El poblado de San Felipe, en el estado Zulia, ¿eje de una operación de bandera falsa?
Por
Fuentes: Rebelión
En el marco de la actual ofensiva militar “antinarcóticos” del
Pentágono en aguas del Caribe y el corredor terrestre de la porosa
frontera colombo-venezolana, San Felipe, un caserío ubicado en el
municipio de Machiques de Perijá, al noroeste del estado Zulia, podría
convertirse en el epicentro de una operación de bandera falsa.
El
6 de abril, el periódico local La
Voz de Michoacán
y el sitio digital mexicano SinEmbargo.Mx reprodujeron una
investigación de InSight
Crime,
con sendos sugerentes titulares: “La
Sinaloa venezolana: el narco llegó para quedarse en los límites con
Colombia”, decía el primero, y “Al
pueblo ya lo llaman ‘Sinaloa’. Pilotos vienen y van. Hay fiestas
y narcocorridos. Abundan pistas…”, rezaba el segundo.
En
sus respectivos sumarios, los dos medios resumían los contenidos de
la investigación: presuntos traficantes del Cártel de Sinaloa se
habrían posicionado en el estado Zulia y llegan a las fincas de
productores agropecuarios ofreciendo grandes sumas de dinero para que
les permitan utilizar las pistas existentes o habilitar espacios para
el aterrizaje y despegue de narcoaviones, según “testimonios”
obtenidos por InSight
Crime en
“territorio venezolano”.
Fechada
en Venezuela, la “investigación” de InSight
Crime
−un centro de estudios con sede en Washington D. C. patrocinado por
el multimillonario especulador financiero George Soros−, fue
publicada apenas una semana después de que el Departamento
de Justicia de EU, de manera extraterritorial, acusara por
narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y a una decena de altos
funcionarios y exfuncionarios venezolanos, y a cinco días del
anuncio de Donald Trump del lanzamiento de un nuevo operativo militar
naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico cercanas al país
sudamericano.
Según
la investigación, el “impacto” de la presencia de los cárteles
mexicanos en “territorio venezolano” es tan grande, que el
poblado de San Felipe ha sido “rebautizado” con el nombre de
“Sinaloa”, en alusión a una “de las más célebres
organizaciones criminales del país azteca”.
En
rigor, alejado de los principios académicos y periodísticos que
indican que una investigación debe estar basada en información
veraz y contrastada que proporcionen fuentes legítimas, el
“despacho” de InSight
Crime tiene
como objetivo dejar sembrada
en la opinión pública la idea de que en el estado de Zulia existen
“cerca de 400 pistas” de aterrizaje y salida de “narcoavionetas”
con destino a las islas del Caribe y Centroamérica, y que el Cártel
de Sinaloa, al que pertenecía Joaquín El
Chapo
Guzmán, las ha “adecuado” con “apoyo” del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), de Colombia. Ergo, narcotraficantes
mexicanos aliados con una guerrilla colombiana.
La
“investigación” de la Open Society Fundations de Soros
−apadrinada por los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Suecia a
través de sus embajadas en Bogotá− destaca, asimismo, que los
municipios zulianos limítrofes con Colombia de Jesús María
Semprún, Machiques y Rosario de Perijá, son los lugares
“preferidos” para realizar intercambios “de cajas llenas de
armas y dólares, por cargamentos de droga”.
El
director ejecutivo y cofundador de InSight
Crime,
Jeremy McDermott, es un ex oficial del ejército británico veterano
de los conflictos en Bosnia e Irlanda del Norte, quien ofició luego
como corresponsal de guerra en los Balcanes y Medio Oriente, antes de
instalarse en Colombia como corresponsal de la BBC de Londres y el
Daily
Telegraph,
especializándose en narcotráfico, crimen organizado y el conflicto
armado interno colombiano.
Lo
insólito del caso, dada la experiencia de McDermott y de su
codirector, Steven Dudley, ex jefe de la oficina del Miami
Herald
en la región andina, es que la “investigación” no cita ninguna
fuente concreta. A lo largo del texto, las “evidencias” que
confirmarían sus afirmaciones fueron obtenidas de “ganaderos
entrevistados en la zona, cuya identidad será resguardada por
seguridad”; “fuentes consultadas por InSight
Crime
en Machiques de Perijá”; “habitantes de San Felipe” (hoy
“Sinaloa”); “testimonios obtenidos por InSight
Crime
en territorio venezolano” (sic).
Si
bien reconoce que según los propios datos de la Administración de
Control de Drogas de EU (DEA por sus siglas en inglés), “Venezuela
no es un punto de tránsito primario para la cocaína con destino a
Estados Unidos”, la presunta investigación insiste en que el
Estado venezolano “viene cumpliendo un rol protagónico” en el
tráfico internacional de estupefacientes ilícitos, y entre otras
organizaciones dedicadas a ese negocio, habría despertado el
“interés” del Cártel de Sinaloa.
