Entrevista a Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA)
La
organización UDEFEGUA acompaña a defensores de derechos humanos en
situación de riesgo que actúan en Guatemala, realiza informes e
investigaciones sobre la situación en que se hallan, imparte también
formación en seguridad, así como atención psico-social a víctimas,
familias y comunidades. Por ello, a la coordinadora de UDEFEGUA,
Claudia Samayoa, le han amenazado e intentado asesinar en varias
ocasiones.
Señala
como responsables a “estructuras militares y, las últimas veces, a la
extrema derecha fascista que trata de defender a los militares
señalados por la violación de derechos humanos en el conflicto
interno”. También, “a las empresas ligadas a la palma africana y
algunas del sector de la minería”. Hace algunos años resultó allanada
la oficina central de UDEFEGUA y, en abril de 2013, semanas antes de la
sentencia en el juicio a Ríos Montt, fue asaltada la oficina de la
organización en Nebaj (El Quiché). Claudia Samayoa ha participado en
Valencia en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA.
-En el informe que publicáis sobre agresiones a defensores de derechos humanos, se apuntan 305 casos en 2012, 657 en 2013 y 766 en 2014. ¿Cómo se explica esta evolución?
Se explica por el impulso de una estrategia neofascista interna, que recupera el discurso del conflicto armado y tacha a los defensores de los derechos humanos de “comunistas”, “terroristas”, “guerrilleros” y “desestabilizadores”. Este discurso ha abierto la puerta a procesos de denuncia judicial, detenciones ilegales (unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012), asesinatos (ocho casos en 2014) y actos de violencia sexual, sobre todo contra mujeres que luchan contra la violencia machista (cinco casos hasta septiembre de 2014). Esta estrategia neofascista se arma en 2011 para la defensa del proyecto extractivo y de los militares implicados en el conflicto armado interno, aunque después se haya extendido a otros militares. La estrategia se lanza claramente durante el mandato del actual presidente, Pérez Molina, y cuenta con el apoyo de la judicatura pero también del Congreso, que aprueba tipos delictivos con el fin de parar la resistencia popular.
-¿Puedes citar algunos de los últimos casos denunciados por la organización que coordinas?
El 18 de septiembre una manifestación de campesinos (comunidad Ch’orti) en Chiquimula fue duramente reprimida por la policía. Se dio la circunstancia de que miembros de empresas privadas de seguridad dispararon a defensores de derechos humanos e hirieron a un agente. Pero la policía echó la culpa a los defensores, y arrestó a la defensora de derechos humanos y comunicadora social de “Prensa Comunitaria”, Norma Sancir, por realizar fotografías. También a Carlos Juárez, de la Coordinadora Central Campesina “Nuevo Día”. Dos personas que intentaron ayudarlos fueron asimismo arrestadas. Esto se explica porque el gobierno plantea que los extranjeros manipulan a la gente y la prensa miente. A Carlos Juárez le confundieron con un extranjero por sus ojos azules. A los cuatro días de detención ilegal, fueron liberados.
-¿Son habituales este tipo de actuaciones?
El pasado 15 de agosto, en la comunidad Q’echi de Samacoch se produjo un bloqueo de oposición por la violencia que la policía ejerció el día previo. Entonces la policía disparó y mató a tres campesinos. Al esconderse los demás para evitar los disparos, los agentes retiraron las evidencias balísticas. Todo esto fue grabado por un periodista. Y, por ello, torturaron a otro periodista, con el objeto de dar el mensaje de que no deben grabarse los abusos policiales.
-¿Están implicadas las transnacionales en la violación de los derechos humanos?
Todas las agresiones responden a la imposición de un modelo extractivo a partir de una alianza entre los sectores público y privado, que incluye a la oligarquía racista de Guatemala. Entre las que más violencia han ejercido destacan hidroeléctricas como Hidralia Natural (en el municipio de Barillas) y otras mineras: Goldcorp (en San Marcos Jutiapa), Tahoe Resources (Santa Rosa y Julapa) o KFC (Ciudad de Guatemala).
-¿Qué tratamiento realizan los medios de comunicación de los ataques a defensores de los derechos humanos?
Los grandes medios están en manos de cuatro corporaciones que, a su vez, están vinculadas a las corporaciones de la industria extractiva, tanto nacional como extranjera, y a los partidos políticos. Esto ha generado un “cerco” a los defensores de los derechos humanos, que se han convertido en instrumento de la estrategia neofascista. Se les califica de “conflictivos”, “desestabilizadores” y “enemigos del desarrollo”. Los editorialistas y opinadores en radio y televisión nos llaman “comunistas”, “ecoterroristas” y “delincuentes”. Pero también es cierto que hay medios independientes en Internet que proporcionan una información alternativa.
-A partir de vuestros informes, ¿en qué zonas del país se producen más agresiones a los defensores?
El territorio con mayor violencia es el departamento de Guatemala (donde se concentra el poder). Esta violencia se expresa, además, en los territorios con mayor presencia de población indígena (cuando ésta representa entre el 75 y el 90% de la población) y concentración de los recursos naturales (Huehetenango, Alta Verapaz y Chiquimula). En nuestros informes también citamos Honduras, el país donde mayor violencia se ejerce contra los defensores de derechos humanos y, sobre todo, tras el golpe de estado de junio de 2009. Los más afectados en Honduras son los pueblos indígenas y los campesinos que se enfrentan al negocio de la palma africana y la minería. También, los periodistas y abogados que se oponen al régimen. Por otro lado, en México, al igual que en Guatemala, sufren mucho las poblaciones indígenas, pero también los periodistas y defensores de derechos humanos que plantan cara al crimen organizado.
-Por último, ¿quiénes son a tu juicio los principales agentes de la violencia?
En los últimos tiempos la policía nacional civil ha superado en materia represiva al ejército, que se replegó para protegerse de los señalamientos. El ejército planifica la represión y es la policía quien la ejecuta. En el inicio del actual gobierno, eran los cuerpos castrenses los que se encargaban en mayor medida de las actuaciones represivas. Por otro lado, el 80% de las agresiones se concentran en defensores de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. En el año 2014 destacan dos grupos, entre los que contabilizamos cientos de afectados por la represión: el movimiento de resistencia de La Puya (departamento de Guatemala) y los indígenas campesinos de Alta Verapaz.
Señala
como responsables a “estructuras militares y, las últimas veces, a la
extrema derecha fascista que trata de defender a los militares
señalados por la violación de derechos humanos en el conflicto
interno”. También, “a las empresas ligadas a la palma africana y
algunas del sector de la minería”. Hace algunos años resultó allanada
la oficina central de UDEFEGUA y, en abril de 2013, semanas antes de la
sentencia en el juicio a Ríos Montt, fue asaltada la oficina de la
organización en Nebaj (El Quiché). Claudia Samayoa ha participado en
Valencia en un acto organizado por el Comité de Solidaridad CEDSALA.-En el informe que publicáis sobre agresiones a defensores de derechos humanos, se apuntan 305 casos en 2012, 657 en 2013 y 766 en 2014. ¿Cómo se explica esta evolución?
Se explica por el impulso de una estrategia neofascista interna, que recupera el discurso del conflicto armado y tacha a los defensores de los derechos humanos de “comunistas”, “terroristas”, “guerrilleros” y “desestabilizadores”. Este discurso ha abierto la puerta a procesos de denuncia judicial, detenciones ilegales (unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012), asesinatos (ocho casos en 2014) y actos de violencia sexual, sobre todo contra mujeres que luchan contra la violencia machista (cinco casos hasta septiembre de 2014). Esta estrategia neofascista se arma en 2011 para la defensa del proyecto extractivo y de los militares implicados en el conflicto armado interno, aunque después se haya extendido a otros militares. La estrategia se lanza claramente durante el mandato del actual presidente, Pérez Molina, y cuenta con el apoyo de la judicatura pero también del Congreso, que aprueba tipos delictivos con el fin de parar la resistencia popular.
-¿Puedes citar algunos de los últimos casos denunciados por la organización que coordinas?
