Julián Assange, Jorge Glas, en defensa de los derechos humanos

Luis Varese

Opinión

Jorge Glass, exvicepresidente de Ecuador, en huelga de hambre desde hace 40 días

Durante la dictadura en Uruguay, en el penal de Libertad, estaban recluidos los presos políticos. Una pareja de compañeros me contó que al salir de ese centro de tortura, tuvieron que pagar al Estado por su estadía en la prisión. Esto fue en el marco del plan Cóndor y el secuestro, la desaparición y la tortura era la modalidad utilizada en ese momento.

Anoche escuché a un locutor de la televisión, que decía con aires de satisfacción que “…el hacker (sic) Julián Assange, debe pagar por su estadía en la Embajada Ecuatoriana en Londres… siguiendo el protocolo determinado por la Cancillería”. Es decir se le da asilo, pero paga por esa estadía. Julián Assange, bandera de la libertad de expresión, lleva casi 6 años en un espacio reducido y, desde hace un tiempo, con la información restringida, con amenaza de muerte si es deportado a los Estados Unidos y encima tiene que pagar por su estadía. Lo inusual de esta medida, solamente se entiende en el marco de una presión para que abandone el asilo o para sancionarlo por lo que consideran un delito. Quienes así lo determinan hubieran preferido, entonces, no saber de las conspiraciones en contra de nuestros países y preferirían no enterarse de que somos blanco permanente de la codicia y la ambición de las transnacionales y mucho menos cómo combatirlas. El asilo y la libertad de expresión son elementos fundamentales en el Estado de Derecho. Este caso de asilo es y será un hecho histórico y su desenlace depende del amor a la Soberanía, la defensa del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos con que el Gobierno del Ecuador busque la salida de este asilado, al que se le añade un elemento más para la complejidad de su caso y es que Assange es ciudadano ecuatoriano de pleno derecho.

El otro suceso muy similar en el desentendimiento del Gobierno sobre los Derechos Humanos es la atención que se le da a la huelga de hambre del ex Vicepresidente Jorge Glas. Cualquier detenido común tiene la opción de ser escuchado por las autoridades competentes que lo mantienen en prisión. Mucho más si es un ex Vicepresidente elegido masivamente por el voto popular (como binomio del actual Presidente). No pide privilegios, aunque debería tener un tratamiento diferenciado por la investidura a la que llegó (hasta Fujimori tuvo una cárcel diferenciada y separada de otros presos), esto se debe a evidentes razones de seguridad personal y en este caso, de salud.

La única defensa que le queda a Glas para ser atendido por la autoridad, es el ayuno o la huelga de hambre en la que lleva 39 días. Sus ex compañeros, hoy en el gobierno, lo ignoran por decir lo menos o le tienen un rencor desmedido.

En la Asamblea Nacional la Presidenta, que fue su funcionaria y protegida, se desentiende de la existencia de Jorge Glas. La huelga de hambre es un recurso extremo, en el que pone en riesgo su vida, es una opción legítima por la que solicita simplemente ser trasladado de penal o de CRS.

Permítanme este paréntesis dirigido a muchos amigos que dicen que cambié de opinión y ahora defiendo a Glas. Sigo pensando que imponer a Jorge Glas como candidato a la Vicepresidencia fue un error, básicamente porque la derecha ya lo había quemado completamente. Disciplinadamente hicimos la campaña política en su favor como parte del binomio Moreno-Glas, para garantizar la continuidad de la Revolución Ciudadana.

Jamás pensamos que el error que cometimos fuera tan grande como para que en 18 meses se pasara de un Gobierno de y para las ciudadanas y los ciudadanos, a un gobierno de y para los empresarios y empresarias, entendidos, no como el conjunto de emprendedores del país, sino como el sector de clase que se cree propietario del destino de todos y todas, quienes habitan en el Ecuador.

Nunca pensamos que el error fuera tan grande como para que se destruyera no solamente la Revolución Ciudadana, sino la institucionalidad, elemento fundamental para la existencia y el fortalecimiento de la democracia. Cierro el paréntesis.

No estamos discutiendo o emitiendo un juicio de valor sobre si su juicio fue justo o no, o si Jorge Glas desvió recursos del Estado para su beneficio personal o no. El punto no es ese. El punto es que, en ambos casos, el de Assange y el de Glas, el Gobierno está actuando de una manera que trasgrede los Derechos Humanos, con una sutil violencia que jamás se esperaría de personas que durante 10 años compartieron la idea de que el capital está (debe estar) subordinado al ser humano.

Hoy se evidencia que jamás militaron en esa idea, ni en la idea del multilateralismo o de la soberanía (Frontera Norte y Comando Sur) y menos aún de la Patria Grande (caso UNASUR) o ni siquiera de lo fundamental del diálogo (liquidación del espacio para el ELN, o el abandono de los sectores populares que fue lo peor).

Todo mundo puede cambiar de opinión, sin embargo lo que debe primar, por lo menos en estos dos casos, es el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de opinión e información. Por ello se le pide al Señor Presidente, al Canciller y a quien funge como Ministro de Justicia, un esfuerzo de serena rectificación en el caso urgente y grave de Jorge Glas.

En el caso de Julián Assange facilitarle la vida en la Embajada porque ni él ni los funcionarios que allí trabajan, son culpables de la injusticia que cometen Inglaterra, Suecia o la propia Australia, de no querer garantizar que jamás será extraditado a los EEUU, donde será juzgado por traición (me pregunto traición a qué, si él no es ciudadano estadounidense).

Ambos casos son y serán históricos. Responder con la altura y la dignidad que el prestigio del pueblo ecuatoriano se merece, es lo menos que se puede pedir a los hoy gobernantes, en el marco del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículo 3, 14 y 19, sobre el Derecho a la Vida, el Derecho al Asilo y el Derecho a la Libertad de Expresión.

Luis Varese ha sido representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador y funcionario de la ONU por 20 años.

     https://www.alainet.org/es/articulo/196872

México y AL, ¡dime con quién andas y te diré quién eres!

Miguel Tinker Salas*

Hace una década, cuando examinábamos el panorama político de América Latina (AL) parecía imposible imaginar las condiciones que actualmente existen. Hace 10 años, fuerzas progresistas gobernaban la mayoría de los países en América del Sur. Las movilizaciones de los movimientos sociales, incluyendo los indígenas, afrodescendientes, campesinos, sin tierra, mujeres, diversidad sexual, y los migrantes, parecían redefinir el proceso político en el continente. Según la Cepal, en la primera década del siglo XXI, se vio una importante disminución de la pobreza. A nivel institucional, existían nuevas instancias que agrupaban a los países del continente, como era el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y en América del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El panorama político al fin de 2018 nos presenta un panorama muy distinto. Las fuerzas políticas mas retrogradas del continente se han reconstituido. Ante la frustración de la población por la falta de cambios reales, los múltiples errores de la izquierda, y los implacables ataques internaciones, la derecha hoy dirige la mayoría de los gobiernos de AL. Impulsado por condiciones similares, este proceso se repitió en Estados Unidos (EU) resultando en la elección de Donald Trump.

¿Que postura debe asumir el nuevo gobierno mexicano ante esta nueva realidad? Una de las principales contribuciones de la diplomacia mexicana en el periodo de la posrevolución fue la incorporación del concepto de la no intervención en los asuntos internos de los estados y la autodeterminación de los pueblos. Esta postura surge a raíz de las experiencias que México tuvo en sus relaciones con EU y Europa que intentaban condicionar el reconocimiento de su gobierno a cambio de concesiones que restringirían la soberanía nacional.

Ante una derecha resurgente y Trump en la Casa Blanca, los principios de la autodeterminación y la soberanía asumen hoy la misma importancia que tuvieron durante el periodo de la pos-Revolución Mexicana. Trump, al igual que presidentes anteriores, mantienen la postura que EU tiene el derecho de imponer sus intereses sobre países que consideran su patio trasero, o sea México y AL.

¿Cuales entonces serán algunos de los retos que enfrentará el nuevo gobierno mexicano? De inmediato tendrá que bregar con la migración internacional. Las varias caravanas que han cruzando México y las que vendrán, resaltan que AL es un continente en movimiento. El neoliberalismo, la destrucción ambiental, la fallida guerra contra el narcotráfico, la violencia perpetrada tanto por el estado y el crimen organizado, han obligado a miles de personas a abandonar su país. ¡La migración no se detendrá, quedarse en su país ya no es opción! La frontera entre México y EU ya no es simplemente un límite binacional, es ahora la frontera entre AL y EU. En Tijuana hay miles de haitianos, hondureños, venezolanos y cubanos, sin contar los indígenas mexicanos desplazados de sus propios estados. Ante esta nueva realidad, México debería asumir un papel de liderazgo y proponer un diálogo latinoamericano sobre la migración. El gobierno de Peña Nieto hizo el trabajo sucio de EU y reprimió ac migrantes. Las acciones del nuevo gobierno en esta materia serán fundamentales para contrarrestar el odio que impulsa Trump, cuyo objetivo es hacer de los migrantes los chivos expiatorios de la crisis política en EU.

Además de la migración, el nuevo gobierno tendrá que decidir su postura ante el llamado Grupo de Lima y la OEA, que determinara en gran parte su política hacia AL. Frustrados por no haber logrado imponerle sanciones a Venezuela en la OEA, varios países con gobiernos derechistas formaron el Grupo de Lima. México, con Peña Nieto, ha jugado un papel clave en esta agrupación que critica a Venezuela, pero mantiene silencio absoluto ante los atropellos a derechos humanos en Honduras o Brasil. México debería retirarse del Grupo de Lima.

La segunda instancia es la OEA, que siempre había sido dominada por EU. Aun en pleno apogeo de la ola progresista, la OEA no pudo revertir el golpe de estado en Honduras en 2009. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha perdido toda credibilidad. ¿Cual será la postura de México ante la OEA y su secretario general? En la OEA, México debería promover la autodeterminación y la soberanía incondicional de los países miembros. En 2010, en Playa del Carmen, los países de AL concretaron la formación de la Celac. El gobierno mexicano debería rescatar esta importante iniciativa, ejercer liderazgo dentro de la Celac creando un espacio donde los países de AL puedan bregar con temas como la migración sin la injerencia de EU.

En diferentes momentos históricos, México ha desempeñado un papel de liderazgo en AL. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, México recibió miles de migrantes europeos escapando de la persecución religiosa y el fascismo. México albergó a estadunidenses que escapaban la persecución de la Guerra Fría en su país. México mantuvo relaciones con Cuba aun cuando EU impulsaba un embargo de la isla. México abrigó a cientos de refugiados escapando de las sangrientas dictaduras en Argentina y Chile. México recibió miles de centroamericanos durante las guerras que sacudieron la región durante los años 80. Este es el legado histórico que México debería recuperar y establecer una política externa basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

*Profesor, Pomona College, Los Ángeles

@mtinkersalas

G-20: el pueblo y su agenda alternativa

Editorial Virginia Bolten

Los días 28, 29 y 30 de noviembre fueron intensos en Buenos Aires, donde se reúne el Grupo de los 20. Organizado por un abanico de casi sesenta organizaciones sociales y políticas argentinas y de otros países, la Confluencia Fuera G-20/FMI organizó una Cumbre de los Pueblos y desarrolló foros temáticos con el objetivo de plantear una alternativa a la agenda oficial del G-20.

El Foro de Bienes Comunes y Soberanía, más allá de caracterizar el momento por lo cual pasa la región frente la profunda crisis y las consecuencias de las políticas de destrucción del medio ambiente, también plantea alternativas sistémicas al modelo dominante.

Foro Bienes Comunes y Soberanía

Fuera G-20/FMI

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018

Existe una ofensiva colonial, imperial, con una fuerte presencia de EE.UU en toda nuestra región, con el objetivo de militarizar, apropiar y controlar bienes comunes y territorios: vemos la presencia de bases militares, estrategias de conflictos explícitos y no explícitos.

Se rompe la línea que divide defensa y seguridad. Vivimos un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Para las fuerzas armadas en toda América Latina, el enemigo vuelve a ser el propio pueblo.

Nos llaman terroristas, disidentes. Nos criminalizan por dialogar y reflexionar críticamente. Nos tildan de peligrosos.

Es un contexto donde el extractivismo es política pública, autorizan actividades a empresas transnacionales para actuar en los territorios, mercantilizan todo.

Estamos enfrentando un conflicto a nivel mundial. Es la era del antropoceno, del capitaloceno. Es la era del cambio climático y del calentamiento global. Es también la era del capitalismo intensivo, de la privatización total. Este modelo busca avanzar sobre bosques, campos, territorios indígenas. Es la acumulación por desposesión, es la colonialidad, el patriarcado, el racismo, la xenofobia.

El contexto está atravesado por la narrativa del desarrollo, por los discursos que se aferran a un extractivismo que se supone nos va a beneficiar. También es parte del contexto la colonialidad, la aceptación del poder del dominador y la clausura de nuevos caminos.

25 años de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de comercio, de inversión y otros, que no traen prosperidad sino que degradan a la naturaleza y violentan nuestros derechos. Los Tribunales Arbitrales Internacionales protegen a las empresas, no a nosotres. Sin embargo resistimos y la Alianza de América Latina sin TLC, que nace en el mismo momento en que estamos dando la pelea contra el Grupo de los 20 en la Argentina, es un esfuerzo para reunir las experiencias de diversos países y para seguir con esta lucha desde abajo. Debemos detener la mentira de los tratados de libre comercio.

Apoyamos la lucha por el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos, impulsado por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Somos nosotres la esperanza, nos vamos a encargar de construir otro mundo posible.

Lo vivimos por ejemplo en la lucha contra Monsanto en Córdoba, donde las resistencias se alimentan de la ciencia, la técnica y el saber popular. Esta experiencia permite entender que las acciones colectivas y de organizaciones también son parte de este contexto.

No se respetan los territorios de los mapuches, como en Los Toldos, nos fumigan y enferman. Las empresas de agroquimicos y los gobiernos intentan convencernos que no hay más otra forma de producir y consumir.

La agricultura intensiva necesita fertilizantes, aunque no resuelva para nada el reto del hambre en el mundo cómo lo quieren hacer creer los líderes del G-20. En la región de Marruecos, y del Sahara Occidental, hay una gran fuente de fosfato que se usa como fertilizante para la soja y el maíz transgénico. Argentina importa la mayoría de su fosfato de EE.UU que estuvo extraído en Marueccos. En el Sahara Occidental, hay un gran yacimiento de fosfato, y entonces un conflicto geopolítico que involucra a varios actores. Ahí no se aplica el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay muchos saharauís que tuvieron que exiliarse pero la lucha sigue en los territorios.

Se necesita un trabajo de concientización contra todo tipo de colonización, sea china, europea o estadunidense. Ellos acaparan las tierras y promueven los transgénicos.

En Punta Querandí, los mega emprendimientos inmobiliarios crean barrios privados sin tomar en cuenta el rechazo de la población. Elevan terrenos para la gente más rica, lo que genera inundaciones y contaminación.

En Puerto Madryn y En Andalgalá, hace más de 20 años que los gobiernos de Chubut y Catamarca apoyan la megaminería, violando los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo un ecocidio, gastando electricidad y cientos de millones de agua por año cuando la población carece de agua dulce. También muchas universidades están financiadas por estas empresas.

En la Amazonia del Ecuador el pueblo ha resistido a una de las empresas más contaminantes del mundo, Chevron/Texaco. Estas empresas tienen sus inversiones garantizadas con el apoyo gubernamental.

Las empresas siempre buscan a sus intereses sin pensar en el bienestar de la población. En los centros urbanos, como Buenos Aires, la contaminación, la desigualdad, la mortalidad infantil, el aumento de enfermedades, la falta de agua potable asi como su privatización y la reducción de la esperanza de vida son una evidencia de que los privilegios de las corporaciones están por arriba de la necesidad de los pueblos, es una decisión política.

Por otro lado, el pueblo en lucha ha logrado prohibir actividades mineras a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como en Córdoba. La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, desde hace ocho años viene marchando contra los proyectos mineros. En Puerto Madryn, se crearon asambleas y grandes movilizaciones. La comunidad de Punta Querandí ha organizado actividades que difunden la visión del ser humano como hermano de la naturaleza.

Los movimientos villeros en Buenos Aires tienen 70 años de historia. Teniendo en cuenta que el Estado no se hace cargo del problema del hambre y de la educación, estos movimientos crearon comedores y escuelas populares.

Tejiendo alianzas, se intenta de llevar acciones multidimensionales y multidisciplinarias. En Ecuador, la lucha contra Chevron es un ejemplo de resistencia transfronteriza y transgeneracional.

Sabemos que son muchos nuestros desafíos. Sin embargo, la invisibilidad de nuestras luchas en los medios hegemónicos, la criminalización y represión de militantes y comunidades también hace que avancemos en nuestras estrategias de resistencia y en nuestra construcción de salidas colectivas y alternativas a este sistema que nos oprime.

La crisis es sistémica y por ello nuestras propuestas también son sistémicas. Estamos construyendo una respuesta con esta Cumbre de los Pueblos.

Esta reunión del G-20 es marcada por una guerra económica entre China y Estados Unidos que tendrá consecuencias hacia nuestros bienes comunes. En este clima ideológico de la posverdad, sabemos que primero las luchas se dan en las calles y el electoral viene después; porque crece la política xenófoba, antidemocrática, racista, misógina, aporofobica y de austeridad con Trump, Bolsonaro y Netanyahu.

Frente al negacionismo climático y del efecto de la industria fósil en un contexto de crisis civilizatoria y del límite planetario y en donde los Estados Unidos quieren avanzar para saquear nuestros bienes comunes y reforzar el calentamiento global, nos encontramos en la emergencia de cambiar la matriz energética hacia energías renovables y hacia otro tipo de democracia.

Para frenar la crisis, tenemos que luchar contra el sistema capitalista, racista, colonialista y heteropatriarcal que atenta contra la vida. La justicia social, de género, económica y ambiental van de la mano. El cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados son comprendidos como recurso que puede ser apropiado. Buscamos la autonomía, rompiendo la lógica del rol social de reproductoras y cuidadoras. Sabemos que somos las más afectadas por las crisis, sobre todo les disidentes, negras y pobres.Las mujeres indígenas siguen proponiendo vida y recuperar el buen vivir, la unidad entre los pueblos y la reciprocidad de la naturaleza como un derecho para todes. Queremos un estado plurinacional.

La energía es la base del modelo de desarrollo y acumulación. Los megaproyectos, como la autorización del fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, son una amenaza. Por ello, es estratégico hablar de soberanía, sobre todo frente a la concentración del consumo de energía. Queremos construir un proceso colectivo hacía la soberanía energética, donde el lugar de producción sea el lugar de consumo y en donde localmente se pueda decidir qué, cómo y para quienes producir energía. Sin embargo, sabemos que una alternativa sistémica sólo es posible quitando el poder a las grandes empresas que impiden la democracia real. En horizonte ecosocialista, sin fetichizar las luchas y buscando unidad y diversidad, queremos energías limpias sin pérdida de soberanía, planteamos la energía no como mercancía y sí como derecho.

El sistema agroindustrial está en crisis, generando hambre, enfermedades, producción que no alimenta a todes, aunque controlen el 65% de las tierras agropecuarias. Plantean falsas soluciones como la agrotecnología de precisión, agrotóxicos, nanotecnología y transgénicos. Mientras tanto, asistimos a una creciente concentración de tierras y financierización de los alimentos. Contra eso queremos soberanía alimentaria de la mano de la agroecología. Nuestrassemillas son bienes comunes y deben estar en las manos de los pueblos. No son mercancía. En el eje de infraestructura de la agenda del G-20 sigue planteando el crecimiento infinito y la realidad es que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Queremos agricultura familiar campesina e indígena, otro modelo que no sea hipermercadista, con producción y consumo local. Sabemos que es posible porque ya lo estamos construyendo en los territorios.

El progresismo extractivista no nos representa, es necesario pensar una confluencia entre las izquierdas y los movimientos sociales.

América Latina tiene su rol proveedor de materia prima en la División Internacional del Trabajo y este es un hilo colonial.No existe modernidad sin colonialismo. Las feministas y el movimiento de mujeres y disidencias hemos articulado nuestras posiciones de manera transversal y este es un modelo a seguir. La ecología política en América Latina permite independizarse.

Estamos comprometidas/as en la lucha por la emancipación. Está nítido que estamos frente a una brutal ofensiva neoliberal en todo el mundo. Hay una etapa de crisis que se caracteriza por disputas en el interior de las clases dominantes, con la necesidad de avanzar sobre los derechos y que impulsa la mercantilización de la vida en todos los niveles. Todos les presidentes en los últimos años han promovido contrarreformas laborales y medidas de austeridad. Al mismo tiempo, hay resistencias.

Por ello, seguiremos internacionalizando las luchas y fortaleciendo las batallas de las mujeres contra la violencia de género. Seguiremos en la lucha contra FMI y austeridad, contra el patriarcado, contra el calentamiento global, contra el despojo y contra el fascismo neoliberal, entendiendo que descolonizar los saberes antecede las luchas y el acto colectivo.

Fuente: http://virginiabolten.com.ar/editorial/g-20-el-pueblo-y-su-agenda-alternativa/

Entrevista a Bertha Zúniga tras el fallo judicial por el asesinato de Berta Cáceres

[Honduras] 

Justicia que sabe a poco

Giorgio Trucchi

Rel-UITA

Siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra el activista ambiental mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, fueron condenados este jueves. Tanto la familia como el Copinh aseguran que el fallo no satisface sus exigencias de justicia. 

Tras una larga exposición de motivos, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa encontró culpables a Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte y Henry Hernández por el asesinato de la dirigente indígena.

Rápalo, Torres, Duarte y Hernández, autores materiales del crimen, también fueron condenados por el intento de asesinato de Gustavo Castro.

Todos permanecerán en prisión preventiva y el tribunal dará a conocer el veredicto de pena el 10 de enero próximo. Emerson Duarte fue absuelto de todos los cargos.

De esta manera cae el telón sobre el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres.

Un proceso judicial plagado de irregularidades e ilegalidades, entre otras, la falta de acceso a la información, la falta de investigación, el secretismo exasperado, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales y la exclusión del juicio de las víctimas y de sus representantes legales.

Además, el tribunal se negó a considerar a los miembros del Copinh [1] como víctimas y se rehusó a citar en calidad de testigos a miembros de la familia Atala Zablah, accionistas mayoritarios de Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Sabor agridulce

La Rel habló en exclusiva con Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh e hija de la luchadora social asesinada la noche del 2 de marzo de 2016.

-¿Hasta qué punto les satisface el fallo del tribunal?

-Desde el momento en que se cometió el asesinato hemos dicho que el Estado no estaba apuntando realmente a perseguir a los mayores responsables del crimen, es decir aquellas personas que ordenaron y financiaron el crimen.

Con este fallo se condenan a los ejecutores materiales y a la estructura intermedia que tiene un vínculo directo con la empresa DESA. Sin embargo los autores intelectuales siguen libres e impunes.

Es evidente que, con este fallo, el Estado pretende silenciar la voz de las víctimas y de la solidaridad nacional e internacional que exigen justicia verdadera.

Todavía faltan muchas personas que están involucradas en el asesinato y en todos los ataques que tanto Berta Cáceres como el Copinh han sufrido durante años. 

-El tribunal tuvo que aceptar que hay una relación entre altos directivos de DESA y las personas condenadas. También que el asesinato está relacionado con la lucha contra el proyecto Agua Zarca.

-Siempre han tratado de negar esta realidad y de aislar el asesinato del contexto de lucha de Berta y del Copinh.

Una de las grandes victorias de hoy es justamente que se dejó por sentado que el crimen contra Berta Cáceres está relacionado con la necesidad de acabar con la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico.

Además, resulta cada vez más evidente que DESA está detrás de toda la trama de persecución, amenazas y ataques que finalmente llevó al asesinato.

-Este fallo es un primer paso hacia la justicia. ¿Qué es lo que viene ahora para la familia y el Copinh?

-Viene la etapa más dura y desafiante, es decir ir con todo por los autores intelectuales y por esta estructura criminal que no para de atacar y amenazar.

Los miembros de la familia Atala Zablah no pueden quedar nuevamente afuera.

Además va a iniciar el juicio contra el ex gerente de DESA, Roberto David Castillo, uno de los autores intermediarios de mayor nivel en la cadena criminal que participó en el asesinato. 

-¿Cuál es el futuro del proyecto Agua Zarca?

-Después del fallo de hoy debemos intensificar la lucha para que se revoque la concesión a DESA y se cierre por completo el proyecto Agua Zarca.

El Estado debe dar pasos claros en este sentido en cuanto se trata de un proyecto ilegal, ilegítimo y violatorio de los derechos del pueblo Lenca.

Respaldo solidario 

-La solidaridad ha jugado un papel importante en estos 33 meses.

-La solidaridad sostenida ha sido fundamental durante todo ese tiempo. Estamos profundamente agradecidas con todas estas personas y organizaciones que han sido incansables, acompañándonos y apoyándonos de manera incondicional en esta lucha.

