Caminar por las calles de Ciudad Juárez, al norte de México, es un peligro inminente que se refleja en las siete mil personas que han sido ultimadas en menos de tres años. El asilo político en Estados Unidos se ha convertido en la última esperanza para los ciudadanos de esa región.
Los conflictos derivados del narcotráfico generan un éxodo de Ciudad Juárez a otros puntos de México, y ascienden las solicitudes de asilo político en la vecina localidad estadounidense de El Paso, Texas, una ciudad que está al cruzar el Río Bravo y donde viven numerosas familias de origen mexicano.
Familias amenazadas por el crimen organizado, periodistas que huyeron para salvar su vida y huérfanos que ha dejado la guerra entre los carteles en el norte de México están a la espera de la decisión de las autoridades de EE. UU. para evitar regresar a una ciudad en la que sus vidas están en peligro.
Incluso, hace poco, tres jueces que podrían ser procesados en Ciudad Juárez por dejar en libertad a un presunto asesino expresaron su intención de pedir asilo político si su caso “se complica”, al considerar el proceso en su contra como un “linchamiento político”.
“Nunca en lo que llevo trabajando aquí habíamos recibido tantas solicitudes de México por el tema de la violencia. No es normal”, expresó Eduardo Beckett, abogado experto en asilo político y miembro del Centro de Abogacía para Inmigrantes Las Américas en El Paso.
La media de llamadas recibidas en ese centro texano relacionadas a casos de asilo político es de unas tres diarias.
Tienen esperanzas
La ola de violencia en el estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, y en el que hubo más de cuatro mil 600 asesinatos en el 2010, ha hecho que decenas de mexicanos esperen con temor la decisión de las autoridades migratorias con la esperanza de no regresar a México, donde están amenazados de muerte.
Sin embargo, las esperanzas de la gran mayoría de estos mexicanos se vienen abajo al conocer que siete de cada 10 solicitudes de asilo en El Paso son rechazadas por un juez de Migración, según el organismo especializado Transactional Records Acces.
Uno de los casos más recientes es el de los dos hijos de la activista Marisela Escobedo, ultimada el 16 de diciembre del 2010 en Chihuahua. Los jóvenes solicitaron asilo en el Paso; no obstante, se encuentran esperando una respuesta en el Centro de Detención y Remoción.
Los mexicanos detenidos por casos migratorios en espera de asilo en El Paso se quedan unos 198 días recluidos, y solo se otorga la calidad de asilado a un pequeño porcentaje, de acuerdo a información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Otro caso al que se le dio el visto bueno fue el del periodista Jorge Luis Aguirre, amenazado de muerte en el 2008. Aguirre se convirtió en el primer comunicador de Ciudad Juárez con asilo en EE. UU.
El recién pasado 8 de enero fue rechazada la solicitud de asilo a José Alarcón, un oficial de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, que huyó en noviembre del 2010 con su familia para escapar de la violencia. Con la esperanza frustrada, ahora se pone en las manos de Dios.
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