Guatemala
Cuando una estructura
criminal logra controlar un organismo o institución del Estado, la
entidad se orienta a facilitar las fechorías y el encubrimiento de los
actos anómalos y criminales.
Esto fue lo que sucedió en el período
2012-2015, cuando la estructura criminal —conocida como La Línea— logró
organizarse como Partido Patriota, ganó la elección a la presidencia y
orientó el Organismo Ejecutivo al logro de sus fines. También ocurrió en
el Legislativo y en algunos ámbitos del Organismo Judicial durante los
gobiernos del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, 2000-2004) y de la
Unión Nacional de la Esperanza (UNE, 2008-2012), lo cual se evidencia
con el caso Transurbano, en el cual resultan comprometidos un
expresidente y exministros.
En la actualidad, estamos frente a
una articulación política que sigue actuando en el Estado para hacer uso
de la política y de los recursos públicos en beneficio de unos pocos,
tal como ha sido denunciado y sobre lo cual existen evidencias. Esta
articulación política ha sido denominada pacto de corrupción e
impunidad.
Los hechos que evidencian la existencia de dicho
pacto informan que este está integrado por empresarios y empresas,
políticos y partidos políticos, militares (activos o en retiro),
funcionarios, medios de comunicación masiva, fundaciones y
organizaciones propiamente mafiosas y criminales, entre otros actores
que han hecho uso ilícito de las instituciones, las políticas y los
recursos públicos para enriquecerse, lograr ventajas competitivas en el
mercado, aumentar las ganancias de sus empresas y perpetrar violaciones
de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto
armado.
A pesar de que no todos los que integran este pacto
—algunos convictos o prófugos en proceso de enjuiciamiento o de
investigación criminal— están relacionados directamente, comparten el
haberse involucrado en hechos ilícitos, anómalos e inconstitucionales al
tiempo que integraban un bloque político cada vez más nutrido y fuerte,
con presencia y control principalmente en los organismos Ejecutivo y
Legislativo y en los más importantes Gobiernos municipales.
El
objetivo de este pacto es enriquecerse a través de prácticas corruptas y
garantizarse impunidad. Su estrategia es compleja e incluye varias
acciones: a) entorpecimiento y reversión de los procesos judiciales en
su contra; b) detención de los procesos de investigación criminal, lo
cual pasa por lograr la salida del jefe de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero también por poner fin a
esta comisión y controlar finalmente la fiscalía general del Ministerio
Público (MP); c) captura y control de instituciones públicas
estratégicas como el Legislativo, dependencias como la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación, donde
han avanzado en su propósito, y d) aprobación de leyes que les
beneficien y garanticen impunidad, como la modificación al Código Civil
pretendida en septiembre de 2017 y la aprobación de leyes que
criminalicen acciones de protesta social y limiten la libertad de
emisión del pensamiento.
En este marco, es posible sospechar
que el atentado contra la fiscal de Derechos Humanos ocurrido el 15 de
febrero se trate de una acción para detener juicios e investigaciones en
materia de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa
humanidad. Puede ser, asimismo, una amenaza velada a los funcionarios
del MP y de la Cicig con el propósito de detener su labor, en especial
en casos de alto impacto que han sido presentados ante tribunales o que
podrían estar en proceso de indagación.
Así las cosas, el pacto
de corrupción e impunidad tiene orígenes de larga data, pero emergió
como tal en el 2015 y continúa avanzando en la actualidad. Su impacto se
observa en materia de legislación y de políticas regresivas para
facilitar el saqueo de los bienes comunes y la aplicación de medidas
represivas. También se evidencia en avances en su propósito de
entorpecer la labor de organismos a cargo de la investigación y el
enjuiciamiento criminales.
Enfrentar dicho pacto requiere una
acción decidida, organizada y articulada. Solo así se logrará detener su
avance. En ese sentido, en este momento es esencial que dicha acción se
oriente al sostenimiento y el desarrollo de los procesos de
investigación y enjuiciamiento en marcha, así como a lograr una
selección de un nuevo fiscal general del MP que no esté comprometido con
ese pacto y cuente con la capacidad y la calidad ética indispensables
para cumplir su mandato.
Fuente original: www.plazapublica.com.gt
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