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martes, 5 de marzo de 2013

Plan Cóndor al banquillo: Alas para la justicia

Buenos Aires, 5 mar (PL) La apertura hoy aquí del juicio oral y público en la causa conocida como Plan Cóndor marca solo el inicio de algo que en opinión de la periodista e investigadora argentina Stella Calloni "va a ser grande".
Precedido por una larga etapa de investigación y dos procesos (1999 y 2001) relacionados con esta coordinación represiva entre dictaduras suramericanas, el que acontecerá a partir de este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de esta capital tendrá carácter histórico, vaticinó.

En 1999, rememoró Calloni en diálogo con Prensa Latina, empezó la presentación de los hechos que fundamentaban la existencia del Plan Cóndor, y dos años después las Coordinaciones Represivas del Cono Sur fueron consideradas como una asociación ilícita.

Autora del libro "Operación Cóndor, pacto criminal", el cual forma parte de las pruebas que serán presentadas en el juicio, la especialista en política internacional señaló que por este mismo designio criminal también se abrieron juicios en España e Italia.

Sin embargo, el que se iniciará hoy en los tribunales de esta urbe adquiere especial significación por haber sido Argentina el país donde más ciudadanos extranjeros fueron desaparecidos.

Entre estos figuran dos diplomáticos cubanos, que fueron secuestrados en 1976, recluidos y torturados en "Automotores Orletti", uno de los centros clandestinos de detención que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar, y luego desaparecidos.

Ese antiguo taller había sido alquilado por agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) y funcionó como una de las bases principales de las fuerzas de inteligencia extranjeras que operaban en esta nación suramericana, en el marco de la también llamada Operación Cóndor.

En el juicio que empezará este martes serán juzgados 25 imputados por crímenes de lesa humanidad, entre quienes figuran los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone y el ex comandante del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez.

El tribunal -dijo la víspera el Centro de Información Judicial- dispuso la unificación de cuatro causas (Plan Cóndor I,II,III y Automores Orletti II), por lo que la duración del debate se prevé sea de dos años como mínimo, pues deberán declarar alrededor de 500 testigos por estos hechos.

En conjunto, los 25 imputados deberán responder por más de 220 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos y la comisión de delitos como asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.

Además de Videla, Bignone y Menédez, comparecerán ante el tribunal Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Díaz Bessone, Antonio Vañek, Carlos Horacio Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni.

También, Ernesto Alais, Humberto Lobaiza, Felipe Alespeiti, Manuel Juan Cordero, Federico Minicucci, Néstor Falcón, José Julio Mazzeo, Horacio de Verda, Rodolfo Feroglio, Luis Sadi Pepa, Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Juan Avelino Rodríguez y Miguel Ángel Furci.

A solo horas del comienzo del juicio, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, denunció ayer sendas amenazas de bomba contra las sedes de esa Secretaría y del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En ambos casos, las advertencias intimidatorias fueron realizadas a nombre de un autodenominado "Comando Patriótico" para exigir que se ponga fin al enjuiciamiento de los genocidas de la última dictadura militar argentina, indicó el funcionario.

Advirtió, sin embargo, que pese a esos intentos de amedrentamiento no hay posibilidad de volver atrás en el enjuiciamiento a los represores del terrorismo de Estado.

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