El informe anual Panorama Social de América Latina 2016 fue presentado el martes 30 de Mayo por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago de Chile.
Al
par de brindar una perspectiva general del volumen y ritmo de descenso
de la desigualdad en la región hasta 2015, el informe detalla y
profundiza en las desigualdades dentro de la desigualdad, abordando la
perspectiva de género, la étnico-racial y las proporciones de
distribución del crecimiento económico entre los distintos segmentos
socioeconómicos. La investigación muestra además las relaciones de
realimentación que existen entre los distintos factores de la
desigualdad y cómo ésta afecta a las personas a lo largo del ciclo
vital.
Al comprenderse la influencia positiva de políticas activas
en la reducción de brechas sociales, en otro capítulo se analiza la
evolución positiva del gasto social, alertando sobre las consecuencias
negativas que tendría su recorte o discontinuidad.
Muy relevante
es el apartado en el que – de manera incipiente y con un solo estudio de
caso (México) – se pone de manifiesto cómo la estructura de la
propiedad (de activos físicos y financieros) es un factor fundamental en
la reproducción de la desigualdad en la región.
Por sobre los
aspectos meramente estadísticos y analíticos, la constante alusión a la
desigualdad como problema central, sienta un parámetro moral ineludible.
Por otra parte, la información permite apresar un fenómeno que de otro
modo permanece invisibilizado. Se modifica así aquella falsa mención de
productos brutos nacionales sin desagregación alguna como indicador
inapelable, que dan la sensación gregaria pero ficticia de que “a todos
nos va mejor, si a un país en su conjunto le va mejor”. Lo cual – como
hacen evidente estos informes – no es el caso.
Por otro lado, es
altamente valorable la profundidad multidimensional que va adquiriendo
el análisis de estos fenómenos, exhibiendo una calidad compleja
superior, es decir una mirada estructural y dinámica a través del
tiempo, permitiendo así una mejor visión de proceso.
Sin embargo, a
fin de completar esta visión, es recomendable repasar otros informes de
la CEPAL, a los que haremos referencia y se detallan en la bibliografía
al pie.
Aun así es necesario apuntar que, más allá de la
creciente excelencia en el cuidado de la recolección, exposición y
cotejo de datos, la estadística no se interpreta por sí misma y la
interpretación nunca es automática, inequívoca ni única. Mucho menos las
conclusiones que se desprenden de la misma. Justamente el análisis de
las recomendaciones que propone la CEPAL para la superación de la
desigualdad es la intención de la presente nota.
El panorama social en América Latina
Entre
2008 y 2015 la desigualdad en los ingresos disminuyó en promedio
regional de un 0.5 a un 0.469 (índice de Gini), aunque enlenteciéndose
la mejoría entre 2012 y 2015. En el año 2008, por cada moneda que
conseguía un hogar del quinto más pobre, entraban casi 15 monedas en el
quinto más rico de la sociedad. Los niveles actuales siguen siendo muy
elevados, aunque la desproporción se redujo a “tan sólo” 12 veces.
Venezuela, Uruguay y Argentina, en ese orden, presentan los menores
índices de desigualdad (alrededor de 0.4). Guatemala, Colombia y Brasil
van a la cabeza de la desigualdad (superior al 0.5).[1]
El
amesetamiento en los avances es congruente con los datos sobre pobreza e
indigencia que refleja el Informe sobre el Progreso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ofrecido en la primera reunión de seguimiento
efectuada en México entre el 26 y el 28 de Abril. A inicios del milenio,
había en la región 225 millones de pobres (44%) con casi 100 millones
de indigentes (19.3%). Esta cifra cayó a 29% y 12 % respectivamente, lo
que implica que al menos 50 millones de personas salieron de la pobreza y
25 millones de la indigencia. Sin embargo, desde 2012 se observa el
estancamiento de esta mejoría, incluso comenzando a subir tanto el
número de gente pobre como el de indigentes hacia finales de ciclo.[2]
Los
avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos
laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a un aumento en
la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en
varios países y el incremento de las transferencias monetarias hacia
los estratos de menores ingresos (jubilaciones, subvenciones y programas
de apoyo directo). Es decir, un conjunto de políticas activas de
redistribución de ingresos que realzan el aporte efectivo de varios
gobiernos de la región… y la inacción, indiferencia o ineficacia de
otros. Esto se refleja con claridad en el capítulo del mismo informe
dedicado a la inversión social – llamada en el mismo “gasto social” –
que creció en promedio en la región aproximadamente un 30% entre 2000 y
2015, llegando a ser de un 14.5 del PIB, rubro en el que destacan
positivamente Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20%
del PIB.
