Mientras el Presidente Correa, todos los gobiernos de Latinoamérica e importantes sectores del pueblo ecuatoriano describían las acciones violentas como golpe de Estado, el principal órgano de Wall Street, The Wall Street Journal, las tildaba de “protesta policial”. Portavoces de Goldman Sachs y del Foreign Affairs Council definían el intento de usurpación del poder por parte del ejército y la policía contra el gobierno democráticamente elegido como una “crisis política” autoinducida por el Presidente. Cuando el golpe ya iba adelantado, el movimiento “indio” CONAIE, lanzó un manifiesto condenando al gobierno, mientras el partido “indio” Pachacutik apoyaba la expulsión del presidente y defendía el golpe de la policía como “un acto justo por parte de servidores públicos”.
En resumen, los patrocinadores imperiales del golpe de Estado, determinados sectores de las elites ecuatorianas y el movimiento indio minimizaron el violento levantamiento de la policía como golpe de Estado para justificar su apoyo al mismo disfrazándolo de otra “legítima protesta económica”. Es decir, la víctima del golpe de las elites se convertía en represor de la voluntad popular. La cuestión fáctica sobre si fue o no un golpe de Estado es fundamental para decidir si el gobierno tuvo razón al reprimir el levantamiento y si se había puesto de hecho en peligro el sistema democrático.
Los hechos alrededor del golpe
La policía no se limitó a “protestar” contra las políticas económicas sino que tomó la Asamblea Nacional e intentó ocupar los edificios públicos y las cadenas de los medios. La fuerza aérea –o al menos los sectores que colaboraron con la policía- tomó el aeropuerto de Quito, coordinó una serie de acciones en ese objetivo y bloqueó las redes de transporte estratégicas… Asaltaron y detuvieron al Presidente Correa, manteniéndole como rehén bajo vigilancia policial de decenas de policías fuertemente armados que se resistieron violentamente a las Fuerzas Especiales que finalmente liberaron al Presidente, provocando decenas de heridos y diez muertos. No hay duda que los cabecillas del levantamiento policial tenían en mente algo más que una simple “protesta” sobre pluses cancelados: trataban de derrocar al presidente y estaban dispuestos a utilizar sus armas para lograrlo. Los dirigentes del golpe de Estado utilizaron las iniciales demandas económicas de los empleados del sector público como trampolín para derrocar al régimen.
El hecho de que el golpe fracasara es consecuencia, en parte, del firme y dramático llamamiento del Presidente para que el pueblo tomara las calles para defender la democracia, un llamamiento que resonó y que tuvo miles de seguidores y que les negó a los golpistas el apoyo público en las calles.
Todos los hechos sobre el terreno apuntan a un violento intento de la policía y de algunos sectores del ejército para apoderarse del poder y deponer al presidente, es decir, un golpe de Estado sea cual sea el prisma bajo el cual pretenda considerarse. Y así fue entendido de inmediato por todos los gobiernos latinoamericanos, desde la derecha a la izquierda, algunos de los cuales cerraron rápidamente sus fronteras y amenazaron con romper relaciones si los cabecillas del golpe conseguían su objetivo. La única excepción fue Washington, cuya primera respuesta no fue unirse a la condena sino esperar a ver cuál era el resultado o, como el portavoz presidencial Philip Crowley anunció: “Estamos siguiendo los acontecimientos”, refiriéndose al levantamiento como una “protesta” que desafiaba al gobierno. Cuando Washington comprendió que el pueblo ecuatoriano, todos los gobiernos latinoamericanos y el grueso de las fuerzas armadas se oponían activamente al golpe de Estado y que éste estaba condenado al fracaso, la Secretaria de Estado Clinton llamó a Correa para anunciar el “apoyo” de EEUU a su gobierno, refiriéndose al golpe como una mera “interrupción del orden democrático”.
En el período previo a la restauración de la democracia, los sindicatos actuaron en gran medida como observadores pasivos, no se discutió en absoluto sobre huelgas generales ni se habló siquiera de movilizaciones activas. La respuesta de los altos oficiales del ejército fue la de oponerse absolutamente al golpe, excepto quizá la fuerza aérea que tomó el principal aeropuerto en Quito antes de transferirlo a unidades antidroga de la fuerza de policía. La policía antinarcóticos estaba al frente del golpe y no debería sorprendernos saber que habían estado, durante los últimos cinco años, bajo intenso entrenamiento y adoctrinamiento estadounidense.
Explicación de las variadas repuestas al golpe de Estado
Las respuestas e interpretaciones del golpe variaron según los diferentes grupos de intereses objetivos y percepciones subjetivas. Los regímenes latinoamericanos rechazaron unánimemente el golpe temiendo un efecto multiplicador del mismo en la región, en la que otros golpes con éxito (después del golpe del pasado año en Honduras) animarían al ejército y a la policía a actuar en sus países. Los recuerdos del pasado reciente en el que el ejército desmanteló todas las instituciones representativas y encarceló, torturó, asesinó y exilió a los dirigentes políticos fue un factor clave a la hora de conformar el resonante rechazo al golpe en Latinoamérica. En segundo lugar, el orden político existente beneficia a la clase capitalista en casi toda Latinoamérica y proporciona las bases para la estabilidad política y la prosperidad de las elites. Ningún movimiento fuerte de masas amenaza la hegemonía socio-económica capitalista que pudiera requerir que las elites económicas apoyaran un golpe.
