Un estado de frustración contiene toda la energía necesaria para generar cambios
| El poder de las armas es una amenaza constante, no importa en manos de quiénes estén |
El iracundo reclamo de
una niña por los asesinatos de 17 adolescentes en su establecimiento
escolar ha sido el discurso más claro y rotundo contra la política
clientelar de la Casa Blanca con respecto al control de armas. Fue Emma
Gonzalez, estudiante del instituto de Parkland en donde Nikolas Cruz
ingresó con un fusil semiautomático y comenzó a disparar a mansalva,
dejando decenas de muertos y heridos, quien elevó la voz para
preguntarle al presidente Trump cuánto recibe por proteger los intereses
de la Asociación Nacional del Rifle.
El tema del control de armas, a
pesar de esta tragedia reciente en el estado de Florida, no ha tenido
eco en las altas esferas. El inmenso poder de este lobby se basa no solo
en la segunda enmienda de la Constitución que permite la tenencia de
armas como un derecho ciudadano, sino en una forma de cultura arraigada y
alimentada por hábiles campañas en las cuales han transformado la
afición por las armas en un ícono nacionalista. Es decir, en el
“americanismo” per se.
Sin embargo, esta industria no afecta
solo a Estados Unidos. La exportación de armas hacia otros países es uno
de los más prósperos negocios estadounidenses, a lo cual se suma la
enorme influencia política y estratégica que le otorga el poder de
premunir de armamento a ejércitos afines a sus intereses en cualquier
lugar del mundo, dentro de los marcos legales o fuera de ellos.
Las víctimas de este sucio negocio, por lo tanto, no se limitan a sus
ciudadanos sino a millones de seres humanos alrededor del planeta,
quienes resultan “víctimas colaterales” de uno de los negocios más
prósperos y letales. Guatemala no escapa a esa influencia y tiene la
enorme desventaja adicional de carecer de un sistema preciso para
conocer el número y destino de las armas legales e ilegales que circulan
por el país. De acuerdo con estimaciones de las entidades responsables
del control de armas (Digecam), en Guatemala existe un arma registrada
cada 25 personas, pero este indicador cambia sustancialmente si se
añaden las provenientes del contrabando.
En un país como
Guatemala, con uno de los índices de violencia más elevados del mundo,
la “flexibilidad” institucional en este asunto de tanta importancia para
la seguridad ciudadana constituye una amenaza constante para la vida y
la integridad de su población. Poseer armas no debería ser considerado
un derecho para la población civil, salvo casos excepcionales y
estrictamente regulados. La alta incidencia de asesinatos cometidos por
niños, adolescentes y adultos integrantes de organizaciones criminales
tiene mucho que ver con la incapacidad de las entidades encargadas de
velar por la seguridad de las personas.
Así como lo expresó Emma
Gonzalez durante una manifestación contra la actitud pasiva de la Casa
Blanca frente a la tragedia del colegio Marjory Stoneman Douglas, existe
una responsabilidad directa de las autoridades en cada asesinato
cometido con un arma comprada en una tienda o en el mercado negro y no
hay excusa que valga para justificarlo.
Quizá la ira y la
frustración creciente de nuestra sociedad incida en un cambio positivo
de las leyes, reglamentos y actitudes frente a los instrumentos de
muerte que son las armas en manos de seres agresivos y carentes de
escrúpulos, incluidos en este amplio sector no solo los individuos que
actúan al margen de la ley, sino también aquellos que lo hacen dentro de
sus márgenes, haciendo abuso del poder para violar impunemente los
derechos de los ciudadanos. Quizá sean la rabia y la impotencia los
agentes de cambio, ya que no lo han sido los diálogos ni las
manifestaciones pacíficas.
Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
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