Las desigualdades de la desigualdad
En
2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 118
mujeres en esa situación. Los motivos son básicamente dos: el tiempo
total de trabajo de las mujeres incluye muchas más horas dedicadas al
trabajo doméstico y a cuidados no remunerados. Por otra parte, sus
salarios son peores, a pesar de tener mayor cualificación educativa.
Esto conlleva además una limitación en la autonomía financiera de la
mujer, implicando una mayor dependencia.
La condición
étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural. En la región
viven unas 130 millones de personas afrodescendientes (2015) y 48
millones pertenecientes a pueblos indígenas[3] . O sea, una de cada cuatro personas es indígena o afrodescendiente.
Ambos
grupos de la población son proporcionalmente más numerosos en el
estrato más pobre y sufren desigualdades profundas en todas las áreas
del desarrollo social, expresándose en mayores tasas de mortalidad
infantil y materna, de embarazo adolescente, de desempleo y en menores
ingresos laborales.
Algo similar ocurre con los habitantes de
áreas rurales y en las periferias urbanas, “donde se concentran los
pobres y se acumulan las carencias” (CEPAL, 2010a, pág.143).
Con
respecto a la evolución a lo largo del ciclo vital, el 63% de los niños
de América Latina y el Caribe – ¡casi dos tercios del total! – y 45% de
los jóvenes son pobres, y un tercio de estos pobres, indigentes (2014).
Muchos no tienen condiciones mínimas que les permitan completar el ciclo
escolar y eso implica, en adelante, menores remuneraciones, menores
jubilaciones, es decir, menores posibilidades durante toda su vida. En
el área rural, la situación es aún peor, duplicándose la cifra de
adolescentes que no asisten a la escuela secundaria.
O sea, la
pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos indígenas o piel
negra, vive en el campo o en los suburbios y además, si es niño o joven,
la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida.
Un buen libreto, un guion incierto
Para
contrarrestar el flagelo de la desigualdad, recomienda la Cepal
“políticas públicas que deben garantizar la titularidad de derechos, se
debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de calidad como la
llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en la
construcción del bienestar, y universalizar la protección social a lo
largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la
edad adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias.”
(CEPAL, 2017)
En distintos informes anteriores se habla de la
estrecha relación entre acceso a educación de calidad, mejoramiento de
la situación sanitaria y de vivienda, acceso a la tecnología y otras
condiciones para la consecución de empleo de mejor calidad, todo lo cual
refiere a las mencionadas “políticas activas”. Aquí es donde aparece el
Estado como único garante de principios, que deben dejar de ser
aspiraciones y convertirse en derecho exigible.
Pero aún desde el
esquema habitual de relativización de derechos que rige las prácticas
sociales actuales, para que el Estado pueda hacer efectivas (y no
declamativas) políticas activas de inclusión social, son evidentes dos
condiciones mínimas: que el gestor (gobierno) tenga nítidas intenciones
en ese sentido y que cuente con fondos para efectuar la tarea.
Las
dificultades del primer término de la ecuación no son desconocidas para
la CEPAL. En un documento antes citado se señala “la tensión permanente
de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente
asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y
el poder económico para mantener sus privilegios”. El tan mentado “giro a
la derecha” en algunos países de la región es tan sólo expresión de esa
reacción conservadora.
Con respecto a lo segundo, basta constatar
la actividad ilegal que desarrollan los sectores opulentos para impedir
todo avance de los sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las
principales herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión.
