Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.
Colegas y amigos de las radios Comunitarias y Universitarias en español:
Reciban un fraternal saludo de parte del "Colectivo Alternativa Latinoamericana", organizadores del "Encuentro de Radios Comunitarias y Universitarias en Canadá, están como cada año invitadas e invitados a participar al XXIV Aniversario del Encuentro.
La Maratón Radiofónica de "24 horas de Programación En Español"se realizará como es costumbre en los estudios de CFRU 93.3 FM, ubicados en el Campus de la Universidad de Guelph, los días 7 y 8 de Octubre de este año 2016 en el horario de;
Sábado 7 de octubre, de 6 de la tarde a 12 de la noche y
Domingo 8 de octubre, de 6 de la mañana a 12 de la noche
Como es sabido la parte más importante del encuentro son ustedes nuestros invitados e invitadas, la participación puede ser en vivo o a través de su material enviado a nuestro correo en formato mp3 para las radios fuera de Canada.
los requisitos son:
*** material acorde a los temas de este Encuentro 2017
*** duración de sesenta minutos
*** trabajo original que puede ser en base a los temas: de debate, de opinión, de investigación o trabajo realizado por ustedes en radiocomunitaria o universitaria,
*** los temas pueden abordarse desde lo político, la opinión, el debate o lo cultural.
*** un espacio para describir la radio que representan
*** y un saludo para el Colectivo Alternativa Latinoamericana mencionando que están participando en el Vigésimo Cuarto Encuentro de Radios comunitarias y Universitarias en Canadá
Los temas de éste año son :
* "Tu querida presencia" homenaje al "Che" en el 50 aniversario de su caída heróica en Bolivia. La presencia del Che en cada trinchera, en cada lucha. Che el revolucionario, Che el ser humano.
** Ante la acometida de la derecha cuál ha sido la respuesta del movimiento social en cada país ?
Nota: Considerando los temas de esta edicion, los participantes no necesariamente tienen que pertenecer a una radio universitaria o comunitaria
Si desea ser parte de este evento, favor de confirmar su participación antes del dia 1 de octubre. Para más información comunicarse con Hilda Venegas hildavene@gmail.com o Sergio Pochon enviando un correo a : alternativalatinoamericana@gmail.com
El Evento será transmitido para las regiones de Wellington y Waterloo, por las siguientes frecuencias: 93.3 FM
Y para el resto del mundo a través del Internet en el sitio Web de CFRU 93.3 FM www.cfru.ca
Introducción En
los últimos meses varios sectores políticos, económicos y militares en
competencia –ligados a distintos grupos ideológicos y étnicos– han
surgido claramente en los centros de poder. Podemos identificar algunas claves de la competencia y direcciones entrelazadas de la elite del poder:
Neoliberales [free marketers], con la presencia omnipresente del grupo "Israel First".
Capitalistas nacionales, vinculados a los ideólogos de derecha.
Generales, vinculados a la seguridad nacional y al aparato del Pentágono, así como a la industria de defensa.
Elites empresariales, vinculadas al capital global.
Este ensayo intenta definir a los poderosos, evaluar su rango de poder y su impacto. La elite del poder económico: el grupo “Israel-First” y los CEOs2 de Wall Street El grupo “Israel First”
domina las principales posiciones económicas y políticas dentro del
régimen de Trump y, curiosamente, está entre los opositores más
vociferantes de la Administración. Estos incluyen: la presidenta de la
Reserva Federal, Janet Yellen, así como su vicepresidente, Stanley
Fischer, ciudadano israelí y exgobernador (sic) del Banco de Israel.
Jared Kushner, el yerno del presidente Trump y un judío ortodoxo, actúa
como su principal asesor en asuntos de Medio Oriente. Kushner, un
magnate inmobiliario de Nueva Jersey, se estableció como el archienemigo
de los nacionalistas económicos en el círculo interno de Trump. Apoya
todo el poder israelí y la toma de tierras en el Medio Oriente y trabaja
en estrecha colaboración con David Friedman, Embajador de EE.UU. en
Israel (y fanático partidario de los asentamientos judíos ilegales) y
Jason Greenblatt, representante especial para las negociaciones
internacionales. Con tres Israel-First’ers determinando la política de
Medio Oriente, no hay ningún contrapeso. El Secretario del
Tesoro es Steven Mnuchin, exejecutivo de Goldman Sachs, quien lidera el
ala del mercado libre neoliberal del sector de Wall Street dentro del
régimen de Trump. Gary Cohn, un influyente de Wall Street desde hace
mucho tiempo, encabeza el Consejo Económico Nacional. Forman los
principales asesores de negocios y lideran la coalición neoliberal,
anti-nacionalista, comprometida a socavar las políticas económicas
nacionalistas de Trump. Una voz influyente en la oficina del
Fiscal General es Rod Rosenstein, quien nombró a Robert Mueller como el
investigador en Jefe, lo que llevó a la eliminación de los nacionalistas
de la Administración Trump. El hada madrina del equipo antinacionalista Mnuchin-Cohn es Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs. Los tres “Israel-First-banqueros”
están encabezando la lucha para desregular el sector bancario, que
había devastado la economía, conduciendo al colapso del 2008 y llevando a
juicio hipotecario a millones de propietarios y empresas
estadounidenses. La élite del mercado libre “Israel First”
se extiende por todo el espectro político, incluyendo a los demócratas
en el Congreso, dirigidos por el líder de la minoría del Senado, Charles
Schumer y el jefe demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara
Adam Schiff. Los “Israel First” del Partido Demócrata se ha aliado con
sus hermanos neoliberales en la búsqueda de investigaciones y campañas
en los medios masivos de comunicación contra los nacionalistas
económicos de Trump y su eventual purga de la Administración. La elite del poder militar: los generales
La élite del poder militar ha tomado el relevo del presidente electo en
la toma de decisiones importantes. Donde una vez los poderes de la
guerra descansaban en el Presidente y el Congreso, hoy una colección de
fanáticos militaristas hace y ejecuta la política militar, decide las
zonas de guerra y presiona para una mayor militarización de la policía
doméstica. Trump ha delegado decisiones cruciales sobre lo que él llama
cariñosamente "mis generales" mientras sigue evadiendo acusaciones de
corrupción y racismo. Trump nombró a un general de cuatro
estrellas, James “Perro loco” Mattis –quien lideró la guerra en
Afganistán e Irak-, como Secretario de Defensa. Mattis (cuyas "glorias"
militares incluyeron el bombardeo de una gran fiesta de bodas en Irak)
está liderando la campaña para intensificar la intervención militar
estadounidense en Afganistán –una guerra y ocupación que Trump había
condenado abiertamente durante su campaña. Como Secretario de Defensa,
el general “Perro loco” empujó al desanimado Trump a anunciar un aumento
de las tropas terrestres y los ataques aéreos estadounidenses por todo
Afganistán. Fiel a su muy divulgado nom-de-guerre, el general es un rabioso defensor de un ataque nuclear contra Corea del Norte.
El Teniente General H.R. McMaster (un general activo de tres estrellas y
defensor de la prolongación de las guerras en Medio Oriente y
Afganistán) se convirtió en consejero de Seguridad Nacional después de
la purga del aliado de Trump, el Teniente General Michael Flynn, quien
se opuso a la campaña de confrontación y sanciones contra Rusia y China.
McMaster ha sido el instrumento en la eliminación de “nacionalistas”
de la Administración Trump y se une al general “Perro Loco” Mattis para
presionar una mayor acumulación de tropas estadounidenses en
Afganistán. El Teniente General John Kelly (Marine retirado),
otro veterano de guerra de Irak y entusiasta del cambio de régimen en
Medio Oriente, fue nombrado Jefe de Gabinete de la Casa Blanca tras la
expulsión de Reince Priebus. La troika de tres generales
en la Administración comparte con los asesores neoliberales del
Israel-First de Trump, Stephen Miller y Jared Kushner, una profunda
hostilidad hacia Irán y apoya plenamente la exigencia del Primer
Ministro israelí Netanyahu de que el Acuerdo Nuclear de 2015 con Teherán
sea desechado. La dirección militar de Trump garantiza
que el gasto en guerras en el extranjero no se verá afectado por
recortes presupuestarios, recesiones o incluso desastres nacionales. Los “generales”,
los neoliberales del Israel-First y la élite del Partido Demócrata
dirigen la lucha contra los nacionalistas económicos y han logrado
asegurar que el imperio militar y económico de la Era Obama se mantendrá
en su lugar e incluso se expandirá. La elite económica-nacionalista
El principal estratega e ideólogo de los aliados
económico-nacionalistas de Trump en la Casa Blanca fue Steve Bannon.
Había sido el arquitecto político principal y el asesor de Trump durante
la campaña electoral. Bannon ideó una campaña electoral que favoreciera
las manufacturas nacionales y a los trabajadores estadounidenses contra
Wall Street y las corporaciones multinacionales neoliberales.
Desarrolló el ataque de Trump contra los tratados comerciales mundiales,
que había llevado a la exportación de capital y la devastación de la
mano de obra manufacturera estadounidense. Igualmente
significativo, Bannon elaboró la temprana oposición pública trumpista a
la intervención de 15 años, y trillones de dólares, en Afganistán y aún
las más costosas series de guerras en Medio Oriente favoreciendo a los
Israel-First, incluida la actual guerra mercenaria para derrocar el
gobierno secular nacionalista de Siria. A los ocho meses de la
administración de Trump, las fuerzas combinadas de la élite económica y
militar del libre mercado, los líderes del Partido Demócrata, los
militaristas abiertos del Partido Republicano y sus aliados en los
medios masivos de comunicación lograron purgar a Bannon –marginando a su
masiva base de apoyo de su agenda “America First”, nacionalista económicamente y anti-régimen. La "alianza"
anti-Trump ahora tendrá como objetivo a los pocos nacionalistas
económicos que quedan en la Administración. Estos incluyen: el director
de la CIA Mike Pompeo, quien favorece el proteccionismo debilitando los
acuerdos comerciales de Asia y el TLCAN, y Peter Navarro, presidente del
Consejo de Comercio de la Casa Blanca. Pompeo y Navarro se enfrentan a
la fuerte oposición ascendente de la neoliberal troika sionista que
ahora domina el régimen de Trump. También, al Secretario de Comercio,
Wilbur Ross, millonario y exdirector de Rothschild Inc., quien se alió
con Bannon en las amenazas de imponer cuotas de importación para hacer
frente al enorme déficit comercial de Estados Unidos con China y la
Unión Europea. Otro aliado de Bannon es el representante
comercial estadounidense Robert Lighthizer, exanalista militar y de
inteligencia con vínculos con el portal informativo Breitbart. Es un
fuerte opositor de los globalizadores neoliberales dentro y fuera del
régimen de Trump. "Asesor Senior" y escritor de
discursos de Trump, Stephen Miller promueve activamente la prohibición
de viajar a los musulmanes y restricciones más severas a la inmigración.
Miller representa el ala de Bannon dentro de la fanática cohorte pro-Israelí de Trump.
Sebastian Gorka, ayudante adjunto de Trump en asuntos militares y de
inteligencia, era más un ideólogo que un analista, que escribió para
Breitbart y dirigió la oficina tras las faldas de Bannon. Justo después
de expulsar a Bannon, los “generales” purgaron a Gorka a principios de agosto por acusaciones de “antisemitismo”.
Quien permanezca entre los nacionalistas económicos de Trump
permanecerá significativamente sin influencia debido la pérdida de Steve
Bannon, que había proporcionado liderazgo y dirección. Sin embargo, la
mayoría tiene antecedentes sociales y económicos que también los
vinculan a la élite del poder militar en algunos asuntos y con
los neoliberales pro-israelíes en otros. A pesar de ello, sus creencias
básicas habían sido moldeadas y definidas por Bannon. La elite del poder empresarial
El CEO de Exon Mobile, Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump y
el exgobernador de Texas, Rick Perry, Secretario de Energía, lideran la
élite empresarial. La élite empresarial asociada con la manufactura y la
industria estadounidenses tiene poca influencia directa en la política
interior o exterior. Mientras siguen a los neoliberales de Wall Street
en política interior, están subordinados a la élite militar en política
exterior y no están aliados con el núcleo ideológico de Steve Bannon.
La élite empresarial de Trump, que no tiene ningún vínculo con los
nacionalistas económicos en su régimen, brinda una cara más amistosa a
los aliados y adversarios económicos de ultramar. Análisis y conclusión
La élite del poder atraviesa las filiaciones partidistas, las ramas del
gobierno y las estrategias económicas. No se limita al Partido
Republicano o al Demócrata. Incluye neoliberales, algunos nacionalistas
económicos, agentes de poder de Wall Street y militaristas. Todos
compiten y luchan por el poder, la riqueza y el dominio dentro de esta
Administración. La correlación de fuerzas es volátil, cambiando
rápidamente en cortos períodos de tiempo –lo que refleja la falta de
cohesión y coherencia en el régimen de Trump. Nunca la élite de
poder estadounidense ha estado sometida a tan monumentales cambios en la
composición y dirección durante el primer año de un nuevo régimen.