Lo que hemos logrado hoy es el resultado de esta solidaridad y de un esfuerzo colectivo en contra de un modelo extractivista, que saquea bienes comunes y empobrece a los pueblos.

De esta misma solidaridad sostenida vamos a necesitar ahora para continuar la lucha, asegurando los autores intelectuales a la justicia y desarticulando a esta estructura criminal que sigue lesionando derechos.

La necesitamos para sentar un precedente de justicia que sirva para este país tan golpeado por la impunidad y la desesperanza.

Unidas las personas que creemos en la ética, la vida y la dignidad, podemos lograrlo.

-Y para finalizar. ¿Cómo están ustedes?

-Un poco aliviadas después de tanta presión por esta primera etapa. Nos queda un gran desafío y un gran compromiso con la lucha. Esto no acaba acá y va a ser un largo camino.

Como siempre lo hemos dicho estamos comprometidas con el legado de Berta. No vamos a parar y nunca van a poder desalentarnos.

Nota:

[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 

Fuente: Rel-UITA

La oposición no logró unirse contra Evo e intentará la desestabilización

Sullkata M. Quilla

Foto: eju.tv

La oferta electoral en Bolivia se expandió a nueve binomios presidenciales al fenecer el plazo de registro otorgado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a dos meses de las primeras elecciones primarias de la historia política del país y a un año de la novena elección presidencial.

La realidad destruyó el sueño de la oposición al gobierno del presidente indígena Evo Morales, de un mano a mano entre el presidente Evo Morales y un opositor de talla. El plazo establecido por el TSE para el registro de esas propuestas concluyó la víspera, y la habilitación de las mismas será definida el 8 de diciembre próximo, informó la presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque.

Los binomios inscritos son Evo Morales y Álvaro García del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); Ruth Nina y Leopoldo Chui del partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL); Félix Patzi y Lucila Mendieta Pérez del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Asimismo, Virgilio Lema y Fernando Untoja del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de la alianza Comunidad Ciudadana (CC); Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado de Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Jaime Paz y Paola Barriga del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Israel Rodríguez y Ariel Hurtado del Frente Para la Victoria (FPV).

Los comicios primarios están programados para el 27 de enero y los generales en octubre, ambos en 2019.

El Movimiento Demócrata Social (MDS) calificó de “cobardía política” la decisión del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, de romper la alianza “Bolivia dice no” y retirarse de la carrera electoral, y anunció que a pesar de esa postura presentará su binomio para las elecciones primarias de enero de 2019.

Un comunicado al que dio lectura el vicepresidente de los Demócratas, Ernesto Suarez, establece que cuando los Demócratas y Unidad Nacional habían formalizado la alianza, Doria Medina rechazó la incorporación de otras organizaciones y personalidades, además objetó la propuesta de renovación porque “no coincidía con el planteado por UN basado en un único candidato posible”.

Al parecer, su senador estrella Oscar Ortiz y otro legislador, Edwin Rodríguez, tratarán de imponer su maquinaria electoral adversando al presidente Morales y otros siete aspirantes a la Casa Grande del Pueblo, el 27 de octubre de 2019.

A dos semanas que el TSE homologue o rechace la calidad de los binomios, el principal contendor de Morales en las encuestas, el expresidente Carlos Mesa (2003-05) se alió al abogado del foro de la ciudad de Santa Cruz, Gustavo Pedraza, plaza del este boliviano donde su escasa popularidad parece evidente.

Con el aval del expresidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, responsable de las matanzas de octubre de 2003 (con 75 muertos y más de 500 heridos), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97) eligió a un pastor evangelista, Humberto Peinado, para ganar la carrera al gobierno. Bolivia, cuya población votó mayoritariamente por Morales en 2005 (54%), 2009 (67%) y 2014 (63%).

El partido de Sánchez de Lozada, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el más antiguo del sistema boliviano, desconcertó a la ciudadanía al presentar al periodista Virginio Lema, ignoto en las lides de la política, como candidato a presidente al indígena, doctor en politología, Fernando Untoja, con muchas intentonas presidenciales en su haber, como aspirante a la vicepresidencia.

Entre los que tienen escasas posibilidades aparecen el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL, con apenas nueve meses de vida) que inscribió su binomio compuesto por Ruth Yolanda Nina y Leopoldo Richard Chui, sin antecedentes en la política, y el Movimiento Tercer Sistema, del gobernador de La Paz, Félix Patzy, exministro de Educación de Morales en 2007, que eligió como acompañante de fórmula a Lucila Mendieta Pérez, prácticamente desconocidos por la ciudadanía

También se presentó el opositor Rafael Quispe, quien figura como “militante” del masismo. El diputado fue a registrarse como candidato presidencial junto a su acompañante de fórmula Juana Calle, pero no logró su objetivo.

La oposición

La oposición se propone generar una tensión de alta intensidad en el país, a partir de los primeros días de diciembre, para impedir que el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera se presente en las elecciones generales de octubre de 2019, con una campaña en las redes sociales, en el campo internacional y en las calles.

Distintos sectores de la oposición encuentran a sus actores con capacidad de converger en las acciones de hecho, aunque con profundas diferencias en el campo electoral, donde no ha sido posible estructurar una sola y gran alianza para hacer frente al proyecto de continuidad del proceso de cambio, señala La Época.

Hasta ahora los argumentos empleados por la oposición para generar ruido en la calle, como lo ocurrido el 10 de octubre pasado, al celebrarse los 36 años de recuperación de la democracia, son la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando por un estrecho margen se dijo no a la modificación constitucional para que Evo Morales pudiera presentarse a un nuevo mandato.

Hubo una sentencia constitucional dictada después del referéndum de 2016 y fundamentada en la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que permitió la presentación de Morales y García Linera.

Detrás de las movilizaciones anunciadas desde el 6 de diciembre es posible identificar los siguientes objetivos: tirar abajo las elecciones primarias del 27 de enero, impedir el registro y habilitación del binomio Morales-García Linera y pedir la renuncia del TSE, señala La Época. Lo que se intenta es generar un clima de tensión social de alta intensidad que derive en una convulsión social que amenace la estabilidad que Bolivia ha gozado en más de 12 años.

Enfrente –alerta el diario- hay un poderoso bloque de movimientos sociales que difícilmente permitirán que el poder vuelva a manos de la derecha y un binomio presidencial con experiencia y tradición de lucha.

Sullkata M. Quilla

Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

https://www.alainet.org/es/articulo/196875  

El discurso de Cristina

Horacio González

Nuestras Voces

El carácter explícitamente frentista de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en la cumbre de Clacso abre necesariamente una discusión. Si la igualdad es construcción, no lo es menos el Frente. Una voluntad que surge del peligro en materia de condiciones de vida de millones de seres humanos. La idea de Pueblo surge oportuna.  

El discurso de Cristina ha originado una gran discusión y es muy bueno que eso haya ocurrido. La naturaleza de este discurso fue explícitamente frentista y no puede haber un Frente cuya eficacia se resienta por la falta de discusión. De modo que el carácter frentista de los enunciados de la ex Presidenta son totalmente inherentes al horizonte de debates que promovió de manera tan clara. La amplitud que en principio se exhibió de forma dicotómica, “todos contra Macri”, tuvo tantas entrelíneas que no es posible dejar solamente en una superficial observación los sostenes complejos de los argumentos que expuso. Y como siempre de un modo no habitual entre los políticos argentinos, del sector que sean. Es cierto que aunque era un acto político, la reunión se realizaba bajo la invocación de las ciencias sociales y el “Pensamiento crítico”. Cuestión que exige aperturas cognoscitivas y modos de exposición cultivados en un ambiente que se presupone de antemano receptivo a las grandes ideas y elaboraciones teóricas. Precisamante por eso, y por el papel inevitablemente central que Cristina tendrá en ese Frente, es necesario volver nuevamente a muchas de sus afirmaciones para hacerlas parte de una indagación mayor. Eso nos compete como parte de la compleja tela arácnida que presenta este período histórico, al que no le sobra ningún hecho aciago que pueda sumarse sin que se piense que ya con los que estamos contemplando, se abre un abismo que encierra los mayores peligros para los países y la humanidad toda.

