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| Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos* |
La violenta represión de las personas manifestantes que protestaban por
las brutales políticas neoliberales y que provocó la muerte de más de
300 personas a manos de las fuerzas del régimen desde abril de 2018 no
es sino una de las razones por las que diferentes movimientos sociales
de izquierda han condenado el régimen nicaragüense dirigido por el
presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La
izquierda tiene muchas otras razones para denunciar las políticas del
régimen. Para entenderlo debemos remontarnos a 1979.
La Revolución Sandinista
En
julio de 1979 triunfó una auténtica revolución que reunía un
levantamiento popular, la autoorganización de las ciudades y de los
barrios insurgentes, así como la acción del FSLN, una organización
política cívico-militar de inspiración marxista-guevarista. La
revolución acabó con los 42 años del gobierno autoritario de la dinastía
de Somoza que se había apropiado del Estado (de sus fuerzas armadas, la
administración y parte importante de sus bienes económicos) y
establecido una firme alianza con Estados Unidos (la dictadura de Somoza
demostró ser un baluarte eficaz contra las fuerzas políticas
progresistas) cuyas multinacionales pudieron mantener e incrementar su
saqueo de los recursos nacionales de Nicaragua a cambio de comisiones
que se sumaban a la cada vez más importante riqueza de los Somoza.
El
FSLN fue fundado en la década de 1960 como un grupo de izquierda que se
oponía al gobierno sobre todo por medio de la guerra de guerrilla.
Hasta que en diciembre de 1974 en una acción espectacular una de sus
guerrillas tomó como rehenes a varios miembros destacados de la clase
dirigente nicaragüense no se consideró una amenaza potencialmente grave
para la dictadura somocista. A principios de aquel año algunas facciones
liberales de la burguesía que se oponían a la concentración de riqueza y
poder en manos de la camarilla gobernante somocista ya habían creado la
Unión Democrática de Liberación (UDEL) liderada por Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal, director del periódico liberal La Prensa, para
tratar de aglutinar fuerza política a favor de la liberalización del
régimen. Tras la acción de la guerrilla sandinista el régimen declaró el
estado de emergencia, aumentó la represión de la sociedad nicaragüense y
persiguió al FSLN.
Ante las dificultades cada vez mayores el
FSLN acabó dividiéndose en tres facciones. La facción de la “guerra
popular prolongada” permaneció fiel a la estrategia de acumulación de
fuerzas en zonas remotas hasta tener fuerza suficiente para liberar
regiones enteras del país y emprender el ataque final contra el ejército
de Somoza. La “tendencia proletaria” emergió para desafiar la
estrategia de guerra popular prolongada, que no consideraban adecuada
teniendo en cuenta la ausencia de un ejército permanente de ocupación
(de ahí que las poblaciones rurales no fueran testigos directos de los
intentos imperialistas y no se unieran masivamente a la guerrilla) y el
desarrollo de un modo capitalista de producción en el país (el
desarrollo económico de las décadas de 1959 y 1960 había generado un
proletariado agrícola e industrial, que para el año 1978 constituía
respectivamente el 40 % y el 10 % de la población activa). Por
consiguiente, la “tendencia proletaria” se centró en estructurar
organizaciones obreras de masas en las zonas urbanas y obtener el apoyo
de los trabajadores industriales con la perspectiva de emprender una
insurrección rápida cuando se reunieran las condiciones para ello. Por
último, los “terceristas”, cuyas figuras más destacadas eran Daniel
Ortega y su hermano Humberto, defendía también una estrategia
insurreccional, pero estaba abiertos a alianzas tácticas con las
facciones liberales de la burguesía opuesta a Somoza. Mientras que la
“tendencia proletaria” insistía en la necesidad de un levantamiento de
masas y de la autoorganización, los “terceristas” mostraban tendencias
sustitutivas que implicaban que una insurrección armada dirigida por
guerrillas organizadas, sin un levantamiento de masas simultáneo, sería
suficiente para derrocar el régimen y tomar el poder.
Finalmente,
el régimen levantó el estado de emergencia en 1977 pensando que la
guerrilla estaba derrotada y que se reunían condiciones para iniciar
negociaciones con la oposición liberal. Pero los grupos del FSLN se
apresuraron a reanudar sus acciones armadas en las zonas urbanas. En
enero de 1978 se grabó en vídeo el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal a manos de soldados del régimen, lo que provocó la ira de tanto
de la oposición liberal como de las masas trabajadoras. Se emprendió
una huelga general apoyada por la burguesía liberal mientras que los
grupos del FSLN emprendían acciones armadas contra la Guardia Nacional
de Somoza. En agostó se convocó otra huelga general mientras la
guerrilla sandinista emprendía un ataque contra el Palacio Nacional
donde se celebraba una reunión conjunta de las dos cámaras del
Parlamento y tomaba cientos de rehenes, lo que se resolvió con la
liberación de varios presos políticos de las cárceles de Somoza. Más
importante aún, se produjeron levantamientos espontáneos contra el
régimen que dieron ventaja a la izquierda sobre la oposición liberal.
Esto culminó en varios levantamientos urbanos en septiembre de 1978
después de que el FSLN llamara a la insurrección. Aunque la Guardia
Nacional acabó duramente con estos levantamientos, espantaron a la
oposición liberal cuyos representantes deseaban iniciar negociaciones
con el régimen con la mediación de la dominada por Estados Unidos
Organización de Estados Americanos (OAS). Los “terceristas” lo
denunciaron y se retiraron del Frente Amplio Opositor (FAO) que habían
constituido junto con la oposición liberal, de modo que se abrió así el
camino a la reunificación de las tres corrientes sandinistas.
En
enero de 1979 Somoza rechazó las propuestas de la oposición liberal. Los
sandinistas se vieron entonces fortalecidos. Dominaban el Frente
Patriótico Nacional (FPN) creado en febrero de 1979 y en el que la
oposición liberal estaba marginada. Después de su reunificación el FSLN
convocó una huelga general para junio y preparó una amplia ofensiva
militar para emprenderla al mismo tiempo.
