos humanos en el país. "Por sus graves omisiones y encubrimiento de funcionarios y de los grupos que forman parte de la delincuencia organizada", evalúan las organizaciones sociales.
"Lo acontecido en Iguala no es un caso aislado como se pretende señalar desde el gobierno de Enrique Peña Nieto; lo sucedido en Iguala es el culmen de una estrategia de gobierno que se implementó en Guerrero para contener la disidencia y tiene como centro la eliminación física y encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos”, señalan las organizaciones.
La organización Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pide a la comunidad internacional y la sociedad civil mexicana que exijan que las autoridades estatales efectúen una investigación independiente y efectiva de los hechos; juzguen y sancionen a las autoridades involucradasdirecta o indirectamente e intensifiquen la búsqueda de los desaparecidos. También, exigen que se apliquen medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas y su debida atención médica, además de reparar los daños producidos a las víctimas y sus familias.
Acompañe el testimonio de estudiante mexicano Omar García, sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa:
Lea también:
Estudiantes mexicanos desaparecidos pueden haber sido torturados, asesinados y quemados
A cinco días del ataque violento en contra de estudiantes por la policía, permanecen 43 desaparecidos
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
En una declaración pública, la organización mexicana Constituyente Ciudadanaafirma que hay, además de una participación directa de la policía y las fuerzas paramilitares del municipio de Iguala en el crimen, hay múltiples indicios de una "provocación mayor”.” La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense (...) y el mismo ejército estadounidense”, sostiene la Constituyente Ciudadana.
La organización señala la relación entre el atentado cometido contra los estudiantes y la masacre cometida por el Ejército Tlatlaya (Estado de México), producida el 30 junio de este año, en la que 22 personas fueron ejecutadas. En ese momento, el caso fue tratado como "indisciplina militar", resultado de un supuesto enfrentamiento entre militares y delincuentes. "Si se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre mafias de la clase política local", analiza.
Para la entidad, tales acciones son una muestra del proceso de "ocupación neocolonial" en el país. "Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas ‘colaterales’. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia”, denuncia la Constituyente
 |
| Mexicanos de diversas partes del país, van a las calles a pedir justicia. |
Acciones en apoyo a las víctimas
En ciudades de todo el país, mexicanos y mexicanas salen a las calles en apoyo a lasvíctimas de Ayotzinapa y sus familiares, como ocurrió en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que se reunieron zapatistas, estudiantes y profesores en manifestación pública el pasado 08de octubre. Organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos se están uniendo a la causa en todo el territorio nacional y en otros países.
"El gobierno de México tiene la obligación de realizar una investigación profunda, minuciosa y transparentepara esclarecer los sucesos de la masacre de Iguala que ha conmocionado a México y al mundo, así como proceder de manera inmediata a presentar con vida a los 43 estudiantes normalistas que continúan desaparecidos forzadamente”, demanda un comunicado firmado por las organizaciones entre ellas el Frente Popular Ricardo Flores Magón de Ixtapa, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-Filial Jitotol)
 |
| Familiares de los desaparecidos quieren los hijos vivos. |
Según las entidades, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el caso de Iguala son en parte, responsabilidad del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que viene a agravar una situación de criminalización, la represión y la violación de los derechos humanos en el país. "Por sus graves omisiones y encubrimiento de funcionarios y de los grupos que forman parte de la delincuencia organizada", evalúan las organizaciones sociales.
"Lo acontecido en Iguala no es un caso aislado como se pretende señalar desde el gobierno de Enrique Peña Nieto; lo sucedido en Iguala es el culmen de una estrategia de gobierno que se implementó en Guerrero para contener la disidencia y tiene como centro la eliminación física y encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos”, señalan las organizaciones.
La organización Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pide a la comunidad internacional y la sociedad civil mexicana que exijan que las autoridades estatales efectúen una investigación independiente y efectiva de los hechos; juzguen y sancionen a las autoridades involucradasdirecta o indirectamente e intensifiquen la búsqueda de los desaparecidos. También, exigen que se apliquen medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas y su debida atención médica, además de reparar los daños producidos a las víctimas y sus familias.
Acompañe el testimonio de estudiante mexicano Omar García, sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa:
Lea también:
Estudiantes mexicanos desaparecidos pueden haber sido torturados, asesinados y quemados
A cinco días del ataque violento en contra de estudiantes por la policía, permanecen 43 desaparecidos
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario