Un proyecto vital para la niñez de Guatemala, carente de recursos y marginado por falta de interés
| La niñez ha sido prioridad de los gobernantes durante las campañas electorales, pero desde entonces, nunca más. | 
 Como una oportunidad 
para reducir la mortalidad materno-infantil se lanzó en 2013, con gran 
pompa, la Ventana de los Mil Días, iniciativa respaldada por organismos 
internacionales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades 
nutricionales de madres y sus bebés desde la etapa de gestación, porque 
“la desnutrición en niños menores de 2 años tiene efectos irreversibles 
en el desarrollo físico y mental, y atenta contra el futuro de una 
sociedad”, como acotó la doctora Guadalupe Verdejo, representante de 
OPS/OMS. Mucho ha pasado desde entonces y esa estrategia nunca prosperó.
Como una oportunidad 
para reducir la mortalidad materno-infantil se lanzó en 2013, con gran 
pompa, la Ventana de los Mil Días, iniciativa respaldada por organismos 
internacionales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades 
nutricionales de madres y sus bebés desde la etapa de gestación, porque 
“la desnutrición en niños menores de 2 años tiene efectos irreversibles 
en el desarrollo físico y mental, y atenta contra el futuro de una 
sociedad”, como acotó la doctora Guadalupe Verdejo, representante de 
OPS/OMS. Mucho ha pasado desde entonces y esa estrategia nunca prosperó.
 La niñez guatemalteca es el último de los eslabones de la cadena. A
 ella llegan apenas los sobrantes del banquete y muchas veces ni 
siquiera eso. Como prioridad cero, tampoco los programas destinados a 
favorecerla experimentan una fiscalización estricta y, por ende, la 
desviación de los fondos destinados al desarrollo integral de la niñez 
pasa por debajo del radar.
 Cuando se habla de corrupción se 
suele enfocar el objetivo en los detalles del saqueo sin poner el dedo 
en el problema central, que es la impunidad consecuente. Es decir, el 
pago por los delitos contra la integridad de las instituciones queda 
como una tarea pendiente mientras la ciudadanía gira su atención hacia 
otro escándalo y otro más, sucesivamente, perdiendo el hilo esencial de 
la acción de la justicia por los que ya hicieron titulares de portada.
 De ese modo se van acumulando las deudas ante la ley, un nudo gordiano 
capaz de entorpecer durante décadas todo intento de avance en la labor 
de la justicia y la reparación de los daños cometidos contra la 
población, especialmente de menores recursos. Y así como sucede en el 
caso de este programa tan valioso para las nuevas generaciones, acontece
 con otros de mayor o menor impacto y queda en el imaginario social la 
idea de la imposibilidad de luchar contra la impunidad, porque ésta es 
ya parte de una subcultura imperante en todos los ámbitos.
 El 
incumplimiento del programa de los Mil Días se podría catalogar como un 
crimen de lesa humanidad al condenar a un numeroso grupo de madres e 
hijos a una desnutrición forzada, privándoles de su derecho a lo que muy
 claramente les garantiza la Constitución Política de la República de 
Guatemala en su Artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 
supremo es la realización del bien común.”
 Por si quedara alguna
 duda, el Artículo 2º. insiste: “Deberes del Estado. Es deber del Estado
 garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”
 Muchos escándalos acaparan titulares. Innumerables casos de corrupción,
 algunos casi anecdóticos y otros de dimensiones grotescas mantienen en 
vilo la atención ciudadana. Sin embargo, la pérdida de capacidades 
físicas y mentales de miles de niñas y niños menores de 2 años 
ocasionada por falta de nutrientes y baja calidad de vida, queda 
únicamente señalada en estadísticas tan frías como insuficientes si se 
desea dimensionar el problema para ponerle un alto definitivo.
 
El país ha quedado señalado como uno de los más incumplidos en objetivos
 mundiales destinados al desarrollo integral de la persona. Sin embargo,
 no es únicamente por su incapacidad para ejecutar los fondos destinados
 a programas sociales, sino también porque los presupuestos fluyen hacia
 destinos ajenos y fuera de la vista pública. Detener el régimen de 
impunidad es tarea de todos, pero también lo es restaurar la confianza 
en las instituciones garantes del estado de Derecho.
Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
 
 
 
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