Cristina comenzó abonando las tesis constructivistas sobre las ideas fundamentales de la vida política. En especial, el concepto de igualdad, lo hizo parte de tal perspectiva “constructivista”, que nace de la apología de la voluntad humana y de la política en tiempo presente, que asimismo aparta los valores esenciales de toda comunidad política de las hostilidades del mundo natural. Esto se corresponde con una de las tendencias más frecuentadas por las instituciones de las ciencias scociales -en especial aquella en suyo seno se realizaba la alocución- que resaltan la diferencia fundadora entre lo natural y lo social. Esta incisión, con todo, no puede ser absolutizada, como luego lo mostraron otros trechos del discurso. Pero se trata de observar, ante las menciones constructivistas, siempre aceptables cuando se trata de ponderar las elaboraciones que parten de acuerdos políticos que se hacen bajo la sombra de ese otro gran concepto -el que define el papel creativo del diferendo-, que nunca terminan de apartarse completamente los sedimentos que arrastra toda acción de grupos o individuos. No hay hechos sin historicidad y sin una “cola de cometa” que como colección heterogénea de memorias, los acompañe como una tempestad ya ocurrida pero que siempre reclama explicaciones. Llamémoslo las sobras, los residuos o deshechos quebradizos de la memoria que siempre actúan inesperadamente en cualquier fisura del presente.

De ahí que una posición de “izquierda”, consista mucho más en tener en cuenta ese acarreo en el horizonte actual de aquellas maquetas que fueron construcciones derruidas en cualquier etapa anterior, cercana o lejana. Gracias a esas secuelas aun no agotadas de una temporalidadd que parece ausente, hay una noción que simboliza muy bien la expresión “izquierda”, comprendida entonces como una ética imprescindible. Es una izquierda de esta clase la que está en mejores condiciones de heredar todo el material civilizatorio que el neoliberalismo ignora, poniéndose un velo de deliberada necedad y olvido en sus ojos. Ciertamente, podría decirse que las nociones clásicas de izquierda y derecha no tienen la vigencia que se le otorgaron en buena parte de las décadas del siglo XX. Y que los movimientos nacionales de hace medio siglo insistieron en desdibujarlas o relativizarlas en nombre de una “cuestión nacional” que venía avalada incluso por los mismos congresos de la Tercera Internacional. Ante ellos, también se elevaba la estrategia de los “Estados de Bienestar” que a la luz del keynesianismo traían como plan maestro los países capitalistas que deseaban contener con un adelantado tratamiento de la “cuestión social” el levantamiento de masas que parecía anunciarse con el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Todas estas líneas de trazos imposibles de pasar por alto, figuraron como nutrientes del discurso de Cristina. Recordaron sin mucho esfuerzo el lema peronista de situarse “más allá de las ideologías”, o remedando a Nietzsche, “más allá del bien y del mal”, frase con la que se quería decir que había un punto privilegiado desde donde se podía contemplar todo el espectáculo humano, que estaba en otro rango que el las ideologías políticas. Se trataba del rango de la condición humana, de la urgencia ante el peligro mayor y de la catástrofe que se avecina de continuarse estas decisiones que embarcan al país en un endeudamiento y ajustes sin fin. Esta situación discursiva tiene que ver con el “constructivismo” que presidió conceptualmente el discurso de Ferro. Si la igualdad es construcción, no lo es menos el Frente, voluntad e imaginación que surgen de una línea de peligro que se está traspasando, la de la subsistencia en materia de condiciones de vida de millones de seres humanos.

No obstante, aquí es posible señalar que si un mundo de estas características ya se halla entre nosotros -el afán destructivo de neoliberalismo manejado por tecnólogos del sufrimiento ajeno nos lo hace comprobar todos los días-, esto no significa que el nudo problemático que a lo largo de la modernidad significó el concepto de izquierda deba ser dejado de lado. Pues entre otras cosas, con él nos colocamos ante una actitud de recipientes de una memoria amasada y cincelada por el tiempo, con suerte diversa, y con su colección de hechos que se abren en todas direcciones hacia pensamientos utópicos sobre la igualdad o pensamientos sociales sobre agrupamientos humanos enraizados en la justicia y la crítica a la explotación del hombre por el hombre. Si el mundo necesita nuevas explicaciones políticas ante el avance de las tecnologías -que han roto ya las barreras de la ética, que en la época de las locomotoras o el motor a explosión aún las acompañaba-, no menos necesita de pensamientos libertarios, una de las más interesantes derivaciones de los signos elaborados por las más que centenarias izquierdas latinoamericanas y mundiales.

Otra observación de Cristina imposible de omitir es la contextura o alcance real de los actuales poderes constitucionales. En ese sentido es muy concisa la apreciación de que un presidente constitucionalmente electo y con énfasis en reformas populares impostergables, solo tiene “el 25 % del poder”. Se sobreentiende que algo hay que hacer respecto al faltante, que finalmente -y no necesariamente por cuestiones porcentuales- termina imponiéndose sobre los gobiernos constitucionales. ¿Cuál es ese resto? Son las corporaciones, los medios de comunicación, las redes llamadas “sociales”, los grandes circuitos financieros legales o ilegales. Aquí se abre una gran discusión porque en definitiva, el poder no es una cuestión sumatoria sino un concepto que nunca puede totalizarse. Por eso siempre algo le falta, y por eso, la formación de lo que lo completa, por un lado significa poner en discusión nuevas funciones democráticas de la incumbencia de lo público-estatal en lo privado, y por otro, poner en un estatuto constitucional nuevas relaciones entre el gobierno central y la propiedad social descentralizada. Estas nuevas lógicas son, efectivamente, parte de una nueva izquierda, con ideas sociales y comunitarias de propiedad. Esto supone una reforma social avanzada que no necesariamente aumenta el porcentaje gubernamental sino que amplía el poder social y ciudadano, dándole otros significados a la producción y el consumo. Lo más incitante de la historia del peronismo no tendría sentido si no se acudiese a mentar estas ideas.

El Frente debe ser amplio pero sus ideas no pueden ser remiendos ni retazos mal cosidos o pegados de apuro para la oportunidad. Por eso también tiene radical importancia la cuestión de la unidad de los pañuelos, que adquiere gran verosimilitud cuando se la postula en términos de la unidad de los que rezan y los que no rezan. Es una división enunciada desde el acto del rezo, que define por la negativa a quienes no lo hacen. La formulación en sí misma es irreprochable, más cuando el rezo atañe en verdad a todos los credos y también a quienes suponen no tener credo. En tanto pensamiento en torno a los númenes que protegen toda actividad humana y reciben todos los deseos como un espejo de la imaginación, es la pieza capital de un Frente que reclama ser rodeado por el archipiélago de creencias existentes en toda sociedad, que se perfilen en el interés por un pueblo con conciencia de sí. De otro modo, el Frente debería ser muy exigente en su textura superadora de contradicciones para colocarse por encima de la bifurcación por excelencia, bifurcación en cuanto al debate por la vida, que sería más aconsejable -aquí sí-, tomar desde el punto de vista de la despenalización del aborto -dándole entonces una concretud histórica según el curso de las grandes movilizaciones de masas realizadas por el nuevo feminismo-, y luego o simultáneamente, hacer el significativo esfuerzo de considerar como tema civilizatorio cardinal el punto de intersección emancipada que se encuentre entre las posiciones más biologicistas conservadores y las posiciones más culturalistas de las variadas experiencias secularizantes y revolucionarias como las que se expresan en una renovada ontología de los deseos. Siempre que las primeras no carguen en sí mismas el síndrome de las arcaicas y oscuras derechas argentinas. Nuevamente, la mera sumatoria no sería eficaz aun cuando el Frente contenga un llamado en última instancia para la reconstitución de la sociedad nacional luego de la orgía destructiva que la está atravesando.

Por eso, la idea de Pueblo surge oportuna como un conjunto a medias heredado (con sus fisuras a cuestas, todas de orden material o emocional) y a medias reconstruido, como quiere el tono general del discurso de Cristina. Aquí tampoco servirían las sumatorias (del tipo “unidad indiferenciada del peronismo”), no porque las identidades anteriores sean declaradas caducas, sino porque el ser de la política es el doble trabajo de conjugar sobre un resto y perder algo en la conjugación. Dicho de otra manera, al llamar a la unidad de todos, algo debe perderse (en un extremo, al enemigo neoliberal) y también algo debe juntarse de todo lo que hasta el momento fue adverso o contrincante. De ahí que desde el punto de vista del pueblo -en el que el Frente se asume-, no puede haber un constructivismo absoluto. No es un pueblo nuevo, ya fue llamado así muchas veces y tiene una historia. Historia en lo específico de sus divisiones y enfrentamientos. Eso pervive porque el pueblo nace en medio de las confrontaciones internas en el seno de su propio ser. Por eso, cuando triunfa lo hace también contra sí mismo. Bajo ese sentido no hay llamado que no deba hacerse ni cuestión que parezca impertinente que no deba ensayarse. No obstante, para terminar de realzar el importante discurso de Cristina con las derivaciones imprescindibles que tiene su relectura, hay que destacar por un lado su voluntad constructivista. Y la noción de pueblo debe reaparecer bajo una nueva luz que desmonte los núcleos más calcificados donde en él se ha aposentado el neoliberalismo, a la vez que no debe abandonarse lo ya construído, que permanece como silencioso sedimento, muchas veces con ritualizaciones que escapan al neoliberalismo, pero que tampoco se muestran dispuestas a nuevas interrogaciones sobre el estado real de una estructura de injusticia que nos abate a todos.

