Guatemala
Fuentes: Rebelión
El covid-19, como enfermedad infecciosa producida por un
tipo de coronavirus, ha desnudado los sistemas sanitarios que lenta o
rápidamente fueron desmontados o disminuidos por políticas neoliberales.
Con excepción de China y Corea del Sur, donde se han registrado
mayores éxitos en su contención, el resto de los países están
enfrentando la pandemia con sistemas de salud privatizados o con
cobertura, recursos e insumos insuficientes, además de con gestores
gubernamentales que han sido incapaces de instituir políticas oportunas y
necesarias para enfrentar un problema que, por sus características,
debe ser enfrentado y resuelto de manera multidimensional.
En
Guatemala, aun cuando el avance de la pandemia parece lento, muy
probablemente se incrementará en las próximas semanas y no hay
indicios sólidos que permitan pensar que el Estado tendrá la
capacidad de controlarla y llevarla a su mínima expresión.
De
entrada se observa que la pandemia no constituye solamente un
problema de carácter sanitario, que esta requiere de capacidades,
recursos e insumos suficientes, de los cuales carece el Estado y que
no están siendo gestionados por el gobierno de turno. Es obvio que,
siendo una enfermedad de carácter masivo, representa un problema
cuyos impactos se empiezan a manifestar en los ámbitos de la
economía, la sociedad, la cultura y la psicología de la población.
Las
proyecciones indican que la economía apenas crecerá en el orden del
0.5 %, tres puntos menos de lo que se previó a inicios del año. En
este sentido, la política del actual gobierno y de la mayoría de
los partidos políticos en el Congreso ha estado orientada a
concertar medidas con las gremiales empresariales que controlan la
economía local, consistentes en facilitarles flujo de recursos
públicos y promoviendo mayores exenciones fiscales. Mientras esto
sucede, pequeños productores, campesinos y quienes en general
trabajan por cuenta propia han quedado en segundo plano.
Adicionalmente, existe permisividad para que ocurran despidos,
disminuciones salariales y pagos diferidos del bono 14 a la clase
trabajadora.
Despidos,
disminución salarial y los problemas específicos que enfrentan los
trabajadores por cuenta propia, sumados a las condiciones de pobreza
y pobreza extrema en las que subsiste cerca del 70 % de los
guatemaltecos, permiten vislumbrar el aumento y la intensificación
de las dificultades para cubrir necesidades en materia de
alimentación, salud, pago de alquileres y pérdida de bienes por la
incapacidad de pago de deudas. Es decir, mayor vulnerabilidad social
ante la pandemia.
El
necesario distanciamiento social está produciendo modificaciones en
las relaciones sociales, afectando los ciclos culturales (festivos,
religiosos, etcétera) y generando desconfianzas e incluso medidas de
control social y hechos de violencia contra personas de las que se
sospecha que son portadoras de la enfermedad. Al mismo tiempo se
desvelan la profunda ignorancia y la falta de disciplina en la
población, que se orienta a entender el covid-19 a partir de dogmas
religiosos: como una señal divina ante el pecado del mundo, por
ejemplo. A lo anterior se suma una cierta psicosis social y estados
de ansiedad y de depresión que se empiezan a observar.
Así
las cosas, la pandemia deviene en un problema complejo y
multidimensional que requiere, por consiguiente, una política
pública con ese carácter. Contrariamente, la política de los
organismos Ejecutivo y Legislativo parece orientada por el
pensamiento simple, por lo que se ve reducida a una raquítica
atención sanitaria y a la búsqueda de proteger la economía
entendida como crecimiento económico y, por consiguiente, como
protección, prebendas y privilegios para los sectores económicamente
poderosos. Esto explica en parte que en dichos organismos se estén
generando reformas legales y políticas para el aumento de
privilegios a tales sectores. Contrario al requerimiento de un Estado
que cuente con mayores recursos, con estas medidas se están
profundizando la incapacidad y la carencia de recursos públicos para
atender las urgentes necesidades que se agudizan con el contagio del
coronavirus.
En
este contexto existen dos riesgos de primer orden. El primero
consiste en un crecimiento exponencial aun mayor al que representa la
pandemia en el mundo. El segundo, posibles estallidos sociales
focalizados o generalizados ante la incapacidad del Estado y de la
gestión gubernamental actual y ante las políticas de privilegios
instituidas aprovechándose de la crisis sanitaria. Así, muy
probablemente el Estado quedará al desnudo en su incapacidad para
enfrentar este problema.
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