Guatemala
En el Congreso de la
República de Guatemala sigue predominando una alianza que articula
intereses empresariales, militares y políticos que persiguen consolidar
normas que garanticen privilegios, impunidad y represión.
Esta
agenda legislativa, profundamente regresiva, está integrada por
propuestas de iniciativas legislativas que ni por asomo buscan
beneficiar a las grandes mayorías sociales y a los sujetos más
vulnerables. Menos aún están dirigidas a resolver los graves problemas
nacionales.
Tales iniciativas se dirigen a proteger y
beneficiar intereses de poder económico, por ejemplo a empresas
vinculadas con la distribución eléctrica, la seguridad privada y las
vallas publicitarias. En ese sentido, han sido planteadas reformas que
penalizan y aumentan las penas para aquellas personas que incurran en lo
que ha sido tipificado como «robo de fluidos», sin considerar las
causas que orillan a comunidades enteras a huelgas de pago que
cuestionan el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica y
proponen una política alternativa de «nacionalización de la energía»
para garantizar ese derecho. Antes que solución al problema, se opta por
una política exclusivamente represiva, que busca garantizar las enormes
ganancias empresariales, mientras se obvia el problema histórico de
falta de acceso a energía y los abusos que padecen, en especial,
sectores rurales en condiciones de pobreza.
Con el mismo
sentido se promueven reformas a la ley que regula los servicios de
seguridad privada para disminuir los requisitos, calidades y controles
de su funcionamiento, es decir, para proteger un negocio altamente
lucrativo, cimentado en un mecanismo de privatización de la protección
que no resuelve, sino que, por el contrario, impide la gestión de una
política coherente de seguridad ciudadana. Por otro lado, se promueven
una mayor liberación para la colocación de estructuras de vallas
publicitarias en espacios públicos y la extensión de plazos en los
permisos correspondientes.
En esta agenda legislativa también
se busca reformar la Ley Constitutiva del Ejército con el objetivo de
garantizar aumentos presupuestarios y mejoras económicas para el
segmento de oficiales que controla el aparato castrense, aun cuando esto
implique afectar otros rubros estratégicos e indispensables como los de
educación y salud.
En cuanto a los intereses de estructuras
criminales, se han propuesto reformas a la Ley de Extinción de Dominio
con el objetivo de dificultar que bienes capturados a estructuras del
narcotráfico pasen a ser propiedad del Estado. Asimismo, se busca
reformar la Ley de Antejuicio para evitar que funcionarios sobre quienes
se interponen solicitudes para que se allanen los procesos de
investigación en su contra no pasen por la Corte Suprema de Justicia y
se vayan directo al Congreso. Complementariamente, se busca permitir la
excarcelación, la detención domiciliar e incluso la indemnización de
personas privadas de libertad, claramente para beneficiar a militares,
empresarios y políticos capturados por casos de corrupción, crimen
organizado y financiamiento electoral ilícito a partir de 2015. Por
último, y tan grave como lo anterior, se busca reformar la Ley de
Reconciliación Nacional con el propósito de amnistiar a violadores de
derechos humanos y a responsables de crímenes de lesa humanidad durante
la guerra.
Para cerrar el círculo legislativo vicioso, se
pretenden aprobar leyes de control y represión contra la protesta social
y la defensa de derechos. Así pueden interpretarse aquellas iniciativas
que buscan la anulación del derecho a la negociación de pactos
colectivos en un contexto donde los derechos de la clase trabajadora son
violados cotidianamente, sin que existan mecanismos eficaces para su
protección. En ese orden de ideas, se busca penalizar los conflictos
laborales y sancionar a los trabajadores en caso de que incurran en
acciones que serían tipificadas como ilegales. Se busca, al mismo
tiempo, incorporar nuevos tipos penales y aumentar penas en lo relativo a
la usurpación agravada y a la alteración de linderos, lo cual lleva una
dedicatoria a organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos
de posesión y propiedad o que ocupan fincas como mecanismo para exigir
derechos laborales violados. Se pretende también calificar de
terroristas acciones de protesta de calle cuyo fin suele ser demandar
derechos y atención a problemas sociales desoídos y negados por el
Estado.
Estas tentativas legales, profundamente
antidemocráticas y regresivas, se complementan con políticas del mismo
tipo instituidas por el Organismo Ejecutivo y otros órganos estatales.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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