La población acompañó
eficazmente estas acciones por medio de levantamientos urbanos. A medida
que la insurrección armada liberaba rápidamente una zona del país tras
otra el ejército de Somoza se descomponía y cuando el 19 de julio de
1979 se liberó finalmente su último bastión en la capital, a lo que
quedaba de su ejército no le quedó más opción que huir al extranjero (en
particular a la vecina Honduras). Una vez en el gobierno las fuerzas
políticas revolucionarias, en las que el FSLN era dominante, prometieron
instalar un régimen democrático, garantizar el no alineamiento de la
política exterior de Nicaragua (con lo que se ponía fin a la alianza con
Estados Unidos) y desarrollar una “economía mixta” en la que se
fomentaría el desarrollo de cooperativas y empresas estatales sin
amenazar la existencia del capital privado mientras fuera considerado
“patriótico”, es decir, leal a la Revolución sandinista y no al
derrocado régimen somocista o al imperialismo estadounidense.
Durante
los dos años posteriores al triunfo de la revolución se produjeron
importantes cambios radicales, diferentes de otras experiencias en que
las izquierda había llegado al poder mediante elecciones, como en Chile
en 1970, en Venezuela en 1998-1999, en Brasil en 2002-2003, en Bolivia
en 2005-2006, en Ecuador en 2006-2007. Efectivamente, dada la
destrucción del ejército somocista y la fuga del dictador, el FSLN no
solo accedió al gobierno (lo que los otros hicieron mediante las urnas),
sino que también sustituyó al ejército somocista por un nuevo ejército
que puso al servicio del pueblo, tomó el control completo de los bancos y
decretó el monopolio público del comercio exterior. Se distribuyeron
armas entre la población para defenderse debido al peligro de una
agresión exterior y de un intento de golpe de mano de la derecha. Son
unos cambios fundamentales que no se produjeron en los países antes
citados. En Cuba sí tuvieron lugar entre 1959 y 1961, para profundizarse
después en la década de 1960.
En la década de 1980 se produjeron
en Nicaragua importantes progresos sociales en los ámbitos de la salud,
la educación, la mejora de las condiciones de las viviendas (aunque
siguieran siendo rudimentarias), mejora del derecho de organización y
protesta, acceso al crédito para los pequeños productores gracias a la
nacionalización del sistema bancario, etc. Estos cambios supusieron un
progreso innegable.
No obstante, a lo largo de la década de 1980
el gobierno del FSLN tuvo que luchar una guerra de una década de
duración contra las fuerzas contrarrevolucionarias conocidas como la
Contra, fuertemente apoyada por Estados Unidos que nunca pudo cumplir su
ambición de una intervención militar directa para derrocar a los
sandinistas sino que se conformó con un conflicto “de baja intensidad”
que iba a estrangular económicamente a Nicaragua y a aislar
políticamente el FSLN. El imperialismo estadounidense y sus vasallos
(como el régimen de Carlos Andrés Perez en Venezuela o las dictaduras
como la de Honduras) consideraron necesario contener la difusión de este
extraordinario experimento de liberación social y de recuperación de la
dignidad nacional. De hecho, la revuelta social fue galopante en la
región, en particular en El Salvador y Guatemala donde las fuerzas
revolucionarias cercanas a los sandinistas habían estado activas durante
décadas.
En 1990 el FSLN perdió las elecciones generales frente a
la derecha y Violeta Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal, fue elegida presidenta. Bajo Chamorro Nicaragua iba a adoptar
totalmente la austeridad neoliberal promovida por el “consenso de
Washington”, a consecuencia de la cual para finales de la década
Nicaragua se había convertido en el segundo país más pobre de las
Américas después de Hait.
¿Cambiar la sociedad sin tomar el poder?
Debido
a las esperanzas frustradas en los años 1990 algunas personas afirmaron
que era necesario cambiar la sociedad sin tomar el poder. Un aspecto de
su punto de vista era bastante pertinente: es absolutamente vital
favorecer los procesos de cambio que tengan lugar en la base de la
sociedad y que presupongan autoorganización de las y los ciudadanos,
libertad de expresión, manifestación y organización. Pero no se
justifica la idea de que no es necesario tomar el poder ya que es
imposible cambiar realmente la sociedad si el pueblo no toma el poder
del Estado.
La cuestión es más bien cómo construir una auténtica
democracia en el sentido original de la palabra, esto es, el poder
ejercido directamente por el pueblo para su emancipación. En otras
palabras, poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Creemos
que era necesario derrocar la dictadura de Somoza por medio de la
acción conjunta del levantamiento popular y de la intervención de una
organización político-militar. Y en este sentido la victoria de julio de
1979 sigue siendo un triunfo popular que merece celebrarse. Pero
también debemos señalar que sin el ingenio y la tenacidad del pueblo
durante la lucha el FSLN no habría logrado asestar el golpe definitivo a
la dictadura de Somoza.
La dirección del FSLN no hizo lo suficiente para tomar medidas a favor del pueblo
Podemos
plantearnos varias preguntas: ¿Quizás el FSLN no hizo todos los cambios
que debería haber hecho en la sociedad? ¿Optó por una línea equivocada?
¿O acaso los decepcionantes acontecimientos posteriores son resultado
de la agresión del imperialismo estadounidense y de sus aliados en
Nicaragua y otros lugares de la región?
En este sentido, destacaremos los errores cometidos en dos ámbitos fundamentales.
En
primer lugar, la dirección del FSLN no hizo lo suficiente para tomar
medidas radicales a favor de los sectores de la población más explotados
y más oprimidos (empezando por la población rural pobre y también las
personas trabajadoras industriales, sanitarias y docentes que
generalmente estaban mal pagadas). Hizo demasiadas concesiones a los
capitalistas agrícolas y urbanos.