Durante la presidencia de Obama, Wall Street y el Pentágono
compartieron cómodamente el poder con los multimillonarios del Silicon
Valley y con la élite de los medios masivos de comunicación. Estaban
unidos en la búsqueda de una estrategia imperialista "globalista",
acentuando múltiples teatros de guerra y tratados multilaterales de
libre comercio, que estaban en el proceso de reducir a millones de
obreros estadounidenses a la esclavitud permanente. Con la
inauguración del Presidente Trump, esta élite del poder enfrentó
desafíos y la emergencia de una nueva configuración estratégica, que
buscó cambios drásticos en la política económica y militar de Estados
Unidos. El arquitecto de campaña y estratega del Trump, Steve
Bannon, buscó desplazar a la élite económica y militar global con su
alianza de nacionalistas económicos, obreros manufactureros y elites de
negocios proteccionistas. Bannon presionó para una ruptura importante
con la política de Obama, de múltiples guerras permanentes, para
expandir el mercado interno. Propuso el retiro de las tropas y el fin de
las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán, Siria e
Irak, al tiempo que aumentó una combinación de presión económica,
política y militar sobre China. Trató de poner fin a las sanciones y
enfrentamientos contra Moscú y crear vínculos económicos entre los
gigantes productores de energía en Estados Unidos y Rusia.
Mientras Bannon era inicialmente el principal estratega de la Casa
Blanca, rápidamente se encontró, cara a cara, con poderosos rivales
dentro del régimen, ardientes globalistas Demócratas y Republicanos y
especialmente neoliberales sionistas quienes maniobraron
sistemáticamente para ganar posiciones económicas y políticas,
estratégicas dentro del régimen. En lugar de ser una plataforma
coherente desde la cual formular una nueva estrategia económica radical,
la Administración Trump se convirtió en un "terreno de lucha" caótico y
vicioso. La estrategia económica de Bannon apenas estaba comenzando a emerger de la tierra.
Los medios masivos de comunicación y los agentes del aparato estatal,
vinculados a la estrategia de guerra permanente de Obama, primero
atacaron la propuesta de reconciliación económica de Trump con Rusia.
Para evadir cualquier “descalificación”, fabricaron la
conspiración rusa de espías y manipulación de elecciones. Sus primeros
tiros exitosos fueron disparados contra el Teniente General Michael
Flynn, aliado de Bannon y principal defensor para revertir la política
de Obama/Clinton de enfrentamiento militar con Rusia. Flynn fue
rápidamente destruido y amenazado abiertamente con ser procesado como un
"agente Ruso" en la histeria provocada, que se asemejaba a los días del senador Joseph McCarthy.
Los puestos económicos clave en el régimen de Trump se dividieron entre
los neoliberales Israel-First y los nacionalistas económicos. El
presidente Trump, “El negociador”, trató de enganchar a los sionistas
neoliberales, afiliados a Wall Street, con la clase obrera vinculada a
la base electoral trumpista, formulado nuevas relaciones con la Unión
Europea y China, lo que favorecería a la manufactura estadounidense.
Dadas las diferencias irreconciliables entre esas fuerzas, el ingenuo
"pacto de clase" de Trump debilitó a Bannon, socavó su liderazgo y
destruyó su estrategia económica nacionalista. Mientras
Bannon había conseguido varios nombramientos económicos importantes, los
neoliberales sionistas socavaron su autoridad. La cohorte
Fischer-Mnuchin-Cohn estableció con éxito una agenda competitiva.
Toda la élite del Congreso de ambos partidos se unió para paralizar la
agenda de Trump-Bannon. Las gigantescas corporaciones de los medios
masivos de comunicación sirvieron como un megáfono histérico y cargado
de rumores para los fanáticos investigadores del Congreso y del FBI que
magnificaban cada sutileza de las relaciones del gobierno norteamericano
de Trump con Rusia en busca de conspiración. La combinación
Estado-Congreso y el aparato de los medios de comunicación aplastaron a
la masiva base electoral de Banon, desorganizada y desprevenida, que
había elegido a Trump. Completamente derrotado, el desdentado
Presidente Trump se retiró en busca desesperada de una nueva
configuración de poder, delegando sus operaciones diarias a "sus generales".
El Presidente civil electo de los Estados Unidos abrazó la búsqueda de
sus generales, de una nueva alianza militar-globalista y la escalada de
las amenazas militares contra Corea del Norte, incluyendo a Rusia y
China. Afganistán fue inmediatamente blanco de una intervención
ampliada. Trump reemplazó eficazmente la estrategia económica
nacionalista de Bannon con un reanimado enfoque militar de guerras
múltiples de Obama. El régimen de Trump volvió a lanzar los
ataques de Estados Unidos contra Afganistán y Siria –superando el uso
por parte de Obama de ataques de drones contra presuntos militantes
musulmanes. Intensificó las sanciones contra Rusia e Irán, abrazó la
guerra de Arabia Saudita contra el pueblo de Yemen y puso toda la
política de Medio Oriente en manos de su asesor político, el ultra
sionista Jared Kushner (magnate inmobiliario y yerno) y el embajador de
Estados Unidos en Israel David Friedman. El retiro de Trump se
convirtió en una derrota grotesca. Los generales abrazaron a los
sionistas neoliberales en el Tesoro y a los militaristas globales del
Congreso. El director de Comunicación Anthony Scaramucci fue despedido.
El Jefe del Gabinete de Trump, John Kelly, purgó a Steve Bannon.
Sebastian Gorka fue expulsado. Los ocho meses de lucha interna
entre los nacionalistas económicos y los neoliberales han terminado: La
alianza sionista-globalista con los generales de Trump ahora dominan a la elite de poder.
Trump está desesperado por adaptarse a la nueva configuración, aliada
de sus propios adversarios en el Congreso y los medios masivos de
comunicación rabiosamente anti-Trump. Habiendo casi diezmado a
los nacionalistas económicos de Trump y su programa, la elite de poder
montó entonces una serie de acontecimientos magnificados por los medios
que se centraban en un golpe local en Charlottesville, Virginia, entre
"supremacistas blancos" y "antifascistas". Después de que la
confrontación condujera a la muerte y al daño, los medios utilizaron el
intento inepto de Trump de culpar a ambos bandos como prueba de los
vínculos del presidente con los neonazis y el KKK. Los neoliberales y
los sionistas, dentro de la administración Trump y sus consejos
empresariales, se unieron al ataque contra el presidente, denunciando su
incapacidad de culpar de inmediato y unilateralmente a los extremistas
de derecha por la violencia. Trump está recurriendo a los
sectores de negocios y a la élite del Congreso en un intento desesperado
por mantener un apoyo a través de promesas de decretar masivos recortes
de impuestos y desregular todo el sector privado. La cuestión
decisiva ya no se refería a una política u otra, ni siquiera a una
estrategia. Trump ya había perdido en todas las batallas. La "solución final"
al problema de la elección de Donald Trump está avanzando paso a paso
–su destitución [impeachment] y posible detención por todos y cada uno
de los medios. Lo que el auge y la destrucción del nacionalismo económico en la “persona” de Donald Trump nos dice es que el
sistema político estadounidense no puede tolerar ninguna reforma
capitalista que pueda amenazar a la élite imperialista globalista.
