Chile salió de la apatía política que venía padeciendo su actual presidente, Sebastián Piñera, gracias al impecable rescate de los 33 mineros soterrados en la mina San José desde el 5 de agosto. Durante los últimos días, cada vez que la cápsula Fénix asomaba a la superficie con un hombre más en su interior, el mundo entero se conmovía; y es que sin cursilerías, andamos urgidos de más humanidad, de más rescates como esos entre las poblaciones condenadas al abandono en todo el mundo.
Pero más allá de las consideraciones ligadas inevitablemente a lo emocional, están las consideraciones puntuales sobre la seguridad laboral, el ejercicio abusivo del poder que ejercen las grandes compañías mineras en tantos países, los Estados frágiles que se arrodillan ante ellas, y sobre una subjetividad que sigue sosteniendo el orden de amos y esclavos, antes que de mutuos colaboradores. Estas son cuestiones de índole profundamente humana que deberían de revisarse desde planteamientos revolucionarios, más eclécticos, fuera de la obtusa dicotomía entre comunismo y capitalismo salvaje.
Tuvo que pasar esto en Chile, como tuvo que pasar lo de BP en el Golfo de México, para que el mismo presidente Piñera dijera que la mina no se abrirá hasta que cumpla con todas las normas de seguridad establecidas. En el mismo sentido, el mandatario anunció cambios radicales relacionados con el trabajo, los derechos laborales y las normas de seguridad en el ámbito laboral. “Si queremos ser un país desarrollado tenemos mucho que corregir”, señaló. El ex embajador chileno en Argentina, Jorge Arrate, dijo, también, que “Minera San José, donde ocurrió el accidente, fue clausurada en 2007 y restablecida en 2008. En 2010 hubo un accidente serio, pero volvió a ser autorizada. Es un error muy grave”.
La justicia chilena ha resuelto retener el total del patrimonio declarado por la Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, que asciende a unos 9.7 millones de dólares, para asegurar el pago de las operaciones del rescate. Suma que, por cierto, está lejos de cubrir los millonarios desembolsos del rescate.
Esta es una medida económica, pero también muy política, porque obliga a la empresa a hacerse responsable de los impactos de una explotación irresponsable. Hace apenas 13 días, los dos dueños de la compañía aparecieron públicamente en la audiencia realizada por el derrumbe que el 3 de julio le costó al operario Gino Cortés la amputación de una pierna. En esa oportunidad fueron arraigados e inculpados por lesiones gravísimas.
El caso chileno obliga a Guatemala y a otros países como México, donde se vivió una situación similar hace algún tiempo sin resultados como este, a poner las barbas en remojo. Los gobernantes de nuestro país también han entregado el territorio para su explotación arbitraria, sin escuchar las consultas populares comunitarias y sin considerar las nefastas consecuencias humanas y ambientales posteriores, señaladas en más de un estudio serio al respecto.
Y peor, tenemos un Estado aún más laxo que el chileno, incapaz de regular y controlar cualquier actividad explotadora. Por ello, ahora que en el extremo de América se ha vivido un rescate humano único, esperamos que este marque un hito en la historia continental en cuanto al rescate de los derechos humanos de muchos, el de los territorios y la dignidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario