Entrevista al investigador Franck Gaudichaud, autor de
“Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo” (Sylone, 2017)
Fuentes: El Salto Diario
Doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad
de Toulouse Jean Jaurès donde enseña la historia latinoamericana,
Franck Gaudichaud regresó hace algunas semanas de una estancia en Chile.
El autor de “Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo”
(Sylone, 2017) se cita con El Salto (Estado Español) para hablar de más
de seis […]
Doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad de Toulouse
Jean Jaurès donde enseña la historia latinoamericana, Franck
Gaudichaud regresó hace algunas semanas de una estancia en Chile. El
autor de “Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo” (Sylone, 2017) se cita con El Salto (Estado Español) para hablar de más de seis meses de agitación social que sacudieron a este país.
El
levantamiento chileno comenzó en octubre de 2019 y se extendió como un
reguero de pólvora en el movimiento estudiantil tras la decisión del
gobierno de Piñera de subir el precio del billete de metro. La represión
contra la juventud terminó por movilizar a toda la sociedad, ya no en
contra del aumento de los precios de los transportes, sino en contra del
sistema neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet en su conjunto.
El 22 de octubre, cuando una docena de personas ya habían sido
asesinadas y más de 80 heridas, algunas de ellas por disparos de los
Carabineros, cuando se estaban cometiendo actos de tortura y agresión
sexual por parte de los militares que patrullaban en Santiago, el
presidente Sebastián Piñera pidió públicamente disculpas al pueblo
chileno. Y anunció medidas sociales destinadas a “calmar” el ardor de
los insurgentes: aumento del salario mínimo, aumento del 20% de las
pensiones de jubilación más bajas, cancelación del reciente aumento del
9,2% de las tarifas eléctricas, creación de una nueva franja impositiva
para los ingresos superiores a los 8 millones de pesos mensuales,
reducción de los salarios de los parlamentarios, etc.
Además, la
Cámara de Diputados votó el 24 de octubre pasado (88 votos a favor, 24
en contra y 27 abstenciones) un proyecto de ley para acortar la jornada
laboral de un máximo de 45 horas a 40 horas semanales. La propuesta
tendrá que pasar por una comisión y luego por el Senado.
Hubo un cambio de actitud del gobierno que parece, a primera
vista, consecuente. ¿Por qué estos anuncios no han calmado la
rebelión?
En realidad, la llamada “agenda social” está completamente olvidada
por el gobierno. Se han hecho anuncios, incluso se ha abierto un sitio
web del gobierno que muestra los progresos en curso, como que habríamos
alcanzado el 77% de la realización de este programa social. Si nos
fijamos en los detalles, la mayoría de las medidas aún no se han
aplicado, y menos aún ahora en contexto de pandemia global y cuando se
avizora una catástrofe sanitaria, en un contexto de sistema sanitario
devastado por décadas de neoliberalismo. Incluso cuando algunas medidas
sociales están implementadas, como un ligero aumento de la pensión
mínima de vejez, bonificaciones para los salarios más bajos o pequeñas
mejoras en la cobertura de la salud, la lógica sigue siendo neoliberal,
es decir, que el Estado, con dinero público, viene a “ayudar” y apoyar
al mercado en los fondos de educación, salud o pensiones.
Además,
lo que el Gobierno está anunciando es realmente mínimo y en gran medida
irrisorio. Podría haber habido algún progreso con el anuncio de los
impuestos para los más ricos, pero nada: Piñera, que forma parte de la
oligarquía financiera, está completamente controlado por las grandes
empresas y no tiene intención de empezar a gravar a los dominantes. En
cuanto a un programa de reformas sociales de gran alcance, la propuesta
más desarrollada hasta la fecha es la de la “Mesa de Unidad Social”, que
incluía a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), a varios
sindicatos y a muchas otras organizaciones (feministas y ecologistas en
particular), hasta su fracturación durante las últimas semanas. Es una
propuesta de 10 puntos a la que el Gobierno no ha respondido.
Hay una violenta represión de los carabineros y, al mismo
tiempo, el sistema judicial está aprobando leyes que destruyen la
libertad para frenar la movilización. ¿La más reciente adoptada para
prohibir el uso de máscaras durante las manifestaciones es una
ilustración de ello?
