El presidente Juan Orlando Hernández (en imagen del 19 de noviembre en su cierre de campaña) fue declarado ayer oficialmente ganador de los comicios presidenciales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre a Juan Orlando Hernández (JOH), 21 días después de los comicios y en medio de denuncias de fraude y protestas de la oposición.
El magistrado presidente del TSE, David Matamoros Batson, compareció en cadena de radio y televisión este domingo para hacer el anuncio del resultado y del fin del proceso de impugnaciones.
De acuerdo con estos datos, el actual mandatario obtuvo 42.95 por ciento de votos, frente a 41.42 por ciento del opositor Salvador Nasralla.
Matamoros aseguró que el proceso fueel más transparente jamás visto en Honduras.
Nasralla, quien llamó a protestas este lunes, viajó poco antes a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y funcionarios estadunidenses ante los que quiere denunciar el presunto fraude en las elecciones.
El candidato de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura detalló que se reunirá también con funcionarios del Departamento de Estado y con autoridades del Senado estadunidense, a los que les lleva documentos con los que pretende probar que le robaron la victoria.
El ex presidente y líder opositor Manuel Zelaya llamó a desconocer la decisión. “El pueblo dice :JOH no eres nuestro presidente, escribió Zelaya en su cuenta de Twitter.
Honduras está en crisis desde hace casi un mes por el presunto fraude. Las protestas dejaron dos muertos y varios heridos.
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 18 de diciembre de 2017, p. 21
Buenos Aires.
Ante la decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de enviar la ley de reforma previsional nuevamente a la Cámara de de Diputados, sin modificar nada, proponiendo un bono mínimo por fin de año, organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras, anunciaron que a partir de la ocho de la mañana de este lunes bloquearán los principales accesos a la capital en rechazo a esta iniciativa que afecta a más de 17 millones de personas.
En la misma línea, las dos Centrales Argentinas de Trabajadores, los estatales, educadores y otros gremios comenzarán un paro y llamaron a movilizarse, mientras desde la dirigencia tripartita de la Confederación General del Trabajo sus voceros adelantan que ante la actitud del gobierno de Macri y si no hay un cambio en la reforma se llamará a un paro nacional de 24 horas, que comenzaría al mediodía de este lunes.
Marcharán también la Corriente Federal de Trabajadores, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, la Unión Obrera Metalúrgica, y la Unión Docentes Argentinos, Canillitas, entre otros.
Llamado al alcalde para permitir el ejercicio de las libertades públicas
El legislador de Unidad Porteña, Mariano Recalde y el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de esta capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes durante la jornada de este lunes. Solicitan al alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, que disponga las medidas necesarias paragarantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas, ya que la seguridad estará en manos de la Metropolitana, que ha actuado violentamente en ocasiones anteriores.
Catalano recordó lo sucedido el pasado jueves, cuando decenas de manifestantes resultaron heridos y además fueron detenidas 50 personas. También solicitan que los efectivos lleven tarjetas que los identifiquen, ya que en manifestaciones anteriores hubo disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados, que de acuerdo con organizaciones políticas y sociales y testimonios de videos filmados eran infiltrados que respondían a las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y otros organismos humanitarios denunciaron que aunque se liberaron a 10 de los 50 detenidos, el juez Claudio Bonadío ordenó allanamientos en los domicilios particulares de éstosbuscando cualquier elemento que justifique el armado de causas y retrase su puesta en libertad. Es un grave atentado a las libertades individuales, sostuvo.
Periodistas que no son opositores al gobierno informaron sobre la molestia de algunos gobernadores peronistas de varias provincias, citados por el mandatario para que presionen a sus diputados a votar por la reforma previsional, o de lo contrario no recibirían el dinero de la coparticipación, sin lo cual no podrían pagar los salarios de los empleados.
Foto Ap
Dpa, Ap y Reuters
Periódico La Jornada
Lunes 18 de diciembre de 2017, p. 20
Tegucigalpa.
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