Alfredo Gómez-MullerLa crisis engendrada por las políticas neoliberales continúa agravándose, a escala planetaria, dejando cada día más personas sin trabajo ni ingresos, sin vivienda ni protección social, condenadas a la precariedad y la incertidumbre. La respuesta de los gobiernos liberales y social-liberales a esta crisis es bastante simple: ¡Necesitamos aún más políticas neoliberales!.Rechazando toda política alternativa, es decir, toda verdadera respuesta a la crisis, estos gobiernos mantienen su empresa de liquidación sistemática del sector público, de desmantelamiento del derecho laboral y la protección social, y de mercantilización de todos los productos de la actividad social. Esta empresa, que se despliega a nivel planetario como globalización neoliberal, tropieza hoy día con un importante foco de resistencia en América Latina, donde una serie de gobiernos intentan construir políticas alternativas, buscando poner la economía al servicio del conjunto de la sociedad.
Este viraje a izquierda de América Latina, que reviste formas muy variadas pero que en todos los casos implica un cierto reforzamiento de la esfera pública, genera hostilidad por parte de la Unión europea (UE) como de los Estados Unidos; hoy en día, lo esencial de la política de las grandes potencias frente a América Latina pretende neutralizar estas políticas alternativas que estorban la «libre circulación de capitales». Para la implementación de estas políticas neoliberales, la UE como los Estados Unidos utilizan una herramienta principal: los «Tratados de libre comercio» (TLC).
Los TLC apuntan a establecer la liberalización generalizada de los servicios (en la misma línea que la directiva europea Bolkestein de 2005), la privatización (incluida y ante todo la del agua y los recursos naturales), la mercantilización de la vida (licencias de comercio para lo vivo), la apropiación privada del conocimiento (propiedad intelectual detentada por los monopolios farmacéuticos, rechazo de los medicamentos genéricos), y la imposición de tribunales de arbitramento que garantizan los «derechos» de las empresas multinacionales a expensas de los derechos fundamentales de las sociedades.
Estas normas ultraliberales, que la UE pretendió imponer en 2008 a la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) en tanto que único marco posible de negociación, han sido rechazadas por el gobierno boliviano de Evo Morales: los acuerdos comerciales con la UE, ha dicho Morales, deben respetar los derechos sociales establecidos por la nueva Constitución boliviana, preservar el dominio público (en especial en lo que se refiere a la educación, la salud, el agua, la electricidad y el gas) y favorecer a los pequeños productores.Para esquivar el obstáculo de Bolivia, Europa opta entonces, apoyada por Colombia y Perú, por romper de hecho la Comunidad Andina de Naciones (CAN), abriendo en febrero de 2009 negociaciones bilaterales con estos dos últimos países así como con Ecuador, que apostó inicialmente por la posibilidad de un acuerdo con Europa enmarcado por un proyecto económico alternativo.
Hoy en día, al cabo de la tercera ronda de negociaciones, Ecuador acaba sin embargo de anunciar que en adelante ya no se ajustará al ritmo de negociación impuesto por Europa, Colombia y Perú, optando por el estatuto de simple «observador» en las mesas de negociación relativas al acceso a los mercados agrícolas, la competencia, las compras públicas, la propiedad intelectual y los servicios financieros. La UE ha pues escogido a Colombia y Perú en tanto que asociados privilegiados, esto es, a los dos únicos países sudamericanos que no han asimilado las lecciones de la década neoliberal de los años 1980.Los TLC y los derechos humanosImplementado durante los años 1980, tanto por los militares como por los gobiernos civiles de transición a la «democracia», este modelo neoliberal, promovido por las instituciones financieras internacionales, agravó la pobreza y las desigualdades sociales en todo el subcontinente, hasta desembocar finalmente, en el año 2001, en Argentina, al derrumbe de la economía, el crash bursátil, la devaluación, la bancarrota del Estado y la pauperización brutal de la mayor parte de la población.
La emergencia de gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina, a partir de finales de la década 1990, indica la toma de conciencia de este fracaso neoliberal así como de la necesidad de construir políticas alternativas. En esta perspectiva, Venezuela decide retirarse de la CAN en abril de 2006, debido a la política de Colombia y Perú tendiente a establecer dos TLC con los Estados Unidos, dirigidos por Bush. Hasta hoy, no obstante, la Colombia de Álvaro Uribe no ha logrado aún obtener la firma del TLC con los Estados Unidos, debido a la resuelta oposición de un grupo de senadores demócratas que han considerado seriamente las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados bajo el régimen de Uribe: millares de asesinatos y desapariciones de sindicalistas, indígenas y opositores políticos, implicación del régimen en las actividades de los paramilitares, impunidad, corrupción.
La UE, por su parte, no parece compartir los escrúpulos de los demócratas estadounidenses: «básicamente, no creemos que la cuestión de los derechos humanos sea un problema para las negociaciones, porque no forma parte de los acuerdos comerciales», ha declarado el Sr. Fernando Cardesa García, embajador de la UE en Bogotá (Semana Internacional, 2 de febrero de 2009). Se asiste actualmente a un endurecimiento neoliberal de la UE, ya explícito en el documento Global Europe: una Europa competitiva en un mercado mundializado, aprobado en la primavera de 2007 por los 27 miembros de la UE. Al nivel de las negociaciones comerciales con la Colombia de Álvaro Uribe y el Perú de Alan García (cuyo partido es miembro de la «Internacional socialista»), la UE intenta así imponer exigencias no sólo comparables sino incluso más duras que las que suelen plantear los Estados Unidos, en particular en lo que atañe a los derechos intelectuales y a la penetración de los mercados sudamericanos.
A pesar de la fuerte oposición social y política, tanto en Colombia como en el Perú, a la firma de TLC que conllevan nefastas consecuencias para la economía de esos países, la UE emprende ahora la cuarta ronda de negociaciones en Bogotá, en junio de 2009. En Europa, por el contrario, la movilización ciudadana contra la firma de estos tratados es aún muy incipiente, y muchos de nuestros conciudadanos ignoran incluso la existencia de estas políticas de corte neocolonialista. En la izquierda, una de nuestras tareas prioritarias, al nivel de nuestras relaciones con los pueblos latinoamericanos, será sin duda la de exigir en Europa un debate público sobre estas negociaciones que se adelantan en el mayor secreto. El objetivo es intentar contribuir, por medio de nuestra presencia en el Parlamento europeo, a la construcción de una política diferente en relación con América Latina.Version castellana del texto publicado inicialmente en francés en el sitio internet del Partido de Izquierda francés (Parti de Gauche): .
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