Eric Nepomuceno
La Jornada
No hubo sorpresa, y
se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Luiz
Inácio Lula da Silva, divulgado la semana pasada por medio de una carta
manuscrita, en el sentido de que no acepta pasar al régimen semiabierto,
como fue solicitado por los fiscales de la Operación Lava Jato.
Para el expresidente brasileño, el preso político más incensado del
mundo, que viene de ser agraciado con el inédito título de Ciudadano
Honorable de la ciudad de París, lo único aceptable es que sea declarado
inocente. Que se anulen los juicios a que fue sometido. Nada más le
interesa.
Reiterando lo dice desde que fue condenado en un juicio claramente
manipulado, Lula da Silva escribió que no cambia su dignidad por su
libertad.
Lo que los fiscales realmente deberían hacer es ofrecer disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la justicia y a la nación, disparó, para luego reivindicar que
frente a las arbitrariedades cometidas por los fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya justicia independiente e imparcial.
Con lo que Lula anticipó, sin esperar la decisión de la jueza
encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por
los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea
era cambiar el régimen de prisión de ex presidente antes que la corte
suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical. Sobran indicios de
que se podrán anular varios procesos manipulados por el entonces juez y
actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y los fiscales encargados de
la acusación.
Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica casi
sin precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de
prisión previsto en la ley?
Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una
concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a
las progresiones de régimen, y cuando ocurrieron ha sido siempre bajo
el argumento de temer por su vida en el caso de cuando salían de la
cárcel.
Juristas recuerdan que lo que puede hacer el preso es negarse a
aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la
obligación del uso de una tobillera electrónica.
La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone
el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él
se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión
y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la
anulación del juicio que lo condenó.
Pero si no hay imposición alguna y se le fuerza a pasar al régimen
semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Luiz Inácio Lula
da Silva dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley,
pero que en tanto seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre
probar su inocencia.
A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal
Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las
irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los
fiscales por él teleguiados.
La defensa del ex mandatario brasileño reivindica que se declare
sospechosa la conducción del juicio, con énfasis en las conductas de
Sergio Moro y Deltan Dallagnol, supuesto coordinador de la acusación que
funcionaba bajo orientación del citado juez Moro.
También ingresó con un pedido de habeas corpus favorable al
ex presidente declarando la parcialidad del hoy ministro de Justicia de
Brasil, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de
Lula.
La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula da
Silva no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.
Al contrario, al negar un beneficio insistiendo en que no acepta otra
cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le
imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de
sus verdugos.
Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.
Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más
elevada de la justicia en Brasil, si lo hacen con o sin dignidad.
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