En segundo lugar, la dirección
del FSLN con su consigna «Dirección: ordena» no apoyó lo suficiente la
autoorganización y el control obrero. Fijó unos límites que fueron muy
perjudiciales para el proceso revolucionario.
Por supuesto, la
responsabilidad del inicio de la guerra incumbe exclusivamente a los
enemigos del gobierno sandinista, que no tuvo más opción que hacer
frente a la agresión. No obstante, se cometieron errores en la manera de
librar la guerra: Humberto Ortega, el jefe del ejército, formó un
ejército regular equipado con tanques pesados y caros, que no eran
adecuados para luchar contra los métodos de guerrilla de la Contra y la
población no acogió bien el reclutamiento obligatorio de los jóvenes del
país para reforzar el ejército. Todo ello unido a los errores cometidos
en el ámbito de la reforma agraria tuvo unas consecuencias
perjudiciales. En una entrevista reciente
Henry Ruiz, uno de los nueve miembros de la dirección nacional en los
años 1980, lo subraya en estos términos: “Los campesinos no fueron
favorecidos[en la reforma agraria], en cambio fueron afectados por la
guerra. La guerra [de la] Contra y la guerra nuestra”.
Errores cometidos por la dirección sandinista
¿Qué errores se cometieron? Ofrecemos una presentación sintética de una cuestión que merece una larga explicación.
La
cuestión agraria no se abordó de forma correcta. La reforma agraria
había sido muy insuficiente y la Contra supo aprovecharse de ello.
Habría hecho falta distribuir entre las familias rurales muchas más
tierras (con títulos de propiedad) puesto que había una enorme
expectativa entre una gran parte de la población que las necesitaba y
luchaba para que las tierras cultivables de los grandes terratenientes,
como las del clan Somoza (pero no solo ellas), se repartieran a quienes
quisieran trabajarlas. Sin embargo, la orientación que prevaleció en la
dirección sandinista consistió en centrarse en las grandes propiedades
de Somoza y dejar a salvo los intereses de los grandes grupos
capitalistas y de las grandes familias, a quienes algunos dirigentes
sandinistas querían transformar en aliados o compañeros de viaje.
Se
cometió otro error: el FSLN quiso crear rápidamente un sector agrario
estatal y cooperativista para reemplazar a las grandes propiedades
somocistas. Pero eso no se correspondía con la postura y expectativas de
la población rural. Se tendrían que haber priorizado las pequeñas (y
medianas) explotaciones campesinas privadas distribuyendo títulos de
propiedad y proporcionando ayuda material y técnica a las y los nuevos
propietarios campesinos. También habría sido necesario apoyar
prioritariamente la producción para el mercado interno (que ya era
importante pero se podía haber mejorado y aumentado) y regional, y
tratar, además, de utilizar al máximo los métodos de agricultura
biológica.
En resumen, la dirección del FSLN combinó dos graves
errores: por una parte, hizo demasiadas concesiones a la burguesía como
aliados del cambio que se estaba produciendo y, por otra parte, se
empeñó en una política demasiado estatista y de cooperativismo
artificial.
El resultado no se hizo esperar: la Contra atrajo a una parte de la población decepcionada por las decisiones del gobierno sandinista.
La Contra tuvo la inteligencia de adoptar un discurso dirigido a las y
los campesinos decepcionados para convencerlos de que si ayudaban a
derrocar al FSLN habría una verdadera distribución de tierras y se
efectuaría una verdadera reforma agraria. Era propaganda engañosa, pero
se difundió ampliamente.
Esto fue corroborado por una serie de
estudios sobre el terreno (a los que Éric Toussaint, uno de los autores
de este artículo, tuvo acceso a partir de 1986-1987 tras varias
estancias en Nicaragua para llevar solidaridad internacional),
especialmente estudios llevados a cabo en las zonas rurales donde la
Contra había logrado apoyo popular. Determinadas entidades dentro del
propio movimiento sandinista realizaron estudios muy rigurosos sobre el
terreno y alertaron a la dirección sandinista sobre lo que estaba
sucediendo. Entre esos estudios estaba el trabajo coordinado por Orlando Nuñez, cuya evolución política posterior le llevó a permanecer fiel a Ortega
a pesar de su postura inicial dentro de la izquierda sandinista. Otros
organismos independientes del gobierno y relacionados con los sectores
de la Teología de la Liberación realizaron trabajos que llegaban a las
mismas conclusiones. Varias asociaciones rurales ligadas al sandinismo
(UNAG, ATC, etc.) también eran conscientes de estos problemas, pero se
autocensuraron. Y también expertos internacionalistas especialistas en
el mundo rural dieron la señal de alarma.
En cuanto a la
autoorganización y al control obrero, el FSLN había heredado la
tradición cubana que promovía la organización popular, pero dentro de un
marco muy controlado y limitado. Cuba, que a principios de la década de
1960 había experimentado un gran movimiento de autoorganización, había
evolucionado progresivamente hacia un modelo mucho más controlado desde
arriba, sobre todo a partir del aumento de la influencia soviética a
finales de la década de 1960 y la de 1970. Una parte de los dirigentes
del FSLN se formó en Cuba en esa época. Toda una generación de marxistas
cubanos definió la década de 1970 como el “período gris”. En resumen,
la dirección sandinista heredó una tradición fuertemente influenciada
por la degeneración burocrática de la Unión Soviética y por su impacto
destructivo en una gran parte de la izquierda internacional, incluso en
Cuba.
Igualmente, otro error cometido por el gobierno sandinista fue la aplicación a partir de 1988 de un programa de ajuste estructural,
que se parecía mucho a los programas dictados a otros países por el FMI
y el Banco Mundial. Sobre esa cuestión varios militantes sandinistas presentaron una crítica
muy clara de la línea seguida por la dirección. Expresaron su punto de
vista tanto dentro de sus organizaciones como públicamente pero, por
desgracia, esa crítica no llevó a corregir los errores. El gobierno
profundizó una política que llevaba al proceso a un callejón sin salida y
que iba a provocar el rechazo popular en las elecciones y la victoria
de la derecha en las elecciones de febrero de 1990.
Lo que
debilitó a la revolución sandinista no fue una orientación demasiado
radical. Lo que le impidió avanzar lo suficiente con el apoyo de una
mayoría de la población fue el no haber puesto al pueblo en el centro de
la transición tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza.
En
pocas palabras, el gobierno mantuvo una orientación económica
compatible con los intereses de la rica burguesía nicaragüense y de las
grandes corporaciones privadas extranjeras, es decir, una economía
orientada a la exportación y basada en bajos salarios para seguir siendo
competitiva en el mercado mundial.
Esto no estaba abocado a
suceder, se podían haber implementado políticas alternativas. El
gobierno debería haber prestado más atención a las necesidades y
aspiraciones del pueblo tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
Debería haber redistribuido la tierra a beneficio de las y los
campesinos, desarrollando y/o fortaleciendo las pequeñas propiedades y,
en la medida de lo posible, las formas de cooperativas voluntarias. El
gobierno debería haber favorecido el aumento de los salarios de las
personas trabajadoras tanto en el sector privado como en el público.
Si
las y los sandinistas realmente hubieran querido romper con el modelo
extractivista orientado a la exportación que depende de la
competitividad en el mercado internacional deberían haber ido en contra
de los intereses de los capitalistas que todavía dominaban la industria
extractivista orientada a la exportación. Deberían haber hecho más para
implementar gradualmente políticas a favor de las y los pequeños y
medianos productores que abastecían el mercado interno, como medidas
proteccionistas para limitar las importaciones. Esto habría permitido a
las y los campesinos y a las pequeñas y medianas empresas no tener que
hacer sacrificios en aras de la competitividad en el mercado
internacional.
En lugar de animar a las masas a seguir las
órdenes de la dirección del FSLN, se debería haber promovido la
autoorganización ciudadana a todos los niveles y se debería haber dado a
las y los ciudadanos el control tanto de la administración pública como
de las cuentas de las empresas privadas. Las instituciones políticas
creadas por el FSLN no diferían fundamentalmente de las de una
democracia parlamentaria con un fuerte papel presidencial, lo que iba a
dificultar la capacidad de las masas para constituir un contrapoder
cuando la derecha resultó elegida en 1990.
Se hicieron
concesiones al gran capital local, el cual fue considerado erróneamente
patriótico y un aliado del pueblo: los aumentos salariales fueron
limitados y se concedieron incentivos fiscales a los patrones en forma
de impuestos más bajos. Se debería haber rechazado cualquier alianza de
este tipo.
En cada etapa importante hubo críticas en el seno del FSLN. Por ejemplo, en 1981 se fundó la revista Envío
“como una publicación que ofrecía ‘apoyo crítico’ al proceso
revolucionario de Nicaragua desde la perspectiva de la opción de la
Teología de la Liberación para los pobres”. Pero en realidad estas
críticas no fueron tenidas en cuenta por la dirección, que cada vez
estaba más dominada por Daniel Ortega, su hermano Humberto y Víctor Díaz
Tirado, los tres de la tendencia “tercerista” (que, como se explicó
antes, no entendía bien la necesidad de la autoorganización y era
partidaria de aliarse con la burguesía), a la que se sumaron Tomás Borge
y Bayardo Arce, provenientes de la tendencia de la “guerra popular
prolongada”. Además, los otros cuatro miembros de la dirección nacional
no formaron un bloque para oponerse a que continuaran y se profundizaran
los errores que se estaban cometiendo.
Es muy importante señalar
que tanto en el seno del FSLN como fuera del mismo, grupos políticos
que deseaban ahondar el proceso revolucionario en curso formularon
propuestas de políticas alternativas.
Las voces críticas
constructivas no esperaron al fracaso electoral de 1990 para proponer
una nueva orientación, pero solamente consiguieron una escasa audiencia y
permanecieron relativamente aisladas.
La deuda ilegítima y odiosa
La
dirección del FSLN también debería haber cuestionado el pago de la
deuda pública heredada del régimen de Somoza y debería haber roto con el
Banco Mundial y el FMI. Como país dependiente y alineado con Estados
Unidos la Nicaragua de Somoza había sido receptora de los préstamos
externos, en auge en la década de 1970, por parte tanto de instituciones
multilaterales como el Banco Mundial y el FMI como de bancos privados
internacionales. Aunque oficialmente los préstamos estaban destinados al
desarrollo beneficiaron el fortalecimiento de un régimen autoritario y
el aumento de la riqueza de Somoza y su camarilla. Después de que este
abandonara el país con la mayoría de sus bienes los nuevos gobernantes
sandinistas de Nicaragua necesitaban urgentemente financiación para
implementar las políticas progresistas y fomentar la industrialización
del país. La deuda de Somoza pronto se convertiría en una carga e
impediría la implementación de estas políticas. Cuando el FSLN llegó al
poder la deuda externa ascendía a 1.500 millones de dólares y en 1981 su
servicio representaba el 28 % de los ingresos por las exportaciones del
país.
Los sandinistas deberían haber realizado una auditoría de
la deuda con una amplia participación ciudadana. Es un punto
fundamental. El hecho de que el gobierno sandinista aceptara seguir
pagando la deuda estaba en consonancia con su defensa de los intereses
de una parte de la burguesía nicaragüense que había invertido en la
deuda contraída por Somoza y pedido prestado dinero a bancos
estadounidenses. Para el gobierno sandinista era también una forma de
evitar un enfrentamiento con el Banco Mundial y el FMI, a sabiendas de
que habían financiado la dictadura. A pesar de los esfuerzos del
gobierno por mantener la colaboración con esas dos instituciones, estas decidieron suspender las relaciones financieras con las nuevas autoridades nicaragüenses, lo que demuestra que es inútil hacerles concesiones.