Los escritores y activistas solían pensar que sólo los regímenes
socialistas elegidos democráticamente serían el blanco del coup d’état
sistemático. Hoy en día las fronteras políticas son mucho más
restrictivas. Apelar al "nacionalismo económico", completamente
dentro del sistema capitalista, y buscar los acuerdos comerciales acorde
a ello, es invitar a ataques políticos salvajes, inventos de
conspiraciones y relevos militares internos que terminan en "cambio de
régimen". La purga hecha por la élite militarista-globalista
contra los nacionalistas económicos y anti-militaristas fue apoyada por
toda la izquierda de los Estados Unidos, salvo algunas notables
excepciones. Por primera vez en la historia, la izquierda se convirtió
en un arma organizativa pro-guerra, pro-Wall Street, pro-derecha
sionista en la campaña para derrocar al presidente Trump. Más aún,
movimientos y líderes locales, funcionarios sindicales, políticos de
derechos civiles y de inmigración, liberales y socialdemócratas se han
unido en la lucha por restaurar lo peor de todos los mundos: la política
Clinton-Bush-Obama/Clinton de guerras múltiples permanentes,
incrementando las confrontaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela y
la desregulación de la economía estadounidense por parte de Trump y
recortes fiscales masivos para los grandes negocios. Hemos
recorrido un largo camino: desde las elecciones hasta las purgas y de
los acuerdos de paz hasta las investigaciones policiales. Los
nacionalistas económicos de hoy son etiquetados como "fascistas"; y los trabajadores excluidos son ¡"los deplorables"!
Los estadounidenses tienen mucho que aprender y desaprender. Nuestra
ventaja estratégica puede residir en el hecho de que la vida política en
los Estados Unidos no puede empeorar –realmente hemos tocado fondo y
(salvo una guerra nuclear) sólo podemos mirar hacia arriba. Notas: 1
Traducción libre del artículo de James Petras, “Who Rules America?
The Power Elite in the Time of Trump”, publicado el 5 de septiembre de
2017 en http://petras.lahaine.org/?p=2153. 2
CEO es el acrónimo en inglés de Chief Executive Officer, designa a la
persona con la máxima autoridad de la gestión en alguna empresa,
administración, organización o institución. Traducciones libres del Centro de Estudios, Documentación y Análisis Materialista (CEDAM) cdamcheguevara.wordpress.com cedam.ecg@gmail.com www.facebook.com/cedamecg.cedamecg
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dictó este sábado
una resolución en la que pide al presidente Jimmy Morales instruir a las
fuerzas de seguridad a fin de que garanticen y protejan el derecho de
libre manifestación pacífica de los guatemaltecos. Opositores a Morales
convocaron a un paro nacional para pedir la renuncia del mandatario
–acusado de de actos de corrupción– y la depuración del Congreso, donde 107 diputados votaron en favor de mantener la inmunidad presidencial pese a las acusaciones.
La resolución se da en el contexto de las manifestaciones que
comenzaron hace dos semanas contra Morales y que arreciaron esta semana
por actuaciones del Legislativo en una relación de hechos que los
guatemaltecos consideran un pacto de impunidad.
La CC previene a Morales y le pide instruir a los responsables de la seguridad pública para que permitan este derecho, además de preservar el orden público. El fallo fue dictado ante dos acciones legales, una de ellas a cargo de diputados op
ositores para evitar posibles limitaciones o represión a manifestantes.
En relación con el orden público, la CC también advierte que
la autoridad debe prevenir y evitar “actos de provocación o violencia.
Si bien las acciones legales en este tema fueron presentadas a
mediados de semana ante la CC, la resolución del organismo surge horas
después que un grupo de manifestantes, algunos alcoholizados, no
permitió la salida de los congresistas de la sede del Congreso Nacional,
lo que provocó la acción de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante
su unidad antimotines.
El colectivo de organizaciones sociales Justicia Ya emitió este sábado un comunicado condenando la presencia de infiltrados en las manifestaciones pacíficas. El colectivo también convocó a un paro nacional para el miércoles.
Este movimiento expresó su repudio al pacto de corruptosy
exigió la renuncia de los 104 diputados que el pasado lunes votaron en
apoyo a Morales para que éste no fuera despojado de su inmunidad para
responder ante la justicia común por el delito de financiamiento
electoral ilícito en la campaña de 2015, cuando ganó la Presidencia.
El candidato presidencial independiente y ultra conservador del pinochetismo, José Antonio Kast, propuso retirar la estatua del presidente Salvador Allende, ubicada cerca del palacio de La Moneda en gesto provocador. A tres días del 44 aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el diputado presentó un documento con su idea en materia de "verdad y reconciliación".
En la Plaza Constitución y ante el monumento a Allende, acompañado de la llamada familia militar, Kast sostuvo que "homenajear a uno de los más grandes responsables del quiebre político, social e institucional del país es un grave error y más encima, tenerla frente a La Moneda, es un agravio mayor". En declaraciones a la prensa, añadió que Allende "es una persona que genera conflicto, división, que llevó a este país a una situación extrema, donde él mismo fue derrocado por el pueblo. "Aquí en Chile se produjo una rebelión civil que terminó con el gobierno de Salvador Allende que se puso fuera del marco legal y la Constitución", disparó. Propuso a cambio una estatua de Patricio Aylwin (primer mandatario electo democráticamente tras la dictadura cívico militar), quien, dijo Kast, "es una figura distinta que simboliza el reencuentro de los chilenos a partir de la democracia". Añadió que, de ser electo, eliminará todos los homenajes, cuadros y recordatorios del interior de La Moneda y en otros edificios públicos, como un acto que busca reconciliar al país "y no seguir escribiendo la historia sólo con la mano izquierda". De Punta Peuco, planteó que en vez de cerrarlo, "lo que necesitamos es ampliar su capacidad, para que todos los procesados, acusados y condenados, por la eventual participación en violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, estén recluidos en el mismo lugar y no en cárceles comunes". Propuso también "extender" el periodo de estudio del Museo de la Memoria para que abarque no sólo los hechos que ocurren a partir del 11 de Septiembre de 1973, sino que "también dé cuenta de la grave crisis que afectó al país en los años previos". Asimismo, "impulsar el final de la transición política mediante la igualdad de todos ante la ley, incluyendo un nuevo trato a los militares privados de sus derechos humanos fundamentales". Por último, "crear una comisión especial de Gobierno para auditar los fondos que se entregan a exonerados, torturados y otras reparaciones" a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973-1990. Hoy también fue publicada una carta en el diario El Mercurio, donde 16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden acusaron que militares y carabineros en retiro sufren una "brecha que los separa de la sociedad". Aludieron a "la apertura de nuevos procesos, ya no solo vinculados con muertes o desapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede". Recordaron que el penal Punta Peuco se construyó en acuerdo político para el cumplimiento de penas privativas de libertad y que el anuncio de cierre lo trasgrede. Compo también la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo. A juicio de los ex uniformados, estos hechos "marcan un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición". La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, consideró la carta "una amenaza a la democracia". "En pocas palabras es una amenaza soterrada a la democracia, porque ante la cobardía, la felonía y la sedición les gritamos en su cara verdad y justicia", dijo Pizarro. La ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez, llamó a cuidar el lenguaje sobre todo en una fecha "tan sensible" para muchas familias chilenas. http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/09/08/candidato-de-derecha-quiere-retirar-estatua-allende_3e0e015d-13ab-4a92-addc-5ccaea26c55f.html
El
pedido de recusar a Otranto se basa en que la desaparición de Maldonado
se produjo en un operativo realizado a partir de la orden del propio
juez, por lo que estaría implicado.