Dejamos para otro momento la relación entre tecnología y pueblo, cuestión estratégica vital, que en principio nos permitiría decir que no hay un modelos de progreso tecnológico que deban preceder a la reorganización emancipada de lo popular, ni hay vida social implicada en su propio usufructo de libertades, sin una tecnología que practique caminos alternativos que convivan con los ya conocidos universalmente, y éstos reaprovechados bajo perspectivas soberanas y no consumistas, sino a partir de nociones de una vida colectiva, individual y nacional ausente de coacciones inducidas por las fábricas de implantes artificiosos de subjetividades. Evidentemente, los enunciados que pronunció Cristina, a los que hemos sometido a una rápida discusión, son inusuales en términos de la política nacional, como inusual debe ser el Frente que se forje con su presencia predominante. Esto es así porque a su voz definidora no hay otro u otra que pueda alcanzarla en el actual panorama de penurias de la nación, eco terrible del estado catastrófico en que está sumida buena parte de la humanidad contemporánea. De ahí la importancia que le damos a este discurso, que con sus muchos hilos significativos permiten esta discusión.

Fuente: http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/el-discurso-de-cristina/

80 millones de niños pobres en América Latina y el Caribe y siete millones de migrantes

Cecilia Vergara Mattei

Rebelión

Más de 80 millones de niños de hasta 14 años en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de pobreza , de acuerdo con un estudio elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), que revela que el 45% de los niños se ve afectado por una privación moderada o grave en sus derechos

El informe advierte que existe una gran diferencia entre países. En Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, más de dos tercios de los niños son pobres ; en Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de uno de cada cuatro niños sufre pobreza .

Para elaborar el informe se analizaron temas como la nutrición ; el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento ; la calidad de las viviendas y el número de personas por habitación; la asistencia a la escuela ; y el acceso a medios de comunicación . Además, se consideró el nivel de ingresos de los hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer las necesidades básicas de los niños.

Por su parte, María Perceval, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó en México que hay siete millones de niños migrantes en América Latina y el Caribe, ”que no migran por conflictos armados, sino que salen de sus países para vivir mejor".

Perceval explicó que los menores "creen que en otro lugar puede cumplirse el derecho insoslayable de vivir con dignidad", y alertó que cada vez hay un mayor número de niños y adolescentes que migran por su propia cuenta para huir de la pobreza o la violencia de sus comunidades.

Invertir en la infancia

"A fin de eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia , asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social", señala el informe de Cepal y Unicef.

El mismo destaca que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y reducir las desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en los países de la región. Para eliminar la pobreza infantil debería ponerse en marcha políticas públicas a nivel multisectorial para garantizar los derechos que tienen todos los niños a la alimentación, la educación, la salud, el agua, el saneamiento, la educación y la información.

De 193 millones de niños que viven en la región, 5,1 millones menores de cinco años sufren desnutrición crónica y 3,9 millones tienen sobrepeso.

Mientras, la ONG ProPublica reportó que el gobierno del presidente estadounidense , Donald Trump, reanudó discretamente la separación de familias migrantes en la frontera sur, mediante acusaciones vagas o infundadas contra los padres por irregularidades o violaciones menores, incluidos casos de reingreso ilegal al país, al aplicar su política de "tolerancia cero", -anunciada el 18 de abril por el fiscal general Jeff Sessions, que fue obligado a suspender el 21 de junio ante la catarata de críticas no sólo a escala nacional, sino también internacional.

Durante el último trimestre abogados de la organización Catholic Charities, que asesora a niños inmigrantes bajo custodia del gobierno en Nueva York, detectaron al menos 16 nuevos casos de separación familiar. Sostienen que se encontraron con esos casos casualmente y por medio de su propia investigación, después de que los menores fueron puestos en albergues o refugios con poca o ninguna indicación de que llegaron a la frontera con sus padres.

ProPublica recibió a finales de octubre la llamada de un padre salvadoreño angustiado, detenido en el sur de Texas, cuyo hijo de cuatro años, Brayan, le había sido "literalmente arrancado de un tirón" por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de cruzar la frontera.

La agencia de noticias estadounidense Associated Press afirmó que 2.349 adolescentes, en su mayoría centroamericanos, continúan en un campamento de detención de emergencia "temporal" en Tornillo, en el desierto Texas, que se abrió en junio pasado. En junio el gobierno de Trump dijo que se trataba de un refugio temporal para albergar a 360 menores migrantes, pero ahora se convirtió en un campamento de detención permanente.

En tanto, el Centro de Investigaciones Pew indicó que el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin papeles disminuyó a su menor nivel en casi una década, pues en 2007 se reportaron 12,2 millones y la cifra para 2016 se ubicó en 10,7 millones.

Cecilia Vergara Mattei. Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

El éxodo migrante centroamericano: Entre el destierro y la migración

Guillermo Castillo Ramírez

Rebelión

…Sólo en un mundo al revés e indiferente, como en el que vivimos, los migrantes forzados, los desterrados de casa y de una vida digna en el hogar, son

criminalizados y tratados como delincuentes…. Y, sólo en un mundo injusto y despiadado, el verdugo se disfraza de víctima y criminaliza a los excluidos…

Urbano Arbide, agosto de 2017.

 

Los centroamericanos, excluidos y desterrados

Contrario a lo que divulgan y mal informan ciertos medios de comunicación, los miles de centroamericanos, que desde hace semanas ingresaron y transitan por México para intentar cruzar a EU, no son criminales. Se trata de personas y familias en situaciones de alta vulnerabilidad, que tuvieron que salir de sus hogares y sus países de origen porque sus condiciones de vida eran muy adversas. Como lo han señalado diversos especialistas y grupos pro-migrantes, son principalmente dos las motivaciones que han orillado (forzado) a estos centroamericanos a migrar.

Por un lado, los muy bajos niveles de desarrollo socioeconómico, que se manifiestan en los altos índices de desempleo, los bajísimos e insuficientes salarios y la persistencia y el crecimiento de la extrema pobreza. Estos procesos de deterioro de las condiciones materiales de vida de la gente se han acentuado en los últimos años, principalmente debido a las políticas de libre mercado y las reformas estructurales dictadas (impuestas) por el intervencionismo norteamericano y ciertos organismos internacionales (BID, FMI, BM). Particularmente en Centroamericana la integración económica regional y la inserción inequitativa en la globalización neoliberal sólo han acrecentado la desigualdad y fomentado una creciente y muy selectiva acumulación de riqueza (en muy pocas manos); con el consecuente correlato de un acelerado proceso de incremento de la pobreza y la extrema pobreza; una gran mayoría de pauperizados arrojados a la precariedad.

El otro gran motor que ha provocado la migración forzada tiene que ver con las condiciones de violencia estructural y generalizada (fenómenos como las pandillas, el crimen organizado, entre otros grupos delictivos), que ponen en riesgo de manera cotidiana la seguridad y vida de miles de personas en la región.

El circulo de la pobreza y la violencia

En este sentido, el caso más acentuado de la relación entre pobreza, violencia y migración involuntaria no regular es Honduras. En los últimos años este país ha tenido uno de los índices de violencia, asesinatos y criminalidad más altos del continente y del mundo. De acuerdo a organismos de la ONU y ciertos especialistas, en la última década ha habido más de 70,000 asesinatos en ese país, lo que coloca a Honduras en una situación similar a la de países en condiciones de conflicto bélico. Además, en Honduras la brecha entre la extrema pobreza y la riqueza desorbitante se ha incrementados de manera drástica, particularmente desde el golpe de estado y el derrocamiento del gobierno de Zelaya (con el aval de EU). El Estado hondureño y sus instituciones están completamente rebasados y son incapaces (entre otras cosas por falta de voluntad política) de generar las condiciones de vida indispensables para la gran mayoría de los hondureños. De hecho, algunos especialistas en el tema señalan que cerca del 70% de la población de ese país desea salir de Honduras.