Hay
que reconocer que no era fácil para el gobierno de un país como
Nicaragua afrontar aislado a los acreedores, pero podría haber empezado
por cuestionar la legitimidad de las deudas que le reclamaban el Banco
Mundial, el FMI, los Estados y los bancos privados que habían financiado
la dictadura. El gobierno podría haber emprendido una auditoría de
estas deudas llamando a la participación ciudadana y podría haber
obtenido el apoyo del amplio movimiento internacional de apoyo al pueblo
nicaragüense a una demanda de abolición de esas deudas.
En vez
de ello en 1988, después de que la deuda externa alcanzara los 7.000
millones de dólares, el gobierno llegó incluso a implementar un plan de
ajuste estructural que degradó las condiciones de las personas pobres
sin afectar a las ricas, muy similar a las condiciones habituales
impuestas por el FMI y el Banco Mundial, aunque estas instituciones aún
no habían reanudado sus relaciones financieras con Nicaragua.
Nunca
nos cansaremos de decir que negarse a un enfrentamiento con los
acreedores cuando éstos reclaman el pago de una deuda ilegítima
generalmente constituye el primer paso hacia el abandono de un programa
de cambio. Si no se denuncian las cadenas de la deuda ilegítima, se
condena al pueblo a cargar con ellas.
En 1979, dos meses después del derrocamiento de Somoza, Fidel Castro declaraba en un discurso
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “La deuda de los
países en vías de desarrollo alcanza ya los 335.000 millones de dólares.
Se calcula que el monto total del servicio de su deuda externa se eleva
a más de 40.000 millones de dólares por año, lo que representa más del
20 % de sus exportaciones anuales. Por otro lado, el ingreso medio por
habitante de los países desarrollados es ahora catorce veces superior al
de los habitantes de los países subdesarrollados. Esta situación se ha
vuelto insostenible”.
En el Diálogo Continental sobre la Deuda
Externa celebrado en el Palacio de Congresos de La Habana el 3 de agosto
de 1985 afirmó: “Las deudas de los países relativamente menos
desarrollados y en una situación desventajosa son posiblemente
insostenibles y sin salida. ¡Esas deudas deben ser anuladas!”.
En
el marco de una gran campaña internacional por la abolición de las
deudas ilegítimas, Castro avanzaba una serie de argumentos totalmente
aplicables al caso de Nicaragua. Declaraba que a todas las razones
morales, políticas y económicas que justificaban el rechazo a pagar la
deuda “se podría agregar una serie de razones jurídicas: ¿Quiénes han
firmado el contrato? ¿Quién gozaba de soberanía? ¿En virtud de qué
principio se puede afirmar que el pueblo se había comprometido a pagar,
que recibió o concertó esos créditos? La mayoría de esos créditos fueron
concertados entre dictaduras militares, con regímenes represivos, sin
jamás consultar a las clases populares. ¿Por qué las deudas contraídas
por los opresores de los pueblos, los compromisos que toman, tendrían
que ser pagados por los oprimidos? ¿Cuál es el fundamento filosófico, el
fundamento moral de esta concepción, de esta idea? Los parlamentos no
fueron consultados, el principio de soberanía fue violado, ¿qué
parlamentos fueron consultados a la hora de contraer la deuda, o en todo
caso, simplemente informados?”.
Subrayamos la cuestión de la
deuda ilegítima porque en caso de derrocamiento del régimen opresor de
Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería fundamental que un gobierno
popular cuestionara el pago de la deuda nicaragüense.
Después de la derrota electoral de febrero de 1990 Daniel Ortega profundizó una línea política de colaboración de clases.
En 1989 el gobierno del FSLN llegó a un acuerdo con la Contra que puso
fin a los combates lo cual fue, por supuesto, un acontecimiento
positivo. Se presentó como el resultado victorioso de la estrategia que
se había adoptado, aunque fue una victoria pírrica. La dirección
sandinista convocó elecciones generales en febrero de 1990 y estaba
segura de ganarlas. Los resultados de las elecciones sumieron a la
dirección sandinista en un estado de pánico: la derecha había ganado, en
parte debido a la amenaza de que la lucha se iba reanudar si ganaba el
FSLN. Muchas personas querían evitar que continuara el baño de sangre,
así que votaron a regañadientes a la derecha con la esperanza de que la
guerra acabara de una vez por todas. Algunas también estaban
decepcionadas por las políticas del gobierno del FSLN en el campo (una
reforma agraria deficiente) y en las ciudades (consecuencias negativas
de las medidas de austeridad impuestas por el programa de ajuste
estructural iniciado en 1988), aunque las organizaciones sandinistas
todavía podían contar con un amplio apoyo tanto entre las personas
jóvenes, trabajadoras y funcionarias, como entre una parte importante de
las personas trabajadoras campesinas.
La dirección sandinista
esperaba obtener el 70 % de los votos en las elecciones, de modo que se
quedó atónita puesto que no había percibido el creciente descontento de
una parte importante de la población. Esto ilustra el abismo que había
entre la mayoría del pueblo y una dirección que se había acostumbrado a
dar órdenes.
Después de la derrota electoral de febrero de 1990
Daniel Ortega adoptó una actitud que oscilaba entre el compromiso con el
gobierno y la confrontación.
La dirección sandinista, con Daniel
y Humberto Ortega a la cabeza, negoció la transición con el nuevo
gobierno de Violeta Chamorro. Humberto seguía siendo General en Jefe de
un ejército extremadamente reducido. Se había destituido a los miembros
más de izquierda del ejército con el pretexto de que habían
proporcionado misiles al Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), que todavía intentaba provocar un levantamiento general
en El Salvador. En el contexto del acercamiento entre los presidentes
Gorbachov y Bush las autoridades soviéticas habían denunciado el hecho
de que unos misiles SAM-7 y SAM-14 suministrados por la URSS a los
sandinistas se habían entregado al FMLN y utilizado para disparar contra
helicópteros del ejército estadounidense que operaban en El Salvador.
