En rueda de prensa en Valparaíso, voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y de agrupaciones estudiantiles de la Universidad del Mar responsabilizaron políticamente al Ministerio de Educación sobre las consecuencias del cierre de esa casa de estudios, enlodada en un caso de lucro en la educación.
Los portavoces de la Confech, Andrés Fielbaum y Diego Vela, junto a Raúl Soto, Marta Molina y Ken Rivera denunciaron que el plan de reubicación anunciado por el ministro Harald Beyer para los alumnos de dicha universidad presenta muchas fallas y no es una solución real para ellos.
En días recientes la Contraloría General de la República dictaminó que la Universidad del Mar, a la cual pertenecen 18 mil estudiantes, no estará autorizada a admitir nuevos alumnos en ninguna de sus carreras y deberá cerrar definitivamente sus puertas el 28 de febrero de 2015. El decreto señala que en uno de sus párrafos que "la universidad no cuenta con controles que aseguren un mínimo de calidad en todas sus sedes y carreras".
Los dirigentes estudiantiles señalaron que, en la práctica, las condiciones en las que quedan los alumnos de esa universidad no son diferentes a las de cualquier otro que se cambie de centro de educación superior.
Incluso, en muchos casos se genera una situación de deuda con ambas casas de estudio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, 38 por ciento de los alumnos cuentan con un crédito directo del plantel.
Pero, según los dirigentes, aún no han recibido ningún tipo de compensación o renegociación de sus deudas, por lo que al ingresar a nuevas instituciones educativas llevan consigo los compromisos crediticios, cuestión que agrava sus perjuicios económicos.
Asimismo, consideraron dudoso que la casa de altos estudios pueda funcionar hasta febrero de 2015, ya que se adeudan varios meses de sueldo a profesores y funcionarios, por lo que es probable que muchos renuncien.
La universidad es una institución privada, fundada en 1989. Su casa central se encuentra en Viña del Mar, región de Valparaíso, y cuenta con quince sedes en otras ciudades del país.
La universidad se vio involucrada en denuncias por irregularidades en su proceso de acreditación, no pago de remuneraciones a los trabajadores y la renuncia de su rector, Raúl Urrutia, en protesta por la prioridad dada al lucro por el consejo directivo de la institución, a través del desvío de fondos a empresas inmobiliarias.
El pasado año estalló un sonado caso de corrupción en la esfera educativa, en el que están involucrados el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Eugenio Díaz y los exrectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Angel Maulén, respectivamente, acusados de delitos de cohecho y negociación incompatible.
Según la fiscalía, durante el período 2009-2011, el exfuncionario de la CNA recibió alrededor de 300 millones de pesos (unos 620 mil dólares) por concepto de pagos de asesorías realizadas a cinco universidades que buscaban acreditarse para poder funcionar.
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