De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral
(INE) con un padrón electoral de 89,1 millones coimputados, se votará
para elegir a 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno de la CDMX (ahora
llamado gobernador), 128 senadores y 500 diputados. Asimismo se elegirán
autoridades para 1.597 ayuntamientos, 184 concejales y 16 alcaldías. La
Ciudad de México, que es la entidad con la segunda mayor lista nominal
de electores (7 millones 64º mil), elegirá Jefe de Gobierno, diputados
al Congreso Local, 16 alcaldes y 10 concejales.
Contexto: crisis estructural del capitalismo dependiente mexicano
Mientras que el crecimiento económico de México durante el llamado
"desarrollo estabilizador" (1954-1976) fue superior a 6% promedio anual,
entre 1982-2017 el PIB promedió 2.36% anual. Durante el régimen panista
de Vicente Fox (2001-2006) el crecimiento promedio fue de 2.3% y
durante el siguiente de Calderón (2007-2012) de 1.93%; entre ambos dicho
crecimiento alcanzó 2.11%, para volver a descender durante el actual
régimen priista de Peña Nieto (2013-2017) en el orden promedio anual de
2.12%. De esta forma durante los regímenes plenamente neoliberales del
PRI y del PAN, el PRIAN (1982-2017) el crecimiento económico medido por
su PIB francamente declinó y se situó por debajo de un tercio de aquel
promedio histórico.
En este contexto los primeros que perdieron
son los empleos cuyo déficit alcanza proporciones gigantescas si
consideramos que por cada punto del PIB que se pierde, con él se
eliminan alrededor de 1 millón de puestos de trabajo a los que hay que
agregar los que no se crean al influjo del crecimiento natural de la
población calculados en alrededor de un millón 500 mil cada año. Hay que
observar, lo que oculta sistemáticamente el gobierno, que los empleos
creados durante los regímenes neoliberales en una gran proporción son de
naturaleza precaria: temporales, con o sin derechos sociales y
sometidos a altas tasas de explotación y rotación de la fuerza de
trabajo. De aquí el enorme desempleo existente en el país que organismos
independientes como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la
Facultad de Economía de la UNAM sitúan en más de 20% de la PEA; la
extendida pobreza "normal" y extrema; los bolsones poblacionales de la
informalidad que cubren 60% de la PEA (52 millones 866 mil personas en
2017) que trabaja en condiciones precarias e inhumanas fundamentalmente
en la calle; el crecimiento de la violencia, de la inseguridad y de los
grupos delictivos, entre otras taras propias del capitalismo dependiente
mexicano que su dinámica económica y política no hace más que recrear y
amplificar día a día ante la corrupción e impunidad de las autoridades y
sus partidos políticos que constituyen la partidocracia del poder.
Una de las consecuencias dramáticas de esta situación tanto para México
como, principalmente, para millones de trabajadores, es su emigración
forzosa en modalidad de indocumentados (alrededor de 12 millones) a
Estados Unidos donde son vejados, humillados, superexplotados,
discriminados, abusados y deportados bajo la total indiferencia de las
autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
Los salarios son la
otra variable castigada por el régimen neoliberal dependiente mexicano:
los reales y su poder adquisitivo tienen una curva descendente desde
1976 y en la actualidad son más bajos que en China y que en otros países
pertenecientes al mundo subdesarrollado de Asia, de América Latina y de
los países africanos. Este es uno de los secretos de los privilegios de
que gozan las clases dominantes en México y los altos y medianos
funcionarios, burócratas y políticos del régimen partidocrático
mexicano.
