Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

martes, 30 de agosto de 2016

ONG: vacío de datos oscurece casos de desaparición forzada


El drama de los desaparecidos

Familiares de las víctimas realizan el trabajo de autoridades
Impunidad, pieza clave en la desaparición forzada en el país
Gran parte de las entidades no destinan personal para resolver los casos
 
Periódico La Jornada

En México quien pierde a un familiar vive el infierno de la impunidad y la inacción de las autoridades, en especial cuando la desaparición entra en la clasificación de forzada, es decir, cometida por policías, militares o algún otro servidor público. Este es el peor de los escenarios, porque quien está obligado a esclarecer el destino de las víctimas puede ser el propio autor de la agresión o cómplice de ésta.
Salvo el caso Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), de impacto nacional e internacional, la mayoría de los episodios no llegan siquiera a ser reconocidos como tales por las fiscalías, según testimonios de familiares de víctimas y la revisión de las instancias de investigación y procuración de justicia.
En nuestro país tampoco hay una cifra oficial de desaparecidos en actos cometidos por servidores públicos. Al contrario, el eje común es la falta de información al respecto y la resistencia de los jefes a aceptar que su personal está implicado.
Este delito es también la cara del fracaso en la depuración de las corporaciones policiales –e incluso en las fuerzas armadas–, en especial las de municipios y entidades constantemente amenazados o infiltrados por el crimen organizado, advierten organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, así como grupos en busca de familiares.
El más reciente informe de evaluación de policías en México, de junio pasado, mostró que de 329 mil 823 elementos examinados, 9 por ciento no aprobaron los controles de confianza; está pendiente conocer el resultado de 2 por ciento de las pruebas, mientras a uno por ciento de los elementos no se les han aplicado.
Las autoridades federales no han detallado, sin embargo, qué ocurrió con los reprobados de 2014 (12 por ciento del total) y tampoco se ha dicho qué ocurrirá con quienes no aprobaron este año (31 mil 565 elementos). ¿Fueron despedidos? ¿Enviados a otras áreas? No se sabe.
En los episodios documentados de desaparición forzada es común que los agentes trabajaran para los delincuentes o fueran los propios ejecutores de los delitos.
Salvo excepciones, las fiscalías no cuentan con una estructura para la integración eficiente de bases de datos, sobre todo genéticos (ADN); tampoco tienen personal suficiente ni los recursos materiales necesarios para atar cabos. En el mejor de los casos, cientos de expedientes son revisados a nivel de trabajo de escritorio.
Las entidades del país carecen además de criterios y protocolos unificados para la búsqueda de personas y, en especial, para reaccionar en las primeras horas posteriores a la denuncias de los casos.
En seis estados, las autoridades de justicia confirmaron la existencia de unidades especializadas, mientras en otros se reportan áreas, mesas, grupos especiales o fiscalías, y en algunos de plano niegan información acerca de las herramientas técnicas, científicas y de organización de personal ante el agravamiento de estas agresiones cometidas por particulares e incluso por servidores públicos.
FotoMientras en Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Puebla, Querétaro y Sinaloa se destaca la existencia de unidades especializadas (base para la coordinación entre los tres niveles de gobierno), en otras entidades no hay datos precisos al respecto y, por tanto, se desconoce el tamaño de la estructural material y de recursos humanos para hacer frente a la problemática.
El pasado domingo en el Hemiciclo a Juárez, de la Ciudad de México, diversas organizaciones conmemoraron el Día Internacional del Detenido-DesaparecidoFoto Jair Cabrera
Por ejemplo, en Chihuahua, con mil 77 expedientes por resolver respecto del paradero de personas, su fiscalía general sólo tiene una unidad especializada para la búsqueda de mujeres. Los asuntos de varones son enviados a la unidad de atención a víctimas del delito.
Igualmente en Coahuila, si bien se han generado instancias oficiales de peritaje, son las organizaciones civiles, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Víctimas por sus Derechos, las que se dedican permanentemente a indagar el paradero de sus seres queridos: solicitan información, hacen gestiones e incluso realizan sus propios rastreos y excavaciones donde se presume haya fosas clandestinas. También llevan las historias de las víctimas a las más altas esferas, aunque lamentan enfrentarse a falta de pericia, profesionalismo y voluntad para hilar los hallazgos.
En el estado de México, con 2 mil 830 carpetas pendientes (es la segunda entidad del país en cuanto a volumen y rezago, sólo después de Tamaulipas), fue creada una fiscalía de investigación de personas desaparecidas, pero su enfoque se ha concentrado en las agresiones a mujeres, luego de que en 2015 fue emitida ahí una alerta de género por el alto nivel de violencia contra este sector de la población.
Lo mismo ocurre en Guerrero y Sinaloa, donde los grupos no gubernamentales han tomado la batuta en cuanto a rastreo de fosas clandestinas y para buscar pistas del paradero de las víctimas. Enfrentan opacidad e inacción de las autoridades en territorio en disputa por los cárteles de la droga.
En Guerrero hay 963 personas no localizadas, cuya investigación es responsabilidad estatal. Otros casos ya fueron atraídos por la Procuraduría General de la República, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En esta entidad se mezclan los saldos de la violencia y de la expansión de la delincuencia organizada, pero también la historia de desapariciones forzadas, desde las décadas de los años sesenta y setenta, en la denominada guerra sucia.
Para Morelos y Nuevo León son igualmente los grupos civiles los que han tomado la vanguardia en las acciones.
Mientras, en Tamaulipas, la entidad con el mayor número de personas no localizadas (poco más de 5 mil 500 casos pendientes), la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirma que hay 22 personas víctimas de desaparición forzada, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos niega esta situación.
Las autoridades de procuración de justicia no proporcionaron, como ocurrió en otras entidades, información al respecto.
Veracruz es también territorio emblemático en cuanto a casos por clarificar. Allí hay medio millar de asuntos en esta situación; los familiares encuentran una pasmosa actuación de la procuraduría de justicia local, que significa apatía y actuaciones de presuntas colusiones de las autoridades con el crimen organizado.
El capítulo más reciente de desaparición forzada ocurrió en enero pasado, en Tierra Blanca, cuando policías estatales levantaron a cinco jóvenes. Esta y otras historias similares han sido atraídas por autoridades federales, ya sea por el escándalo nacional e internacional provocado o por la presión de familiares que no encuentran respuestas satisfactorias en lo local e incluso prefieren colaborar con la PGR antes de volver a Veracruz a ponerse en manos de la policía, que en muchos casos son los propios criminales, acusan.

Macri jugó a fondo y perdió


Tarifazo

Es un secreto a voces que Mauricio Macri fue el defensor más obstinado del aumento de tarifas dentro y fuera del gobierno y perdió la batalla.

El director del Enarsa y ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, admitió que “el trámite del aumento se había constituido en un hecho traumático y único en la historia energética argentina, ya que un incremento de tarifas dispuesto en febrero o marzo aún no pudo ser aplicado”.

Con el fallido plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año que quedó trunco, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Tras el no de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. La mayor parte de lo que logrará ahorrar no será gracias a las tijeras del ex CEO de Shell sino al abaratamiento de los hidrocarburos a nivel global (que redujo abruptamente el costo de importar gas en barcos y combustibles líquidos para las usinas de luz) y a la eliminación de los subsidios directos para los usuarios de Edesur y Edenor, que insumieron casi u$s 2.000 millones en 2015.

En un artículo publicado el 13 de agosto el semanario vocero de la City de Londres, The Economist, expresó su gran preocupación de que el Presidente argentino Mauricio Macri se halle en graves aprietos políticos. La publicación señala que un tribunal federal, respondiendo a la furia popular, emitió un interdicto en contra de las alzas astronómicas en las tarifas públicas, una pieza central del plan de “recuperación” económica de Macri y se informa que la confianza de los inversionistas extranjeros en el sistema judicial está “quebrantada”. El flujo de inversiones extranjeras que supuestamente iban a entrar a raudales, una vez que tomara posesión Macri en diciembre, no se ha materializado.

“La luna de miel de Macri está llegando a su fin” se lamenta The Economist, para concluir que su única alternativa era esperar que el voto programado para el 18 de agosto en la Corte Suprema sobre la legalidad de las alzas exorbitantes en las tarifas públicas, le sea favorable y después, “persistir con las alzas en los precios y pagar el costo político”.

A contramarcha de las expectativas del vocero de la City londinense el fallo de la Corte Suprema no favoreció al gobierno y, además, abrió la puerta a una nueva oleada de demandas de los que fueron excluidos de la anulación de los aumentos de gas. La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) presentará una demanda que englobará a unas 65 cámaras y 10.000 pymes. La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, que depende de la CAME, hizo lo propio. También se están organizando entidades que agrupan a clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, empresas recuperadas y comercios. Tal es el caso de la emblemática fábrica recuperada Zanón, que entre luz y gas recibió, con los últimos aumentos, facturas que suman los 9 millones de pesos. “Son ocho millones de gas y un millón de luz. No nos dan los números”, se quejó Alejandro López por C5N.

Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa “con preocupación” que el conflicto es un “problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas”. “Celebramos como un triunfo de todo el pueblo este alivio para los hogares de todo el país pero como cooperativas sigue un camino de lucha hacia adelante porque todos venimos soportando la recesión y la caída en ventas, a lo que se suma el tarifazo”, apuntó Silvia Díaz de Facta.

Por su parte, desde el sindicato del Cuero señalaron que “hay 400 cooperativas que ya cerraron por los tarifazos” y pidió organizar “un plan de lucha para que (las tarifas) sea para todos por igual”. “Si no logramos superar este tarifazo, 9 de cada 10 clubes corren el riesgo de cerrar y cientos de miles de chicos no van a quedar afuera ni tener donde formarse, hay que trabajar para que el tarifazo se termine de una vez y para todos los sectores”, reclamó en tanto un representante sectorial de clubes de barrio.

Para José Rigane, secretario Adjunto de CTA (A) y Secretario General de la FeTERA, “este fallo de la Corte, si bien aparece como un “freno al tarifazo de Macri” en el corto plazo, en realidad esconde en el mediano y largo plazo un fuerte aval a la política estatal en materia energética que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que no es otra cosa que beneficiar a los sectores concentrados petroleros”.

“Creemos que el fallo de la CSJN resolvió de acuerdo a lo que necesita el gobierno de Macri y las petroleras, porque garantiza el precio del gas en boca de pozo, que es la clave del valor de la factura y del precio final (la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que hoy paga un usuario, 15% es de transporte y 25% distribución, aproximadamente)”, añadió el dirigente lucifuercista de Mar del Plata.

También el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano sostuvo que “mi informe mostrará que el aumento de las tarifas es una política de ajuste en beneficio de las empresas petroleras y de distribución y transporte de gas. Mediante el tarifazo pretenden consagrar una re-dolarización de las tarifas y endilgarle a los trabajadores pagar un precio a boca de pozo un 300% más que lo que se paga en Estados Unidos, que ahora compensa el Estado manteniendo de esta manera los subsidios”.

Respecto a la audiencia, Solano agregó: “Para que las audiencias públicas cumplan su función es necesario una auditoría independiente sobre los costos de generación de energía, transporte y distribución. A su vez, las empresas encargadas de estas tareas deben de rendir cuentas sobre los subsidios recibidos, que en total alcanzan el medio billón de pesos de los que no han invertido uno solo, como lo prueba el vaciamiento energético al que Argentina ha sido sometida.”

Ambas declaraciones evidencian que los límites al ajuste tarifario continúan dependiendo de la movilización popular. En ese sentido, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse en todo el país el próximo 16 de septiembre, día de la audiencia pública convocada por el gobierno para analizar el aumento de las tarifas residenciales del gas, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, las centrales reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios “sean vinculantes” y que el freno “a los tarifazos” se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.

“No estamos dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía. Por este motivo, desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocamos a movilizar en todo el país para hacer escuchar una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”, dice un comunicado difundido con las firmas de Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).

Dirigentes sabios y prudentes

En el primer acto público después del fallo de la Corte Suprema que frenó al tarifazo de gas en los hogares, el Presidente no hizo ninguna referencia a la resolución judicial, pero en cambio insistió con el discurso sobre el abuso del ausentismo de los trabajadores, tal como lo había hecho en un almuerzo en la sede del gremio gastronómico por el Día del Trabajador.

Hizo referencia a que los juicios impulsados por los empleados “complican” a todos. “Cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos, a todo el resto de la sociedad”, afirmó el lunes pasado junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Las declaraciones coincidieron con el día de la reunificación de la CGT, que estrenó un nuevo triunvirato con la conducción de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros). Este triunvirato expresa el frágil equilibrio de fracciones en que se sustenta la reunificación parcial de la CGT.

Faltaron a la cita en Obras Sanitarias, el sector que encabeza el dirigente rural macrista Gerónimo "Momo" Venegas (que impugnó al Congreso ante el Ministerio de Trabajo) y los sindicatos agrupados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) que lidera el taxista Omar Viviani y que cuenta en sus filas, entre otros gremios, con la Unión Ferroviaria y el SMATA (mecánicos).

Por su parte, el bancario Sergio Palazzo, en representación de la Corriente Sindical Federal (CSF), expresó su rechazo a los términos del acuerdo y los cargos que le ofrecieron, planteó la necesidad de una medida de fuerza y se retiró del Congreso junto a los congresales de su espacio. Todo indica que de ahora en más, la CSF se dará una política de presión "por izquierda" al flamante triunvirato, en articulación con las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, como se plasmará en la calle en la próxima Marcha Federal de fines de agosto.

No obstante, el hecho fundamental de la jornada fue la decisión de la nueva conducción de no llamar a ninguna medida de lucha contra el durísimo ajuste que el gobierno macrista lleva adelante contra la clase trabajadora y los sectores populares.

Pese al inocultable tono crítico en su referencia a la administración de Mauricio Macri, la unidad cegetista privilegió el valor de la “prudencia”, comprendida como un favor a la gobernabilidad, antes de lanzarse a una estrategia de confrontación abierta contra la gestión que lleva ocho meses en la Casa Rosada.

Marcha Federal

El próximo miércoles 31, desde las provincias de Mendoza, Jujuy, Misiones, Formosa y Chubut, se iniciará la Marcha Federal para reclamar contra los tarifazos, los despidos y el ajuste. La Marcha finalizará el viernes 2 de septiembre con un acto en Plaza de Mayo a las 17:00.

Con el inicio de la Marcha, se realizarán masivos actos en las ciudades de Mendoza, San Salvador de Jujuy, Posadas, Formosa, Comodoro Rivadavia, Esquel, Resistencia y Corrientes. La segunda jornada, las columnas provenientes desde Cuyo, NOA y NEA, confluirán en un acto en la ciudad de Rosario, mientras que las columnas de la Patagonia harán lo mismo en la ciudad de Mar del Plata, para continuar su recorrido a la Ciudad de Buenos Aires. Por último, la jornada del 2 de septiembre, previo a la llegada a Plaza de Mayo, se realizarán actos en las localidades de La Matanza y Avellaneda.

Productores de la Patagonia cargados con más de 10.000 kilos de fruta, llegaron hasta las puertas de la Casa Rosada, para mostrar la realidad crítica del sector, regalando peras y manzanas, en lo que se transformó en una multitudinaria expresión de las carencias de amplios sectores populares que concurrieron masivamente generando colas de hasta 800 metros.

Para esta semana se espera una medida similar de los tamberos ya que el consumo de leche cayó 8%. El presidente de La Serenísima lo atribuyó a la suba en los costos de producción del tambo, a la modificación del tipo de cambio y a la eliminación de las retenciones.

Judicialización y represión

La Justicia de Tierra del Fuego decidió dar lugar al pedido de exclusión de tutela sindical del Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena y del Secretario de Organización de la CTA-A y dirigente del SUTEF Carlos Díaz., lo que significa permitir su exoneración del cargo.

Esta medida, consensuada entre el gobierno kirchnerista de la gobernadora Bertone y la justicia provincial, también podría aplicarse a otros 17 docentes que fueron judicializados durante la gobernación anterior de Fabiana Ríos.

Una nutrida concurrencia obrera cortó por completo la calle Viamonte, frente al Teatro Colón, el jueves a la mañana. Centenares de colectiveros y trabajadores del sindicalismo de base, expresaron así su posición ante la causa abierta contra el delegado de base Héctor Cáceres de la Línea 60 de colectivos, procesado por hostigar a otros trabajadores, aunque los abogados señalaron la falta de pruebas.

El miércoles 24 los trabajadores azucareros decidieron cortar la ruta 50, acceso a San Ramón de la Nueva Orán. Están en conflicto hace dos meses, por aumento de salario y contra el cuarto turno flexibilizador. Luego del mediodía, comenzó una brutal represión por parte de la Infantería bajo órdenes de Juan Manuel Urtubey.

Los obreros de El Tabacal hace 60 días están enfrentando el lock out de la empresa yanky Seabord Corporation. En el marco del conflicto, el Ministro de Trabajo de Salta Eduardo Costello se había reunido con representantes del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio. Luego de esa reunión, cuando retomaron el corte, los trabajadores fueron reprimidos.

También el miércoles, en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata, fueron reprimidos trabajadores organizados en la CTD Aníbal Verón mientras levantaban una medida de protesta que bloqueaba la autopista. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. El reclamo era por puestos de trabajo y el aumento del pago de programas sociales.

Despidos y suspensiones

La semana pasada la automotriz norteamericana Ford suspendió a 300 trabajadores de su planta ubicada en Pacheco en la zona norte del conurbano. La empresa ofreció retiros voluntarios a los trabajadores suspendidos que solo percibirán el 75% de sueldo bruto hasta fin de año.

Los trabajadores de Fate denunciaron que la firma realizó una avanzada para reducir puestos de trabajo, en esta oportunidad bajo la figura de “retiros voluntarios”.

