Guatemala
Fuentes: Rebelión
La pandemia por Covid-19 ha desencadenado una crisis
multidimensional. En este contexto, el Estado es el único instrumento
capaz de hacernos salir lo mejor librados posible de ambas.
De
esto dan fe desde el ciudadano más humilde y necesitado hasta el
empresario más acaudalado, quienes recurren a los entes públicos
para subsistir y salir bien librados de la recesión. A la luz de la
grave situación que se enfrenta, el papel del Estado es innegable e
imprescindible. No obstante, el papel que este jugará dependerá de
la norma, la institucionalidad y las políticas históricas que
configuran su marco de posibilidad, así como de la correlación de
fuerzas que predomina en el control de las instituciones y las
políticas y de las capacidades de quienes dirigen sus organismos
fundamentales.
En
el caso de Guatemala, se carece de un sistema de salud pública con
cobertura y calidad mínimas para contener la pandemia. Su profunda
dependencia de las fuerzas, cadenas y normas del mercado le impiden
supeditar el interés privado al público. A esto se suman los grupos
de poder económico y las mafias de distinto tipo que controlan buena
parte de su institucionalidad y que se apropian legal o ilegalmente
de los enormes pero al mismo tiempo escasos recursos con los que
cuentan los programas de salud. Lo anterior se debe en buena medida a
las políticas neoliberales que desmontaron las escasas capacidades
públicas para atender las necesidades comunes y los problemas
nacionales y que supeditaron la política pública al control del
poder económico local y global.
En
este marco, la salud pública devino en un deterioro profundo y, en
buena medida, intencionado respecto a mantener la privatización
dominante de buena parte de los servicios. Así las cosas, adolece de
las capacidades y los recursos suficientes para paliar las
necesidades por la emergencia sanitaria, lo cual se agrava cuando se
observa la supeditación presupuestaria para atenderla y disminuir
los impactos económicos que afectarán de forma vital a las grandes
mayorías de una ciudadanía cada vez más disminuida en el goce de
sus derechos.
Como
parte de la actual problemática, las proyecciones indican que la
economía podría decrecer en alrededor del -2 % en 2020. Esto se
traduciría en una disminución aproximada del 20 % en las
exportaciones, en el ingreso de remesas familiares y en la venta de
servicios turísticos, así como en la pérdida de miles de empleos
formales y por cuenta propia y en la desaparición de muchas pequeñas
y medianas empresas.
La
complejidad de la crisis vuelve imprescindible al Estado, en especial
para tomar decisiones de política que disminuyan los impactos
sanitarios, económicos y sociales. Esto implica garantizar el
trabajo, el salario y el acceso a satisfactores esenciales
(alimentos, agua potable, servicios públicos, medicamentos) que le
permitan a la población vulnerable sobrevivir en las actuales
condiciones. Esto pasa, como mínimo, por fortalecer y reformar la
institucionalidad y las políticas públicas en función del interés
común y, con mayor razón, para enfrentar la emergencia y la
posemergencia.
En
esa dirección, es recomendable un aumento sustancial del presupuesto
para el sector salud e introducir modificaciones sustanciales a las
políticas económicas, financieras, productivas, etc. Por ejemplo,
dado que la inseguridad alimentaria se incrementa con la pandemia y
sus impactos, resulta necesaria la orientación de recursos para
estimular la producción de alimentos con prácticas alternativas
como la agroecología, lo cual implica el apoyo decidido a la
agricultura campesina, ya que esta es la que garantiza en buena
medida el acceso a estos satisfactores y la que propende a mantener
la biodiversidad. Pero en general sería esencial estimular el
mercado interno procurando que los flujos presupuestarios estimulen
la pequeña y mediana unidad productiva, lo cual impactaría
positivamente en el empleo y en los ingresos de los sectores
vulnerables.
En
conclusión, es esencial repensar la eficiencia y eficacia del
Estado, en especial por el desafío que representa la emergencia y la
crisis multidimensional que desencadenó la pandemia. Esto pasa por
resolver sus falencias normativas e institucionales y por reorientar
sus políticas y resultados necesarios para enfrentar los impactos
que empiezan a padecer quienes se han infectado con el coronavirus y
quienes empiezan a requerir apoyo en alimentos, especialmente las
personas ahora visibles en las calles de los centros urbanos.
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