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sábado, 13 de septiembre de 2014

El mensaje de una dimisión forzada a la comunidad


La diáspora de las familias salvadoreñas


La acentuada conflictividad social, económica y política en la que se encuentra enfrascado el país, está configurando una realidad demasiada ambigua para las familias salvadoreñas, que ven como sus condiciones materiales y espirituales de existencia se socavan progresivamente. Las dimensiones que está alcanzando este caótico entorno son cada vez más profundas y complejas; últimamente, las estadísticas migratorias revelan un significativo aumento del flujo menores de edad tratando de ingresar a los Estados Unidos, provenientes de la región centroamericana, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador (países del triángulo norte), ¿qué mensaje expresa este nuevo comportamiento de las familias salvadoreñas?

A nuestro entender, este nuevo compartimiento que manifiestan las familias salvadoreñas contiene un preocupante mensaje, que va más allá de un simple suceso emigratorio, expresa una dimisión forzada a la vida en comunidad. Es una renuncia forzada porque la dinámica actual del patrón de acumulación neoliberal, es excluyente y concentradora de la riqueza generada, propiciando el enriquecimiento de un pequeño grupo de pudientes, por una parte y; por la otra parte, ha propiciado el empobrecido sistemáticamente de la gran mayoría de la clase trabajadora y como consecuencia, se han derivado y proliferado una diversidad de problemas sociales y económicos. Ante este escenario adverso, las familias no tienen más opción que salir del país a buscar hacer cumplir sus derechos fundamentales, que les son negados en su propia comunidad.

Décadas atrás, las personas que tomaban la decisión de viajar a Estado Unidos, -principalmente jefes de hogar, mayoritariamente hombres-, lo hacían con el ideal de regresar después de algún tiempo e integrarse nuevamente a sus familias; es decir, concebían la emigración como una etapa transitoria mientras lograban mejorar las condiciones de vida de sus familias. Con el tiempo, esta concepción ha ido cambiando, cada vez son menos los emigrantes que deciden regresar voluntariamente a sus lugares de origen, ahora la mayoría de jefes de hogar ven como gran posibilidad e ilusión reunir a sus familias en los Estados Unidos.

El éxodo de menores de edad tratando de ingresar a los Estados Unidos refleja justamente la nueva concepción de los jefes de hogar de las familias inmigrantes salvadoreñas, que ya no sólo buscan asegurar el futuro de sus hijos o familiares estando fuera, sino que, más bien, consideran que el futuro de ellos ya no está en la comunidad, sino fuera de esta. La conclusión es bastante precisa: el país no presta las condiciones adecuadas para un proyecto de vida a futuro, de ahí que tomen la decisión de llevar a sus hijos o familiares fuera del país, una decisión bastante riesgosa.

En primer lugar, es una decisión riesgosa porque pone en peligro la vida de los menores de edad así como su integridad física y espiritual, ya que las condiciones de clandestinidad del viaje no aseguran protección alguna. En segundo lugar, si los menores de edad logran ingresar a los Estados Unidos, automáticamente se encuentran en un estatus de ilegalidad, es decir, no son reconocidos por el Estado norteamericano, esto genera en muchas ocasiones algún tipo de discriminación. En tercer lugar, muchos de estos jóvenes no tienen oportunidades para acceder a derechos básicos, por ejemplo educación, por lo que se ven en la necesidad de buscar un trabajo, que no les brinda mayores garantías más que las de un ingreso. A pesar de las limitantes descritas, los jefes de hogar deciden que sus hijos o familiares emigren.

Sin duda, la perspectiva de un futuro con mejores oportunidades, acompañado de un desarrollo integral, justo y solidario, es una ilusión de la mayoría de familias salvadoreñas pobres, pero como se mencionó anteriormente, esta posibilidad ya no es concebida para realizarla en la comunidad, sino fuera. Si no existiesen mayores restricciones para ingresar a los Estados Unidos o si los migrantes salvadoreños pudiesen legalizar su estatus y el de sus familias, seguramente habría una masiva emigración, porque el anhelo de una vida digna, que en realidad es un derecho, solo se ve posible fuera.

En las dimensiones que alcanza esta problemática existe una responsabilidad directa por parte del Estado, que pierde fuerza en garantizar los derechos fundamentales de la familia salvadoreña, a pesar de que es un mandato constitucional prioritario, dice literalmente el art. 32 de la constitución política de El Salvador: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Si existiese una concepción de este derecho como inherente y por tanto, inviolable a la familia, seguramente la historia fuese radicalmente diferente.

De igual manera, el Estado tiene la obligación de proteger la integridad de los menores de edad, creando las condiciones necesarias para garantizarles un desarrollo integral en condiciones de una vida digna, dice literalmente el art. 34 de la constitución: “Todo menor tiene derechos a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado”. Esto implica el cumplimiento irrestricto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), así como la firma y el debido cumplimiento de otros tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.

A partir de esta situación, es menester preguntarse, ¿será posible crear las condiciones necesarias para que familias salvadoreñas en el exterior y las que están en el país, tengan certeza de un proyecto de vida a futuro con mejores oportunidades de desarrollo? Es una pregunta cuyas respuestas son sumamente complejas, pero en términos generales se puede decir: existe la necesidad de planificar el desarrollo en el mediano y el largo plazo, que facilite mejores oportunidades de acceso a empleo, educación, salud y seguridad para las familias salvadoreñas, fundamentalmente. En esta idea se plantea esencialmente un cambio de modelo económico, planteamiento que es descalificado y rechazado frontalmente por los apologetas neoliberales, que son clase dominante del país.

En el nuevo replanteamiento de la función del Estado en el desarrollo económico, se debe priorizar el cumplimiento obligatorio de los derechos fundamentales de la familia y de la sociedad en general, por encima de cualquier interés particular, es decir, un Estado de Derecho fundado en el irrestricto cumplimiento de los derechos de la familia y de los derechos humanos. Este planteamiento supone, abolir la prelación de los derechos del mercado y de la inversión privada que se han visto altamente favorecidos, ante los derechos que garantizan una vida digna a las personas.

Por último, es urgente también replantear las relaciones económicas y políticas internacionales, principalmente con los con los Estados Unidos; por una parte, se deben buscar y propiciar relaciones de cooperación y no de dominio, como ha sido históricamente, esto va a permitir al país cierta soberanía en la planificación del desarrollo, que inevitablemente tiene estar enfocado en evitar que las familias sigan emigrando. Por otra parte, es necesario plantear el problema de los inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos, principalmente en el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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