La abogada de la
familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, solicitó la recusación
del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y de la secretaria del
juzgado, Silvina Salvaré. La decisión de la querella fue adoptada luego
de que se difundieran videos con las declaraciones de testigos clave en
la causa por la desaparición forzada.
Uno de los argumentos
esgrimidos por Heredia es que Otranto no puede realizar una
investigación donde él mismo estaría implicado. El razonamiento de la
querella es el siguiente: la desaparición forzada de Santiago Maldonado
ocurre luego del ingreso de Gendarmería a la Pu Lof, que se ocasionó
como resultado de la orden de Otranto de despejar la Ruta Nacional 40.
Otro
de los argumentos es la falta de voluntad para realizar una
investigación en profundidad, sobre todo en la responsabilidad que le
cabría en el operativo a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio
de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Heredia cita una
nota periodística donde Otranto reconoce que estuvo reunido con Noceti
para “evaluar la situación” y, ante la consulta de si lo llamaría a
declarar, el juez respondió que no pensaba hacerlo.
Además, la
querella solicitó la unificación de los dos expedientes (desaparición
forzada y el Habeas Corpus) y que la investigación sea reasumida por el
juez que, eventualmente, reemplace a Otranto. Ahora, el magistrado
deberá decidir si se aparta o no. En caso de rechazar la recusación,
deberá intervenir la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Según
indicaron a este diario fuentes con acceso al expediente, la querella
podría solicitar incluso un recurso de excepción ante la Corte. Por lo
pronto, Otranto ordenó ayer realizar una reconstrucción de los hechos
ocurridos el 1 de agosto.
El pedido de apartamiento ocurrió el
mismo día en que ingresaron al expediente las pericias realizadas sobre
70 teléfonos secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo
(aunque todavía no está clara la cantidad de los efectivos que
estuvieron en la Lof y sobre la Ruta 40, ya que los libros de los
distintos escuadrones son inconsistentes). De los teléfonos de los
gendarmes podrían surgir videos o fotos tomadas durante el operativo y
también ser claves para determinar quiénes estuvieron cerca (o no) del
teléfono que pertenecía a Maldonado y que el 2 de agosto recibió una
llamada de Ariel Garzi, amigo de Santiago. Ese llamado se efectuó a una
línea con característica de Chile, y según la información remitida por
Otranto al defensor oficial Fernando Machado, las autoridades chilenas
no enviaron ninguna información hasta el momento.
La crisis del gobierno
de Jimmy Morales era previsible, ya que es resultado de una elección
amañada y una salida a la crisis de 2015 que no resolvió las causas
fundamentales que la generaron. También era previsible por el círculo de
poder del presidente, integrado por grupos vinculados con violaciones
de derechos humanos y hechos ilícitos, así como por las incapacidades y
ejecuciones erróneas de aquel.
No es extraño, pues, que el detonante
de esta crisis sea el muy probable involucramiento delictivo del
presidente en el financiamiento ilícito de su campaña cuando era
secretario general del partido FCN-Nación. Este hecho tiene como
antecedente las inconsistencias contables en 2014 y 2015, que provocaron
la sanción del Tribunal Supremo Electoral a dicho partido en 2016. A
esto se suman los intentos fallidos del Ejecutivo de lograr la
sustitución del comisionado de la Cicig y su posterior expulsión del
país luego de declararlo no grato. Esto hizo que el Gobierno quedara aún
más en entredicho, principalmente porque el presidente es parte
investigada en un contexto en el cual la Cicig y el MP cuentan con
opinión pública favorable gracias a sus resultados.
Lo anterior
constituyó un factor grave que ahondó el proceso de desgaste y de
pérdida de legitimidad del gobierno de Morales, sobre el cual pesan
ahora señalamientos por su acción oficiosa a favor de sectores oscuros
que intentan mantenerse impunes. No obstante el revés al antejuicio
vivido el 11 de septiembre, el riesgo de su relevo continúa. En este
marco, es posible una sustitución presidencial al estilo de 2015, de la
cual no está exento tampoco el vicepresidente Jafeth Cabrera, dados los
indicios de que también él pudo haber aceptado financiamiento ilícito.
Quienes controlan los hilos de poder podrían proceder —ciertamente
presionados— de la manera como lo hicieron con Pérez Molina y Baldetti,
es decir, operando las instituciones para sacrificar figuras políticas
prescindibles. De hecho, cuentan con los recursos y las capacidades de
poder para decidirlo. Esto podría suceder, dado que las posibilidades de
maniobra del gobernante pueden debilitarse fácilmente. Los apoyos
públicos y tras bambalinas, incluso el de más de algún grupo corporativo
empresarial, parecieran ser insuficientes para evitar un desenlace
desfavorable para el gobierno. Además, crece la movilización ciudadana y
la opinión de que el presidente sea investigado y procesado, posición
que aparentemente es la misma de la Embajada de Estados Unidos. Por su
parte, el Cacif, pese a que ha manifestado su acuerdo con la Cicig,
presenta un ejercicio de poder dudoso y más pareciera apoyar a Morales
por las implicaciones que el caso podría tener para varios empresarios
grandes.
Ya que el Congreso improbó el antejuicio contra el
presidente —a pesar de las evidencias irrefutables—, la crisis se amplía
y profundiza. Con el desgaste que pesa sobre este organismo, es
susceptible de convertirse en un objetivo de depuración por la
ciudadanía y por poderes como la Embajada de Estados Unidos. Si la
presión interna y externa se incrementa y se suman otros casos de
relevancia investigados por la Cicig, como Odebrecht, la demanda de
relevo presidencial y la depuración del Congreso podrían imponerse como
una salida en un momento determinado.