El 18 de septiembre una manifestación de campesinos (comunidad Ch’orti) en Chiquimula fue duramente reprimida por la policía. Se dio la circunstancia de que miembros de empresas privadas de seguridad dispararon a defensores de derechos humanos e hirieron a un agente. Pero la policía echó la culpa a los defensores, y arrestó a la defensora de derechos humanos y comunicadora social de “Prensa Comunitaria”, Norma Sancir, por realizar fotografías. También a Carlos Juárez, de la Coordinadora Central Campesina “Nuevo Día”. Dos personas que intentaron ayudarlos fueron asimismo arrestadas. Esto se explica porque el gobierno plantea que los extranjeros manipulan a la gente y la prensa miente. A Carlos Juárez le confundieron con un extranjero por sus ojos azules. A los cuatro días de detención ilegal, fueron liberados.
-¿Son habituales este tipo de actuaciones?
El pasado 15 de agosto, en la comunidad Q’echi de Samacoch se produjo un bloqueo de oposición por la violencia que la policía ejerció el día previo. Entonces la policía disparó y mató a tres campesinos. Al esconderse los demás para evitar los disparos, los agentes retiraron las evidencias balísticas. Todo esto fue grabado por un periodista. Y, por ello, torturaron a otro periodista, con el objeto de dar el mensaje de que no deben grabarse los abusos policiales.
-¿Están implicadas las transnacionales en la violación de los derechos humanos?
Todas las agresiones responden a la imposición de un modelo extractivo a partir de una alianza entre los sectores público y privado, que incluye a la oligarquía racista de Guatemala. Entre las que más violencia han ejercido destacan hidroeléctricas como Hidralia Natural (en el municipio de Barillas) y otras mineras: Goldcorp (en San Marcos Jutiapa), Tahoe Resources (Santa Rosa y Julapa) o KFC (Ciudad de Guatemala).
-¿Qué tratamiento realizan los medios de comunicación de los ataques a defensores de los derechos humanos?
Los grandes medios están en manos de cuatro corporaciones que, a su vez, están vinculadas a las corporaciones de la industria extractiva, tanto nacional como extranjera, y a los partidos políticos. Esto ha generado un “cerco” a los defensores de los derechos humanos, que se han convertido en instrumento de la estrategia neofascista. Se les califica de “conflictivos”, “desestabilizadores” y “enemigos del desarrollo”. Los editorialistas y opinadores en radio y televisión nos llaman “comunistas”, “ecoterroristas” y “delincuentes”. Pero también es cierto que hay medios independientes en Internet que proporcionan una información alternativa.
-A partir de vuestros informes, ¿en qué zonas del país se producen más agresiones a los defensores?
El territorio con mayor violencia es el departamento de Guatemala (donde se concentra el poder). Esta violencia se expresa, además, en los territorios con mayor presencia de población indígena (cuando ésta representa entre el 75 y el 90% de la población) y concentración de los recursos naturales (Huehetenango, Alta Verapaz y Chiquimula). En nuestros informes también citamos Honduras, el país donde mayor violencia se ejerce contra los defensores de derechos humanos y, sobre todo, tras el golpe de estado de junio de 2009. Los más afectados en Honduras son los pueblos indígenas y los campesinos que se enfrentan al negocio de la palma africana y la minería. También, los periodistas y abogados que se oponen al régimen. Por otro lado, en México, al igual que en Guatemala, sufren mucho las poblaciones indígenas, pero también los periodistas y defensores de derechos humanos que plantan cara al crimen organizado.
-Por último, ¿quiénes son a tu juicio los principales agentes de la violencia?
En los últimos tiempos la policía nacional civil ha superado en materia represiva al ejército, que se replegó para protegerse de los señalamientos. El ejército planifica la represión y es la policía quien la ejecuta. En el inicio del actual gobierno, eran los cuerpos castrenses los que se encargaban en mayor medida de las actuaciones represivas. Por otro lado, el 80% de las agresiones se concentran en defensores de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. En el año 2014 destacan dos grupos, entre los que contabilizamos cientos de afectados por la represión: el movimiento de resistencia de La Puya (departamento de Guatemala) y los indígenas campesinos de Alta Verapaz.
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