Además, como parte del mismo plan de ajuste, en las últimas horas la empresa efectuó alrededor de 50 despidos de personal superior (jerárquico) que estaba bajo la condición de mensualizado.

La cartera que comanda Esteban Bullrich dispuso el viernes una nueva tanda de despidos en la Administración Pública. Anunció 165 nuevas cesantías, de las cuales 50 se dieron en el Instituto de Formación Docente (INFD).

Como respuesta, los trabajadores realizaron una asamblea de más de 200 trabajadores que discutieron medidas a seguir para buscar las reincorporaciones de todos los empleados del área.

La segunda fase de la política del macrismo para Educación es continuar, vía los despidos, con el vaciamiento de áreas y programas. En el INFD, donde aproximadamente son 50 los trabajadores despedidos, es donde se elabora el grueso de las capacitaciones.

Todo indica que la situación en Educación, es parte de una nueva oleada de despidos, que comenzó a rumorearse en varias dependencias estatales.

Además se espera, como corolario de la nueva etapa de reducción del Estado, que a fin de año se ponga en práctica un ambicioso plan de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios para volver a reducir la planta estatal.

Entre amenazas de cierre y denuncias de vaciamiento, achicamiento y precarización, el Plan FINES continúa vigente y permite a muchos argentinos completar sus estudios secundarios.

Sin embargo, en un hecho que confirma las advertencias que muchos trabajadores del Plan y otros integrantes de la comunidad educativa vienen lanzando en los últimos meses, se pudo ver en la tarde del viernes materiales educativos arrojados como basura en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la esquina de Viamonte y Riobamba. A media cuadra de allí está la Escuela de Comercio Nº 2, una de las sedes del Plan FINES en la Ciudad.

Diez trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez del Municipio de Lanús fueron informados que serán despedidos a partir del 30 de setiembre y que los programas “Acompañarte”, que funciona desde hace 8 años y al que concurren actualmente 105 niños y adolescentes de entre 4 y 18 años y 10 mamás y el Espacio Cultural Callejero, dejarán de funcionar.

Este ataque a los derechos de niños, niñas y adolescentes es parte de la destrucción de programas y proyectos para su protección y promoción, que comenzó desde el inicio de la gestión del Intendente Grindetti con el vaciamiento de recursos y la precarización de las condiciones laborales y de contratación de los integrantes de sus equipos técnicos.
Massalin Particulares informó que a partir del 3 de octubre y durante una semana frenará completamente su producción en las plantas de Merlo (provincia de Buenos Aires) y Goya (Corrientes) debido a la caída de las ventas en un 25% en la comparación anual.

Los trabajadores de las líneas de colectivos pertenecientes a la ex Ecotrans recibieron esta semana 100 telegramas de despido. Por ello mantienen los paros en las líneas 136 y 163.

El delegado de la ex empresa de colectivos Ecotrans, cuyos servicios son ofrecidos desde el 1° de julio último por cuatro compañías, Carlos Pacheco, advirtió que continúa “la situación de conflicto y de tensión” ante “el envío de cien telegramas de despido y el dictado de la conciliación obligatoria” por parte del Ministerio de Trabajo y, el personal, ratificó el paro iniciado el jueves por varios reclamos.

La Metropolitana y las compañías ERSA y La Cabaña fueron beneficiadas con la entrega de la ex Ecotrans, en “un acuerdo poco trasparente y que es violado sin que las autoridades nacionales, provinciales y las de las comunas de Merlo y Morón, que lo firmaron, y tampoco la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ejerzan los controles para que se cumplan las normativas de derechos laborales y de servicios públicos”, dijo.

Primero fue en San Luis, después en Catamarca, Tucumán y La Pampa. Ahora, los despidos, suspensiones y retiros voluntarios en Alpargatas, llegaron a la planta de Florencio Varela.

Según señalaron los propios trabajadores, desde la semana pasada la fábrica ubicada en Florencio Varela suspendió a 150 obreros. Sectores completos de la producción serán suspendidos 2 días por semana y la semana completa a fines de agosto.

Alpargatas facturó el año pasado la friolera de 21.477 millones y en los últimos días anunció a sus trabajadores de las suspensiones escalonadas durante el mes de agosto y septiembre, lo que provoca un fuerte impacto en el bolsillo de los empleados ya que ven reducido su salario que ronda los 8 mil pesos mensuales.

Tanto Alpargatas como TN Platex, concentran el 44 % de las ventas del sector textil, ya que poseen campos de hilado en donde se produce la materia prima para toda la rama. En lo que va del año estas empresas, según comunicados oficiales, recuperaron 15 puntos por sobre la inflación y para el 2016 esperan un aumento del 20 % en la facturación.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el segundo semestre arrancó con una ola de despidos y suspensiones en el sector privado. Sólo en julio, hubo 14.149 ceses de contrato, 4.324 de los cuales, se produjeron en la industria.

Según la consultora, “desde diciembre pasado se destruyeron 194.244 puestos de trabajo”.

A una primera ola de despidos y suspensiones en el sector público y la construcción (diciembre-enero), le sigue una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria, y que en estos dos últimos meses impacta en el sector de servicios, particularmente comercio y gastronómico.

El relevamiento presentado para el mes de julio arroja un sustancial aumento en la cantidad de despidos y suspensiones con 15.137 nuevos casos (entre el sector público y privado) -siendo que en junio se contabilizaron 11.721 casos-. Resalta en este aspecto, la incidencia del sector privado, que motorizó más del 93% de los despidos y suspensiones, siendo además central el peso de estas últimas sobre el total.

El informe presenta además un significativo incremento en los despidos de la industria (con 4.324 nuevos casos) y un marcado aumento de la cantidad de suspensiones también en el sector manufacturero, que ascendieron a 7.067 casos. Respecto del sector servicios, las cifras se han mantenido en los niveles del mes anterior, en valores elevados respecto de los relevamientos anteriores.

En el mes de julio los despidos se concentraron particularmente en 6 actividades, que explicaron el 74% de despidos y suspensiones. Se trata del sector textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodoméstico y sector servicios -comercial-.

En el primer sector -textil- y como resultado de la apertura de importaciones hubo 2.520 suspensiones y 111 despidos sólo en el mes de julio. En esta línea, resultan sugestivos algunos casos de llano incumplimiento del acuerdo firmado entre grupos empresarios y el gobierno nacional por 6 meses, para evitar despidos. El caso Alpargatas es uno de ellos.

El empleo privado registrado disminuyó en julio un 0,5% respecto a igual mes de 2016, según los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, mientras a nivel nacional, la tasa de desocupación llegó a 9,3%.

Rosario, Mar del Plata, Gran Córdoba y Gran Buenos Aires encabezan el ranking de las ciudades con mayor desempleo, superando el 11%, según el último informe del Indec. Además, los jóvenes duplican la media nacional, alcanzando un 18,9%.

La Encuesta Permanente de Hogares arrojó que 1.165.000 personas buscan trabajo y no lo consiguen.

Reclamos salariales

Docentes y Judiciales bonaerenses realizaron el miércoles un paro total de actividades. Paralelamente, médicos de Cicop y estatales de ATE llevaron adelante una jornada de lucha, en demanda de una recomposición salarial, entre otros reclamos.

“Vamos por la reapertura de las paritarias para lograr un nuevo aumento salarial, por los reclamos en la infraestructura de las escuelas, cargos faltantes, comedores, para derrotar el tarifazo”, sostuvo Suteba La Plata en un comunicado de prensa en el que confirmó la convocatoria, en el marco del paro nacional convocado por la Ctera y otros siete gremios docentes.

Por su parte, los judiciales agrupados en la AJB también llamaron a un paro de actividades en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires para reclamar una mejora salarial. Según la AJB, el Ejecutivo propuso reabrir la negociación salarial “recién en octubre” de este año, con lo cual el gremio resolvió avanzar con un plan de lucha.

En tanto, ATE provincia de Buenos Aires resolvió llevar adelante una Jornada Provincial de Lucha con acciones regionales “por un aumento salarial acorde que permita recuperar el poder adquisitivo, por la derogación de las leyes y decretos de ajuste, que posibilitan el desguace del Estado y la precarización laboral extrema”.

El gremio de Sanidad, que conduce el flamante integrante del triunvirato cegetista, Héctor Daer, movilizó en defensa de las fuentes laborales de más de 400 empleados del laboratorio Roux Ocefa y en rechazo de “los desmanejos empresarios”.

Daer, también diputado nacional por el Frente Renovador, explicó que los directivos adeudan casi tres meses de salarios, lo que implica “un límite para la capacidad de subsistencia familiar, además de arriesgar las fuentes de empleo”.

Cientos de trabajadores del Ministerio de Cultura organizaron el jueves 18 una olla popular y una intervención gráfica en la puerta de la sede de Alsina 465 del organismo. Los trabajadores exigieron un aumento de emergencia hasta que se reabran las paritarias, a la vez que se manifestaron contra el tarifazo, por la reincorporación de los despedidos -mientras vemos aumentar el número de “asesores” con sueldos altísimos-, y por un paro nacional convocado por todas las centrales sindicales para poner freno a un gobierno que día a día avanza contra los trabajadores.

La Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que el Ministerio de Trabajo y Empleo oficializó el aumento salarial de 35% para los trabajadores rurales permanentes, mediante resolución N°68/16.

El pago de las remuneraciones acordadas por el gremio que lidera Gerónimo Venegas se hará efectivo de la siguiente manera: 20% a modo de adelanto y con carácter excepcional y no remunerativo, con vigencia a partir del 1º de julio hasta el 31 de agosto, la cual será de carácter remunerativo a partir del 1º de septiembre.

Además se abonará el 15% restante a partir del 1º de octubre de 2016, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2017. Con los aumentos, un peón general pasará a cobrar de sueldo mínimo, sin comida, de 10.368 pesos mensuales, mientras que el jornal será de 456,12 pesos.

Fondo solidario en defensa de la gestión obrera de Zanón

Publicamos la carta de los obreros y obreras de Zanón llamando a aportar a un Fondo Solidario en defensa de la gestión obrera:

“Compañeros y compañeras, estamos próximos a cumplir 15 años de control obrero. Allá por el 2001 en un marco de crisis muy profunda que atravesaba Argentina, los ceramistas luchábamos por defender el trabajo y pararle la mano a la patronal de Zanón que pretendía despedir a todo su personal y fugarse dejando un tendal de desocupados y un galpón vacío en el Parque Industrial de Neuquén.

A partir de contener esta situación tomamos en nuestras manos el destino de la fábrica y de las familias que nos quedamos resistiendo y nos pusimos a producir dando vida a Zanón Bajo Control Obrero.

Hoy después de 15 años no lograron derrotarnos, pero apuestan a ahogarnos. Desde hace muchos años entendimos que renovar la tecnología es lo que debemos conquistar, con una fábrica que hace más de 30 años de existencia y con maquinarias que datan de la misma época es muy difícil sostener la producción en un mercado capitalista que genera permanente desigualdad. El control obrero tiene esta prioridad por delante. Sistemáticamente los gobiernos nos negaron la posibilidad de acceder a créditos para este objetivo, pero aun así seguimos produciendo, atravesando crisis tras crisis.

En la actualidad, a pesar de estar todavía en pie, estamos atravesando uno de los peores momentos de la gestión obrera, con un gobierno que ajustó brutalmente a los trabajadores y que solo privilegia a los sectores empresariales, las condiciones se han vuelto muy complicadas para el control obrero.

Por esto hemos retomado las tareas fundamentales de nuestra lucha, y desplegar todas las acciones que nos llevaron a defender el trabajo. Hoy recurrimos nuevamente a la solidaridad de todos y cada uno de los que han referenciado la gestión obrera de Zanón y para los que entienden que es una alternativa para enfrentar los cierres de fábricas, la desocupación como única variable de ajuste de los gobiernos y los empresarios y resolvimos en nuestras asambleas impulsar una gran campaña en defensa de Zanón bajo control obrero y un fondo de huelga que nos permita mantener viva esta experiencia y a las familias que dependemos de ella.

Desde ya muchas gracias”.

Cuenta corriente para colaborar: Banco Credicoop, Sucursal 093 Cta. Cte. Nº 230449
CBU 1910093355109302304499.


Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, Clarín, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Página 12, www.diariobae.com, izquierda-revolucionaria.org, www.cronista.com, APU. 

Una línea política provisoria de las personas comunes



“Ni calco ni copia, sino creación heroica”
José Carlos Mariátegui


 1. ¿Por qué es preciso en Chile caminar hacia la formación de un Movimiento Amplio por los Derechos Sociales?

2. Pueblo es aquel conjunto de fuerzas sociales conscientes y organizadas de acuerdo a sus intereses y derechos sociales y políticos históricos. El resto es población.

3. Personas comunes significa ‘en colaboración con otros’, común o ‘de muchos’, bien común, comuna, soberanía, identidad, territorio, pertenencia, auto-movimiento, independencia y comunidad. ‘De todos’, socialmente público. Las y los sujetos comunes son la diversidad de individuos, comunidades y grupos sociales oprimidos que sufren la dominación de unos pocos y que en su desenvolvimiento del pensar-haciendo o hacer-pensando, adquieren consciencia de sus intereses y derechos. Lo anterior se enmarca en la contradicción objetiva de capital versus humanidad que signa la época en curso.

La contradicción capital versus humanidad tiene carácter orgánico, que supera, ampliando, la contradicción clásica de capital versus trabajo. De este modo, la contradicción orgánica de la época adquiera una materialización actualizada en la forma de Estado capitalista versus pueblos y ciudadanías. El Estado capitalista es la dominación, y los pueblos y la ciudadanía son la promesa de la superación de la dominación, o lo que es lo mismo, la promesa histórica de la liberación humana.

4. Línea política comporta aquel instrumento que caracteriza, interpreta y orienta una práctica colectiva, y a un complejo multidimensional de intereses estructuralmente similares y accidentalmente matizados y distintivos. ¿A quién caracteriza, interpreta y orienta una línea política? A las realidades particulares y específicas en sus relaciones con las realidades mayores a escalas regionales, nacionales, continentales y mundiales. Se trata de un conjunto de prácticas combinadas socialmente respecto del poder o de lo propio de la política, desde los intereses y movimiento concreto de lo popular y ciudadano (de las y los comunes) en un tiempo-espacio determinado, y que se encuentra en contradicción o en pugna con los intereses de la minoría opresora o bloque dominante que detenta el poder hasta ahora en Chile.

5. ¿Cuál es en términos orgánicos (o sea, en términos de aquello más permanente o estructural) la composición del llamado ‘bloque dominante’? Los imperialismos o Estados capitalistas centrales del planeta que son una misma realidad inestable con el gran capital transnacional y con los grupos económicos nativos combinados con éste y a él subordinados. El Estado capitalista antipopular y ‘tutelado’ chileno (‘antipopular’ porque su despliegue, dominio y privilegios sólo le resultan posibles a costa de la opresión de los pueblos. Y ‘tutelado’ se refiere al rol decisivo que juegan las Fuerzas Armadas y policías en su sostén, reproducción y dominio). La alta oficialidad de las FFAA y policías. La alta jerarquía de las iglesias cristianas. El régimen político bipartidista que administra alternadamente el Estado. Y los medios masivos de comunicación.

Respecto de los medios masivos de comunicación, sólo se menciona como el recurso más visible y barato de formación de ‘sentido común’ u ‘opinión pública’ (que es opinión pública y privada). En este sentido, los recursos de la colonización subjetiva sobre las y los oprimidos y la alienación social e individual (‘extrañamiento’, o todo aquello que corresponde a los efectos colaterales de la dominación o que busca premeditadamente que las y los comunes posterguen la consciencia de sus intereses históricos), se encuentran desde la educación formal hasta el orden geopolítico y económico del territorio chileno y del territorio propio de los pueblos indígenas.

6. Por ‘lo económico’, se entiende la plataforma y organización concreta y práctica producida históricamente por la humanidad y sus relaciones sociales. Lo económico no es un mero factor o infraestructura. Sus aspectos orgánicos son la producción, el intercambio y el consumo, como los momentos de un todo creativo en movimiento. Siempre desde una perspectiva no determinista ni mecánica. Comprendiendo que el orden económico en curso es posible de transformar dinámicamente a través de la política, de las contradicciones y crisis internas del capital, y de la voluntad colectiva y organizada de las y los comunes.

7. Ciudadanía significa ‘sujeto de derechos’, aunque esos derechos todavía no sean conquistados.

8. Lo que sigue corresponde a la tesis provisoria de una línea política de las y los comunes (pueblos y ciudadanía consciente de sus derechos) sintetizada en un Movimiento Amplio por los Derechos Sociales, independientemente de la seguidilla de incidentes electorales que se avecinan (municipales, parlamentarias, presidenciales). Se trata de una elaboración que depende del desenvolvimiento del movimiento popular y de la ciudadanía real y que debe trascender el mero accidente electoral e institucional. Tiene que ver con los brotes de recomposición del movimiento popular y ciudadano de las y los comunes, de su devenir, límites, condiciones y tendencias.

9. ¿Por qué se habla de Movimiento Amplio? La amplitud aquí está determinada por los distintos momentos de las relaciones de fuerza entre dominadores y dominados. Como el aspecto políticamente decisivo en el proceso de recomposición del movimiento popular y ciudadano tiene que ver con sus intereses objetivos e históricos y su acumulación incesante de fuerzas sociales, la ‘amplitud’ o ‘lo amplio’ es la expresión comprensible de la constitución de fuerzas necesarias y suficientes para llegar a transformarse en poder soberano y beligerante respecto de su enemigo histórico y objetivo.

O sea, de acuerdo a la dimensión y tonelaje político reales del bloque dominante, no es posible que las y los comunes alcancen a cobrar el poder necesario y suficiente para hacerle frente si su poder propio no se funda sobre el ancho y profundidad más voluminosa, cuantitativa y cualitativamente, social y políticamente. Entonces, ‘lo amplio’ corresponde al acumulado de poder y de fuerzas que demandan sus propios desafíos.