Este régimen neoliberal cuida celosamente las
sacrosantas "variables macroeconómicas" como la tasa de ganancia que es
altísima para las gigantescas empresas transnacionales monopólicas que
operan en el país y que prácticamente controlan todos los flujos y
ciclos de la economía mexicana: desde el capital dinero y productivo,
hasta el capital mercancías, con énfasis en las importaciones y las
exportaciones que controla prioritariamente el capital internacional. A
cambio el pueblo y los trabajadores reciben un mayor endeudamiento
externo que es de los más altos de América Latina: en 2017 la deuda
pública alcanza 46.2 del PIB al cierre de 2017 según la Secretaría de
Hacienda y las proyecciones bajo la política neoliberal es que siga
creciendo sobre todo para pagar apenas los intereses del capital
principal, lo que provoca un constante déficit de la cuenta corriente de
la balanza de pagos el cual, con la entera complacencia del FMI y de la
burocracia política del país, es contrarrestado mediante incrementos de
los impuestos a la población, aumentos a los precios de las gasolinas
mayoritariamente importadas a pesar de ser México un país petrolero y de
la energía eléctrica de consumo popular, la severa aplicación de
políticas de austeridad social y de recortes al presupuesto público en
el renglón social en materia de educación, salud, vivienda,
alimentación, pensiones y jubilaciones, junto con la aplicación de
sendas reformas llamadas estructurales: laboral, energética y
educacional entre otras inscritas en la lógica de la privatización y de
la reproducción del capital.
Este es el marco socio-económico
del actual proceso electoral mexicano que habrá de elegir presidente de
la república, senadores y diputados, 5 gobernadores y al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México para los siguientes seis años.
Las coaliciones o alianzas electorales
De antemano planteamos que ninguna problemática del país en el plano
social, económico y político se va a resolver mediante un proceso
electoral y mucho menos con el triunfo de alguna de las mencionadas
coaliciones que se desenvuelven en el marco del capitalismo neoliberal,
dependiente y subdesarrollado que prevalece en México. Y no lo va a
hacer simplemente porque, independientemente de los planteamientos de
los aspirantes presidenciales que generalmente van dirigidos a
granjearse el apoyo de los grandes capitales y monopolios nacionales e
internacionales y, por supuesto, el de Estados Unidos, y menos el del
pueblo, esencialmente ninguno atenta, ni modifica, el sistema
capitalista sustentado en el régimen jurídico-político-institucional de
propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, de los
recursos naturales y en la explotación de la fuerza de trabajo (que son
los pilares del modo de producción capitalista universal) en cualquier
orden macroeconómico y político: sea el neoliberal o el proteccionista
(neo) desarrollista que son los que compiten en el México neoliberal y
en los países latinoamericanos de manera predominante.
El carácter de las elecciones
En lo referente al presidente de la República su elección rutinaria
ocurre formalmente cada seis años y siempre bajo el férreo control del
gobierno en turno mediante un ente electoral que hasta la fecha controla
(antes fue el Instituto Federal Electoral y hoy el Instituto Nacional
Electoral). Se puede afirmar que el fraude es el eje histórico del
proceso de la elección junto con la compra millonaria de votos, el
acarreo forzoso de las bases electorales del partido, el miedo, la
violencia y el uso masivo de los medios corporativos de comunicación
cuyo objetivo es imponer a la ciudadanía el candidato a modo elegido por
el gobierno a través de lo que se conoce como el "dedazo" del
presidente en funciones. En ese sentido el régimen político mexicano es
tan antiguo y carcomido como en los mejores tiempos del llamado
nacionalismo revolucionario que transcurrió bajo la hegemonía política
de los dinosaurios del PRI-gobierno.
En este contexto cabe
prever tres escenarios que pueden ocurrir en la actual contienda
electoral donde, hay que mencionar, en el promedio de las encuestas el
candidato que se encuentra fuera de la "mafia del poder" lleva la
delantera por alrededor de 20 puntos en promedio por encima del
candidato de la derecha que se mantiene en segundo lugar y por encima
del candidato del oficialismo.
Un factor importante, que al
final pudiera ser estratégico, es la influencia del Departamento de
Estado en las elecciones mexicanas que hasta ahora ha sido acotado y
discreto, pero que no por ello deja de ser preocupante dados los
antecedentes en otras coyunturas electorales donde Estados Unidos ha
terminado por ser determinante como en las pasadas elecciones de
Honduras (26 de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado
mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y
repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la
República, Juan Orlando Hernández. Dicha intervención se dio para
destituir al presidente Manuel Celaya de ese país en 2009 y, más
adelante, con la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo,
en 2012. El golpe de Estado judicial en Brasil que depuso a la
presidenta Dilma Rousseff contó con el beneplácito tanto de Estados
Unidos como de la OEA y de la mayor parte de los gobiernos de derecha,
entre los que figura de manera sobresaliente el gobierno mexicano que
encabeza el llamado "Grupo de Lima" creado bajo patrocinio
norteamericano con el fin expreso de derrocar al gobierno legítimo y
constitucional de Venezuela. En este contexto no hay argumentos sólidos
para sostener que esto no pudiera ocurrir en México en la hipótesis del
triunfo del candidato opositor al oficialismo y a la derecha.
Posibles escenarios
Escenario 1.
Este escenario, el menos probable en virtud de los antecedentes de la
historia electoral de nuestro país caracterizada por el fraude y la
manipulación del proceso electoral por el gobierno en turno, supondría,
de ser certeras la mayoría de las encuestas, el triunfo del candidato de
MORENA y de los partidos del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES),
Andrés Manuel López Obrador, quien sería elegido por primera vez después
de dos intentos fallidos en el año 2006 y en 2012 cuando se impuso al
actual presidente de la República Peña Nieto. En este hipotético
escenario esto implicaría no solamente la acción electoral y de la
campaña de la coalición que ampara dicha candidatura, sino una extendida
movilización popular y ciudadana en defensa del voto antes y después de
la elección. Significaría, también que la gente ya habría aprendido la
lección respecto al pasado caracterizado por la imposición y la
secuencia a toda costa de los gobiernos priistas desde la época de la
Revolución Mexicana, tal vez con la excepción del triunfo del general
Lázaro Cárdenas en 1934 quien gobernó hasta 1940. Desde entonces, es
decir desde el avilacamachismo (1940-1946) hasta el año 2000, gobernó el
PRI cuando cedió el poder presidencial por primera vez a un personero
distinto de ese partido y que fue el señor Vicente Fox candidato del
derechista Partido Acción Nacional de naturaleza social-cristiano. En el
siguiente sexenio fue impuesto, mediante fraude electoral, el panista
Felipe Calderón (2006-2012) quien, a la par, le pasó la estafeta
presidencial al actual presidente del PRI, Peña Nieto, quien utilizó
masivamente la compra multimillonaria de votos con toda impunidad y
corrupción a través de tarjetas de crédito, entre otros instrumentos
fraudulentos.
Este escenario, como dijimos difícil e improbable
debido a las circunstancias indicadas, por vez primera elegiría como
presidente a un candidato diferente al que se conoce como perteneciente
al PRIAN (la suma del PRI y el PAN a la que ahora se agrega el PRD) y
que expresa la simbiosis entre el viejo partido priista y el derechista
de Acción Nacional (PAN), este último ahora amalgamado con el otrora
partido de "centro-izquierda" denominado Partido de la Revolución
Democrática (PRD), quienes juntos postulan al candidato panista de
derecha Ricardo Anaya involucrado en investigaciones penales de lavado
de dinero y de corrupción, además de ser uno de los principales
promotores y partidarios de la privatización energética.
Hay
que indicar también, por último, que muchas estimaciones proyectan que
el partido opositor (MORENA) tendrá mayoría en el Congreso de la Unión
en el que lastimosamente el PRI caería hasta la tercera posición como un
resultado del castigo por parte de la indignada y empobrecida población
mexicana que cada vez más desahucia a los gobiernos neoliberales.
Escenario 2.