Así las cosas, estamos
ante un gobierno que presenta una fuerte ilegitimidad por desconfianza,
descontento y desaprobación; que tiene dificultades para lograr
resultados; que enfrenta renuncias en su equipo de gobierno que podrían
ser iniciales; que experimenta el retiro del apoyo de actores de primer
orden en los ámbitos nacional e internacional, y que motiva el
surgimiento de nuevas voces pidiendo su renuncia, como Articulación por
la Vida, contra la Corrupción y contra la Impunidad. Como resultado,
estamos ante una crisis de gobierno. Pero no estamos ante una crisis de
Estado, y menos ante una crisis del régimen. El modelo de acumulación
dominante como razón de Estado tampoco está en riesgo.
En este
contexto, una salida a la crisis podría resultar poco favorable a la
articulación del Gobierno y al presidente Morales, pero manejable por
quienes tienen el poder real en Guatemala y factible para estos. De
hecho, la salida podría representar a) que se concrete un pacto entre
élites de poder, se resuelva la crisis y todo siga igual, o b)
que se profundice la depuración institucional, con las investigaciones
de la Cicig en marcha y la presión ciudadana en aumento.
El Gobierno quiere cambiar las normas que permiten a las páginas web evadir la responsabilidad por los anuncios que alojan
Polémica
alrededor de una nueva propuesta de ley para hacer responsables a
páginas web de anuncios como Backpage de los contenidos publicados por
sus usuarios
La empresa Oracle,
que ofrece servicios en la nube, es una de las pocas empresas
tecnológicas en respaldar un proyecto de ley del Senado para combatir la
explotación sexual en Internet.
La Stop Enabling Sex Traffickers
Act de 2017 (ley de detención de la trata de personas con fines
sexuales) modificaría la Sección 230 de la Communications Decency Act
(ley de decencia en los medios de comunicación, o CDA, por sus siglas en
inglés) para hacer responsables a las páginas web que publiquen
información “diseñada para facilitar la explotación sexual”. Hasta
ahora, la Sección 230 de la CDA protegía a las empresas de Internet de
cualquier responsabilidad penal basada en la conducta del usuario.
Presentado
por el senador republicano Rob Portman, de Ohio, y el demócrata Richard
Blumenthal, de Connecticut, el proyecto legislativo se ha convertido
inesperadamente en el centro de un debate sobre libertad de expresión.
La mayoría de las tecnológicas, entre ellas Google, está presionando
para que no llegue a convertirse en ley.
El proyecto surge de una
investigación de dos años del subcomité de seguridad nacional sobre los
anuncios clasificados de la web Backpage.com. Según el informe
de la investigación, Backpage.com facilitó a sabiendas la explotación
sexual de niños en la sección “adultos” de su página web. Lo hizo
modificando el texto de los anuncios para borrar palabras como
“violación”, “alerta AMBER”, “niña”, y “lolita” antes de publicarlos
para así ocultar las verdaderas intenciones del anuncio. Backpage.com no
quitó esos anuncios ni los denunció ante las autoridades.
“Si
llega a promulgarse, la ley establecerá cierto grado de responsabilidad
para los que venden espacios de publicidad interesadamente, pero no
están listos para ayudar en la lucha contra la explotación sexual”,
escribió Kenneth Glueck, vicepresidente de Oracle, en una carta a
Portman y Blumenthal.
En un artículo de opinión
publicado el jueves, Portman citó cifras del Centro Nacional para
Menores Desaparecidos y Explotados: el CyberTipline, como llaman al
canal que tienen abierto para denuncias cibernéticas, mostró un aumento
del 846% entre 2010 y 2015 para las denuncias de explotación sexual de
niños. Según ese Centro, el sitio Backpage.com representa el 73% de las
denuncias de tráfico de niños hechas por los internautas.
“Increíblemente, las leyes federales protegieron sus prácticas comerciales inescrupulosas”, escribió Portman.
Según
Portman, las protecciones a empresas previstas por la CDA “no fueron
previstas para ser aplicadas, y no deberían ser aplicadas, en casos de
empresas que de manera cómplice facilitan la explotación sexual. Es hora
de que esta ley de 21 años de antigüedad se ponga al día con el siglo
XXI”.
Empresas responsables
La industria tecnológica y
algunos defensores de la libertad de expresión dicen que la ley contra
la explotación sexual allana el camino para hacer responsables a las
empresas, de una manera amplia y excesiva, por el contenido generado por
los usuarios.
En un correo electrónico al que tuvo acceso the Guardian,
el consejero de políticas públicas de Google, Stewart Jeffries,
describió el proyecto como una “legislación controvertida” que socava
“uno de los estatutos fundamentales para Internet”, en referencia a la
Sección 230 de la CDA. Jeffries también señaló la labor de Google en la
lucha contra la trata de personas, en la que se incluye impedir a sitios
como Backpage.com que hagan publicidad, y crear una herramienta, Thorn,
que escanea anuncios para detectar posibles víctimas infantiles,
desarrollada por sus ingenieros para la organización benéfica dedicada a
la lucha contra la explotación.
El grupo Internet Association, que representa a gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon, Facebook y Twitter, firmó una carta
junto a otras patronales dirigida a Portman y Blumenthal. Argumentaban
que, mientras que “personajes aislados” como Backpage.com deberían
hacerse responsables, la ley de tráfico sexual “socavaría gravemente una
protección fundamental para las empresas de Internet legítimas y sería
contraproducente para los esfuerzos de esas empresas en la lucha contra
los delitos de trata”.
“La Sección 230 de la CDA es la protección
legal fundamental de los servicios en línea”, decía la carta. “Sin esta
protección, esos proveedores de servicios se verán forzados a pecar de
cautelosos y quitar el contenido generado por los usuarios o afrontar
una responsabilidad insostenible por el contenido de los usuarios que
terminaría dañando a la creación de servicios en línea legítimamente
diversos”.
El portavoz del senador Portman, Kevin Smith, dijo a the Guardian
que las peticiones de las tecnológicas eran “absurdos e irrisorios”.
“Hicimos las debidas comprobaciones, nos reunimos con las tecnológicas
durante meses pero no nos ofrecieron ninguna respuesta constructiva”,
dijo. “Es triste que se opongan a una ley de dos páginas para ayudar a
impedir la explotación sexual en Internet de mujeres y niños”.
Para
la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Taina
Bien-Aimé, “no se trata de un tema de libertad de expresión sino de un
asunto penal”. “Internet se ha convertido en una herramienta fácil de
usar, casi sin riesgo y con grandes ganancias para la actividad ilegal
de compra y venta de mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad”.
