J. Jaime Hernández
Foto/AP
De la misma forma en que México ha
conseguido reducir el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, el
canciller mexicano, Marcelo Ebrard ha asegurado que el gobierno de
Donald Trump le ha hecho una insólita promesa: ayudarle a combatir el
tráfico ilegal de armas hacia México.
Se trataría, pues, de una forma de
corresponder al “exitoso” papel desempeñado por México para reducir al
máximo el trasiego de inmigrantes indocumentados por sus fronteras sur y
norte.
Una misión que, de forma oficiosa, lo ha
convertido en un “tercer país seguro” para recibir a ciudadanos de
terceros países que le son devueltos por Trump para ofrecerles un
“refugio” tan arriesgado como temporal mientras se resuelven sus
peticiones de asilo.
Para nadie es un secreto que el tráfico
de armas (sobre todo las de asalto) ha sido un quebradero de cabeza de
gobiernos pasados y una de las prioridades del presidente, Andrés Manuel
López Obrador, para combatir al crimen organizado y reducir al máximo
la violencia que sufren millones de ciudadanos.
Para tal efecto, añadió Ebrard, se
realizarán de forma conjunta operativos de control en cinco puntos
fronterizos: Tijuana, San Diego; Ciudad Juárez, El Paso; Reynosa,
Matamoros, Laredo y Nuevo Laredo.
En el inicio de esta misión conjunta, muchos se preguntan ¿qué tan prometedor es el inicio de colaboración entre México y Estados Unidos?
Para responder a esta incógnita, habría
que remontarse a los intentos (todos ellos fallidos) que realizaron
anteriores gobiernos hacia ambos lados de la frontera.
Pero, además, destacar la naturaleza de
una industria armamentista que ha sobrevivido y prosperado gracias a su
habilidad para corromper al poder político en Estados Unidos y su
probada sagacidad a la hora de forjar alianzas con déspotas autocráticos
y el crimen organizado más allá de sus fronteras.
En el primer punto, habría que recordar
que durante los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón, los
intentos por combatir el trasiego ilegal de armas desde Estados Unidos
fueron no sólo un absoluto fracaso, sino que dejaron al descubierto las
complicidades que permitieron dotar de una capacidad de fuego sin
precedentes a los carteles de la droga.
Los infames operativos bautizados bajo
los nombres de “Receptor Abierto” (2006) y “Rápido y Furioso” (2010),
sólo dejaron en claro la incapacidad de ambos países para combatir un
crimen en el que, la industria armamentista y el crimen organizado,
siempre les llevaban ventaja.
Las técnicas de “entregas controladas de
armas” ó “dejar caminar las armas” pactadas hacia ambos lados y
organizadas por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF), para tratar de descubrir las redes de
distribución de los carteles de la droga en México, resultaron
contraproducentes con los ya conocidos resultados: más muertes, más
víctimas colaterales y el robustecimiento de un ejército irregular que
permitió a los carteles de la droga arrebatar al Estado mexicano la
exclusividad de la violencia y poner en jaque a sus instituciones.
El problema, en opinión de los propios
expertos de ATF, el FBI y algunos funcionarios de la DEA, fueron las
“terribles fallas y la negligencia” a la hora de supervisar estas
“entregas controladas”.
Pero, además, la sospecha de que los
cuerpos de seguridad en México, con los que se colaboró, estaban
infiltrados por los carteles de la droga al más alto nivel. “En la DEA
ya sabíamos que había carteles intocables o que gozaban de protección
desde arriba”, aseguró un ex funcionario de la DEA a condición de
permanecer en el anonimato.
Gracias a estos fallidos intentos, los
carteles de la droga y el crimen organizado en general en México,
consiguieron hacerse con un arsenal sin precedentes. Como, por ejemplo,
los rifles Ak-47, los temidos rifles AR-15, o las pistolas 5.7 28 mm
conocidas como "mata policías" por su capacidad para penetrar distintos
tipos de blindaje.
Pero, quizá, el enemigo más poderoso y
decisivo en esta lucha condenada al fracaso por adelantado fue la
Asociación Nacional del Rifle (NRA), la principal corruptora del poder
político en Estados Unidos y la sepulturera de una larga lista de
iniciativas que han quedado en el camino a la hora de tratar de regular
la fabricación y la compra-venta de armas dentro y fuera de EU.
A manera de ejemplo, hoy ha quedado
demostrado que es mucho más difícil adquirir un arma de asalto a través
de la franja fronteriza con California, que desde estados fronterizos
como Texas, Arizona y Nuevo México.
De hecho, según estudios realizados por
especialistas como Omar García Ponce, coautor del estudio “Las leyes
sobre armas en Estados Unidos y la violencia en México”, el fenómeno de
la violencia en México es más acusado en localidades o municipios
mexicanos que están a 160 kilómetros de Texas, Arizona o Nuevo México.
En el caso de California, las leyes que
restringen la venta de armas de asalto desde 1989 en ese estado --luego
de un tiroteo contra una escuela primaria en la localidad de Stockton
que causó la muerte de 5 niños--, han limitado considerablemente el
tráfico hacia México.
En cambio, no ha ocurrido así en estados
como Texas, Arizona o Nuevo México que, tras la expiración de la
prohibición contra las armas de asalto en 2004, el número de armerías se
disparó a lo largo de estos tres estados (más de 7 mil en la
actualidad) para convertirlos en la principal fuente de suministro
de armas para el crimen organizado en México.
Por lo tanto, a menos de que haya
voluntad política para meter en cintura a la NRA y a la industria
armamentista, con la reimplantación a nivel federal de la prohibición
contra las armas de asalto de 2004, todo esfuerzo se antoja inútil para
reducir a su mínima expresión el contrabando de armas hacia México.
Según las cifras más recientes de la ATF,
más del 70% de contrabando de armas a México siguen llegando desde EU
(más de 200 mil). Un volumen que sigue poniendo en situación de
desventaja al gobierno mexicano y sus planes por garantizar la seguridad
de millones de ciudadanos.
Un último apunte es el acelerado proceso
de transformación de la industria armamentista en EU, que ha decidido
apostar por el armamento de tipo militar que hoy surte a ese bazar
internacional al que acuden los carteles de la droga.
Según el estudio “The Militarization of
the US Civilian Firearms Market” (la Militarizacion del Mercado Civil
de Armas en EU), realizado por The Violence Policy Center, de las 15
empresas más importantes en la Unión Americana, 11 han decidido dar un
giro importante para impulsar la producción y venta de las armas de
asalto que incluyen múltiples variantes del AK-47, rifles
semiautomáticos AR-15 o M-16 o la Five-Seven 5.7 28 mm.
En este contexto, ¿hay realmente
esperanzas de una negociación y, sobre todo, de lucha exitosa para
combatir desde México el tráfico ilegal de armas que nos inundan desde
Estados Unidos?
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