Resulta
notable, en la investigación, que hasta el último párrafo se alude
de manera circunstancial al “flujo constante de cocaína
colombiana” hacia el estado Zulia, cuando es público y notorio que
los laboratorios de la droga están ubicados en la sierra de Perijá
del lado colombiano y los traficantes bajan el cargamento a través
de los ríos que se insertan en el territorio de la etnia wuayú,
para enviarlo a su destino.
La
única fuente citada en uno de los párrafos finales de la
investigación, es Juan
Pablo Guanipa, actual vicepresidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela,coordinador
regional del partido opositor Primero Justicia (fundado por Henrique
Capriles, Julio Borges y Leopoldo López) en el estado Zulia. InSight
Crime
cita una declaración de Guanipa a El
Pitazo,
donde manifestó “preocupación por la presencia de cárteles de
droga en esa región”.
Para
intentar dar credibilidad a la información, InSight
Crime
cita de manera parcial algunos incidentes que en su momento fueron
divulgados por las autoridades venezolanas, como la neutralización e
inutilización en agosto de 2019, por el Comando
de Defensa Aeroespacial Integral (Codai),
de dos
aeronaves cargadas de droga (procedentes de Colombia), que
intentaban surcar el espacio aéreo occidental de Venezuela y
presuntamente eran del Cártel de Sinaloa, y el de un
ex capitán de la Fuerza Aérea Venezolana, Gino
Alfonso Garcés Vergara,quien
según filtraciones de la Policía
Antinarcóticos de Colombia y de la DEA a BLU
Radio y Noticias Caracol,
habría recibido del Cártel mexicano Nueva Generación, cerca de 500
mil dólares por entregar el código de ingreso aéreo de las
aeronaves y no enviar los aviones de combatedel
Codaia
presionar el aterrizaje o derribar los narcoaviones.
¿El
montaje de un falso positivo?
La investigación de InSight Crime reproducida en medios
mexicanos se da pocos días después de que la administración Trump
decidiera cambiar la “etiqueta” del presidente constitucional de
Venezuela, Nicolás Maduro, de gobernante “ilegítimo” a abiertamente
“narcoterrorista”. Y de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, Robert O’Brien, declarara que la misión oficial de la operación
antinarcóticos del Pentágono y las agencias de seguridad e inteligencia
de EU en el mar Caribe y el Pacífico oriental es “reducir el soporte
financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de
Maduro”.
De
acuerdo con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas de EU, en la operación −que revive la política
del Gran Garrote y la Diplomacia de las Cañoneras de Theodore
Roosevelt,
reeditada por George Bush padre en la invasión a Panamá, en 1989−
participan miles de elementos del Cuerpo de Guardacostas, soldados de
infantería, del cuerpo de Marines, de la Fuerza Aérea, de las
Fuerzas
de Operaciones Especiales (Boinas
Verdes)
y agentes del Departamento
de Seguridad Nacional, la Agencia Antidrogas DEA, del Departamento de
Justicia, de la comunidad de inteligencia y del Departamento de
Defensa.
En
los últimos años el Pentágono le ha dado gran importancia a la
lucha ideológica en el campo de la información y al papel de los
medios de difusión masiva como arma estratégica y política. En ese
contexto es clave la fabricación de una determinada percepción de
la población y dominar la narrativa de cualquier operación, ya sea
militar o de otro tipo, paga enormes dividendos.
En
ese sentido, la “investigación” sin fuentes de InSight
Crime
reúne las características de lo que técnicamente se conoce como
“Preparación de Inteligencia del Campo de Batalla”, y responde a
los lineamientos de la Circular de Entrenamiento TC-18-01 de las
Fuerzas de Operaciones Especiales del Pentágono sobre la Guerra No
Convencional. Las FOE están integradas por unidades de élite,
expertas en operaciones de guerra psicológica, actividades
clandestinas, desestabilización, sabotaje, espionaje, ataques
cibernéticos y asesinatos selectivos.
En
momentos en que la humanidad lucha contra la pandemia del COVID-19 y
Washington cree desmovilizadas a las fuerzas progresistas del mundo,
de manera oportunista la administración Trump podría llevar a cabo
una operación
de falsa bandera
que sirva como pretexto a una invasión militar.
Y
en ese escenario, el caserío de San Felipe podría servir para
montar un falso
positivo
que justifique la intervención de las tropas estadunidenses, con
apoyo de mercenarios y paramilitares, en el largo corredor que, desde
el Caribe y a lo largo de 2,000 kilómetros de frontera, hermana los
estados colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander con
los venezolanos de Zulia y Táchira.
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