Cuatro oficiales sandinistas fueron encarcelados por orden de Humberto
Ortega con la siguiente explicación: “Cegados por su pasión política y
guiados por argumentos extremistas este pequeño grupo de oficiales se
burló del honor militar y la lealtad a la Institución y al Comando
Militar, que es lo mismo que burlarse de los intereses sagrados,
patrióticos y revolucionarios de Nicaragua”.
Esto provocó
fuertes críticas del Frente Nacional de Trabajadores (que incluía a
organizaciones sindicales sandinistas), de la Juventud Sandinista y
también de varios activistas del FSLN. Por otra parte, un grupo de
izquierda de antiguos miembros de la facción de la “guerra popular
prolongada” que publicaba el boletín Nicaragua Desde Adentro no
aprobó la decisión de Humberto Ortega de seguir siendo el jefe del
ejército bajo una presidencia de derecha en vez de dejar este puesto a
su segundo, que también era miembro del FSLN, de modo que Humberto
Ortega pudiera seguir en la dirección del FSLN y unirse a la oposición
política al nuevo régimen.
Pocos meses después de que Violeta
Chamorro iniciara su mandato como presidenta se extendió un movimiento
masivo por todo el país en julio de 1990 en protesta tanto por los
despidos generalizados planificados en los servicios públicos como por
otros problemas relacionados con la implementación de políticas
económicas orientadas al mercado. Managua y otras ciudades se vieron
ocupadas por barricadas sandinistas y los sindicatos emprendieron una
huelga general, lo que tuvo como resultado un compromiso con el gobierno
de Violeta Chamorro que se vio obligado a retirar algunas de las
medidas, pero las bases sandinistas estaban descontentas porque la
dirección del FSLN había detenido las acciones de protesta.
Posteriormente la dirección del FSLN fue haciendo gradualmente
concesiones a Chamorro al aceptar el desmantelamiento del sector
bancario público, la reducción del sector público tanto en la
agricultura como en la manufactura y el fin del monopolio estatal del
comercio exterior. Chamorro también organizó la limpieza de las fuerzas
de policía e incorporó en ella a antiguos miembros de la Contra.
Hay
que señalar que tras la victoria de la derecha unos cuantos dirigentes
sandinistas se apropiaron de una parte importante de las haciendas que
se habían expropiado a los somocistas tras la victoria de 1979 y
adoptaron el papel de capitalistas. Este proceso se denominó “piñata”.
Quienes lo organizaron lo justificaron asegurando que se debía a la
necesidad de asegurar bienes para el FSLN frente a la posibilidad de que
el gobierno confiscara los bienes del partido.
A pesar de la
radicalización de algunos integrantes del FSLN a lo largo de los años
1990 y 1991, otros como el exministro sandinista Alejandro
Martinez-Cuenca mencionaron abiertamente la necesidad de un
“co-gobierno”, una especie de apoyo externo condicional al gobierno de
Violeta Chamorro, y apoyaron la política aplicada por el FMI, que en
cierto modo se podía considerar acorde con la política que siguió el
gobierno sandinista desde 1988. Como participante en el III Foro de São
Paulo Éric Toussaint fue testigo de primera mano de estas políticas de
colaboración de clases defendidas por Daniel Ortega y otros dirigentes
del FSLN en 1992.
En 1992 Éric Toussaint acompañó en Managua a
Ernest Mandel, un dirigente de la Cuarta Internacional que había sido
invitado a ofrecer la conferencia inaugural en el III Foro de São Paulo.
Ese foro, creado en 1990 por el Partido de los Trabajadores (PT) cuyo
líder era Lula, agrupó a un amplio abanico de la izquierda
latinoamericana que iba desde el PC cubano al Frente Amplio de Uruguay,
pasando por organizaciones guerrilleras como el FMLN de El Salvador.
Ernest Mandel tituló su conferencia “Hagamos renacer la esperanza”.
Partiendo de una observación acerca de las muy difíciles condiciones a
las que se enfrentaban las fuerzas de izquierda radical a nivel mundial,
Mandel afirmó que había que dar prioridad a enfatizar las
reivindicaciones cuyo objetivo era conquistar derechos humanos
fundamentales, manteniendo al mismo tiempo la perspectiva en el
socialismo. En su conclusión, subrayaba: “Este socialismo debe ser
autogestionario, feminista, ecologista, radical-pacifista y pluralista;
debe extender la democracia directa de forma cualitativa, y ser
internacionalista y multipartidista. […] la liberación de los
trabajadores será la obra de los propios trabajadores. No puede ser obra
de los Estados, de los gobiernos, de los partidos o de dirigentes
supuestamente infalibles, ni expertos de ninguna clase”.
En
ese Foro Víctor Tirado López, uno de los comandantes más próximos a
Daniel Ortega en esa época, deseaba tener una reunión privada con Ernest
Mandel, el cual pidió a Éric Toussaint que lo acompañara. Víctor Tirado
López comenzó diciendo que sentía mucha admiración por la obra de
Ernest Mandel y, en especial, por su Tratado de economía marxista
( Era, México, 1969 ) . Después el comandante expuso su análisis de la
situación internacional: en su opinión, el sistema capitalista había
llegado a la madurez y no iba a sufrir más crisis, y llevaría al
socialismo sin que hubiera necesidad de nuevas revoluciones. Era
totalmente absurdo y Ernest Mandel se lo dijo clara y enérgicamente.
Cuando entonces Mandel le replicó que las crisis iban a seguir
produciéndose y que en algunos lugares de América Latina, como el
Noreste de Brasil, las condiciones de vida de los más explotados se
estaban degradando claramente, Tirado López respondió que a esas
regiones todavía no había llegado la civilización traída por Cristóbal
Colón cinco siglos antes. Ernest Mandel y Éric Toussaint pusieron
entonces fin bruscamente a esta delirante conversación.