Los seguidores de Correa estaban en las calles, aunque no en las cifras de sus anteriores llamamientos a la acción para derrocar al ex Presidente Lucio Gutiérrez. Eran principalmente leales al partido. Otros apoyaban sus medidas “antiimperialistas” (el cierre de la base militar estadounidense de Manta) o estaban defendiendo instituciones democráticas, incluso aunque se hubieran posicionado de forma crítica frente a sus políticas recientes.
La vacilación estadounidense, cambiando del rechazo inicial a condenar el golpe a la denuncia posterior del golpe ya fallido, tenía su razón de ser en sus duraderos vínculos con el ejército y especialmente con la policía. Entre 2006-2011, la ayuda policial y militar de EEUU alcanzará la cifra total de 94 millones de dólares, de los cuales 89 millones se canalizaron a través de la “guerra contra el narcotráfico”. Entre 2006 y 2008, los policías y militares ecuatorianos entrenados llegaron a 941, incorporándose a los “programas antidroga”. Fue precisamente el sector antidroga de la policía el que jugó un papel importante en la toma de los aeropuertos de Quito durante el abortado golpe. EEUU tenía realmente muchos motivos para apoyar el golpe. Correa llegó al poder derrocando al títere clientelista pro-estadounidense Lucio Gutiérrez y diezmando los partidos oligárquicos que eran responsables de dolarizar la economía y abrazar la doctrina de libre mercado de Washington. Correa puso en tela de juicio la deuda exterior, negándose a pagar deudas generadas bajo circunstancias fraudulentas. Y lo más importante, Correa era aliado del Presidente venezolano Hugo Chavez, miembro de ALBA y fuerte opositor de Colombia, el principal aliado de Washington en la región. La política de Ecuador debilitó la estrategia de Washington de “rodear Venezuela” de regímenes hostiles. Al haber apoyado ya el exitoso golpe contra el Presidente Zelaya de Honduras, aliado de Chavez, Washington tenía todo por ganar de un golpe militar que expulsara a otro miembro de ALBA. Washington está persiguiendo una “triple estrategia”: 1) diplomática, ofreciendo mejorar relaciones; 2) subversiva, construyendo capacidad de subversión al financiar a la policía y al ejército; y 3) financiera, a través de AID, NED, el Banco Mundial y sectores de ONG del movimiento indio, especialmente Pachacutik y grupos disidentes vinculados con Lucio Gutiérrez.
Los dirigentes del movimiento indio exhibieron diversas respuestas frente al golpe. La posición más extremada fue la adoptada por el casi moribundo partido electoral Pachacutik (receptor de ayuda estadounidense), que apoyó el golpe de la policía y llamó a las masas a formar un “frente unido”, un llamamiento que cayó en oídos sordos. El grupo del movimiento indio (CONAIE) adoptó la compleja posición de negar que se estuviera produciendo un golpe, aunque rechazando la violencia policial y exponiendo una serie de demandas y críticas en relación a las políticas y métodos de gobernanza de Correa. No hizo esfuerzo alguno ni para oponerse ni para apoyar el golpe. Es decir, a diferencia de su pasado militante y antidictatorial, CONAIE se convirtió virtualmente en un actor marginal.
La pasividad de CONAIE y de la mayoría de los sindicatos tiene sus raíces en profundos desacuerdos con las políticas del régimen de Correa.
La vulnerabilidad autoinducida de Correa: Su giro a la derecha
Durante el emergente movimiento ciudadano de hace cinco años, Rafael Correa jugó un importante papel al deponer al régimen autoritario, corrupto y pro-imperialista de Lucio Gutiérrez. Una vez elegido Presidente, llevó a la práctica algunas de sus principales promesas electorales: desalojó a EEUU de su base militar en Manta; rechazó los pagos de la deuda exterior que se basaban en contabilidades ilícitas; subió los salarios, aumentó el salario mínimo, facilitando créditos y préstamos a bajo interés a las pequeñas empresas. También prometió consultar y tomar en cuenta los movimientos indios y sociales urbanos, todo lo cual llevaría a la elección de una asamblea constitucional que elaboraría una nueva constitución. En 2007, la lista de Correa con su nuevo partido Alianza País ganó por una mayoría de dos tercios en la asamblea legislativa. Sin embargo, para hacer frente a la disminución de los ingresos debido a la recesión mundial, Correa dio un brusco giro a la derecha. Firmó lucrativos contratos con compañías mineras multinacionales garantizándoles derechos de explotación sobre tierras reclamadas por comunidades indígenas sin consultar con ellas, a pesar de la pasada historia de contaminación catastrófica de las tierras, agua y medio ambiente indios. Cuando las comunidades locales actuaron para bloquear los acuerdos, Correa envió el ejército y reprimió duramente las protestas. En subsiguientes esfuerzos de negociación, Correa sólo escucho su propia voz y rechazó a los dirigentes indios tachándoles de “panda de bandidos” y “elementos reaccionarios” que estaban bloqueando la “modernización del país”.
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