10. ¿Pero quiénes son las y los comunes? Las y los que luchan, las y los que resisten ante el sometimiento antipopular y anticiudadano del bloque dominante en sus diversas expresiones, y que en su despliegue práctico chocan con los intereses de la minoría opresora.

A saber: fracciones del pueblo trabajador ligados al extractivismo (minería, forestal, pesca, agro, etc.). Segmentos de pueblo trabajador subcontratados, tercerizados, volcados al cuentapropismo y a la denominada flexibilidad laboral. Franjas de pueblo trabajador inactivas (cesantes, semi-cesantes y jubilados/as). Asalariados/as en edad de jubilar, pero que no pueden por los sistemas vigentes de previsión, de salud, de vivienda, etc. Pueblo Mapuche y otras comunidades indígenas. Estudiantes de secundaria y de la educación superior. Ambientalismo consecuente. Comunidades territoriales y comunidades regionales. Comités de usuarios/as. Comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB). Antipatriarcado. Comunidad de discapacitados/as y de enfermos/as catastróficos. Agrupaciones independientes de Derechos Humanos.

Asimismo, pero de manera diferenciada respecto de las zonas sociales anteriores, y denominadas vulgarmente ‘sectores o clases medias’, se encuentran: Pequeños productores y comerciantes de mercancías y servicios, expuestos a las quiebras latentes y afectados por los precios impuestos por el gran capital. Profesionales de los mandos medios de la burocracia estatal y privada.

Unos más y otros menos, las clases asalariadas chilenas e indígenas (grupos humanos súper-explotados a través de la apropiación privada del excedente socialmente producido y bajo la contradicción capital/trabajo), fracciones y capas sociales numeradas antes, son objeto de la hegemonía mundial y chilena del momento financiero sobre el conjunto de momentos de la reproducción de las relaciones sociales del capital. ¿Cómo? Mediante la industria de la deuda (crédito) y de la concentración oligopólica del gran capital.

11. En materia de relaciones de fuerza sociales y políticas entre la dominación (bloque en el poder) y las y los comunes, pueden distinguirse de manera simplificada tres momentos que son una sola totalidad no lineal, que son continuidad y ruptura, que son momentos inestables, dinámicos, sujetos de variables complejas:

a. El movimiento real y concreto, popular y ciudadano, se manifiesta en un primer momento de un modo económico-corporativo (grupos de interés y sólo partes de una totalidad social oprimida y objetivamente intervinculada). Las diversas demandas y derechos sociales y políticos, cada una por su lado, desarticuladamente, perciben la unidad homogénea propia de su demanda particular y el deber de organizarse en torno a ella. En Chile y en su historia reciente, y desde hace alrededor de poco más de dos décadas (mediados de los 90 del siglo XX), las expresiones económico-corporativas de éste momento de recomposición del movimiento popular y ciudadano se han notificado, por ejemplo, en las resistencias del Pueblo Mapuche; en las grandes movilizaciones del subcontratismo minero, forestal y pesquero; en el movimiento estudiantil y sus cimas concentradas el 2006 y el 2011; en los levantamientos regionalistas; en las luchas del ambientalismo consecuente; en las luchas territoriales por el agua; en las luchas territoriales por la vivienda y el suelo; últimamente, en las grandes movilizaciones en contra del sistema previsional de cotización individual, AFP; en los movimientos culturales independientes; etc. Se trata de luchas concretas, pero parciales y disgregadas. La superación de éste momento y del momento que le sigue depende de la actuación de las iniciativas de suscripción revolucionaria, camino a convertirse no linealmente, en el instrumento de la emancipación humana de los pueblos y la ciudadanía en Chile.

b. Un momento superior corresponde al movimiento popular y ciudadano de signo político y económico. Él se caracteriza por la conquista de la consciencia de la unión y solidaridad de intereses del movimiento popular y ciudadano, aunque meramente económico. Esto es, se provoca la reunión de las luchas disgregadas en un nivel estrictamente economicista, o como si las reivindicaciones de carácter económico no tuvieran que ver con la política y el poder, salvo a modo de interpelación al Estado. Por ejemplo, se entiende en la acción y reflexión, que la resistencia del Pueblo Mapuche no es orgánicamente distinta a la demanda por la sustitución del sistema de AFP, o a la demanda de una salud pública de excelencia e integral, o de la demanda de una vivienda social digna y del suelo que la soporta, etc. Se advierte que las causas estructurales, en última instancia, de las carencias objetivas trasmutadas en demandas y acción directa y colectiva, son las mismas. Se postula el problema del Estado, pero acotado simplemente a la igualdad en los ámbitos jurídico-políticos respecto del bloque dominante y siempre dentro de los marcos establecidos por el Estado capitalista. Dicho momento, en la actualidad chilena, sólo es una promesa del desenvolvimiento del movimiento popular y ciudadano.

c. Siempre en materia de las relaciones de fuerza entre el bloque en el poder versus las y los comunes, deviene el momento político entre estos últimos . O sea, que las demandas dispersas del movimiento popular y ciudadano (momento económico-corporativo), ya se encuentran sintetizadas mediante su reunión virtuosa, y que, por convicción social y solidaria políticamente, no basta el carácter restrictivamente económico de su desenvolvimiento para la conquista del conjunto articulado de los derechos sociales. Así, de manera dinámica y compleja, en medio de reyertas y pugnas internas, emerge como un resultado de la acumulación histórica y concreta del hacer-pensando de la totalidad del movimiento de las y los comunes, la voluntad política y de poder de que ahora el combate es por la apropiación y transformación colectiva del Estado.

En éste momento, en el movimiento de las y los comunes hegemoniza un compuesto o grupo social capaz de coordinar concretamente los intereses generales de los demás grupos sociales del movimiento popular y ciudadano. Así aparece de manera lógica y política, y a causa de los golpes represivos propinados en su contra por el bloque dominante, la necesidad de su blindaje y armadura material.

12. Si se conviene que el movimiento popular y ciudadano chileno se sitúa en el primer momento detallado arriba , entonces, hasta el instante en que se imprenta la presente línea política de las y los comunes, es posible proponer algunas tendencias condicionadas de su devenir.

i. Considerando sólo el movimiento estudiantil de Chile como ejemplo, se advierte que las grandes asambleas y movilizaciones de secundarios y estudiantes de la educación superior, con vocerías revocatorias y el ejercicio de la democracia radical y participativa, devino paulatinamente en la delegación representativa de la soberanía de su poder legítimo originario. ¿Cuáles fueron las formas y estrategias que empleó el bloque dominante y su régimen político para contener, fragmentar, coaccionar y volver funcional a sus intereses al movimiento estudiantil? Antes que todo, la incorporación de la demanda de educación gratuita, universal y de excelencia a su propio programa político, retornándolo licuado, desnaturalizado, despotenciado de sus formas y contenidos que inicialmente fueron disfuncionales al sistema dominante. Al mismo tiempo, la judicialización y criminalización de la protesta juvenil, con el fin de aislarla socialmente. La cooptación e institucionalización, mediante la corrupción, de los rostros más visibles del movimiento, integrándolos a su régimen político a través de cupos parlamentarios. Podrían mencionarse otras maneras más sofisticadas que abarcarían varios tomos. Ahora bien, el caso del movimiento estudiantil chileno (hoy en situación de latencia precaria), puede extrapolarse a los procesos de las luchas regionalistas, como las de Magallanes, Aysén, Chiloé. Otro tanto ocurrió con las luchas del pueblo trabajador ligado al extractivismo pesquero. O sea, se está frente a una batería de medios empleados por el bloque en el poder que, hasta ahora, ha conseguido sus objetivos. ¿Por qué? Debido a la todavía escasa consistencia orgánica y política del movimiento popular y ciudadano.

ii. En este sentido, de no superarse el momento económico-corporativo de la paulatina recomposición del movimiento popular y ciudadano, su máxima proyección sólo puede aspirar, en el mejor de los casos, a reformas sistémicas que terminan por subsumir las demandas originales y originarias.

iii. ¿Cómo el movimiento de las y los comunes supera el momento económico-corporativo? ¿Qué ocurre con los activos de suscripción revolucionaria que se desenvuelven en medio del actual momento? Más allá de su condición de minoría, las iniciativas de suscripción revolucionaria no han jugado un rol preponderante capaz de disputar todavía la hegemonía en la orientación del movimiento de las y los comunes. ¿Por qué? Porque, en general, carecen hasta hoy, de un proyecto político post-capitalista y socialista de acuerdo a las condiciones nacionales, regionales y mundiales del actual estadio de la humanidad; carecen de un análisis concreto de la realidad concreta; de una estrategia de poder acorde con lo anterior; y de tácticas según esa estrategia. Ahora bien, aunque en Chile todavía no exista el partido de la emancipación humana (porque la necesidad de su aparición no ha llegado a ser perentoria), sí se requiere del conjunto de personas, mujeres y hombres, dispuestas por voluntad y sentido, a desarrollar las tareas políticas y orgánicas que inicien su construcción. Esto es, las iniciativas de suscripción revolucionaria tienen el desafío de colocarse a la altura del movimiento real de las y los comunes, conforme a las condiciones señaladas.

iv. En cambio, es posible observar que las direcciones políticas de otras formaciones de carácter progresivo, pero que no persiguen la superación del modo de producción capitalista (independientemente de que en su interior existan grupos de personas que sí abrazan la superación del capitalismo), efectivamente avanzan a niveles de coordinaciones políticas fabricadas para terciar en medio del duopolio del régimen político del bloque en el poder, tras la representación de los intereses de la ciudadanía. Se trata de sectores y fracciones sociales que alcanzan horizontes mayores de acuerdos políticos. En Chile y el mundo, tal cual como en otros momentos de la historia, los compuestos políticos progresivos se preparan para la constitución de alianzas del tipo ‘frentes amplios’ (como Podemos en España y Syriza en Grecia).

