Adital
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos condena el
asesinato de 11 indígenas de la comunidad Los Pajoques, situada en el municipio
guatemalteco de San Juan de Sacatepéquez. La aldea viene siendo amenazada por
la instalación de una industria de cemento en el área. El proyecto pretende
construir un camino donde viven los indígenas, en una región situada a 30
kilómetros de la capital de Guatemala. Según organizaciones sociales, el
emprendimiento es ilegal.
"ONU Derechos Humanos lamenta que en esta ocasión se haya llegado al extremo de un enfrentamiento entre personas de una misma comunidad, resultando en la pérdida de vidas humanas, graves agresiones en contra de la integridad, así como actos intolerables de violencia en contra de las mujeres”, se afirma desde la organización, en un comunicado.
Los delitos ocurrieron entre los días 19 y 20 de septiembre, cuando habitantes de la región se enfrentaron dentro de la propia aldea. El conflicto también dejó varios heridos, además de casas y vehículos incendiados. "Los acontecimientos se enmarcan en el contexto de una fuerte división comunitaria que se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia”, se indica desde la ONU.
En el comunicado, la organización pide que las autoridades realicen una clara distinción entre quien cometió los homicidios y quienes, de manera legítima y pacífica, reclaman y defienden los derechos de la comunidad. La entidad también alerta que el establecimiento de un Estado de Excepción, decretado por 15 días en el municipio, restringe garantías constitucionales a los ciudadanos. "No debería verse como la vía para resolver el conflicto en el mediano y largo plazo”, aseveró.
La ONU pide al Gobierno de Guatemala que adopte medidas que estén a su alcance para reducir los altos niveles de tensión vividos en la región y reconstruir la estructura social. Requiere también que autoridades de seguridad y la justicia conduzcan una investigación efectiva e imparcial del caso. "E identifiquen y desarticulen los eventuales grupos armados ilegales que presuntamente operan en el área; además de combatir la proliferación de armas entre la población ", se complementa desde la organización internacional.
Además del Estado de Excepción, el gobierno emitió la orden de captura para más de 30 dirigentes, después de responsabilizar a organizaciones defensoras del territorio, sin escuchar las argumentaciones de la comunidad o investigar las causas del conflicto.
Riesgos socioambientales y asedio a habitantes
Las organizaciones sociales Ecologistas en acción (España), Fundación para la Defensa del Ambiente (Argentina) y CESTA - Amigos de la Tierra(El Salvador), integrantes de la coalición Gaia(Global Alliance for Incinerator Alternatives, por su sigla en inglés) fueron las autoras de la denuncia internacional que hizo público el caso. Las entidades expresaron su solidaridad con las comunidades que enfrentan los riesgos sanitarios y ambientales acarreados por la industria que se instala.
Carlos Arribas Ugarte, representante de la organización española, resalta que la industria de cemento puede convertirse en la mayor de toda América Central, representando una grave amenaza socioambiental a partir de la quema de grandes volúmenes de residuos peligrosos para la obtención de energía. Aún así, en la comunidad Los Pajoques, algunos miembros están a favor del proyecto, generando el conflicto interno.
Organizaciones señalan que la adhesión de los indígenas se da por el asedio del sector empresarial sobre los habitantes de la región. Hace por lo menos 12 años, que las comunidades de San Juan Sacatepéquez padecen persecuciones, detención y criminalización de sus luchas en defensa de la vida y del territorio ante amenazas de instalación de la industria nacional "Cementos Progreso”, que actúa en el mercado de Guatemala desde 1899.
Lea también:
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Obras financiadas por el Banco Mundial tienen historial de violaciones contra pueblos indígenas
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
"ONU Derechos Humanos lamenta que en esta ocasión se haya llegado al extremo de un enfrentamiento entre personas de una misma comunidad, resultando en la pérdida de vidas humanas, graves agresiones en contra de la integridad, así como actos intolerables de violencia en contra de las mujeres”, se afirma desde la organización, en un comunicado.
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| La muerte de indígena e el aumento de la fuerza de policía en la comunidad |
Los delitos ocurrieron entre los días 19 y 20 de septiembre, cuando habitantes de la región se enfrentaron dentro de la propia aldea. El conflicto también dejó varios heridos, además de casas y vehículos incendiados. "Los acontecimientos se enmarcan en el contexto de una fuerte división comunitaria que se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia”, se indica desde la ONU.
En el comunicado, la organización pide que las autoridades realicen una clara distinción entre quien cometió los homicidios y quienes, de manera legítima y pacífica, reclaman y defienden los derechos de la comunidad. La entidad también alerta que el establecimiento de un Estado de Excepción, decretado por 15 días en el municipio, restringe garantías constitucionales a los ciudadanos. "No debería verse como la vía para resolver el conflicto en el mediano y largo plazo”, aseveró.
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| la casa de la familia Pjoc Guamuche fue destruida. Foto: Érick Ávia( Prensa Libre) |
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| Uno de los vehículos incendiados durante el choque - Foto: Erick Ávila (Prensa Libre). |
La ONU pide al Gobierno de Guatemala que adopte medidas que estén a su alcance para reducir los altos niveles de tensión vividos en la región y reconstruir la estructura social. Requiere también que autoridades de seguridad y la justicia conduzcan una investigación efectiva e imparcial del caso. "E identifiquen y desarticulen los eventuales grupos armados ilegales que presuntamente operan en el área; además de combatir la proliferación de armas entre la población ", se complementa desde la organización internacional.
Además del Estado de Excepción, el gobierno emitió la orden de captura para más de 30 dirigentes, después de responsabilizar a organizaciones defensoras del territorio, sin escuchar las argumentaciones de la comunidad o investigar las causas del conflicto.
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| na de las personas heridas en el conflicto - Foto Ángel Sas (Prensa Libre). |
Riesgos socioambientales y asedio a habitantes
Las organizaciones sociales Ecologistas en acción (España), Fundación para la Defensa del Ambiente (Argentina) y CESTA - Amigos de la Tierra(El Salvador), integrantes de la coalición Gaia(Global Alliance for Incinerator Alternatives, por su sigla en inglés) fueron las autoras de la denuncia internacional que hizo público el caso. Las entidades expresaron su solidaridad con las comunidades que enfrentan los riesgos sanitarios y ambientales acarreados por la industria que se instala.
Carlos Arribas Ugarte, representante de la organización española, resalta que la industria de cemento puede convertirse en la mayor de toda América Central, representando una grave amenaza socioambiental a partir de la quema de grandes volúmenes de residuos peligrosos para la obtención de energía. Aún así, en la comunidad Los Pajoques, algunos miembros están a favor del proyecto, generando el conflicto interno.
Organizaciones señalan que la adhesión de los indígenas se da por el asedio del sector empresarial sobre los habitantes de la región. Hace por lo menos 12 años, que las comunidades de San Juan Sacatepéquez padecen persecuciones, detención y criminalización de sus luchas en defensa de la vida y del territorio ante amenazas de instalación de la industria nacional "Cementos Progreso”, que actúa en el mercado de Guatemala desde 1899.
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Indígenas y campesinos luchan contra implantación de hidroeléctrica
Comunidades indígenas denuncian desalojo forzado y violencia policial
Obras financiadas por el Banco Mundial tienen historial de violaciones contra pueblos indígenas
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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