Mientras las noticias
espectaculares sobre América Latina están centradas en las “pacíficas”
protestas callejeras de los ricos en contra de los pobres en Venezuela,
en la América Latina profunda los pueblos indígenas y campesinos
soportan una sangrienta y recargada represión neoliberal permanente, sin
que ello sea noticia.
El pasado 20 de mayo, los hermanos Miguel y
Agustín Vázquez, defensores del pueblo indígena Wixárrika, fueron
asesinados por hombres armados, en un hospital, en Jalisco, México.
El
22 de mayo, en Chiapas, México, fue asesinado el defensor indígena,
Guadalupe Huet, del pueblo indígena tzotzil, y consejero de la
Organización Nacional del Poder Popular.
Según representante de
la ONU en México, estos asesinatos están relacionados con la defensa de
derechos que realizaban las víctimas.[1]
El pasado sábado 27 de
mayo, Carlos Maaz Coc, indígena maya q’echí, del gremial de pescadores,
fue asesinado en El Estor, Izabal, Guatemala, en el desalojo violento
que realizó la Policía Nacional Civil de una protesta contra la empresa
minera (CGN) que contamina el lago donde pescan. El gobierno nacional,
no sólo respondió con represión a las demandas legítimas de los
defensores del lago, sino que negó que existiese persona fallecida en el
desalojo.
En Colombia, después de la firma de los Acuerdos de
Paz, ya suman más de 30 defensores indígenas y campesinos asesinados
violentamente. Todos por defender tierra y territorios. El último caso
fue el asesinato del Gobernador del Cabildo Kite Kiwe, Gerson Acosta
Salazar, en Timbío, Cauca, el pasado 19 de abril.[2]
Todos
estos y otros asesinatos premeditados ocurren en pueblos indígenas que
defienden sus territorios y medios de vida ante la violenta invasión de
empresas hidromineras, sin licencia social.
¿Qué dicen los gobiernos neoliberales y organismo internacionales?
La
honestidad intelectual y espiritual del entonces Canciller de
Guatemala, Harold Caballero, en 2012, ante las denuncias públicas de la
masacre de indígenas mayas en Totonicapán, por las fuerzas del orden,
expresa el pensamiento compartido por los gobiernos neoliberales: El
pastor evangélico y político que fungía como Canciller dijo:
“Tampoco vamos alarmarnos con ocho muertes. Aquí tenemos todos los días el doble de ocho asesinatos”.[3]
Si
bien, organismos internacionales como la ONU emiten sus voces de
“preocupación” al respecto. Otros, como la Relatoría de pueblos
indígenas de la OEA son silentes cómplices.
Sin embargo, hay
organismo financieros internacionales como el Banco Mundial (que
financian proyectos hidromineros por todas partes) que son elocuentes en
su valoración sobre el delicado tema.
En abril del 2016, en
Nueva York, Jim Jong Kim, Presidente del Banco Mundial, al referirse al
asesinato de la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, justificó aquel
acto delictivo en los siguientes términos:
“No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes.”[4]
Estas
reacciones premeditadas de lo más “sublime” de la civilidad de las
sociedades hegemónicas actuales evidencia lo medular de la filosofía
occidental moderna respecto a los pueblos indígenas. En especial sobre
defensores indígenas en resistencia ante avasallamiento de la mítica
inversión privada en los territorios.
Para ellos, los derechos
humanos son privilegios privativos para los nichos sociales que ellos
representan. Al igual que la dignidad y la condición humana.
El o
la indígena no tiene derechos. Sólo obligaciones. No es un ser humano,
sino un complemento más de la tierra y de los bienes a saquear para
generar divisas (para otros). El o la indígena tiene derechos sí, y sólo
si es para defender la finca del patrón.
El o la indígena en resistencia es un patógeno a erradica de las fincas
Los
“inversionistas” y gobiernos neoliberales protegen a los animales en
extinción de la fauna silvestre, mientras aniquilan a mansalva a
familias y pueblos indígenas enteros en busca del desarrollo criminal.
Promueven
y premian a indígenas exóticos académicos y obedientes, pero castigan
mortalmente a indígenas insumisos y en resistencia porque temen que la
obediencia cristianamente instalada en las fincas (como máxima virtud)
sea provocada por la insolencia de atrevidos defensores indígenas de
derechos.
Estos neoliberales gobiernos democráticos y sus
“inversionistas” del mal desarrollo, moral e intelectualmente, son más
voraces que Colón, Cortés, Alvarado, Pizarro, Almagro, y otros,
invasores de la primera generación. Éstos por lo menos no alardeaban
discursos sobre derechos humanos universales, mucho menos presumían
gobiernos democráticos, como sí lo hacen los actuales gobiernos de
Guatemala, Honduras, México, Perú, Colombia,… países donde, acuerpados
por organizaciones como la OEA, se masacran selectiva y silenciosamente a
defensoras/es indígenas de manera impune, sistemático y permanente.
Notas:
[1] https://www.servindi.org/
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