Carlos Fazio
Ciudad de México.
En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de
guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no
convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones
sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe)
en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo
pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike
Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo
objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país
que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.
Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare),
el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por
narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción
contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás
Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como
dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales
prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de
“haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una
“organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para
utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.
El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola el
Derecho internacional y los principios de la Organización de las
Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre
determinación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams
hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la
transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento
de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald
Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas
en aguas del Caribe y el Pacífico.
Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario
de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark
Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán
dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de
“narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la
crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a
EU y afectar a la ciudadanía.
A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza
en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender
de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo
cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de
marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de
una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su
país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban
contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la
ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la
coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización
de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.
Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono
En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el
proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de
2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de
Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y
aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”.
(Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó
esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).
La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y
está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre
la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de
la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y
ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales
del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra
no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de
guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través
de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita,
Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la
llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias
intoxicadas).
Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra
el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro
del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las
FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína,
no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en
Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.
Tras enterarse del insólito entuerto, el ex
vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del
Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en
inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás
Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de
experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me topé con
#Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor,
Colombia productor”.
Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló
que al conocer la noticia de la acusación contra Maduro y miembros de
su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que
al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas,
“pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en
los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5
mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en
bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la
economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de
golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito)
contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos,
aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.
Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi,
quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y
2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que
tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión
Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que
“sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.
Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019,
para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína
introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de
orígenes desconocidos. Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el
que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala
y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y
la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los
mayores proveedores en el mercado estadounidense.
“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y
en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados
Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan
hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas
contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto,
es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal
fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató
Arlacchi.
Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de
Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los
cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas,
para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció
en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords
históricos.
De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que
si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo
sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles
que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la
ganancia y la lavan allí.
Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington
Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le
otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo
con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del
gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210
toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente
10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete
veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.
En declaraciones a BBC Mundo, el director de WOLA, Geoff Ramsey,
dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU
con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los
propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU
se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas
acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la
comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el
gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989, en el marco de la guerra fría.
La judicialización (lawfare) de la política de cambio de
régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de
seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares
desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas
privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de
EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación
legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a
tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión.
Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott
Abrams, inculpado por el caso Irangate.
Sobre la DEA y el desertor Alcalá
Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y
once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de
formar parte de una “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus
cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los
Soles.
Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los
sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama
conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor
profusión en 2015− en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a
la también llamada guerra de cuarta generación.
Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el
Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus
logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S”
(Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos
de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de
dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo
Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.
Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de
Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado
un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos
funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La
revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos,
del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto
por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad
de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por
la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.
En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio
del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y
prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019
−junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de
haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el
Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de
Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado del
30 de abril de ese año.
Radicado en Barranquilla, Colombia, y entrevistado por locutores de
la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para
cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos
estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La
Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido
financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan
Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y
había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó
literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo
venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el
presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores
norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la
conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los
asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí,
junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.
En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi
casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso
positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue
detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.
Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un
cable según el cual el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela,
Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con
paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba
en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.
Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada
Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo
Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los
Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex
presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta
conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para
“inundar” de cocaína a Estados Unidos.
La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015, estaba
inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela
(Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela”
elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James
R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas
tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el
incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados,
la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de
descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó
entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes,
grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.
En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para
desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los
servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios
occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.
El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC
de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J.
Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en
“fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del
Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos
chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular
de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el
“cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado”
venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la
transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano,
Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y
el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.
Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría,
“fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y
el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,
utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del
periodismo de investigación.
El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando
Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los
Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de
The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.
Tres días después era The Wall Street Journal, el que con
filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y
Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales
venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de
distribución internacional de cocaína”. Igual que los anteriores, la
falta de pruebas, persistía.
El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post,
venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su
artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y
trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente,
que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos
de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.
Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y
en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal.
Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la
prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una
“noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.
En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los
objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación
(des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos
por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015
ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de
Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban dirigidas a generar
una situación de caos y desestabilización política en Venezuela,
combinándose con acciones callejeras y el empleo dosificado de la
violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi
medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra
instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera
colombo-venezolana.
En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda
de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería
retomada por el diario español El País, en un reportaje que
tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más
allá de lo enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda
a la especulación.
Cinco días después, la revista Newsweek en español
reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular
que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía
una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.
El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado
de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso
la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba
oculta.
No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC
de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en
Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz
de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió
en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda
un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco
utilizó como fuentes “informes confidenciales elaborados por
informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por
servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente
era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses
después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.
Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez,
habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la
información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados
por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas,
sin legitimidad periodística.
Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las
andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles.
Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño,
Bieito Rubido, reconoció que había una relación entre su medio y los
servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto.
En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española,
hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por
narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).
Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola
evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de
cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo,
pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del
narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda
fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió
del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de
alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión
que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación
sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como
recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la
ONU o la OEA.
El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono
contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia
julio-agosto de 2016. Y para ello, Washington intensificó su política
de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el
marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por
la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver
documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos
diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de
inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys
empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus
intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la
Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.
El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA
Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción
ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la
detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del ex jefe
de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de
Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.
En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA
del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en
vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo
como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado
intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal,
discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex
pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el
trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.
En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba
el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su
esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo
siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de
Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al
aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con
agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una
orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la
tercera sala penal de la Audiencia Nacional.
El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de
Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del
diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede
al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En
interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al
informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU
había remitido a la Audiencia Nacional.
El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada
en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la
recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime,
bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese
centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy
−del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que
volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía
de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se
basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas,
pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a
posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que,
con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por
Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.
Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia
estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como
“persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el
testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al
ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal
con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo
relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y
pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y
principios básicos, formales y no informales.
Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo
buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin
embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición
por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una
motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia
política estadunidense respecto a Venezuela”.
Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos
concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la
“conducta” que las autoridades estadunidenses imputaban a Hugo Carvajal
“se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia
militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado
su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en
narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados
Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o
posesión de armas de fuego.
Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada
sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la
investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter
delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la
descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la
declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el
necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los
delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que
sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e
inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del
delito imputado”.
Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición de
salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de
noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el
Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no
estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron
presiones del consejero jurídico de la embajada de España en
Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su
desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por
narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una
especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra
EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción
jurídica de hechos delictivos concretos”.
Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar,
Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una
“vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había
desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el
fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre
el Cártel de los Soles.
En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que
incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a
boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de
oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que
sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha
quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking),
con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum
Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera
víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días
podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela,
con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el
objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las
potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.
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