El subdesarrollo es una condición histórico-estructural surgida de largos siglos de colonialismo y de dominación por parte de las grandes potencias imperialistas. La dependencia, además, constituye el mecanismo económico y político permanente que asegura esa condición a los países y sociedades que formalmente alcanzaron su independencia política en el transcurso de los primeros años del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siguiente siglo.
Parafraseando a Gunnar Myrdal (Teoría económica y regiones subdesarrolladas, FCE, México, 1968) el crecimiento regional es un proceso desequilibrado que supone que una mayor dinámica surgida en una región desarrollada genera empobrecimiento y subdesarrollo en otras regiones subordinadas a la primera, de lo que resultan “flujos interregionales”, entre los que destacan las constantes migraciones de mano de obra desde las zonas desfavorecidas hacia las regiones desarrolladas que poseen altos grados de formación de mano de obra, preparación y profesionalismo respecto a las regiones empobrecidas. Esto evidentemente favorece a las grandes empresas de los países industrializados como los propios Estados Unidos.
Es en el contexto de este proceso histórico que prevalece hasta la actualidad que, si bien como producto del acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio, y las acciones posteriores emprendidas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en las fronteras norte y sur, ha disminuido el flujo de trabajadores migrantes que se dirigen a Estados Unidos por las rutas convencionales, según el canciller Marcelo Ebrard, sin embargo, muy lejos se está de resolver de raíz este fenómeno prototipo del subdesarrollo y la dependencia, sobre todo, debido a la prevalencia de la pobreza, el desempleo y los regímenes represivos y autoritarios que (mal) gobiernan en los países expulsores de fuerza de trabajo barata hacia los centros industrializados del capitalismo desarrollado.
En este contexto, el presidente mexicano, López Obrador, se reunió con su homólogo hondureño, el dictador Juan Orlando Hernández, a quien se le entregó 30 millones de dólares como parte de un programa supuestamente de “desarrollo” tendiente a contrarrestar los constantes y crecientes flujos migratorios desde ese país hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano; flujos, por cierto, de vieja data ancestral prototípicos del subdesarrollo y el atraso en que las clases oligárquicas han sumido a sus países y poblaciones.
Antes, en Tapachula, Chiapas, el 20 de junio, López Obrador se había reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el mismo tenor y propósitos desde donde lanzaron el bautizado Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, consistente en la entrega de 30 millones de dólares por año a cada uno de los tres países del llamado “Triángulo Norte de Centroamérica” provenientes del Fondo Yucatán contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Todo lo anterior enmarcado en la política anti-inmigratoria y racista de Washington y en las aspiraciones reeleccionistas del presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del año 2020.
López Obrador ha insistido reiteradamente en que el problema del constante y creciente éxodo migratorio no se resuelve con medidas punitivas, sino combatiendo las “causas” y las “raíces de la migración”, tales como la corrupción, la pobreza, el desempleo y la marginalidad. Ciertamente que estas causas provocan que cada vez más la gente abandone forzosamente su país o región de origen en búsqueda de encontrar mejores oportunidades de vida generalmente sin conseguirlo.
En función de lo anterior, en reunión con su gabinete, el presidente palomeó el acuerdo y los resultados favorables supuestamente alcanzados en materia migratoria hasta ahora, de acuerdo con el informe rendido por la Cancillería mexicana.
Ni una palabra acerca de las verdaderas causas de los éxodos migratorios e inmigratorios que, junto con las señaladas anteriormente, corresponden a la abismal y creciente desigualdad social en beneficio de las clases sociales y explotadoras privilegiadas que controlan el poder político del Estado y reproducen y profundizan las relaciones de atraso, dependencia y subdesarrollo. Además, quieren “resolver” la migración-inmigración sin modificar las instituciones jurídico- políticas e ideológicas del capitalismo dependiente que es la verdadera causa de las expulsiones de enormes contingentes poblacionales en el marco de la división internacional del trabajo y de la necesidad que tiene el capital de obtener fuerza de trabajo barata, supernumeraria y dispuesta a ser superexplotada.
Bajo esta lógica racional del capitalismo que distribuye los flujos migratorios de acuerdo con la ley de oferta y demanda, Guatemala, al margen del Congreso y con toda secrecía, fue convertida por Trump, con el beneplácito del presidente Jimmy Morales, en “Tercer País Seguro”, o más bien de asilo bajo la amenaza de imponerle medidas arancelarias en caso de negarse, al igual que como lo hizo con México, lo que ya causó la protesta de los movimientos sociales y del pueblo guatemalteco para repudiar ese status conferido a su país por la política segregacionista de Washington con el aval por supuesto de la oligarquía guatemalteca. Y esta acción pretende extenderla el presidente norteamericano al conjunto de Centroamérica.
Sin embargo, tras las cifras oficiales y alegres que esgrimen los gobernantes se esconde una terrible y angustiante realidad - ignorada por los gobiernos involucrados y los medios corporativos y dominantes de comunicación - que experimentan millones de personas, tanto en Estados Unidos como en México, así como los que se aventuran a salir de sus países en Centroamérica y que comprende la pobreza, la precariedad y marginalidad social, el abandono, el hacinamiento la angustia, el miedo y, en muchísimas ocasiones, la muerte, como ocurrió recientemente en México con la ejecución de un migrante hondureño en Saltillo a raíz de un operativo conjunto instrumentado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Coahuila, tal como denunció el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco. Casi al mismo tiempo, y confirmado el maltrato de que son víctimas los inmigrantes (hombres, mujeres, niños y adultos) la prensa informó de la muerte de una persona de 32 años de edad originaría de El Salvador estando bajo custodia de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. A lo que se suman otras decenas de migrantes que han muerto en esas circunstancias desde mediados de 2018.
Cuando logran obtener un empleo en México, al igual que lo que ocurre con millones de mexicanos marginados y superexplotados, es un empleo precario, informal, temporal y de infra-subsistencia que no supera la condición que ese inmigrante experimentaba y que pronto se percata de que su situación en muchos casos es peor que la que tenía antes de su partida en su país de origen. De esto, por supuesto, abundan los testimonios narrados por hombres, mujeres y familias.
La acción conjunta de Washington y del gobierno mexicano, a pesar de sus resultados positivos que anuncian y presumen con bombo y platillo sus voceros, ha sido completamente ineficaz para resolver los problemas de los flujos y reflujos migratorios que se acrecientan día a día, mientras que las supuestas políticas de desarrollo en el mejor escenario tardarán años en florecer si es que en verdad se actúa sobre las profundas causas que provocan los fenómenos migratorios, no sólo en América Latina sino, incluso, a lo largo y ancho del mundo.
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