La digna voz
Para Rubén Espinosa y Nadia Vera (In Memoriam)
México
y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie
lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o
causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben
concentrar la atención.
Con frecuencia se dice que el problema
en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de
la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las
instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba
reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no
sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de
Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso,
“opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica)
profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la
responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al
país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite
concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de
que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el
derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso
significa “democracia”).
Y como el léxico es absolutamente
determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas
apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación.
México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el
poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los
resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta
conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de
Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la
organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la
presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el
narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es
el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años
más sangrientos de nuestra historia reciente”.
La hipótesis de
que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores
que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en
Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura
atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores
políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos
humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias
extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición
perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año
en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de
Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país
más violento del mundo, sólo detrás de Siria).
De acuerdo con
Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas
desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo
menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad
de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes
estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente,
crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se
han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada,
todas ellas entre 2005 y 2010” ( La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad.
Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador,
acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países
desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al
poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y
desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la
organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición ( El Universal
30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación
de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe
recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en
1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió
en el primer país de América Latina en calificar la desaparición
forzada como un delito de lesa humanidad” ( Correo del Orinoco 21-I-2017).
También
en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre
de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en
el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles
catastróficos” (La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo
más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la
violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda
protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría
General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel
federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un
aumentó de mil 165 a 2 mil 403.
Sobre los presuntos casos de
tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge
un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que se
su esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso
se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta
versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López
pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de
fisicoculturismo que un reo martirizado” ( La Jornada
25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional
(CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los
hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista
Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril ( Telesur 19-IV-2017).
De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman
alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora de l
Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS)
estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin
sentencia” ( La Opinión 22-III-2016).
Hasta antes de la
escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la
propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese
país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos
graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político
legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López,
actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de
corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central
de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de
acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la
derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 ( El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”.
A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición
forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad
de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las
instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales,
instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de
gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción
concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación
de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del
narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable:
que México es una narco dictadura.
También en Venezuela
persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el
gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un
incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo
Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3
de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del
Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al
gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con
palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se
tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los
enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres
humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego
a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios
gubernamentales” ( Ibidem ).
México es uno de los peores
países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay
registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25
están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser
reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por
la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado
[2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra
durante este siglo” ( The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” ( Telesur 3-V-2017).
De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la
Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en
cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México,
dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en
Honduras y uno más en Venezuela ( Resumen Latinoamericano I-IV-2017).
En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera,
las estadísticas de los últimos años sobre el periodismo en ese país
registran: “cero periodistas muertos”; “cero periodistas ciudadanos
asesinados”; “cero colaboradores muertos” (https://rsf.org/es/venezuela).
Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia
de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike
Pompeo, contestó: "Cada vez que tienes un país tan grande, y con la
capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene
profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que
puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de
México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema
precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían
hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro
rincón del mundo (¡sic!)" ( El Nuevo Herald 26-VII-2017).
¿Está clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolución?