¿Qué son los ‘frentes amplios’ (FA)? Complejos de organizaciones políticas cuyos programas electorales contemplan reformas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las y los comunes, sin transformar su condición de oprimidos.

¿Cuál es la diferencia estratégica entre la política de los ‘frentes amplios’ respecto del ‘Movimiento Amplio’ aquí postulado? Que los FA son compuestos puramente institucionales cuyas fuerzas están subordinadas a proyectos inmediatos en el campo de la lucha electoral y política al interior de la normativa jurídica y de fuerzas del bloque en el poder. En cambio, un ‘Movimiento Amplio’, estratégicamente, es la forma que adopta, en sus distintos momentos, la lucha de las fuerzas sociales y políticas concretas y reales que buscan hacerse de todo el poder, modificando de manera orgánica y estructural la totalidad del orden establecido se acuerdo a sus propios intereses históricos y objetivos.

En Chile, actualmente los FA convocan a diversas corrientes de pensamiento. Sus liderazgos provienen de las movilizaciones universitarias institucionalizadas; otros, de las luchas sindicales recientes; de demandas regionalistas; y de los denominados ‘políticos díscolos’ o críticos progresivos de la Nueva Mayoría. Dentro de los marcos establecidos por el régimen político del bloque en el poder, los FA buscan renovar la política, reformar aspectos problemáticos del presente orden de cosas y concursar en la hegemonía del descontento ciudadano. Si alcanzan una sintonía representativa de las demandas sociales, y una conducción colectiva integradora que logre sustraerse de la política del duopolio, los FA pueden entrar a competir desde ahora a cinco o diez años, en la alternancia, cohabitación y repartición de los espacios político-electorales, siempre encuadrados por el régimen político dominante.

13. ¿Por qué la presente línea política de las y los comunes postula la formación de un Movimiento Amplio de Derechos Sociales?

La voluntad colectiva radicalmente transformadora de las y los comunes y sus tareas inmediatas entienden el movimiento popular y ciudadano como uno y lo mismo que el Movimiento Amplio por los Derechos Sociales pendiente. Esto es, comprenden y trabajan en la articulación y unión de las demandas populares y ciudadanas de las y los comunes, a nivel local, provincial, regional y nacional. Establecen coordinaciones colectivas participativas, revocables y radicalmente democráticas. Aspiran a la construcción de una red nacional e internacional de medios de comunicación independiente y en todos formatos, y donde tengan existencia real. Dedican una porción significativa de su accionar a la alfabetización política bajo la orientación irrestricta de los intereses históricos de las y los oprimidos, acentuando su quehacer en todas y cada una de las partes que hacen las fuerzas sociales concretas y específicas que componen el movimiento popular y ciudadano chileno actual (resumidas en el punto 10).

Las iniciativas de suscripción revolucionaria se vuelcan a las tareas del instrumento de la emancipación humana, social y política, desde el propio Movimiento Amplio de los Derechos Sociales . Pero ni como vanguardia autoproclamada, ni como retaguardia estratégica. En consecuencia, actúan según los modos y los tiempos determinados por el propio desenvolvimiento interno del movimiento popular y ciudadano en su proceso de constitución autónoma en contradicción con el bloque en el poder y mediante la forma del Movimiento Amplio por los Derechos Sociales.

Hasta septiembre de 2016, no es posible que las formaciones de suscripción revolucionaria salgan del testimonio marginal y lleguen a jugar algún papel preponderante en el movimiento popular y ciudadano en curso, si no se colocan sobre sus hombros, realizan las labores teóricas y prácticas (que corresponden a un momento único) arriba descritas. Y marginalidad no es la imposibilidad de participar necesariamente en los incidentes electorales establecidos por el régimen político del bloque dominante, sino que la no presencia prevalente en el movimiento concreto de las y los comunes.

Los deseos jamás orientan el movimiento real de las y los comunes. En cambio, las voluntades reunidas de quienes persisten en transformar radicalmente la sociedad, sí.

"Los opositores quieren desgastar a la presidenta de Brasil"


Entrevista con Fernando Buen Abad


El analista internacional Fernando Buen Abad aseguró que los senadores de Brasil pretenden desgastar a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, además de que por medio de la repetición de mentiras, pretenden generar en el imaginario colectivo que una falsedad se convierta en verdad.