Vislumbramos un segundo escenario contradictorio y complejo. En éste el
candidato de la derecha del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, gana la
elección mediante un acuerdo estratégico con el gobierno de Peña Nieto y
su candidato, Antonio Meade (quien ocupa el tercer lugar en el promedio
de las encuestas), utilizando todos los medios a su alcance legales y
extralegales como la compra masiva de votos, la guerra sucia contra el
candidato puntero, el uso de los recursos del Estado en materia social
hacia la población para utilizar su voto en su beneficio; diseño y
difusión de spots en los medios de comunicación corporativos para
introducir el miedo, la tesis del desastre y otras mentiras similares,
con el fin de apartar a la población de la posibilidad de orientar su
voto al candidato puntero y, de esa manera, hacerlo hacia el candidato
panista. Así, por lo menos se neutraliza al ciudadano y lo ubica en el
espectro abstencionista de la población. Aquí el acuerdo estratégico
entre ambos personeros del gobierno federal y su candidato y del partido
de la derecha consistiría en "dividirse el pastel": el poder y los
puestos en el gobierno, una vez que haya concluido la elección
presidencial para, como ha sido siempre en el régimen autoritario
mexicano, adjudicarse los empleos, influencias y prebendas en las
distintas instancias de gobierno (como secretarías de Estado,
direcciones de instancias gubernamentales, jefaturas locales y
comisiones específicas, alcaldías, etcétera); en el gabinete
presidencial, así como en el jugoso reparto de curules millonarias en el
Congreso de la Unión.
Evidentemente tanto en este caso como en
el siguiente, pudiera haber impugnación de la elección presidencial por
parte de quienes pierdan (tentativamente por parte de la Coalición de
Morena) y la instancia que tendría que decidir el resultado de la
elección sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
como ocurrió en 2006 cuando este avaló y ratificó el triunfo del
panista Felipe Calderón.
Escenario 3.
Este escenario, siempre en función del objetivo estratégico
de afianzar el triunfo del PRIAN, tendría como premisa que el
beneficiario de la candidatura a la presidencia fuera el candidato
oficial del PRI, Antonio Meade, al que todas las encuestas, incluso
internacionales, ubican en el tercer lugar muy lejos del candidato
puntero, lo que dificulta con creces acortar la distancia hasta el día
de la elección el 1º de julio para efectuar el fraude electoral (esta
posibilidad la denuncia in extenso Santiago Nieto, ex-fiscal electoral,
en la Revista Proceso #2169 del 28 de mayo de 2018: "Cómo prepara el PRI el fraude": https://www.proceso.com.mx/535992/santiago-nieto-como-prepara-el-pri-el-fraude ).
Esta posibilidad tendría como premisa la presión por parte del gobierno
peñanietista y de su candidato, al de la coalición panista bajo la
amenaza de activar las investigaciones penales por lavado de dinero que
también involucran a miembros de su familia. Evidentemente que estos son
acuerdos de cúpula y no necesariamente su consecuencia sería canalizar
los votos de las bases electorales de la coalición panista-perredista
hacia el candidato del PRI. Por eso, esto constituye un auténtico riesgo
para el sistema. Como sugieren algunos expertos y analistas políticos
en asuntos electorales pudiera ocurrir, nada improbable por cierto, que
ese flujo de votos beneficiara al candidato puntero de la Coalición
Juntos Haremos Historia, asestando un fuerte golpe electoral y mediático
al PRIAN por vez primera en la historia electoral del país.
Juntos Haremos Historia y la Cuarta Transformación: ¿será posible un cambio o modificación de régimen político en México?
En el año 2000 el voto útil de la ciudadanía favoreció al candidato de
la derecha del PAN, Vicente Fox. En 2006, el régimen tuvo que operar un
auténtico fraude electoral para imponer a Felipe Calderón en la
presidencia de la República. En 2012, Peña Nieto conquistó la silla
presidencial gracias a la masiva compra de votos, a la distribución de
despensas y de tarjetas de crédito para la obtención de las mismas. Se
estimó que en la campaña de Peña Nieto se gastaron más de 4 mil 600
millones de pesos, mediante tarjetas expedidas por el Banco Monex y de
otros monederos electrónicos e instituciones bancarias para triangular
el financiamiento a su campaña electoral del 2012.
