por Hernando Calvo Ospina*
Sorpresivamente, desde que, el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia pasó de halcón a paloma. El gesto más inesperado fue tratar de «mi mejor amigo» a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, cuando se reunió con él tres días después de su toma de posesión, reactivando las relaciones diplomaticas con Caracas.
Con Ecuador también restableció en tiempo record las relaciones. Por otra parte, este hombre venido de la derecha afirma ahora que la «prosperidad social» es el principal objetivo de su mandato. ¿Cómo explicar cambios tan espectaculares?
El Secretario de Defensa, Robert M. Gates, a la derecha, camina con el entonces Ministro Colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República de Colombia, en la Base de Tolemaida, Bogotá.
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Desde el 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia. Pertenece a la oligarquía tradicional. Su familia construyó poder gracias al diario de Bogotá El Tiempo, «hasta manejar los medios de comunicación a su antojo, siempre al servicio del poder», según Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de derechos humanos.
Graduado como suboficial en la Academia naval, y economista formado en universidades de Estados Unidos y Reino Unido, llegó a ocupar los ministerios de Comercio exterior y de Hacienda. En 2004, abandona el Partido Liberal, y pasa a respaldar el gobierno de extrema derecha del Presidente Álvaro Uribe.
Al año siguiente, es nombrado jefe de la campaña reeleccionista de Uribe y del vicepresidente, su primo Francisco Santos. En julio de 2006, es nombrado ministro de Defensa, cargo que ocupará hasta mayo de 2009, cuando decide lanzarse como candidato a la presidencia de Colombia.
Ser presidente se convirtió, para Santos, en una obsesión desde el momento en que la Corte Constitucional se opuso a que Uribe compitiese por un tercer mandato. Además de sus ansias de poder, debía blindarse contra eventuales demandas penales por crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas y de seguridad bajo su mando.
Para conseguir su fin, no tuvo escrúpulos -al decir del abogado Alirio Uribe Muñoz- en utilizar la influencia de las «huestes uribistas», principalmente paramilitares, jefes narcotraficantes y los 130 parlamentarios procesados por diversos delitos.
El abogado nos hace este cuadro: «El ex presidente Uribe representa el mundo agrario y terrateniente enriquecido en el despojo, rudo y violento, mezclado a las clases emergentes del narcotráfico y crímenes del paramilitarismo. En cambio, Santos es el hombre urbano, culto y cosmopolita por excelencia.
Aunque, junto con su familia, se ha aprovechado del Estado para favorecer sus negocios y su enriquecimiento personal. Como exponentes de la oligarquía, no han dudado en propiciar y utilizar los métodos violentos para mantener sus privilegios.»
En noviembre de 2005, el ministerio de defensa aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por «rebeldes caídos en combate» que llamaron «falsos positivos». La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogadictos... Cuando Santos llegó al ministerio, en julio de 2006, se registraron 274 casos de «falsos positivos».
Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Ante el escándalo mediático y los informes del Alto Comisionado de la ONU, la práctica se detuvo: en 2009, siete casos... 27 oficiales fueron pasados a retiro, incluidos tres generales, pero… sin atribuirles los asesinatos. La ONU expresó, en julio de 2009, que «la impunidad en relación con ejecuciones extrajudiciales llega hasta el 98,5%.»
Los paramilitares han sido los encargados de la estrategia de «tierra arrasada» que busca vaciar el campo de población no proclive al gobierno. Existen más de 4 millones de campesinos desplazados, o sea más del 10% de la población. Unos 10 millones de hectáreas de alto interés económico han sido así robadas a las víctimas, y ofertadas a multinacionales, nuevos gamonales paramilitares, caciques políticos y mandos militares [1].
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