El contexto de los otros dos países del triángulo norte de Centroamérica no es mucho mejor. El Salvador tiene también acentuadísimas condiciones de inseguridad y violencia, así como alarmantes niveles de pobreza. Y la situación de Guatemala no es sustancialmente mejor.

La discriminación como estrategia de control migratorio

Los centroamericanos nos son delincuentes, por el contrario, son desterrados que huyen de la pobreza y la violencia que padecen en sus lugares de origen. Escapan de sus hogares y comunidades porque el futuro no es posible y el presente es demasiado adverso. En este contexto, la discriminación de ciertos medios informativos y del gobierno de EU tiene por base una imagen estigmatizada y ficticia (que no corresponde a la realidad) de estos centroamericanos. Esta imagen es creada, deliberada y/o implícitamente, con los fines políticos e ideológicos de contener y controlar la migración forzada. Al negarles o no reconocerles su condición de migrantes forzados (y posibles refugiados), se les cancela y viola el derecho al asilo, al que tendrían por ley la posibilidad de recurrir. 

El tirano virtuoso y la vida de Jorge Glas

Atilio A. Boron

Rebelión

Conversando con algunos amigos y colegas ecuatorianos en diversos foros internacionales en los que participé en los últimos días logré interiorizarme de algunos detalles de la gestión del presidente Lenín Moreno que si bien no los ignoraba sólo los conocía un tanto superficialmente. A medida que el bagaje de información se acrecentaba y su nivel de precisión se agudizaba no podía dejar de asombrarme ante los inéditos alcances de su obra destructiva de la institucionalidad democrática del Ecuador y el espesor del blindaje mediático que ocultaba esos sistemáticos atropellos a la democracia y el estado de derecho perpetrados por el gobernante ecuatoriano.

El caso más dramático por sus probables fatales consecuencias fue la farsa construida para destituir al ex-vicepresidente Jorge Glas, acusado y condenado injustamente con falsas evidencias que nunca pudieron ser comprobadas. Pero, como lo enseña el caso de Lula y las declaraciones del juez Sergio Moro, ya no hacen falta pruebas. En la era del “lawfare” o del Plan Cóndor.2 lo que importan son las convicciones de los jueces, no las evidencias. Por eso Glas fue condenado.  Para colmo, se lo condenó apelando a un Código que había sido derogado. La razón: poder aumentarle la pena a seis años de prisión y evitar de ese modo que recuperase a tiempo su libertad para cumplir con lo que le quedaba de su mandato y competir en la próxima contienda electoral. Empeorando aún más las cosas, en fechas recientes Glas fue trasladado fuera de Quito, a una prisión de máxima seguridad y deleznables condiciones de detención en Latacunga (a unos 80 kilómetros de la ciudad capital).

Ningún ser humano – independientemente de su calidad de ex vicepresidente- debería ser tratado de manera tan humillante y violatoria de sus derechos humanos fundamentales, incluso alejándolo de su familia. Este maltrato motivó que Glas iniciara una huelga de hambre como protesta por dicha medida, misma que se mantiene hasta hoy, sumando ya 39 días en esas condiciones mientras el gobierno desoye las exhortaciones de la Asociación Iberoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aceptó la denuncia elevada por el abogado defensor de Glas en contra del gobierno ecuatoriano. A resulta de estos abusos su salud se encuentra seriamente deteriorada, pero el gobierno permanece inmutable ante esta lamentable situación. El odio ante cualquier persona, norma o institución sospechosa de “correísmo” prevalece sobre cualquier tipo de consideración moral. Ojalá que Glas reflexione y no prosiga con su huelga de hambre. No debe inmolarse a causa de los ataques de sus verdugos. Ecuador lo necesita para reconstruir su democracia dañada por obra de este tirano blindado mediáticamente y sus mandantes que, hace unos veinte años, hundieron al país en la peor crisis de su historia. 

Pero hay más. De un plumazo Moreno descabezó la Corte Constitucional y suspendió su funcionamiento por tiempo indefinido. No sólo quedó acéfala: tampoco está en actividad. No escuché a ninguno de los “periodistas independientes” que sacan pecho en toda Latinoamérica y España denunciar una decisión de tamaño calibre. Imagine la lectora o el lector cómo este “paraperiodismo” (el “paraperiodista” es a los periodistas lo que los “paramilitares” son a los militares) habría reaccionado si algo semejante hubiera ocurrido en la Bolivia de Evo, en la Argentina de Cristina Fernández o en el Brasil de Lula y Dilma, para ni hablar de la Venezuela bolivariana.

De igual modo Moreno intervino en el Consejo Nacional Electoral cuyo directorio, pluripartidista en la época de Correa, ahora está constituido exclusivamente por partidos adictos al régimen. Su misión: escrutar las listas de candidatos a todos los cargos de la próxima elección de alcaldes y concejales y proscribir, de modo irrefutable, cualquiera que incluya a “correístas” o candidatos desafectos al actual gobierno. La “limpieza” política, la proscripción, la persecución se realiza con una prolijidad y meticulosidad digna de mejores causas.Y ahora el dictador va por Correa, contra el cual elevó un pedido de captura a la Interpol que fue desestimado al carecer por completo de fundamento. Ya antes había manipulado un referendo y consulta popular (el 4 de Febrero de 2018) en el cual se había aprobado una reforma, ¡con efecto retroactivo!, que impediría -de por vida- que Correa se postulase como candidato presidencial o a cualquier cargo público.  Aprobar leyes o dictar resoluciones con efecto retroactivo –una verdadera monstruosidad jurídica- es parte de lo que enseñan a sus alumnos latinoamericanos los profesores que dictan cursos de “buenas prácticas” en diversos programas del gobierno de Estados Unidos. Sergio Moro, el verdugo de Lula, fue un destacado estudiante en esos programas.    Y esto no es todo: Moreno intervino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitoriamente se dijo, pero esa medida provisoria se mantiene desde hace dos años sin perspectiva de normalización. En la misma línea, designó funcionarios del más alto nivel –nada menos que el Contralor General del Estado y el Superintendente de Bancos- soslayando la previsión constitucional que exige que para tal designación se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional. También intervino la Universidad de Guayaquil y nombró a su capricho al Rector, decanos y administradores sin atenerse a reglamento alguno. En línea con las órdenes que recibe con todo tipo de genuflexiones desde Washington, cierra el cerco sobre Julian Assange, y le impone condiciones propias de una celda de máxima seguridad a quien es un verdadero campeón de la libertad de prensa en el mundo moderno. Un gesto que ilustra la valentía y la calidad de estadista de Moreno es que en fechas recientes se le requirió a Assange que pagara por su comida, amén de otras exigencias que denotan una creciente animosidad hacia el australiano que tanto ha hecho para que la verdad sea conocida en el mundo. Obsecuente hasta lo indecible abandona la UNASUR, vitupera la memoria de sus fundadores e incorpora Ecuador al “Cartel de Lima” hegemonizado por los “narcogobiernos” del México de Peña Nieto y de Colombia mientras se apresta a restaurar la presencia de tropas norteamericanas no sólo en la Base de Manta sino en otras partes del territorio nacional. No es casual que este giro hacia una subordinación total y lambiscona al imperio se acentuó luego de la visita que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realizara al Ecuador en Junio del corriente año.

En suma, estamos en presencia de un siniestro personaje sólo homologable a los más infames que dejaran su estela en las tragedias de Shakespeare: traidor, artero, inescrupuloso. El pueblo ecuatoriano, bombardeado y atontado durante tanto tiempo por el coro monofónico de una prensa absolutamente controlada por la derecha y la reacción está comenzando a salir de su letargo. En sus recientes visitas a algunas ciudades de ese país: Manta, Bahía de Caráquez y Pedernales (de la provincia de Manabí)  no hubo nadie que saliera a su encuentro para saludarlo. Más bien, la policía tuvo que trabajar duro para evitar insultos y agresiones.

¡Qué diferencia con las giras de Correa, que tenía invariablemente una multitud esperándolo, ansiosa de conversar con él, sea para reclamarle obras o políticas tanto como para agradecer su presencia y sus actos de gobierno! Pero, el consenso fabricado por el imperialismo y su impresionante aparato de medios y el “paraperiodismo” (eufemismo: “periodistas independientes”) hace que, por ahora, muy poco de esto aparezca ante los ojos de la opinión pública. Tamaña complicidad de los medios y de la opinión “bienpensante” con un déspota como Moreno nos lleva a preguntarnos: ¿será que hay tiranos virtuosos y otros que no lo son? O como decía Franklin D. Roosevelt cuando sus congresistas le reprochaban su apoyo a la tenebrosa dictadura de Anastasio Somoza. “Es un hdp”, le decían. “Es cierto”, respondía Roosevelt, “¡pero es nuestro hdp!” Reemplácese el nombre del nicaragüense por el de Moreno y descubriremos la razón por la cual un personaje de su calaña cuenta con todo el apoyo de la prensa y la clase dominante no sólo en Ecuador sino en todo el mundo capitalista. Por suerte la historia nos muestra que gobernantes como él no tienen mucha gasolina en su tanque y lo más probable es que más temprano que tarde  el pueblo ecuatoriano diga basta y lo arroje a puntapiés del Palacio de Carondelet.