En la actual
coyuntura, sin embargo, las cosas se han complicado sobre todo para el
oficialismo. Hemos apuntado que tanto las encuestas nacionales como las
estimaciones estadísticas en el exterior coinciden en colocar al
candidato oficial del gobierno priista en el tercer lugar con una
diferencia de alrededor de treinta puntos porcentuales respecto a López
Obrador, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia.
Se trata, es necesario enfatizar, de una coalición y de un candidato que
postula que de ganar la presidencia de la República impulsará lo que
denomina la Cuarta Transformación de México que ocurriría después de la
Independencia nacional (1810), de la Reforma (1855-1863) que encabezó
Benito Juárez (la segunda independencia de México) y de la Revolución
Mexicana (1910-1917) que marcó la gran tercera transformación. La Cuarta
Transformación implicaría, al decir del candidato presidencial, la
constitución de un "nuevo sistema político, democrático y con dimensión
social" centrado en varios postulados como la separación de la política
de la economía, la construcción de un gobierno que "represente a todos,
ricos y pobres", y no sólo a la "mafia del poder" como hasta ahora ha
ocurrido. Además del combate a la corrupción que es el mayor objetivo de
campaña del candidato opositor en concordancia con el sentir popular de
millones de mexicanos.
Independientemente de las posibilidades
reales de llevar a cabo dicha transformación en México, es importante
señalar las profundas limitaciones estructurales y sociopolíticas que
contiene de principio este proyecto lopezobradorista. En primer lugar,
hay que señalar lo obvio: de ninguna manera es un proyecto de naturaleza
socialista, ni mucho menos se inscribe en lo que en América Latina se
ha denominado "Socialismo del Siglo XXI". En segundo lugar, porque es un
proyecto de carácter nacionalista que impulsa una política que
pudiéramos denominar neo-desarrollista que combina tanto la inversión
privada nacional y extranjera con las políticas públicas para el
desarrollo como, por ejemplo, postuló en su momento la CEPAL y que en
México se plasmó en el denominado "desarrollo estabilizador mexicano"
impulsado desde el gobierno por el presidente Adolfo Ruiz Cortines
(1952-1958) y por las dos siguientes administraciones presidenciales. La
diferencia, entonces, tanto con este modelo económico y con su régimen
político radica en otorgarle a las llamadas fuerzas del mercado un papel
protagónico en el "desarrollo económico" mediante un primer "impulso"
dado por el Estado. Es importante señalar que en todo caso esta política
pública sería completamente distinta a la impulsada por los candidatos
del PRIAN y sus gobernantes desde hace treinta años caracterizada por la
aplicación de políticas neoliberales y de austeridad social que han
empobrecido y precarizado a las mayorías en nuestro país. En este
sentido, cualquiera de los candidatos de la derecha, ya sea el del PRI o
el del PAN, no haría otra cosa más que continuar y profundizar ese
modelo neoliberal de austeridad social, de privatización económica y de
entrega de los recursos naturales y energéticos a las grandes
trasnacionales monopólicas del capital internacional, mientras que el
candidato de la cuarta transformación, si bien no cuestiona a la
inversión extranjera directa e indirecta, como tampoco la propia
existencia del sistema capitalista neoliberal dependiente que priva en
México con todas sus coordenadas cimentadas en la explotación del
trabajo por el capital, en la propiedad privada de los medios de
producción y de la tierra, así como la existencia de la estructura y de
las luchas de clases, plantea al menos un proyecto que en ese marco
podría beneficiar por ejemplo en materia de desarrollo social a sectores
empobrecidos y marginados de la sociedad.