“700.000
millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a
personas de América Latina (un 10% del total sumergido mundial), lo que a
su vez representa el 22% de la riqueza financiera total de la región, y
que la mayor parte de este monto (alrededor del 80% en promedio) no ha
sido declarada a las respectivas administraciones tributarias.”[4]
Por
otra parte detalla el informe anterior las maniobras dolosas de las
empresas multinacionales, que sobrefacturan gastos e importaciones y
subfacturan ventas y exportaciones. 765.000 millones de dólares no han
sido declarados entre 2004 y 2013, conspirando de esta manera contra las
posibilidades de acción solidaria de los estados.
Estas empresas
manejan además gran parte de los medios y por ende, tienen una enorme
influencia en la opinión pública, a través de la cual se “deciden” los
gobiernos.
¿Cómo seguir entonces aquellas recomendaciones si
apenas un Estado comienza a favorecer a los vulnerables se encuentra con
la tremenda reacción de los sectores del poder? ¿Cómo pensar en mejores
empleos, si las principales corporaciones planifican para la economía
mundial un horizonte de simbiosis de alta tecnología en la producción?
En conjunto con las ya abultadas dosis de economía especulativa, todo
ello atenta contra la posibilidad de ingreso formalizado y suficiente.
Aún si se piensa en servicios, la intención empresarial apunta a reducir
costos, lo cual se traduce en reducción de cantidad de personas
empleadas o de salarios. Nada hace pensar que ese modo antihumano de
funcionar la economía varíe, de no mediar algún cambio sustancial.
Llamar a las cosas por su nombre
Hablar
con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es
hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad
delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es tan
sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud antisocial deba
ser repudiada sin ambages en el campo valórico. Puede constatarse sin
mayor dificultad cómo en la génesis misma y en el transcurso del proceso
de acumulación de riqueza, se verifican numerosos delitos tipificados
en los códigos civiles y penales vigentes. El dolo, el hurto, el robo,
el fraude, la apropiación indebida, el plagio, la competencia desleal,
la extorsión, la cartelización, la evasión y elusión fiscal – por sólo
mencionar algunos procedimientos – son moneda corriente en la práctica
de los grandes conglomerados empresariales. La corrupción que tanto
irrita a la prensa dependiente tiene su origen en las empresas, no “en
la política”. Corromper mediante dádiva, coima, prestaciones o apoyo
electoral es para las empresas una práctica ordinaria que facilita “los
buenos negocios”.
Para superar la desigualdad es preciso
criminalizar la riqueza, incluso como delito de lesa humanidad, ya que
conlleva el genocidio de cientos de miles de existencias.
En
cuanto a la dirección de los procesos humanos, los pueblos sólo pueden
contar consigo mismos. Deben movilizarse y organizarse. La paradoja de
estatalización – dependencia excesiva de una gestión – y movilización
popular puede ser resuelta convirtiendo a lo político en cuestión
existencial. Ya no simplemente relativa a la primaria subsistencia – la
cual ciertamente está en riesgo – sino en un sentido de cualidad
ampliada, la de la existencia humana, relacionada con la posibilidad de
crear y decidir – lo cual aparece hoy alejado de las expectativas y
posibilidades de gran parte de la humanidad.
En términos sociales,
los conjuntos organizados podrán así garantizarse una renta universal y
avanzar por las vías del empleo cooperativo, es decir el autoempleo
colectivo como factor primario de la producción y la economía.
Para
que esto sea posible, necesitamos una ola de alfabetización
transformadora. Para aprender a defendernos de la manipulación de los
poderosos y de la naturalización de situaciones oprobiosas y evitables.
Aprender que sólo habrá progreso si es de todos y para todos. Que
estamos aquí para cambiar las cosas y para decidir nuestro propio
destino.
[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documento informativo Panorama Social de América Latina 2016.
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe
anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2017), pág. 27
[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La matriz de la desigualdad social en América Latina. (2016)
[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina yel Caribe, 2016 (LC/G.2684-P), Santiago, 2016.
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