Al día
siguiente Daniel Ortega expresó su deseo de reunirse en privado con
Mandel para presentar el programa alternativo que quería defender
públicamente como FSLN frente al gobierno derechista de Violeta
Chamorro. Después de leerlo nos dimos cuenta de que el programa no
reunía las condiciones mínimas para ser una alternativa. En pocas
palabras, el programa era compatible con las reformas emprendidas por el
gobierno de derecha de Chamorro y no iba a permitir retomar la ofensiva
contra la derecha. Mandel se lo dijo claramente a Daniel Ortega, al
cual no le gustó en absoluto.
Estas dos discusiones muestran
hasta dónde había llegado la deriva política de algunos dirigentes del
FSLN. A principios de la década de 1990 ya se podía percibir claramente
la evolución posterior de Daniel Ortega y de quienes le acompañaron en
su vuelta al poder.
La consolidación del poder de Daniel Ortega en el FSLN
Una
parte importante de la militancia sandinista del período revolucionario
rechazó esta nueva línea política en los años siguientes. Pero tomó su
tiempo y Daniel Ortega se aprovechó de esta lenta toma de conciencia del
peligro para consolidar su influencia en el seno del FSLN y marginar o
excluir a quienes defendían una línea diferente. Simultáneamente, Ortega
consiguió mantener relaciones privilegiadas con varios dirigentes de
organizaciones populares sandinistas que, a falta de algo mejor, lo
consideraron el dirigente más apto para defender los logros de la década
de 1980. Esto explica en parte por qué en 2018 el régimen de Daniel
Ortega todavía conserva el apoyo de una parte de la población y del
movimiento popular, a pesar de utilizar unos métodos represivos
extremadamente brutales.
Quien mejor resume la consolidación del poder de Ortega dentro del FSLN en la década de 1990 es Mónica Baltodano,
excomandante guerrillera, ex miembro de la dirección del FSLN y
actualmente miembro de Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MpRS):
“La disputa que se dio al interior del Frente Sandinista entre
1993-1995 [que culminó con la escisión de gran cantidad de personas
profesionales, intelectuales y de otros ámbitos, muchas de las cuales
fundaron el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que es diferente
del MpRS de Mónica Baltodano fundado posteriormente] persuadió a Ortega y
a su círculo de hierro de la importancia de controlar el aparato
partidario. Y eso se concretó más precisamente en el Congreso del Frente
de 1998, en donde se comenzó a diluir totalmente lo que eran los restos
de la Dirección Nacional, lo que eran la Asamblea Sandinista y el
Congreso del Frente, sustituyéndolos por una asamblea en la que
participaban principalmente los líderes de las organizaciones populares
fieles a Ortega. Poco a poco, incluso esa asamblea dejó de reunirse. En
aquel momento se dio una importante ruptura. Para entonces, ya era
evidente que Ortega se alejaba cada vez más de las posiciones de
izquierda y centraba su estrategia en cómo ampliar su poder. Su énfasis
era el poder por el poder”.
Mónica Baltodano continúa explicando
la construcción de alianzas que en última instancia llevó a la vuelta
de Daniel Ortega a la presidencia:
“A partir de ahí, para
aumentar su poder, comenzó procesos sucesivos de alianzas. La primera
con el presidente Arnoldo Alemán produjo las reformas constitucionales
de 1999-2000. La proposición central de la alianza con Alemán consistió
en reducir al 35% el porcentaje necesario para ganar las elecciones,
repartir entre los dos partidos los puestos de todas las instituciones
del Estado [como el Consejo Electoral, el Tribunal de Cuentas y el
Tribunal Supremo] y garantizar la seguridad de las propiedades y de las
empresas personales de los dirigentes del FSLN [adquiridas durante la
“piñata”]. A cambio, Ortega garantizó a Alemán la “gobernabilidad”: las
huelgas y las luchas reivindicativas acabaron. El Frente Sandinista dejó
de oponerse a las políticas neoliberales. Las organizaciones cuyos
principales dirigentes se convirtieron en diputados en los años
siguientes o se integraron en las estructuras del círculo de poder de
Ortega dejaron de resistir y de luchar.
En aquellos años también
se dio el “amarre” -yo no le llamaría alianza- con el jefe de la
jerarquía católica, el Cardenal Obando. Este amarre tenía como propósito
principal el control del Poder Electoral, a través de la relación
personal, íntima, que tiene Obando con quien presidía desde el año 2000
el Poder Electoral, Roberto Rivas. Con este amarre Ortega consiguió
también control e influencia en la jerarquía católica y también entre la
feligresía católica”.
Después de que Alemán fuera acusado de
corrupción y condenado a 20 años de cárcel el acuerdo al que había
llegado con Ortega demostró ser rentable: Ortega se aseguró de que los
hombres que había colocado en el sistema judicial dictaminaran un trato
preferencial para Alemán que le permitiera cumplir su condena en arresto
domiciliaria. Más tarde, en 2009, dos años después de su elección como
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dio su apoyo a la decisión del
Tribunal Supremo de anular la condena de Alemán y ponerlo en libertad.
Pocos días después Alemán devolvió el favor asegurando que el grupo
parlamentario del Partido Liberal que él encabezaba votaba a favor de
elegir a un sandinista a frente de la Asamblea Nacional.
Las
reformas constitucionales de 1999-2000 redujeron el porcentaje necesario
para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta a un 35 %
de los votos si el candidato aventajaba al menos por un 5 % al
candidato que quedara en segundo lugar. Ortega fue elegido con el 38.07%
de los votos en noviembre de 2006 y asumió la presidencia en enero de
2007. Fue reelegido en noviembre de 2011 y en noviembre de 2016, tras lo
cual Rosario Murillo, con la que se había casado en la iglesia en una
ceremonia oficiada por el Cardenal Obando y que había sido la portavoz
del gobierno desde 2007, se convirtió en vicepresidenta.
La Revolución traicionada
Desde 2007 las políticas que han implementado Ortega y Murillo
han sido más similares a una continuación de las políticas que
siguieron los tres gobiernos de derecha que se sucedieron entre 1990 y
2007 que una continuación de la experiencia sandinista de 1979 a 1990.