Debido
a las protecciones que establece la Sección 230, se han rechazado
varias de las demandas que víctimas de la explotación sexual presentaron
contra Backpage.com.
El nuevo proyecto de ley tiene 28
copatrocinadores en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha, una
poco habitual demostración de consenso en Washington.
El mes pasado, unos 50 fiscales de distrito y de otros territorios de EEUU firmaron una carta
respaldando la campaña para modificar la CDA de manera que permita
enjuiciar a las empresas que avalen, faciliten o asistan la explotación
sexual en Internet.
En los últimos días, el apoyo para el proyecto de ley se intensificó: figuras públicas como la cómica Amy Schumer y la exembajadora de la ONU Samantha Power pidieron a la gente que respalde el proyecto.
Una
persona cercana a la discusión entre las tecnológicas y los
patrocinadores del proyecto en Washington dijo que la pelea era, en
algunos aspectos, una demostración de la creciente importancia de
Silicon Valley.
“Hay una cierta dosis de arrogancia en este
asunto, donde muchos miembros de la comunidad tecnológica se creen
intocables”, dijo. “Su cuenta de resultados es más importante que
cualquier otra cosa, incluso más que los intentos lógicos para controlar
la explotación sexual en Internet”.
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Visita
de Emine Erdogan, esposa del presidente de Turquía, al campo de
refugiados musulmanes rohinyá de Kutupalong, Bangladesh, 7 de septiembre
de 2017
(Foto: Mustafa Oztartan/Agencia Anadolu)
Hasta
cierto punto, Aung San Suu Kyi es un falso profeta. Glorificada por
Occidente durante muchos años, se convirtió en un “icono de la
democracia” al oponerse a las mismas fuerzas militares que siguen hoy
controlando su país, Birmania, en una época en que la coalición
occidental dirigida por EEUU mantenía en aislamiento a Rangún por su
alianza con China.
Aung San Suu Kyi jugó su papel como se
esperaba que lo hiciera, consiguiendo la aprobación de la Derecha y la
admiración de la Izquierda. Y por eso ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, incorporándose al elevado grupo de “Los Mayores”, mientras los medios de comunicación y diversos gobiernos la promocionaban como figura heroica a emular.
Hillary Clinton la describió
en una ocasión como “esta extraordinaria mujer”. El recorrido de la
“Lady” birmana de ser una paria política en su propio país, donde estuvo
confinada bajo arresto domiciliario durante quince años, acabó
finalmente en triunfo cuando se convirtió en la líder de Birmania tras
una elección multipartidista celebrada en 2015. Desde entonces, ha
visitado muchos países, cenado con reinas y presidentes, pronunciado
discursos memorables, recibido premios mientras iba limpiando, con
perfecto conocimiento de causa, la imagen del muy brutal ejército al que
se había opuesto durante tantos años. (Incluso hoy, el ejército birmano
tiene un poder casi de veto sobre todos los aspectos del gobierno.)
Pero la gran “humanitaria” parece haber agotado su aura de honestidad
cuando su gobierno, ejército y policía iniciaron una extendida operación
de limpieza étnica contra “el pueblo más oprimido sobre la Tierra”, los rohinyá.
Este pueblo indefenso ha sido sometido a un genocidio sistemático y
brutal, cometido a través del esfuerzo conjunto del ejército, la policía
y una mayoría de nacionalistas budistas birmanos.
Las llamadas “Operaciones de Limpieza” han matado a cientos de rohinyá en los últimos meses, obligando a más 250.000 seres llorosos, aterrados y hambrientos a escapar de cualquier manera para poder salvar la vida. Cientos de ellos han perecido en el mar o han sido atrapados y asesinados en la jungla.
Las historias de asesinatos y destrucción recuerdan la limpieza étnica del pueblo palestino durante la Nakba de 1948. Y no debería sorprendernos que Israel sea uno de los grandes proveedores de armas
del ejército birmano. A pesar del extendido embargo armamentístico de
muchos países respecto a Birmania, el ministro de Defensa de Israel,
Avigdor Lieberman, insiste en que su país no tiene intención alguna de
interrumpir sus envíos de armas al despreciable régimen de Rangún, que
está utilizando de forma muy activa esas armas contra sus propias
minorías, no sólo los musulmanes del estado de Rakáin al oeste del país,
sino también contra los cristianos del norte.
Uno de los envíos de Israel lo anunció la compañía israelí Tar Ideal Concepts
en agosto de 2016. La compañía mostraba con orgullo cómo sus rifles
Corner Shot estaban ya siendo utilizados por el ejército birmano.
La historia de Israel está plagada de ejemplos
de apoyos a juntas brutales y regímenes autoritarios, pero ¿por qué se
han posicionado como los guardianes de una democracia que se mantiene en
silencio sobre el baño de sangre en Birmania?
Desde octubre del
pasado año, casi un cuarto de la población rohinyá ha sido expulsada de
sus hogares. El resto podría seguirles en un futuro próximo,
convirtiendo un crimen colectivo en una situación casi irreversible.
Aung San Suu Kyi ni siquiera ha tenido el coraje moral de expresar unas
palabras de compasión hacia las víctimas. En cambio, sólo hizo una
declaración con la que no se comprometía a nada:
“Tenemos que cuidar de todos los que están en nuestro país”. Mientras
tanto, su portavoz y otros voceros lanzaron una campaña vilipendiando a
los rohinyá, acusándoles de quemar sus propias aldeas, de inventar sus
propias violaciones, mientras se referían a los que se atrevían a
resistir como “yihadistas”,
confiando en vincular el genocidio en curso con la campaña orquestada
por Occidente para difamar a los musulmanes en todas partes.
Pero informes bien documentados nos ofrecen algo más que una ojeada de
la desgarradora realidad experimentada por los rohinyá. Un reciente informe de la ONU
detalla el relato de una mujer cuyo marido había sido asesinado por los
soldados en lo que lo ONU describe como ataques “extendidos y
sistemáticos” que “muy probablemente representan crímenes contra la humanidad”.
“Me arrancaron la ropa y me violaron, eran cinco soldados”, dijo la desconsolada mujer.
“Mi bebé de ocho meses no paraba de llorar de hambre cuando entraron en
mi casa porque me tocaba darle de mamar, pero le callaron con un
cuchillo”.
Los refugiados que huyeron hacia Bangladesh tras un viaje de pesadilla relataron el asesinato de niños,
la violación de mujeres y la quema de aldeas. Algunos de estos relatos
han podido verificarse a través de las imágenes por satélite
proporcionadas por Human Rights Watch, que muestran aldeas destruidas por todo el estado.
