Uruguay
Uruguay es un país del
que se suele tener una idea vaga, adjudicándole un par de rótulos
estereotipados —lo mismo nos sucede en toda América Latina: no nos
conocemos, a pesar de compartir el idioma.
Hace poco se cumplieron 189
años de la independencia del Uruguay y esta semana se acaba de producir
la mayor inversión en toda la historia de la nación charrúa —este
último adjetivo se refiere a la población originaria más representativa
de este país—. A partir de esta excusa, daremos un somero vistazo al
Uruguay.
En principio, debemos saber que este país fue parte del
Virreinato del Río de la Plata —es decir, de lo que (en gran parte) es
actualmente la Argentina—. Cuando en 1810 se produjeron los primeros
gritos de independencia en esta región, Uruguay —la “Banda Oriental”,
como se la llamaba— seguía siendo una provincia de la futura Argentina.
Más aún: en 1821 Brasil se anexa el Uruguay —tras variadas incursiones
cariocas que se venían produciendo desde 1816—, creando la “provincia
cisplatina”. Más allá de las distintas defensas militares ensayadas en
contra del invasor, desde Buenos Aires partirá la avanzada uruguaya —los
“Treinta y tres orientales”, posteriormente, un símbolo patrio—, junto
con los militares argentinos para expulsar a los brasileños. Tras un par
de años de batallas, los brasileños debieron retirarse de Uruguay. Sin
embargo, una mediación británica —bajo la tradicional dinámica del
“divide y reinarás”— propone la independencia uruguaya, luego de que
Argentina ganara en las armas la reincorporación de su provincia. El
presidente argentino pro-británico, Bernardino Rivadavia, así lo aceptó,
produciéndose posteriormente levantamientos militares en la Argentina
debido, entre otras cuestiones, a esta deplorable decisión diplomática.
Este
antecedente marca la histórica y estrecha relación del Uruguay con los
vaivenes políticos y económicos de la Argentina hasta la actualidad:
así, en ambos países coincidieron en períodos históricos muy similares
ciclos de bonanza, de recesión, de expansión de la actividad productiva
—se llegó a conocer a Uruguay como la “Suiza de América Latina”—, de
contracción económica, de baja pobreza y de crecimiento de clases medias
mayoritarias y cultas, de la declinación de esta dinámica social, de
guerras civiles, de democracia oligárquica, de dictaduras, de
guerrillas, de represiones varias, de Estado de Bienestar, de
neoliberalismo.
Sin embargo, con la última gran crisis argentina,
aquella ocurrida entre fines de 2001 y gran parte de 2002 —y que también
se replicó en Uruguay—, el país charrúa comenzó a cortar la marcha
histórica casi sincrónica con su vecino rioplatense: si desde 2013 y
2014 la Argentina vive una creciente crisis económica y social
—potenciada por el gobierno de Mauricio Macri desde 2016—, en Uruguay
ello no sucede: desde 2002 se fue dando un ciclo de expansión económica y
reducción de la pobreza, aunque con altibajos.
En 2005 el Frente
Amplio (FA), una agrupación de partidos progresistas, llegó al poder,
después de muchos años de infructuosos intentos. Allí desempeñarían la
primera magistratura Tabaré Vázquez, José “Pepe” Mujica y, nuevamente,
Tabaré —como lo conocen mayormente en Uruguay, país en donde los
períodos presidenciales duran cinco años, sin posibilidad de reelección
(es decir, de ejercer dos períodos consecutivos).
Durante las
administraciones del FA se logró reducir fuertemente la inflación y la
pobreza —pasando de un pico cercano al 30 por ciento en 2006 al 8 por
ciento existente en la actualidad—, a la vez que la economía y el empleo
aumentaron. En este período se produjeron las medidas más conocidas a
nivel internacional, como la despenalización del aborto, del consumo de
marihuana y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, en Uruguay la matriz neoliberal no quedó atrás, sino que se
la continuó.
Si bien en este país se da uno de los PBI per cápita
más altos de América Latina, también sus precios al consumidor son de
los más altos a nivel subcontinental, en muchos casos, similares a los
de países de Europa occidental, en un contexto de precarización laboral,
tercerizaciones, privatizaciones y salarios magros —con un poder
adquisitivo que apenas supera el que tenían los trabajadores en la
crisis de 2002.
A su vez, el 8 por ciento de pobreza necesita
mayor análisis: cerca del 22 por ciento de la población uruguaya posee
al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que para la
población negra la situación empeora. Para este sector demográfico, la
pobreza asciende al 18 por ciento, mientras que el 42% tiene
insatisfecha al menos una necesidad básica. Es decir, que en Uruguay se
da un racismo invisible pero institucionalizado: sólo el 2.7% de los
ingresantes al servicio público estatal fueron personas negras —teniendo
en cuenta que este magro porcentaje implica un crecimiento de más del
100% con respecto a años anteriores—. Vale a aclarar que sólo el 8 por
ciento de los uruguayos se reconoce como perteneciente a la población
negra: en este contexto de racismo velado, muchos descendientes de
población afro niegan sus raíces.
Por su parte, durante los
gobiernos del Frente Amplio también se ejerció represión en contra de
distintas protestas sociales —es recordada la ejercida por “Pepe” Mujica
hacia los alumnos del Liceo 70—, así como también se garantizó
impunidad para los genocidas de la dictadura militar —varios ministros,
tanto de Tabaré como de “Pepe” Mujica, reivindican hasta el presente la
represión del gobierno militar hacia los movimientos izquierdistas
durante la década de 1970—, se celebra la liberalización económica —el
actual canciller se alineó con Bolsonaro y Macri, congratulándose por el
reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que disminuirá
la protección a los sectores productivos del Uruguay—, y se refuerza
activamente la primarización de la economía —basada en el extractivismo,
con producción de muy bajo valor agregado.
Es en este último
punto en donde hay que contextualizar la noticia que se dio esta semana:
se produjo en Uruguay la mayor inversión extranjera realizada en toda
su historia. En efecto, la multinacional finlandesa UMP invertirá tres
mil millones de dólares para la construcción de una planta de
procesamiento de pasta celulosa destinada a la industria de fabricación
de papel —ya existe otra en Uruguay—. Este tipo de fábricas son llamadas
comúnmente “pasteras”, y se dedican sólo a talar pinos y procesar la
celulosa de sus troncos; de allí se obtiene una pasta sin mayor valor
agregado que se envía a Finlandia, en donde la procesan y convierten en
papel.
A su vez, el Estado uruguayo fomenta la plantación de pinos
desde hace varios años para fomentar este sector, lo que muchos llaman
“desiertos verdes”, debido a que desplazan otros cultivos y actividades
productivas, y consumen múltiples nutrientes del suelo.
Uruguay
viene modificando leyes y normativas a la medida de la finlandesa UMP:
la empresa realizará alguna inversión en infraestructura de tendidos
ferroviarios y caminos por los que se transportará la pasta celulosa
desde los campos uruguayos hacia los puertos de alta mar; sin embargo,
la mayor parte del gasto en infraestructura correrá por parte del Estado
uruguayo —alrededor de 2200 millones de dólares—. Por otra parte, a
petición de UMP se inundarán zonas productivas al elevar la cota de la
represa Rincón del Bonete.
En resumen: un país con un buen
marketing político internacional y que festeja la liberalización
económica, en un contexto de pauperización de sus habitantes, es
dependiente de un monocultivo y pone a disposición de una empresa
multinacional la infraestructura del país.
Roque González es sociólogo e investigador, exconsultor de la UNESCO.
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