Cerca del fin del
conflicto con las FARC Colombia necesita una ley de amnistía e indulto
general que cobije a las 9.500 personas prisioneras de guerra y de
conciencia que están sometidas a condiciones terribles e ilegales de
reclusión, y para lograrlo es necesario un fuerte Movimiento Pro
Amnistía para quienes están presos -en Colombia o en el exterior- por
los delitos de rebelión, sedición o asonada y conexos, “siempre que no
constituyan actos de ferocidad o barbarie”, como lo precisa el proyecto
de Ley presentado al Congreso de la República a través del senador Iván
Cepeda.
En palabras del comandante Iván Márquez: “El pleno de
derecho de rebelión deberá ser amnistiado, pero también a quienes hayan
sido condenados por ejercer ese derecho e incluso la protesta social.
Ello porque no han perseguido otra cosa que el fin de justicia en la
sociedad al rebelarse, exigiendo el respeto de los derechos del pueblo
colombiano”
Este asunto es muy importante pues las FARC no podrían
firmar un acuerdo de fin del conflicto dejando a una parte de sus
tropas en las cárceles, ni ordenará movilizarse a sus combatientes para
concentrarlos sin la garantía de que no serán detenidas en el camino.
“Es imposible que una unidad guerrillera se disponga a ubicarse en una
zona veredal de las acordadas sin que previamente sus hombres y mujeres
combatientes tengan certezas concretas sobre su situación jurídica”,
afirmó el comandante Pablo Catatumbo hace una semana.
Desde
los depósitos de personas que son las cárceles colombianas salen gritos
pidiendo atención y solidaridad. Exigen que se aplique ya la Sentencia
T-153/98 de la Corte Constitucional y se declare la emergencia social y
humanitaria en las cárceles. Los presos de las FARC-EP se están
declarando en desobediencia, cosen sus labios y se declaran en huelga de
hambre en cárceles como Palogordo en Girón-Santander y en el Patio 6 de
La Picota en Bogotá. Exigen la presencia del Comité Internacional de la
Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, de la Mesa Nacional de Salud y de
parlamentarios-as de las Comisiones de Paz y Derechos Humanos para que
constaten el trato cruel que se da a todas las personas privadas de la
libertad, incluidas las mujeres que son sometidas a tratos degradantes, a
imposiciones arbitrarias y de corte medieval hasta en la forma de
vestir, como ocurre en la cárcel de mujeres de Jamundí, Valle.
La
mayoría no recibe visita familiar y si protestan las trasladan o las
aíslan, o les dan golpizas. Miles no tienen asistencia jurídica a pesar
de los esfuerzos de las organizaciones solidarias que carecen de medios.
Las personas presas están hacinadas hasta grados increíbles. No cabe un
preso más. Duermen en pasillos, en los baños, entre la mierda, por
turnos, colgados como pueden de las vigas y de las ventanas,
literalmente unos sobre otros. En muchas cárceles no tienen acceso al
agua y en ninguna cuentan con servicios de salud, consulta general o
especializada, medicamentos, equipos médicos. Hay prisioneros-as con
heridas de guerra sin curar; centenares llevan años en las cárceles sin
estar condenados-as. Muchos-as están aislados-as en celdas de castigo.
Se ha conocido que la guardia penitenciaria junto con los paramilitares
asesinaron, trocearon y botaron en las alcantarillas o dieron como
comida a los cerdos los cuerpos de -según la Fiscalía- hasta 400
guerrilleros de las FARC y del ELN presos en cárcel nacional Modelo de
Bogotá, y se ha denunciado -en febrero de éste año- la muerte en la
cárcel del guerrillero Jhon Jairo Moreno Hernández a quien le negaron la
asistencia médica oportuna.
Tortura, pena de muerte de facto
aplicadas por un sistema penitenciario corroído por la desidia y la
corrupción, cooptado por el paramilitarismo, inmerso en el caos
administrativo como lo viene denunciando la Brigada Jurídica Eduardo
Umaña Mendoza.
Algunos casos.
La 12 Visita
Asturiana pudo constatar a finales de febrero/16 en la cárcel Picaleña
de Ibagué, el enorme esfuerzo de personas defensoras de los derechos
humanos como Flor Múnera y Cristina Pardo de la FCSPP por llevar
solidaridad a presos de las FARC y del ELN abandonados, aislados en
“Unidades de Tratamiento Especial” y en pabellones de extraditables,
entre otros:
PEDRO LUIS GONZALEZ, comandante de la
columna móvil Teófilo Forero, tiene tres condenas de 40 años y lleva 5
cumplidos, de los cuales dos en Picaleña pues fue trasladado de Cómbita
como castigo por protestar. “Es un milagro que los dejen entrar a Uds.,
aquí no entra nadie. Desconocemos qué se ha acordado en La Habana”,
dijo.
GUSTAVO ARBELAEZ CARDONA, comandante del Frente
Manuel Cepeda Vargas, tiene tres condenas de 24 años cada una, una de 5 y
diez procesos más como sindicado. Lleva 8 años preso. Pidió atención
médica por problemas graves de salud; tiene ordenados 2 exámenes pero no
se los hacen. Fue trasladado de la cárcel de Cómbita por participar del
Movimiento Nacional Carcelario.
JHON JAIRO CUERO ESPAÑA,
2 años presos sindicado –sin juicio y sin abogado defensor- por
rebelión, tiene un disparo de fusil en el tórax pero no recibe atención
médica.
WILMAR ANTONIO MARIN CANO, comando del Bloque
Oriental, tiene 19 condenas de 38 años c/u, fue torturado y tiene
lesiones como secuelas de la sevicia. Intentaron matarlo en la cárcel.
Estuvo dos años en aislamiento absoluto y sin derecho a recibir el sol
en la cárcel la “Tramacúa” de Valledupar. Está revuelto con
paramilitares y en una situación muy peligrosa.
HUGO CAMPOS MORENO,
combatiente del Bloque Oriental, condenado a 5 años por rebelión. El 20
de agosto del 2014 cumplía 3/5 partes de la condena pero le incoaron
otro proceso por señalamientos de desmovilizados que a cambio de dinero
lo culpan del secuestro del avión donde iba el senador Jorge Géchem
Turbay, hecho por el cual el gobierno de Andrés Pastrana rompió los
diálogos de El Caguán con las FARC hace 14 años.
JHON WILLIAM COCA,
preso desde 26 junio/14, lo acusan de pertenecer a una estructura de
las FARC pero en realidad el Estado no sabe quién es, no tiene su
identidad plena por lo que su detención es ilegal. Está enfermo y no le
permiten acceso a servicio médico especializado.
Está claro que el
mal trato que el gobierno colombiano está dando a las personas privadas
de la libertad por delitos políticos no se corresponde con los avances
en los diálogos de La Habana.
Y es evidente que sólo un fuerte
movimiento de solidaridad y Pro amnistía para prisioneros-as de guerra y
de conciencia en Colombia logrará eliminar éste escollo para que se
haga realidad el fin del conflicto con las FARC y, en su momento, con el
ELN y con el EPL.
Javier Orozco Peñaranda, Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”.
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