¿Bolsonaro romperá el MERCOSUR?

Ulises Noyola Rodríguez

Alainet

El futuro presidente Jair Bolsonaro contempla la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio con el propósito de aumentar el crecimiento económico y la productividad, y con ello, impulsar el desarrollo tecnológico. El comercio con los países avanzados tiene que liberalizarse para incrementar la competitividad en los sectores de alta tecnología, de acuerdo con el plan de gobierno. Para el próximo ministro de Economía, Paulo Guedes, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) ha sido una asociación ideologizada, que ha establecido únicamente relaciones con gobiernos afines a las ideas bolivarianas. Así, el presidente brasileño se enfocará en quitarse esa camisa de fuerza, pero eso amenazará con romper el bloque regional.

Por un lado, los mercados del MERCOSUR han perdido importancia, ya que representan solamente un 9% del comercio exterior de Brasil. El fracaso de la integración está reflejado en la paralización de varias iniciativas, que fueron olvidadas por los gobernantes. Entre las propuestas de mayor envergadura destacaron la adopción de una unidad de cuenta para facilitar los intercambios comerciales; la constitución de un fondo de reservas para fomentar la estabilidad de los tipos de cambio; y finalmente, la eliminación gradual de las asimetrías entre las economías. Todas estas iniciativas fueron postergadas hasta terminar en el rincón del olvido.

Por estar prohibido en la organización, Bolsonaro no podrá negociar convenios comerciales con autonomía. Hasta el momento, los países miembros han establecido de forma colectiva sus tratados de libre comercio con otros países (Israel, Egipto, Palestina y Sudáfrica). En el caso contrario, los miembros necesitan la aprobación de los demás países para firmar un acuerdo de forma independiente. Por lo tanto, el mandatario tendrá que negociar nuevas normas, o bien sacar a Brasil de la unión aduanera. Pero cualquier decisión que tome el presidente brasileño, el establecimiento de acuerdos que aporten beneficios sustantivos a la industria y la agricultura se vislumbra imposible.

En el plan nacional de exportaciones, la prioridad fue profundizar las relaciones comerciales con varios socios y bloques hace tres años-entre ellos Estados Unidos, China, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea y los países de los BRICS. Por un lado, Brasil afectaría su base industrial si firma un TLC con países industrializados. Con sus socios del MERCOSUR, el gobierno brasileño lleva negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea durante más de veinte años; con el cual impulsaría la exportación de productos agrícolas hacia su principal mercado. Para terminar el contenido del acuerdo, el presidente Bolsonaro podría negociar por su cuenta con la Unión Europea, pero las conversaciones serían igual de complicadas por las demandas de los europeos.

Las diferencias entre las propuestas de los negociadores del MERCOSUR y la Unión Europea cubren varias cuestiones: el sector automotriz, las reglas de origen, los productos agrícolas, entre otros. Bajo la propuesta europea, los productos agrícolas de los países sudamericanos continuarían estando sujetos tanto a las restricciones de acceso a los mercados europeos como a la imposición de aranceles. Además, los europeos demandaron eliminar los aranceles sobre el sector de auto-partes en un corto plazo para posicionar sus mercancías en Sudamérica. Por su superioridad tecnológica, los productos europeos desplazarían a la producción nacional de vehículos, causando el cierre de fábricas y la pérdida de empleos en Brasil.

Ahora los problemas son bastante críticos para la industria automotriz, sector en donde están más integrados Brasil y Argentina. La integración tomó impulso cuando las empresas trasnacionales estadounidenses y europeas se instalaron en ambos países para vender en los mercados de Sudamérica en la posguerra. Pero la caída de ventas de automóviles provocó el recorte de salarios además del despido de trabajadores en la crisis actual; con lo cual las condiciones del mercado laboral se deterioraron. Por añadidura, las automotrices chinas se instalaron recientemente en Brasil y Argentina; situación que intensificará la competencia con las demás empresas.

En un comunicado, la Confederación Nacional de Industrias explicó que el MERCOSUR es importante para la industria brasileña, ya que el mercado argentino es el principal destino de las exportaciones manufactureras. A pesar de la imposición de un arancel común en los países miembros, la industria ha perdido mercados en el exterior. Ante una mayor liberalización comercial, el descalabro para la industria sería irreversible, quedando rezagada de forma definitiva con respecto a los centros industrializados. Y lo peor es que el relanzamiento de la integración industrial entre los países sudamericanos ya sería bastante complicado con la dominación de las empresas trasnacionales.

Podemos concluir que la política comercial de Bolsonaro es contradictoria. Por un lado, el mandatario brasileño pretende apoyar a la industria por medio de la firma de acuerdos comerciales; pero la realidad es que desmantelará la manufactura por la falta de una política industrial. La estrategia del gobierno será reducir el déficit fiscal a través del recorte de los subsidios y la ayuda financiera hacia el sector industrial. Ante la reducción del apoyo económico, los empleos en la manufactura se verán reducidos, golpeando duramente a la clase media que respaldó su candidatura en los estados industrializados como Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre otros.

Además, el gobierno brasileño realizará privatizaciones, concesiones y venta de inmobiliario con el fin saldar un quinto de la deuda pública. En una entrevista, Paulo Guedes indicó que no se llevará a cabo un programa de privatización de forma cautelosa, sino que abarcará una gran cantidad de activos públicos. Por ende, el saldo de las finanzas públicas mejorará por la diminución del peso de la deuda, pero el gobierno perderá activos clave para el desarrollo económico. En el peor escenario, el proceso de privatización incluirá a los puertos, las carreteras, los aeropuertos, la energía eléctrica y el petróleo, profundizando la desindustrialización.

Por otra parte, las tensiones en el sector agropecuario podrían dar pie a la imposición de aranceles entre los países miembros. En un documento dirigido a Bolsonaro, la bancada rural pidió la aplicación de mecanismos para proteger a varios productos agrícolas (lácteos, arroz, trigo, entre otros) por la asimetría de las políticas macroeconómica, cambiaria, laboral y ambiental en el MERCOSUR. La aplicación de aranceles por parte del gobierno brasileño afectaría de forma significativa a los demás países, porque Brasil representa un comprador importante de sus productos agropecuarios.

Para los pequeños países como Uruguay y Paraguay, la relación sería más desbalanceada con la aplicación de aranceles, ya que reducirían sus exportaciones hacia Brasil. En un contexto donde China no podría suplir la pérdida de mercados para varios productos, estos países pasarían a tomar una postura ofensiva en contra de Brasil, planteando reclamaciones en organizaciones regionales y multilaterales como el MERCOSUR y la Organización Mundial de Comercio. El gobierno brasileño enfrentará dificultades para restaurar los aranceles en el MERCOSUR; lo cual implicaría abandonar el objetivo inicial de convertirse en un área de libre comercio.

Para empezar, el gobierno de Bolsonaro tendría que demostrar que los países miembros han aplicado una política de competencia desleal con el fin de justificar la imposición de aranceles. Cabe recordar que el gobierno brasileño ha bloqueado la venta de productos agrícolas, pero no ha podido demostrar sus acusaciones en contra de sus socios en varias ocasiones. Además, Bolsonaro no conseguiría la flexibilización del MERCOSUR para negociar tratados de libre comercio con esta guerra comercial. Por lo tanto, el gobierno brasileño quedaría aislado al no tener fuertes alianzas para consolidar su proyecto de liberalización comercial en Sudamérica.

Pero lo que es seguro es que la política comercial de Bolsonaro no favorecerá la integración de América Latina. Al apoyar principalmente el sector exportador, el gobierno de Bolsonaro terminará dándole la espalda a sus electores; con lo cual exacerbará el malestar de la sociedad brasileña. Para hacer frente a la crisis, los gobiernos tendrían que fortalecer la integración económica con la participación activa de movimientos y organizaciones sociales. De no ser así, los beneficios serán siempre para un puñado de empresas, quedando fuera la población latinoamericana.

Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/196835