Por otro lado,
también podría mejorar nuestra posición internacional al rescatar la
política exterior mexicana cimentada en los principios de la
autodeterminación de los pueblos y en la no intervención de los Estados
en los asuntos de otros Estados tal y como mandata la Fracción X del
Artículo 89 de la Constitución Política y la Doctrina Estrada que
fundamentan dichos principios obligatorios del Estado mexicano y que han
sido violados por las últimas administraciones gubernamentales.
Esa Fracción X de la Constitución estipula:
"Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así
como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal
política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos : la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias
; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales" (cursivas nuestras). (Fracción reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011).
De esta forma, por ejemplo, se acabaría con el grosero intervencionismo
pro-imperialista que ejerce el Estado mexicano y su gobierno al margen
del pueblo y del Congreso en contra de la República Bolivariana de
Venezuela bajo los lineamientos geopolíticos y estratégicos ordenados
por el Departamento de Estado articulados en la política
contrainsurgente del neo-monroísmo que Estados Unidos viene
implementando en América Latina provocando la caída de los gobiernos
progresistas y el fortalecimiento de los gobiernos neoliberales de
derecha que sirven a dichos intereses.
Un gobierno de nuevo
cuño, por vez primera distinto al PRIAN (2000-2018), podría impulsar una
serie de proyectos como por ejemplo la terminación y creación de nuevas
refinerías para comenzar a reducir la irracional importación de
gasolinas en más de 75% de Estados Unidos donde es mucho más barata que
la que se vende en México. Asimismo en materia interior se le podría
exigir al nuevo gobernante el cumplimiento de compromisos de campaña en
materia de derechos humanos que han sido masivamente violentados por los
gobiernos del PRIAN, particularmente luego de la declaración de la
guerra al narcotráfico por Felipe Calderón que ha dejado hasta la fecha
un saldo de miles y miles de muertos (algunas estimaciones calculan
alrededor de los 250 mil), la multiplicación de las bandas criminales,
la extensión de la inseguridad y de la violencia por todo el país,
incluyendo la Ciudad de México; la aparición de fosas clandestinas y la
desaparición forzada de cientos de luchadores y líderes sociales, sin
contar los innumerables presos políticos que purgan penas en los
reclusorios y penales del país. En este tema existe ya un compromiso
público de López Obrador con los padres de los 43 normalistas
desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado para formar una
Comisión de la Verdad que investigue, aclare y resuelva este atroz
crimen de lesa humanidad y por primera vez se imparta justicia.
Estas son algunas de las cuestiones que podrían cambiar inscritas en lo
que se denomina la "cuarta transformación" que, a nuestro juicio, no
alcanza para anunciar un cambio de régimen político —como mucho menos se
podría siquiera pensar con las otras dos coaliciones del PRIAN inmersas
en el carcomido modelo neoliberal a ultranza— a no ser que tal vez el
nuevo gobierno verdaderamente implemente el plebiscito o referéndum a
mitad del mandato, como propuso López Obrador, para consultar a la
ciudadanía en relación con el hecho de si está o no de acuerdo con que
continúe el presidente en turno en la silla presidencial. Entonces sí se
podría pensar que México avanza a un cambio desde un régimen
presidencialista autoritario vigente de transición pactada, a otro
semi-presidencialista con democracia representativa, aunque inferior a
los regímenes de democracia participativa como es el caso de Venezuela.
Pero también todo ello habrá de depender de la movilización y de la
presión popular que obligue al gobierno a cumplir sus promesas de
campaña, particularmente en materia de justicia social y de verdadera
lucha contra la corrupción y la impunidad que son los baluartes
fundamentales del actual régimen autoritario de gobierno y que más allá
de las candidaturas presidenciales y de las personas, son los ejes que
han articulado el descontento social y el hartazgo de la enorme masa de
la población frente al agotamiento y crisis del régimen político
partidocrático autoritario de transición pactada impulsado por la
tecno-burocracia del PRIAN en los últimos treinta y seis años.
Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
