«El presidente de Venezuela no llegará ni al suelo ni al cielo del Perú»,
clamaba hace poco el ahora dimitente presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski. Atrapado en la trama de corrupción internacional que
lo vincula al ya famoso “Caso Odebrecht”, Kuczynski ya no estará en
la Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú a mediados de abril.
Para el analista y diplomático panameño Julio Yao, la dimisión del hasta
hace horas presidente peruano hace peligrar la maniobra urdida
alrededor del llamado Grupo de Lima en contra de la República
Bolivariana de Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, preguntaba
humorísticamente este jueves, en una comparecencia televisiva: «¿Quién va a recibirme entonces en Lima?»
Red Voltaire
| Panama (Panama)
Con la salida del poder del presidente peruano Pedro
Pablo Kuczynski (PPK) se crea una mayor pérdida de legitimidad en el
llamado Grupo de Lima, conformado para desconocer la autodeterminación
de Venezuela, como parte de una guerra omnímoda que Estados Unidos lleva
a cabo para destruir su soberanía.
El Grupo de Lima está integrado por menos de la mitad de los países
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero la
renuncia del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, acusado de
corrupción, sacude hasta los cimientos la VIII Cumbre de las Américas (a
celebrarse los días 13 y 14 abril de 2018) que ahora se desmorona como
castillo de arena. Su tema era, paradójicamente, “la gobernabilidad democrática y la corrupción”. Su anfitrión era el defenestrado mandatario peruano.
Si –renuncia aparte– Estados Unidos pretendía en la VIII Cumbre de
las Américas ampliar la base de su intervención contra Venezuela –al
presidente venezolano Nicolás Maduro le negaron la entrada a la Cumbre–,
el fracaso del hegemón es doble porque la ausencia simultánea de PPK de
la presidencia de Perú y de la VIII Cumbre pone al desnudo
la fragilidad democrática y la orfandad moral y política de varios de
sus comensales (Perú, México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil,
Chile, Panamá, por sólo mencionar algunos), señalados por igual o peor
corrupción que la que sepultó a Kuczynski y calificables como
“Estados fallidos”, según el novísimo diccionario del Comando Sur
(SouthCom) estadounidense.
Desde su conformación, por sus objetivos ilícitos, el Grupo de Lima
violó la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho Internacional
Público –que consagran la obligación de no intervenir, de no amenazar y
de no agredir. El Grupo de Lima se integró a sabiendas de las
intenciones declaradas y públicas de Estados Unidos de invadir
militarmente a Venezuela y es por ello que la complicidad de sus
miembros con la agresión es manifiesta.
¿Podrá negarlo Colombia, vasallo favorito de Estados Unidos en
Latinoamérica, que ya ha recibido de Washington sumas fabulosas por
alquilar su territorio para desestabilizar, agredir y servir como punta
de lanza de la invasión contra Venezuela?
La Declaración que creó el Grupo de Lima, en agosto de 2017, pierde
su razón de ser a raíz del informe vinculante del Investigador
Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el jurista e
historiador estadounidense Alfred-Maurice de Zayas, quien fue
invisibilizado y vilipendiado por el andamiaje mediático de Occidente
por haber declarado que “en Venezuela no existe una crisis humanitaria” que justifique una “intervención humanitaria” (léase “intervención armada”) [1].
Según de Zayas, egresado de Harvard, en Venezuela sí hay “desabastecimiento y penurias, naturalmente ocasionadas por la guerra económica y comercial” de una oposición violenta contra su pueblo, aupada desde el extranjero, y no de una opresión interna [2].
Aparte de una “crisis humanitaria” artificial, Estados Unidos ha aplicado recientemente algunas mal llamadas «sanciones», tanto a altos funcionarios como al Estado venezolano. Pero tales «sanciones»
en realidad son medidas restrictivas y coercitivas que configuran
delitos de lesa humanidad (bloqueos, cerco financiero, asfixia económica
y comercial, boicot al Petro [3]) y son medidas sucedáneas o complementarias del ilegítimo uso de la fuerza conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU.
Por boca del presidente Trump, Estados Unidos ha amenazado a Venezuela con una inminente invasión armada [4] si no se somete a sus órdenes –que implican regalar a las transnacionales estadounidenses sus recursos y riquezas. Pero esas «sanciones»,
que niegan al pueblo de Venezuela su derecho a la existencia, pueden
ser objeto de demandas ante el Tribunal Penal Internacional no obstante
el creciente desprestigio de este último.
La inexistencia en Venezuela de una crisis humanitaria imposibilita
la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, principal objetivo del
Grupo de Lima, y el grave traspiés de la VIII Cumbre de las Américas
deja a Estados Unidos sin el telón de fondo regional (léase complicidad)
que necesita para destruir la República Bolivariana.
Si el Grupo de Lima no representa a la OEA, que carece de un Consejo
de Seguridad que lo autorice; si el Grupo de Lima no representa a la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC ni a grupo
regional alguno; si el Grupo de Lima no puede actuar por su propia
cuenta, en violación de la Carta de la OEA, sin arriesgar su propia
expulsión de ese organismo; si el Grupo de Lima viola la Carta de
la ONU;
entonces ¿qué es ese Grupo, a quién sirve y cuál es el fundamento legal
de su accionar?
El Grupo de Lima es una banda de Estados delincuentes, forajidos
y mercenarios que se oponen a la Zona de Paz declarada en la región, que
sirven al Comando Sur de Estados Unidos y carecen de legalidad, de tal
suerte que el frustrado festín de buitres, pudiera ser más bien el
funeral de su olvidada dignidad nacional.
Julio Yao Villalaz[1] «Una aspiración verdadera a la paz y la justicia», por Alfred de Zayas, Zeit Fragen (Suiza), Red Voltaire, 27 de enero de 2018.
[2] “Intervención sin crisis humanitaria”, por Julio Yao, La Estrella de Panamá, 12 de marzo de 2018.
[3]
El Petro es la criptomoneda recientemente creada por la República
Bolivariana de Venezuela. Está respaldado por las reservas verificadas
de petróleo y oro de Venezuela. Su periodo de preventa –iniciado el 20
de febrero de 2018– con casi 39 millones de tokens disponibles, a un
valor inicial de 60 dólares estadounidenses por 1 Petro, culminó el
pasado 19 de marzo con un reporte de intenciones de compra ascendente a
unos 6 000 millones de dólares, a pesar del anuncio de Washington de su
decisión de imponer sanciones a las empresas o individuos que adquieran
esta criptomoneda venezolana. Nota de la Red Voltaire.
[4] «Nuestro Pueblo ha sido amenazado directamente por el presidente de Estados Unidos con el uso de la fuerza militar», por Jorge Arreaza, Red Voltaire, 29 de septiembre de 2017.
No hay comentarios:
Publicar un comentario