Los Estados Unidos de Trump se despliegan en la frontera


No hay necesidad de que Donald construya un muro que ya existe
TomDispatch

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Ante el tribunal federal, Ignacio Sarabia pide a la juez de primera instancia, Jacqueline Rateau, que le permita explicar por qué cruzó sin autorización la frontera internacional entre los dos países. Ya se ha declarado culpable del delito federal conocido comúnmente como “entrada ilegal” y está a punto de recibir sentencia de prisión. A su lado hay ocho hombres en la misma situación, todos de rostro bronceado, todos con la misma ropa desgarrada y sucia que llevaban cuando los agentes de la Patrulla de Fronteras de EEUU les arrestaron en el desierto de Arizona.
Una vez más, el programa de tolerancia cero del programa de refuerzo de fronteras conocido como Operación Streamline se ha desarrollado como siempre aquí en Tucson, Arizona. Cerca de 60 personas se han acercado ya a la juez en grupos de siete u ocho, con las cabezas sumisamente inclinadas, con los cuerpos abrumados por los grilletes y cadenas alrededor de muñecas, cintura y tobillos. La juez ha dictado las pertinentes sentencias de prisión sucesiva y rápidamente: 180 días, 60 días, 90 días, 30 días…
Una y otra vez, día tras día. Como tantos menús servidos en restaurantes de comida rápida, se han dictado 750.000 sentencias de prisión de ese tipo desde que se lanzó la Operación Streamline en 2005. Este procesamiento en masa de indocumentados que cruzan la frontera se ha convertido en la norma de tal manera que un informe llegaba a la conclusión de que es ya “una fuerza impulsora de encarcelamiento masivo” en EEUU. Pero no es más que un único programa entre otros muchos supervisados por el régimen estadounidense de encarcelamiento masivo y refuerzo de fronteras que ha ido desarrollándose durante las dos últimas décadas, especialmente en la época posterior al 11-S.
Sarabia da un medio paso adelante. “Mi bebé tiene cuatro meses de edad”, le dice a la jueza en español. El bebé nació, le asegura, con una enfermedad en el corazón y es ciudadano estadounidense. No hay otra opción que operarle. Esta es la razón, dice, de “que yo esté delante de Vd.” Hace una pausa.
“Quiero estar junto a mi niño, que se encuentra en Estados Unidos.”
Está claro que a Sarabia le gustaría expresarse con determinación a medida que habla, pero resulta difícil a causa de los grilletes que le constriñen. Rateau rellena su taza de café mientras espera que le traduzcan esos comentarios al inglés.
Con anterioridad, en abril de 2016, el candidato presidencial republicano Donald Trump, aún en el calor de campaña de las primarias, afirmó una vez más que estaba dispuesto a levantar un muro de hormigón de 9 metros de alto (o, dependiendo del lugar, de 16,7 metros) a lo largo de los 3.218 kilómetros de la frontera entre México y EEUU. Insistió en que obligaría a México a pagar los 8.000-10.000 millones de dólares de tal barrera. Arrojando repetidamente esa carne roja en las fauces boquiabiertas del nativismo, ha anunciado también estos últimos meses que iba a crear una “fuerza de deportación” notable, jurando repetidamente que iba a prohibir que los musulmanes entraran en el país (una posición que revisa con regularidad) y, más recientemente, que iba a instituir un proceso de “veto extremo” para los nacionales extranjeros que lleguen a EEUU.
En junio de 2015, mientras subía por unas escaleras mecánicas de la Torre Trump durante la campaña presidencial, entre las promesas iniciales que hizo estaba la construcción de un muro “grande” y “bello” en la frontera. (“Y nadie construye muros mejor que yo, créanme. Y los hago muy baratos. Porque haré que sea México quien pague el muro.”) Mientras se sacaba esa promesa del sombrero con un toque de mago, la historia real de la frontera desapareció. A partir de entonces, en las elecciones de 2016 sólo hubo un desierto vacío y Donald Trump.
Durante el último cuarto de siglo, ningún gobierno, de ninguno de los dos partidos, ha ahorrado esfuerzos a la hora de poner en marcha todo un conjunto sin precedentes de muros, sistemas de detección y guardias para esa frontera sureña. En esos años, el número de agentes de la Patrulla de Fronteras se ha quintuplicado de 4.000 a más de 21.000, mientras Protección de Fronteras y Aduanas se convertía en la mayor agencia federal de aplicación de la ley en el país, con más de 60.000 agentes. El presupuesto anual para esos objetivos se incrementó de 1.500 millones de dólares a 19.500 millones, una subida de más de doce veces. En 2016, la financiación por el gobierno federal de las leyes de fronteras e inmigración añadió hasta 5.000 millones más que para el resto de agencias de aplicación de las leyes federales.
La Operación Streamline, un programa que es piedra angular del “Consequence Delivery System”, que forma parte de una estrategia de disuasión más amplia que las patrullas fronterizas para acabar con la inmigración indocumentada, es sólo un aspecto de una inmensa maquinaria de vigilancia-encarcelación-deportación. El programa es tan eficaz como su nombre sugiere. No es “El Muro” pero incorpora la lógica del muro: o has cruzado de forma “ilegal” o no. No importa el por qué, o si perdiste tu empleo o si has tenido que saltarte comidas para poder alimentar a tus hijos. No importa que tu casa se haya inundado o que la sequía haya secado tus campos. No importa que estés huyendo para salvar tu vida de los matones del cartel de la droga o de las mismas fuerzas del ejército o de la policía que se supone tienen que protegerte.
A este sistema fue al que Ignacio Sarabia se enfrentó hace pocos meses en un tribunal de Tucson. Su tragedia es una más de las que se desarrollan muchas veces a diario a unas meras siete manzanas de donde vivo.
Antes de que les cuente cómo respondió la jueza a su petición, es importante comprender el viaje de Sarabia, y el de tantos miles que como él acaban ante este tribunal federal día tras día. Cuando pedía poder estar con su hijo recién nacido, su voz se quebraba de la emoción, con su historia atrapada en el estilo que ya es trumpiano de vigilancia de fronteras –tanto en el dolor y sufrimiento que ha causado como en la estrategia y acumulación masivas detrás de ella- de una manera que no reflejan la retórica de campaña de ambos partidos ni la información sobre la misma. Mientras los reporteros intentan encontrar una pista para explicar a la bestia de Trump y sus a menudo insostenibles afirmaciones y declaraciones, nadie recoge la realidad que se vive sobre el terreno en la frontera. En efecto, uno de los mayores “secretos” de la campaña electoral de 2016 (aunque debería ser de conocimiento general) es que el muro fronterizo existe ya. Que lleva años ahí y que las huellas que hay por todo él no son las de Donald Trump sino las de los Clinton, tanto de Bill como de Hillary.
El Muro que ya existe
Veintiún años antes de la promesa de Trump de construir un muro (y siete años antes de los ataques del 11-S), el cuerpo de ingenieros del ejército de EEUU empezó a reemplazar la valla de tela metálica que separaba Nogales, Sonora, en México, de Nogales, Arizona, en Estados Unidos, con un muro construido con colchonetas oxidadas de las guerras de Vietnam y el Golfo Pérsico. Aunque ha habido varios intentos poco entusiastas de construir muros fronterizos a lo largo del siglo XX, este fue el primer esfuerzo auténtico para levantar una barrera en lo que ahora podríamos definir como magnitud trumpiana.
Esa imponente muralla oxidada serpenteaba a través de las colinas y cañones del norte de Sonora y del sur de Arizona alienando para siempre un mundo que, dados los vínculos familiares y comunitarios transfronterizos, se consideraba entonces único. En aquel tiempo, ¿quién podía haber imaginado que la estrategia que aquel primer muro representaba iba a ser el modelo actual del sistema masivo de exclusión?
En 1994, la amenaza no era el “terrorismo”. En parte, el llamamiento a fronteras más militarizadas y reforzadas vino en respuesta, entre otras cosas, a la interminable guerra de la droga. También vino de las autoridades estadounidenses, que se anticiparon al desplazamiento de millones de mexicanos tras la implementación del nuevo Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), acuerdo que, para colmo de ironías, perseguía la eliminación de barreras al comercio y a la inversión a través de América del Norte.
Y las expectativas de aquellas autoridades demostraron estar justificadas. Las turbulencias posteriores en México, como me explicó el analista Marco Antonio Velázquez Navarrete, fueron como las secuelas de una guerra o un desastre natural. Los pequeños agricultores no podían competir con los muy subvencionados gigantes de la industria agropecuaria estadounidense, como Cargill y Archer Daniels Midland. Los propietarios mexicanos de pequeños negocios fueron a la bancarrota como consecuencia de las acciones de Walmart, Sam’s Club y otros poderes corporativos. La minería controlada por compañías extranjeras se extendió por franjas inmensas de México, causando conflictos territoriales y envenenando la tierra. La emigración desesperada y sin precedentes que siguió se topó con lo que podría considerarse el otro lado de la doctrina Clinton de comercio abierto: muros, aumento de los agentes de frontera, aumento de las patrullas y nuevas tecnologías de vigilancia destinadas a acabar con los puntos de cruce tradicionales en zonas urbanas como El Paso, San Diego, Brownsville y Nogales.
“Esta administración ha hecho un gran esfuerzo para reforzar la protección de nuestras fronteras”, dijo el presidente Bill Clinton en 1996. “Estamos aumentando los controles fronterizos en un cincuenta por cien”.
En los siguientes veinte años, ese aparato fronterizo se ampliaría exponencialmente en términos de personal, recursos y alcance geográfico, pero la estrategia central de la década de 1990 (etiquetada “Prevención Mediante la Disuasión”) siguió siendo la misma. La cada vez mayor vigilancia fronteriza y militarización hicieron que los desesperados emigrantes se dirigieran hacia lugares remotos como el desierto de Arizona, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50º en lo tórrido del verano.
El primer memorando de estrategia fronteriza de EEUU en 1994 predecía el trágico futuro que ahora tenemos. “Quienes entren de forma ilegal por un algún paraje remoto e inhabitado de tierra y mar a lo largo de la frontera puede encontrarse en peligro de muerte”, afirmaba.
Veinte años después, en las zonas fronterizas desérticas de EEUU se han encontrado más de 6.000 restos. Cientos de familias continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos. El Centro Colibrí por los Derechos Humanos tiene registros de más de 2.500 desaparecidos que fueron vistos por última vez cruzando la frontera entre EEUU y México. En otras palabras, que esa frontera se ha convertido en un cementerio de huesos y tristeza.
A pesar de toda la atención prestada al muro y a la frontera en esta época electoral, ni las campañas de Trump ni la de Clinton han mencionado “Prevención mediante la Disuasión” ni las posteriores muertes en la frontera. Ni una sola vez. Lo mismo pasa con los medios del establishment que no paran de hablar del muro de Trump. Poca mención se ha hecho de lo que los grupos de frontera llevan tiempo llamando “crisis humanitaria” de muertes que se han quintuplicado a lo largo de la última década gracias, en parte, a un muro que ya existe. (Si las personas que mueren fueran canadienses o europeas, desde luego que se prestaría atención.)