De hecho, desde el principio del movimiento, la respuesta del
gobierno fue la represión, una represión estatal realmente feroz con
los militares en las calles, el uso sistemático por parte de
carabineros de balas de plomo. Hoy en día, Chile es denunciado a nivel
internacional, pero también dentro del país por el Instituto Nacional
de Derechos Humanos, que es un instituto estatal. Cuenta más de treinta
muertes, casi 400 mutilaciones oculares y varios miles de heridos,
incluyendo cientos por balas de plomo.
Hay en la actualidad más de 2.000 presos
políticos todavía en cárceles, en un momento en que el coronavirus
amenaza con destruir miles de vidas, particularmente en ellas
También ha habido casos de tortura y violación en las
comisarías de policía y hay informes de miles de personas que han estado
en prisión durante meses, consideradas por los manifestantes como
presos políticos: hay en la actualidad más de 2.000 de estos presos
políticos todavía en cárceles, en un momento en que el coronavirus
amenaza con destruir miles de vidas, y particularmente en las cárceles. Y
la respuesta del Parlamento fue intensificar esta represión con una ley
recientemente aprobada, incluso por parte de la izquierda y la
oposición, que criminaliza la lucha social. Hoy en día, la gente puede
ir a la cárcel porque han puesto una barricada y han impedido el
tráfico, o porque llevan una capucha durante una manifestación.
Hay un fuerte movimiento de protesta contra el modelo de
pensiones, contra los fondos de pensiones por capitalización. ¿Cuál es
su impacto? ¿Podemos decir que se hace eco del movimiento en Francia
contra el proyecto de ley sobre las pensiones?
Entre la experiencia acumulada de movilización social en los últimos
años se encuentra el movimiento masivo “No + AFP”, que básicamente
significa “no queremos más fondos de pensiones”. Esta lucha ha logrado
demostrar un rechazo masivo de la población a este sistema de
capitalización, simplemente porque la tasa de retribución de las
pensiones de Chile es una de las más bajas del mundo. Algunos
trabajadores que han trabajado toda su vida se encuentran jubilados con
menos de un 20% de su último salario. A pesar de que la mitad de los
trabajadores ganan menos de 400 dólares netos al mes… Esta es una
demostración práctica del fracaso total del sistema por capitalización.
Chile es el país del mundo con mayor experiencia neoliberal (desde
1975) y es una de la más radical del mundo. Las pensiones por
capitalización fueron introducidas brutalmente bajo la dictadura por el
hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, que fue ministro de
Pinochet. En plena noche dictatorial, todo el mundo tuvo que pasar por
esta violenta reforma… salvo los militares, quien conservaron su
sistema por repartición…
La demanda popular de poner fin al
sistema de capitalización, o reformarlo, llega primero en todas las
encuestas, después de la demanda a favor de una nueva Constitución. Si
queremos entender por qué el sistema de capitalización y la
privatización de nuestras pensiones es dramático, tenemos que mirar los
resultados catastróficos de la experiencia chilena. Por lo tanto, eso
también tiene relación directa con las movilizaciones de los últimos
meses en Francia, ya que podemos ver que los sindicatos, los asalariados
franceses, estuvieron resistiendo a la reforma del gobierno Macron y al
proyecto de un sistema basado en “puntos” que – a la larga – facilitará
la introducción de la capitalización y de los fondos de pensiones
privados del tipo BlackRock y otros.
Si queremos
entender por qué el sistema de capitalización y la privatización de
nuestras pensiones es dramático, tenemos que mirar los resultados
catastróficos de la experiencia chilena
Otra demanda central del movimiento popular exige un cambio en la
Constitución heredada de Pinochet. El 15 de noviembre 2019, los
partidos representados en el Parlamento lograron firmar un “Acuerdo por
la paz social y una nueva Constitución”. Esto previa un plebiscito el
próximo 26 de abril, finalmente y debido a la pandemia, el 26 de marzo,
el gobierno de Piñera postergó el plebiscito para el próximo 25 de
octubre, durante el cual se pedirá a los votantes que respondan a dos
preguntas. La primera, “¿Quieres una nueva Constitución? Y será seguida
por una segunda que pide a los votantes elegir entre una “convención
constitucional” compuesta exclusivamente por miembros de la sociedad
civil y una “asamblea mixta”, que incluya a ciudadanos y
parlamentarios. ¿A qué opción nos dirigimos? ¿No podría este proceso
propuesto por el gobierno, desviar la atención y ser una forma de calmar
el fervor de las calles?
El Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución se negoció en
el Parlamento justo después de la segunda gran huelga nacional que
marcó esta ronda de movilización, a fines de noviembre de 2019. Este
acuerdo busca, como su título lo indica, ”la paz social“, calmando y
canalizando así las calles y la rebelión popular frente a los grandes
empresarios que temían un bloqueo de la economía. El acuerdo se obtiene
también bajo presión de los militares, ya que ha circulado el rumor de
que, sin un acuerdo a nivel parlamentario, podría producirse un golpe
de Estado. Entre los firmantes se encuentran, por supuesto, la derecha,
el centro e incluso algunos representantes del Frente Amplio (la
”nueva“ izquierda). Se trata, pues, de intentar poner fin a la
movilización popular y al mismo tiempo de integrar en parte una
exigencia primordial de los movilizados: una nueva Constitución. En
cierto sentido, se trata de un triunfo de las movilizaciones “desde
abajo” porque, por primera vez, la casta política chilena reconoce la
necesidad de cambiar la Constitución de Pinochet heredada de 1980. Pero,
el acuerdo prevé de hacerlo en la medida en que logre intentar
controlar este proceso.
A fines de octubre, el plebiscito debería dar como resultado un «sí»
a una nueva constitución y a una llamada «convención constitucional», o
sea la modalidad más “progresiva” de las opciones propuestas por el
acuerdo parlamentario. Pero se trata de una ”convención constitucional“
en la que los ”viejos“ partidos en el poder durante 30 años desde 1990
quieren conservar el control del proceso de cambio, y en la que no hay
garantía de que las listas independientes de ciudadanos puedan
mantenerse en pie hasta el final. Todavía se están llevando a cabo
negociaciones sobre la representación de los pueblos indígenas, que
parte de la derecha no quiere, y sobre la paridad, ya que esto no
estaba previsto en el acuerdo inicial. Por encima de todo, la derecha
trató de encerrar la discusión constituyente y ha impuesto una mayoría
de dos tercios (2/3) para aprobar cada artículo de la futura Carta
Magna, mientras que otro sector de parlamentarios conservadores rechaza
en bloque cualquier perspectiva de cambiar la Constitución de
Pinochet. Esto no significa que las izquierdas deba abstenerse de
intervenir en este futuro plebiscito: grandes sectores de la izquierda
social y política (incluyendo sectores libertarios) pretenden irrumpir
en este espacio de los dominantes, e intentar facilitar una apertura
constitucional del sistema y desestabilizar la estrategia de control
“desde arriba” del gobierno para lograr un verdadero proceso
constituyente democrático, o por lo menos poner sobre la mesa y en los
debates del país temas centrales como el fin de la privatización del
agua, de la educación, de la salud y nuevos derechos políticos (por
ejemplo, el reconocimiento de los derechos de autodeterminación del
pueblo mapuche o la renacionalización del cobre). Otros sectores de las
izquierdas y de asambleas populares, por su parte, llaman a un boicot
activo del plebiscito para denunciar lo que ven como una nueva
mascarada electoral y un “refrito” de la democracia de “los consensos” y
pactada entre las clases dominantes, existente desde la transición de
1990. Los dos sectores tienen argumentos a favor y en contra.
El proceso constituyente es un tema central de las asambleas
ciudadanas, a veces llamadas cabildos, que han florecido en todo el
país. ¿Cómo funcionan estas asambleas y existe alguna coordinación?
Uno de los aspectos más interesantes, autogestionados y democráticos
del movimiento es, de hecho, estas asambleas territoriales y
barriales. Hubo un pequeño debate entre ”cabildos“ y ”asambleas“, ya
que los ”cabildos“ a menudo eran convocados por partidos o fuerzas
constituidas y las ”asambleas“ por personas no pertenecientes a una
organización política-social. Pero, hoy en día este debate me parece
obsoleto. Hay docenas de asambleas en Santiago y en varias otras
ciudades del país, como Antofagasta o Concepción. Son momentos de
elaboración colectiva, de debate sobre qué tipo de sociedad construir,
qué tipo de constitución, qué tipo de modelo económico, de salud o
educación, pero también cómo protegerse frente a la represión, o a
veces del saqueo de tiendas y comercios, etc. La fuerza de este
movimiento es su anclaje territorial y su horizontalidad. Mientras que
la mayoría de los sindicatos siguen debilitados y los principales
partidos políticos están totalmente desacreditados, hay una fuerte
politización ”desde abajo“, especialmente cuando las asambleas están
bien estructuradas. Durante las últimas dos semanas se ha intentado
coordinar en Santiago alrededor de 25 asambleas territoriales u
organizaciones que intentan dar una perspectiva claramente
antineoliberal, feminista y democrática a estas luchas. Esto está muy
claro en sus discursos y formas de deliberaciones. Obviamente, ahora con
el covid-19 todo está más o menos paralizado, pero los contactos y las
redes de solidaridad ya existen, es fundamental.
