Guatemala
En amplios segmentos
sociales se ha creído en el discurso de la clase dominante y se repiten
ideas como «el progreso del empresario es el progreso del guatemalteco»;
«debemos lograr el crecimiento económico, la inversión privada, la
competitividad: solo así saldremos del subdesarrollo»; «la mina es
desarrollo»; «el empresario es un actor honesto y emprendedor»; «es
mejor elegir un rico para presidente porque ya tiene dinero y no
necesita robar». Estas son creencias de sentido común falso, difundidas
desde los sectores que han controlado la economía y el Estado en su
exclusivo beneficio.
En artículos anteriores
se ha hecho referencia a la oligarquía como ese pequeño núcleo de la
clase dominante que ha tenido la capacidad de dar direccionalidad al
Estado guatemalteco a través de definir los marcos constitucionales, las
leyes ordinarias, las políticas de Estado y el nombramiento de sus
operadores políticos y jurídicos, pero también ocupando directamente el
gobierno de los organismos públicos y controlando, a través de diversos
dispositivos de poder, a quienes eventualmente llegan a cargos como el
de la presidencia de la república.
La oligarquía ha gestado un
sistema político a conveniencia, con partidos que operan directamente
como su instrumento y, cuando no es así, con partidos que controlan a
través de diversos mecanismos, entre los cuales resaltan últimamente
dos: la corrupción de políticos y de funcionarios y el financiamiento
lícito e ilícito. De esta manera logran mantener capturado el Estado
para garantizarse la reproducción y ampliación de las condiciones
legales, jurídicas, políticas, económicas, ideológicas y culturales que
les permiten, en esencia, el control político del Estado, el control
oligopólico del mercado y el control y dominio ideológico y cultural de
la sociedad. Su fin: la mayor acumulación de capital a toda costa,
esencia de la empresa, del empresario, del capital.
En ese sentido, el jueves 19 de abril la Cicig y el MP presentaron el caso Financiamiento Ilícito FCN-Nación Etapa 2 ,
que implica a un conjunto de empresarios oligarcas, al partido
actualmente en el Gobierno y al presidente de la república, Jimmy
Morales. Entre los señalados se encuentran Felipe Bosch, Guillermo
Castillo, Herbert González, Stefano Olivero, Salvador Paiz, José Miguel
Torrebiarte, Fraterno Vila, Andrés Botrán, Pedro Robles, Rodrigo Arenas y
Édgar Ovalle. Las empresas vinculadas son Banco Industrial, Cementos
Progreso, Distribuidora de Occidente, Cervecería Centro Americana,
Financiera Negocios Bursátiles Consolidados, Novaservicios y un conjunto
de ingenios azucareros y empresas de palma aceitera. Asimismo, resultan
políticamente comprometidas representaciones empresariales y
paraempresariales como la Fundesa, el Movimiento Cívico Nacional y
varios de sus intelectuales orgánicos que desde la televisión y la
prensa son encargados de posicionar y hacer defensa de sus intereses.
Como respuesta inmediata, varios empresarios comprometidos con el
ilícito llevaron a cabo una declaración que constituye un acto descarado
y cínico a través del cual pretenden que creamos sus frases «nos
equivocamos», «sin saberlo cometimos errores», «lo hicimos de buena fe»,
«lo hicimos por Guatemala», «pedimos disculpas al pueblo de Guatemala» y
«prometemos no volver a cometer estos errores».
Dicha
declaración no puede calificarse sino de falsa por varias razones: 1) el
financiamiento de partidos políticos ha sido uno de los mecanismos
históricos que han utilizado para controlar el sistema político, los
organismos del Estado, los partidos, a los políticos y a los
funcionarios públicos de alto nivel; 2) su mea culpa intenta
aminorar el carácter delictivo y corrupto de su práctica, la cual no
puede ser calificada sino como financiamiento electoral ilícito, y su
explicación intenta suavizar un hecho irrefutable: formaron
parte de una estructura de corrupción; 3) su declaración es realizada
después —no antes— de la presentación de la Cicig y del MP de las
pruebas irrefutables que los vinculan, entre otras las otorgadas por dos
directivas de una empresa familiar de varios de los señalados, y 4) su
discurso no es más que un intento de allanar la búsqueda para que se les
aplique una especie de perdón y olvido que les permita evadir la
justicia y su posible prisión.
Al respecto, lo mínimo que
podemos hacer los ciudadanos honestos y comprometidos con los cambios en
el país es no seguir creyendo en cuentos de hadas y al mismo tiempo
exigir justicia contra estos honorables empresarios , contra el partido FCN-Nación y contra el gobernante Jimmy Morales.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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