Aunque la construcción del muro empezó en el curso de la administración de Bill Clinton, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) construyó la mayor parte de los aproximadamente 1.127 kilómetros de valla una vez aprobada la Secure Fence Act de 2006. En aquel tiempo, la senadora Hillary Clinton votó a favor del proyecto de ley presentado por los republicanos, junto con otros 26 demócratas. “Cuando era senadora, voté en numerosas ocasiones a favor de gastar dinero en construir una barrera que intentara impedir que entraran los inmigrantes ilegales”, comentó en un evento de la campaña de 2015, “porque creo que tienes que controlar tus fronteras”.
Se temía que el proyecto de 2006 de construcción de un muro fuera tan destructivo a nivel medioambiental que el jefe de la seguridad interior, Michael Chertoff, no aplicó 37 leyes medioambientales y culturales en nombre de la seguridad interior. De esta forma, permitió que los buldóceres de la Patrulla de Fronteras violaran tierras salvajes y sagradas que estaban protegidas.
“Imaginen un buldócer aparcando en la tumba de tu familia, removiendo sus huesos”, dijo en 2008 ante el Congreso el presidente Ned Norris, Jr, de la nación de los Tohono O’odham (una tribuna nativa americana cuya tierra original quedó cortada en la mitad por la frontera estadounidense). “Esa es nuestra realidad”.
Con un precio promedio de 4 millones de dólares la milla, esos muros, barrera y vallas fronterizas han demostrado ser uno de los proyectos de infraestructura de fronteras más costosos emprendidos por EEUU. Por otra parte, para los contratistas privados de la frontera, es el regalo que no cesa. En 2011, por ejemplo, la DHS concedió a Kellogg, Brown and Root, una sucursal de Halliburton, una de nuestras “corporaciones guerreras", un contrato de mantenimiento por valor de 24.400 millones de dólares.
En Tucson, a primeros de agosto, el candidato republicano a la vicepresidencia, Mike Pence, miraba por en cima de un mar de gorras y camisetas rojas con la leyenda “ Make America Great Again” [Hagamos a EEUU grande de nuevo] y dijo: “Aseguraremos nuestra frontera. Donald Trump construirá ese muro”. Le respondieron con atronadores aplausos, aunque esta esta afirmación no tuviera sentido en absoluto.
Si Trump llegara realmente a ganar, ¿cómo podría construir algo que ya existe? De hecho, para todos los propósitos prácticos, el “Gran Muro” del que habla Trump podría, en enero de 2017, estar tan anticuado como la Gran Muralla de China, teniendo en cuenta los nuevos métodos de vigilancia con tecnología punta presentes ya en el mercado. Esos métodos están siendo desarrollados en gran medida y de forma regular por una industria de tecnovigilancia fronteriza en auge.
La frontera del siglo XXI ya no sólo va de muros; tiene que ver con la biometría y los aviones no tripulados (drones). Se trata de un “enfoque estratificado de la seguridad nacional”, dado que, como el exjefe de la Patrulla de Fronteras Mike Fisher ha señalado: “La frontera internacional ya no es la primera ni la última línea de defensa, sino una de muchas”. La promesa de Hillary Clinton de “reforma migratoria integral” –que se introducirá en los cien días de su llegada al Despacho Oval- es una guía mucho más fiable que el muro de Trump para nuestro sombrío futuro de inmigración. Si su proyecto de ley sigue la pauta de los anteriores, como seguramente ocurrirá, un régimen fronterizo estratificado, de última tecnología, privatizado, cada vez más destructivo y cada vez más peligroso para el futuro de Ignacio Sarabia, continuará siendo una prioridad del gobierno federal.
Hay importantes diferencias entre las plataformas de inmigración de Clinton y Trump en la superficie. Los comentarios y declaraciones salvajemente xenófobos de Trump son bien conocidos de todos, y Clinton afirma que luchará, entre otras cosas, por la unidad familiar de quienes se ven separados a la fuerza por la deportación y que promulgará una ley de inmigración “humana”. Sin embargo, en el fondo, las políticas de los dos candidatos son mucho más similares de lo que pueda parecer a primera vista.
Navegando ahora por las fronteras de Donald Trump
Ese día de abril, el tribunal federal de Tucson sólo dispuso de una pizca de información sobre el cruce de la frontera de Ignacio Sarabia para reunirse con su mujer y su hijo recién nacido. Había entrado en EEUU “cerca de Nogales”. Lo más probable es que eludiera el muro iniciado durante la administración Clinton, como hacen la mayor parte de los inmigrantes, abriéndose camino a través de los cañones potencialmente peligrosos que rodean esa ciudad fronteriza.
Si su experiencia fue la típica, es probable que no tuviera suficiente agua ni alimento y que sufriera algunas molestias físicas como las grandes y dolorosas ampollas en los pies. Ciertamente, no era algo atípico tratar de reunirse con sus seres queridos. Después de todo, más de 2,5 millones de personas han sido expulsadas del país por la administración Obama, con una tasa media anual de deportación cercana a las 400.000 personas. A propósito, esto sólo ha sido posible gracias a las leyes firmadas por Bill Clinton en 1996 y destinadas a pulir su legado, que sirvieron para ampliar enormemente los poderes de deportación del gobierno.
Sólo en 2013, el departamento de Immigration and Customs Enforcement llevó a cabo 72.000 deportaciones de padres que dijeron que sus hijos habían nacido en EEUU. Y es muy probable que muchos de ellos estén intentando cruzar de nuevo la peligrosa frontera del sur para reunirse con sus familias.
El paisaje de cumplimiento de la ley al que Sarabia se enfrentaba ha cambiado drásticamente desde el primer muro construido en 1994. La frontera posterior al 11-S es ahora una zona de guerra y un escaparate de la vigilancia corporativa. Representa, según el agente de la Patrulla de Fronteras Felix Chavez, un “despliegue de recursos sin precedentes”, cualquiera de los cuales podría haber llevado a la captura de Sarabia. Podría haber sido uno de los cientos de sistemas de vigilancia remota por video o móvil, o uno de los más de 12.000 sensores de movimiento implantados que hacen sonar las alarmas en salas de control operativas escondidas donde los agentes no desvían la mirada de los grandes monitores.
Podrían haber sido las torres de espionaje construidas por la compañía israelí Elbit Systems y colocadas por doquier, o los drones Predator B construidos por General Atomics, o los sistemas de radar VADER, fabricados por el gigante de la defensa Northrup Grumman que, como tantas otras tecnologías similares, han sido transportados desde los campos de batalla de Afganistán o Iraq a la frontera estadounidense.
Si la reforma integral de la inmigración que Hillary Clinton promete introducir como presidenta se basa en el paquete bipartidista del Senado ya existente, como se ha indicado, entonces este paisaje de vigilancia corporativista se verá apuntalado y reforzado. Habrá 19.000 agentes más de la Patrulla de Fronteras moviéndose en patrullas móviles a través de las “jurisdicciones de control fronterizo”, que se extienden hasta 160 kilómetros tierra adentro. Más camiones F-150 y vehículos todo terreno se desplazarán por el desierto, destrozándolo en ocasiones. Habrá más helicópteros Blackhawk volando a baja altura que ahogarán en polvo a los grupos de emigrantes dispersos, muchos de ellos caminando ya perdidos por el inmenso y reseco desierto.
Si el próximo Congreso llega a aprobar ese paquete, podrían presupuestarse hasta 46.000 millones de dólares más para todo eso, incluyendo financiación para cientos de kilómetros de muros nuevos. Los vendedores corporativos están ya salivando ante la perspectiva de tal futuro y puede observárseles en un estado visible de euforia en las ferias comerciales dedicadas a la seguridad interior de todo el planeta.
El proyecto de ley de 2013 aprobado por el Senado, aunque no en el Congreso, incluía también un proceso de legalización para los millones de indocumentados que viven en EEUU. Mantenía programas que garantizarán la residencia legal de los niños que llegaron a EEUU a una edad temprana y sus padres. Lo más probable es que un proyecto de ley de reforma integral en una presidencia Clinton ofreciera términos similares.
Incluido en ese proyecto de ley iba, desde luego, la financiación para reforzar la Operación Streamline. El tribunal federal de Evo A. DeConcini en Tucson tendría entonces capacidad para procesar al triple del número de personas que en estos momentos.
Después de tomar un sorbo de café y escuchar la traducción de los comentarios de Ignacio Sarabia, la juez le mira y le dice que lamenta su problema.
Personalmente, me siento cautivado por su historia mientras me siento en un banco de madera en la parte de atrás del tribunal. Tengo un niño de la misma edad que su hijo. No puedo ni imaginarme su angustia. Ni una sola vez mientras habla puedo dejar de pensar en que mi niño podría incluso haber nacido el mismo día que el suyo.
La juez mira entonces directamente a Sarabia y le dice que no puede entrar aquí “ilegalmente”, que tiene que encontrar una “vía legal” (lo cual es muy poco probable, teniendo en cuenta la condena penal que aparecerá ahora en sus antecedentes). “Tu hijo, dice, “cuando se encuentre mejor, y su madre, pueden visitarte donde estés en México”.
“De otra forma”, añade, tendrá que “visitarte en la prisión”, que no es exactamente, puntualiza, un escenario atractivo: tener que ver a su padre en una prisión donde “estará encerrado un tiempo muy largo”.
Seguidamente, sentencia a los nueve hombres que están hombro con hombro frente a ella a períodos de cárcel que van desde 60 a 180 días por el delito de cruzar una frontera internacional sin la documentación pertinente. Sarabia recibe una sentencia de 60 días.
A continuación, los guardias armados de G4S –el contratista privado que una vez empleó a Omar Matten (el asesino del club nocturno Pulse) y que disfruta de un lucrativo contrato en la frontera por valor de 250 millones de dólares con Custums and Border Protection- transportará a cada uno de los esposado prisioneros a la prisión privada que Corrections Corporationes of America tiene en Florence, Arizona. Es allí donde Sarabia pensará en el amenazado corazón de su bebé, desde detrás de capas de alambre de espino enrollado, mientras la corporación que dirige la prisión consigue 124$ al día por tenerle encarcelado.
En realidad, los Estados Unidos de Trump no esperan a que llegue su presidencia. Están ya desplegados ante nosotros y uno de los lugares donde están plasmándose cada día es Tucson, a sólo siete manzanas de mi casa.

Todd Miller, colaborador habitual de TomDispatch, es autor de Border Patrol Nation: Dispatches From the Front Lines of Homeland Security . Ha escrito sobre cuestiones relativas a la frontera e inmigración para el New York Times, Al Jazeera America y el informe NACLA sobre las Américas. Su blog es Border Wars. Puede seguírsele en twitter@memomiller y conocer más de su obra en toddwmiller.wordpress.com