En realidad, el horrible destino de los rohinyá no es que sea algo
nuevo del todo. Pero la particularidad que está mostrando en estos
momentos es que Occidente está ahora completamente del lado del mismo
gobierno que perpetra estos actos atroces.
Y hay una razón para eso: el petróleo.
Hereward Holland, informando desde Ramree Island, escribió sobre la “caza del tesoro escondido de Myammar (Birmania)”.
Depósitos inmensos de petróleo que han permanecido sin explotar debido a
las décadas de boicot occidental al gobierno de la junta militar están
ahora disponibles al mayor postor. Es un momento de vacas gordas para
las grandes de petróleo y están todas invitadas. Shell, ENI, Total,
Chevron y muchas otras están invirtiendo grandes sumas para explotar los
recursos naturales del país, mientras los chinos –que dominaron la
economía birmana durante muchos años- están siendo lentamente
expulsados.
En efecto, la rivalidad sobre las riquezas sin
explotar de Birmania está en su apogeo en décadas. Son estas riquezas –y
la necesidad socavar el estatus de superpotencia de China en Asia- lo
que ha hecho que Occidente cambiara de posición e instalara a Aung San
Suu Kyi como líder de un país que no ha cambiado nada en lo fundamental,
no ha hecho más que darse un nuevo nombre para allanar el camino para
el regreso de las “Grandes del Petróleo”.
Pero son los rohinyá quienes están pagando el precio.
Que la propaganda oficial birmana no les confunda. Los rohinyá no son extranjeros, intrusos o inmigrantes en Birmania.
Su reino de Arakán
data del siglo VIII. Durante los siglos siguientes, los habitantes de
ese reino conocieron el Islam a través de los comerciantes árabes y, con
el tiempo, se convirtió en una región de mayoría musulmana. Arakán es
el actual estado de Rakáin en Birmania, donde viven aún la mayor parte
de los 1,2 millones de rohinyá que se estima hay en el país.
La
noción falsa de que los rohinyá vienen de fuera se inició en 1784,
cuando el rey birmano conquistó Arakán y obligó a cientos de miles a
huir. Muchos de los que llegaron a Bengala expulsados de sus hogares,
volvieron finalmente.
Los ataques contra los rohinyá y los
constantes intentos de expulsarlos de Rakáin, se han ido renovando
durante varios períodos de la historia, por ejemplo: en 1942, tras la
derrota japonesa de las fuerzas británicas estacionadas en Birmania; en
1948; en 1962, tras el golpe de Estado por parte del ejército; en 1977,
como resultado de la llamada “Operación Rey Dragón”, donde la junta
militar expulsó de sus hogares hacia Bangladesh a 200.000 rohinyá, y así
sucesivamente.
En 1982, el gobierno militar aprobó la Ley de Ciudadanía
que despojaba a los rohinyá de la ciudadanía, declarándoles ilegales en
su propio país. La guerra contra los rohinyá empezó de nuevo en 2012.
Desde entonces, cada uno de los episodios ha ido siguiendo una narrativa
típica: “enfrentamientos comunales” entre budistas y rohinyá, que han
hecho a menudo que decenas de miles del segundo grupo sean expulsados a
la bahía de Bengala, a la selva y, quienes logran sobrevivir, a los campos de refugiados.
En medio del silencio internacional, sólo unas pocas respetadas figuras, como el papa Francisco, se han manifestado en apoyo de los rohinyá en una oración profundamente conmovedora el pasado mes de febrero.
Los rohinyá son “gente buena”, dijo el Papa. “Son gente pacífica y son
nuestros hermanos y hermanas”. Su petición de justicia no fue nunca
atendida.
Los países árabes y musulmanes permanecieron silenciosos en su mayoría, a pesar de las protestas públicas para que se hiciera algo que pusiera fin al genocidio.
Informando desde Sittwe, la capital de Rakáin, el veterano periodista británico Peter Oborne describió lo que había visto en un artículo publicado por el Daily Mail el 4 de septiembre:
Hará
justo cinco años, 50.000 habitantes de los 180.000 que se estimaba
había en la ciudad, pertenecían al grupo étnico musulmán rohinyá. Hoy
quedan menos de 3.000. Y no son libres de andar por las calles. Están
confinados en un gueto diminuto rodeado de alambre de espino. Guardias
armados impiden que puedan entrar visitantes o que puedan salir ellos.
Los gobiernos occidentales, conocedores de esa realidad a través de sus
muchos emisarios sobre el terreno, han ignorado en cualquier caso unos
hechos indiscutibles.
Cuando las corporaciones estadounidenses,
europeas y japonesas hicieron cola para explotar los tesoros de
Birmania, todo lo que necesitaron fue el gesto de aprobación
del gobierno de EEUU. La administración de Barack Obama alabó la
“apertura” de Birmania incluso antes de que las elecciones de 2015
colocaran en el poder a Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional por la
Democracia. Tras esa fecha, Birmania se convirtió en otra “historia de
éxito” estadounidense, ajenos, por supuesto, a los hechos de un
genocidio que lleva años perpetrándose en aquel país.
Es
probable que la violencia en Birmania aumente y alcance a otros países
de la ASEAN, simplemente porque los dos principales grupos étnicos y
religiosos en esos países están dominados y casi divididos entre
budistas y musulmanes.
Es probable que el triunfante regreso de
EEUU-Occidente para explotar las riquezas birmanas y las rivalidades
entre EEUU y China compliquen aún más la situación si la ASEAN no pone
fin a su desastroso silencio e inicia una determinada estrategia para presionar a Birmania a que ponga fin a su genocidio de los rohinyá.
Los pueblos de todo el mundo deberían adoptar una posición.
Las comunidades religiosas deberían manifestarse. Los grupos por los
derechos humanos deberían hacer más para documentar los crímenes del
gobierno birmano y responsabilizar a quienes le están suministrando
armamento.
El respetado obispo sudafricano Desmond Tutu reprendió con firmeza a Aung San Suu Kyi por cerrar los ojos ante el genocidio en curso.
Es lo menos que podemos esperar del hombre que se enfrentó al Apartheid
en su propio país y escribió estas famosas palabras: “Si te mantienes
neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
El
Dr. Ramzy Baroud lleva más de veinte años escribiendo sobre Oriente
Medio. Es un columnista internacional, consultor de medios, autor de
varios libros y fundador de PalestineChronicle.com. Su último libro es “My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story” (Pluto Press, Londres). Su página web es: www.ramzybaroud.net
La Maratón Radiofónica de "24 horas de Programación En Español"se realizará como es costumbre en los estudios de CFRU 93.3 FM, ubicados en el Campus de la Universidad de Guelph, los días 7 y 8 de Octubre de este año 2016 en el horario de;
