CELAG
A mediados de diciembre
de 2017, la administración Trump anunció una nueva Estrategia de
Seguridad Nacional (ESN). Se trata de una serie de premisas y objetivos
basados en la doctrina del realismo político (tal como se asume de modo
explícito en el documento), orientados a “reestablecer la posición de
ventaja de EE. UU. en el mundo”[1]. Sintetiza las metas a seguir para
resguardar los “intereses estadounidenses” –que son los intereses de una
minoría privilegiada e influyente en la toma de decisiones, pero que
suelen ser presentados como “los intereses del pueblo americano”[2]-.
Vale
señalar que una de las características del Gobierno de Trump en materia
de política exterior, es la brecha entre un discurso incendiario,
repleto de amenazas y comentarios vehementes, y una toma de decisión que
en ocasiones tiende a minimizar tales posicionamientos –desde el
supuesto escarmiento que iba a propiciar al Gobierno chino, hasta la
amenaza de una salida inmediata del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte y la oposición aparentemente “total” al libre
comercio-. De modo tal que la ESN debe ser leída también en el marco de
esta distancia entre dichos y hechos que viene moldeando una política
exterior más bien incierta y poco predecible.
En términos
generales, los pilares de la ESN (proteger “la patria”, al pueblo y modo
de vida de EE. UU.; promover la prosperidad; preservar la paz mediante
la fortaleza; impulsar la influencia de EE. UU.) tienden a retomar las
premisas de gobiernos anteriores (e incluso parte del credo liberal
asociado a los valores americanos)[3], pero con un cambio de
prioridades, otorgando un mayor protagonismo a los principios realistas
del poder y la paz mediante la fortaleza, en lugar de privilegiar la
influencia –a diferencia de las administraciones Obama y su diplomacia
del soft-power–, que en la práctica derivaron en múltiples
intervenciones y la implementación de salidas militares[4].
En el
caso de América Latina, la ESN plantea algunos puntos de relevancia. El
pilar referido a la protección de la patria, incluye la urgencia de
reformas migratorias para “fortalecer el control de las fronteras y
restablecer la soberanía”, a la vez que propone combatir en su lugar de
origen “las organizaciones transnacionales delictivas que debilitan a
los aliados y corrompen las instituciones democráticas”, para evitar que
lleguen a las fronteras de EE. UU. Esto hace alusión a las migraciones y
el narcotráfico, problemas que desde la perspectiva del Gobierno de
Trump podrían resolverse, por ejemplo, con la ampliación del Muro en la
frontera con México, pero que en los hechos excede completamente el
“control” fronterizo: se trata de una dinámica asimétrica, de
subordinación y criminalidad planteadas y sostenidas por las alianzas
entre el Gobierno/sector privado de Estados Unidos y los Gobiernos de
México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que opera desde hace décadas y
en los últimos años bajo la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de
Seguridad Regional para América Central (CARSI)[5].
En el marco
del mismo pilar, pero en un plano “menos tangible” y a la vanguardia de
“las nuevas amenazas”, la administración Trump contempla “redoblar los
esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes
digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios
generan nuevas vulnerabilidades”[6]. Debe señalarse que a lo largo de
2017, este ha sido un tema candente en la región, que ha puesto en
evidencia la articulación entre el complejo militar industrial del
Estado de Israel y el estadounidense, y el suculento negocio que
presenta América Latina en este sentido, en particular en países como
Argentina, Brasil, Colombia y México[7].
En cuanto a la
prosperidad estadounidense (referida básicamente a lograr una economía
nacional sólida), se asegura que “EE. UU. ya no tolerará los abusos
comerciales crónicos y trabajará en pos de relaciones económicas libres,
justas y recíprocas”. Esto puede ser leído superficialmente en clave de
una postura “antiglobalización” o “anti-neoliberalismo”, pero las
decisiones tomadas por la administración Trump durante el 2017 no
coinciden con esta lectura, como bien ha sido advertido[8]. Lo que
sucede es que EE. UU. sigue promoviendo el libre comercio y el
neoliberalismo, cuando favorece a “sus intereses”, tal como lo muestran
los Tratados de Libre Comercio (TLC), caracterizados por las asimetrías y
cláusulas abusivas, solo que en la administración Trump, esta dinámica
cobra mayor visibilidad al transformarse en componente esencial del
“America First”.
Por otra parte, se anticipa que “utilizará su
dominio en el área energética para garantizar que los mercados
internacionales sigan estando abiertos, y que los beneficios de la
diversificación y el acceso a la energía fomenten la seguridad económica
y nacional”. Contradiciendo la aparente postura anti-TLC, en el caso de
los energéticos, el Gobierno de EE. UU. procurará la apertura del
mercado. Vale apuntar aquí, que los recursos energéticos (junto con los
materiales estratégicos) forman parte de la estrategia de seguridad
nacional de EE. UU., especialmente desde la Guerra Fría, estructurando a
su vez el desarrollo y alcance del complejo industrial militar para
garantizar el acceso a dichos recursos.
Por otra parte, el
protagonismo de los energéticos en la seguridad y la economía
estadounidense es clara cuando se considera la presión para liberalizar
el mercado de hidrocarburos en América Latina: desde la guerra
permanente librada contra Venezuela[9], la presión para la reforma
energética y el desmantelamiento de PEMEX en México[10], hasta el rol
jugado por el sector público/privado de EE. UU. en el Lava Jato
brasileño y la consiguiente desarticulación de las estatales brasileñas,
incluida Petrobras[11]. En esa línea, la ESN insiste en que países como
Cuba o Venezuela deberían implementar reformas económicas que
garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la
gobernabilidad”[12], es decir, propiciar la privatización y achicamiento
del Estado en materia económico-social, premisa clave del
neoliberalismo (del que supuestamente buscaría distanciarse la
administración Trump).
En virtud de las inconsistencias que
arroja la ESN, que presenta una continuidad con el estilo en la toma de
decisión a lo largo de 2017, por un lado, se profundiza la incertidumbre
respecto a escenarios posibles en la región. Lo que se visualiza con
bastante claridad es la continuidad en el impulso de políticas
económicas y de seguridad ancladas en una dinámica asimétrica y
dependiente, que, como hasta ahora, serán mantenidas o reconfiguradas
según los intereses de empresas multinacionales y del complejo
industrial militar, que son los que en definitiva se arrogan el poder de
definir los “intereses estadounidenses” y, por extensión, los de
América Latina.
Notas:
[2] Chomsky, N. (2003) Towards a new Cold War. New York:The New Press, p. 113.
[3]
Según Walter Rostow (ícono del liberalismo estadounidense), por
ejemplo, el interés nacional americano “consiste en mantener un contorno
mundial para los EE. UU. dentro del cual la sociedad americana pueda
seguir desarrollándose (…)Esta definición (…) incluye la protección
física del país, pero la protección del territorio americano se
considera esencialmente como un medio más amplio: la protección de un
modo de vida…” (Ver: Rostow, W. (1962) Los Estados Unidos en la palestra
mundial. Madrid: Tecnos, p.579).
[9] http://www.celag.org/sanciones-eeuu-venezuela-objetivos-generales-estrategias-e-impactos-economicos/
Silvina Romano y Anibal García son investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
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