Hace algunas semanas atrás, ha habido nuevos asesinatos de
hinchas de fútbol, incluyendo a Jorge Mora, que fue arrastrado por un
camión de la policía, y Ariel Moreno Molina, de 24 años, asesinado a
tiros durante una protesta por la muerte de Mora. Después de este
verano, parece que el movimiento social se está reactivando. ¿Qué
opinas?
Durante las vacaciones de Navidad, las vacaciones de verano en
Chile, ha habido un descenso en las protestas, aunque cada viernes en
la ”Plaza de la Dignidad“, como se ha rebautizado, había una
manifestación y enfrentamientos con los Carabineros. De cierta manera,
¡Es un movimiento de ‘chalecos amarillos’ al estilo chileno! Hasta que
llegó la crisis sanitaria y la pandemia, continuaron otras
movilizaciones, como la de los jóvenes estudiantes de secundaria y
preparatoria que han estado muy activos en las últimas semanas. Han
boicoteado la ”PSU“, una prueba de selección para entrar a la
universidad, elitista y muy desigual. Pero la represión también
continúa y los movilizad@s asesinados. El rechazo de la población hacia
el gobierno es masivo: Piñera ha caído a un 6% de aprobación, por
debajo del nivel de aprobación de Pinochet, es histórico. Lo vimos muy
bien durante el festival de Viña del Mar, en febrero, donde el público y
varios artistas (como Mon Laferte) expresaron todo su rechazo hacia la
política de Piñera y su mundo mortífero, retomando las demandas del
movimiento social, denunciando la represión, ¡todo esto visto en vivo
por decenas de millones de espectadores en Chile y en toda América
Latina! De hecho, se anunciaba que habrá una reanudación muy fuerte de
las movilizaciones populares en marzo, cuando comience el año escolar y
universitario, pero el coronavirus está cambiando, como en todo el
mundo el panorama y el gobierno está intentando aprovechar esta
coyuntura para desmantelar la rebelión popular. Los partidos de la
oposición de centro y centro-izquierda (La ex – “Concertación”) ya han
anunciado que están dispuestos a un nuevo ”pacto“ con la derecha y
Piñera en nombre del mantenimiento de la ”unidad nacional“, dela ”paz
social“ y ahora de la urgencia sanitaria, confirmando una vez más su
papel al servicio del ”orden“ de la democracia de los consensos y del
neoliberalismo radical que reina en el país y que administraron durante
décadas.
¿La última palabra?
Debemos observar realmente lo que está sucediendo en Chile: ”Chile
está cerca“, como se decía en los años 70, en la época del experimento
de Allende y luego del golpe de estado de 1973, en los círculos de la
izquierda radical europea. Creo que sigue siendo el caso hoy, para leer
y entender el mundo neoliberal en el que vivimos hoy en día. Es
urgente denunciar la represión en curso por todos los medios y
organizar nuestra solidaridad internacional con la resistencia de allí,
en particular ahora con los presos políticos y los múltiples heridos.
Es importante entender lo que está pasando en el “Sur global” para
saber en qué mundo quieren que vivamos los neoliberales y sus
ideólogos. La globalización del capital es muy clara en este sentido:
Chile es el laboratorio del capitalismo neoliberal, y también es un
espejo distorsionado de tendencias mundiales, incluso de lo que paso en
los ”países ricos» del Norte, tendencias que vemos aquí en Francia en
funcionamiento, diariamente, bajo el gobierno Macron, especialmente a
través de la contrarreforma de las pensiones, con la creciente
represión del movimiento social francés y ahora con la gestión de la
pandemia. La mejor manera de expresar nuestra solidaridad con las
resistencias de los pueblos de Chile es también resistir
colectivamente, aquí y ahora, la aplanadora del macronismo.
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