En este sentido, merece la lectura completa el artículo de Mónica Baltodano publicado en enero de 2014 y que hemos citado antes.
En
los últimos once años el gobierno de Daniel Ortega no llevó a cabo
ninguna reforma estructural: ninguna socialización de los bancos,
ninguna nueva reforma agraria a pesar de la fuerte concentración de
tierras en manos de grandes terratenientes, ninguna reforma urbana a
favor de las clases trabajadoras, ninguna reforma fiscal a favor de una
mayor justicia social. Se han ampliado los regímenes de las zonas de
libre comercio. Se ha seguido contrayendo deuda interna y externa en las
mismas condiciones que favorecen a los acreedores a través de los pagos
de intereses que reciben y que les permiten imponer por medio del
chantaje políticas que les son favorables.
En 2006 el grupo
parlamentario sandinista votó junto con los diputados de derecha a favor
de una ley que prohibía totalmente el aborto. Fue bajo la presidencia
de Daniel Ortega, el cual se negó a cuestionar la medida, cuando se
incluyó la prohibición en el nuevo Código Penal que entró en vigor en
julio de 2008. No hay excepción alguna a la prohibición, ni siquiera en
los casos de peligro para la salud o la vida de la madre gestante o de
embarazo a consecuencia de una violación. Esta legislación retrógrada
fue acompañada de graves ataques a organizaciones de defensa de los
derechos de la mujer, que han sido de las más activas en la oposición al
gobierno de Ortega. Otro hecho muy preocupante es que el régimen ha
utilizado sistemáticamente las referencias a la religión católica. En
especial lo ha hecho Rosario Murillo, que ha denunciado a las
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y el apoyo que
reciben del exterior en su defensa del derecho al aborto calificándolo
de “obra del diablo”.
Nicaragua se puede caracterizar todavía por
sus salarios muy bajos. ProNicaragua, el organismo oficial que promueve
la inversión extranjera en el país, se jacta
de que “el salario mínimo es el más competitivo a nivel regional, lo
cual hace de Nicaragua un país ideal para establecer operaciones
intensivas en mano de obra”. La inseguridad laboral ha aumentado
drásticamente en los últimos años: la economía informal representaba el
60 % del empleo total en 2009, una cifra que ascendió al 80 % en 2017.
No se hicieron progresos para disminuir las desigualdades sociales y
aumentó la cantidad de personas millonarias. El aumento de la riqueza
producida no se distribuyó a las clases trabajadoras sino que benefició
al gran capital nacional e internacional con la ayuda del gobierno de
Daniel Ortega. Además, tanto él como su familia también se hicieron
ricos.
El principal desencadenante de las protestas sociales que
empezaron en abril de 2018 fue el anuncio por parte del gobierno de
Ortega de que se iban a tomar una serie de medidas neoliberales
concernientes a la seguridad social, en particular una reforma de las
pensiones. El FMI, con el que Ortega había mantenido unas excelentes
relaciones desde que asumió la presidencia en 2007, defendía estas
medidas. En una declaración publicada en febrero de 2018 el FMI felicitó
al gobierno por sus logros: “Los resultados económicos en 2017
superaron las expectativas y las perspectivas para 2018 son favorables.
[...] El personal [del FMI] recomienda que el plan de reforma del INSS
[Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social] asegure su viabilidad a
largo plazo y corrija las injusticias dentro del sistema. El personal
acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades para paliar las
necesidades de financiación del INSS”.
Las medidas más
impopulares fueron una bajada de las pensiones un 5% con el fin de
financiar los gastos médicos y una limitación de la indexación anual de
estas pensiones sobre la tasa de inflación. Se pretendía basar las
pensiones futuras de los cerca de un millón de trabajadores afiliados al
sistema de pensiones en un cálculo menos favorable, lo que habría
provocado unos recortes en las pensiones que podrían haber llegado hasta
el 13%.
Estas medidas provocaron un movimiento de protesta
masiva, al principio compuesto principalmente por estudiantes y jóvenes.
El movimiento se unió rápidamente a otras protestas, en particular al
movimiento en su mayoría campesino e indígena contra la construcción de
un canal transoceánico concebido como una alternativa al Canal de Panamá
que pondría en peligro una parte importante del medio ambiente y de
medios de vida.
Finalmente, Ortega renunció a estas reformas,
pero no fue antes de haber iniciado una espiral criminal de represión
que provocó la muerte de más de 300 personas manifestantes a manos de
las fuerzas de seguridad y de milicianos partidarios del régimen. Las
protestas, a las que se sumaron partes de la población horrorizadas por
la respuesta represiva del gobierno, se radicalizaron y acabaron
pidiendo la caída del régimen.
El gobierno acusó a las personas
manifestantes de ser “golpistas” y “terroristas” que trataban de hacer
caer el régimen con el apoyo del imperialismo estadounidense. Sin
embargo, el gobierno no pudo ofrecer ninguna prueba de esas acusaciones
que no fuera inventada. De hecho, Estados Unidos, que tiene poco que
decir acerca de las políticas económicas neoliberales de Ortega, adoptó unas sanciones bastante tímidas
como reacción a la represión. Del mismo modo, los acontecimientos de la
primavera de 2018 no hicieron que el Senado de Estados Unidos se
apresurara a examinar la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) de 2017
[Ley de condicionalidad de las inversiones nicaragüenses (NICA)], que
se debe denunciar por ser una política imperialista que vulnera la
soberanía nacional de Nicaragua. El Senado no la aprobó hasta noviembre
de 2018 y el 20 de diciembre de 2018 se convirtió en ley.
Además, Ortega y Murillo utilizaron aún más las referencias religiosas fundamentalistas y denunciaron
que las personas manifestantes tenían rituales y prácticas “satánicas”,
a diferencia del resto del pueblo nicaragüense, “¡porque el pueblo
nicaragüense es el pueblo de Dios!”. El 19 de julio de 2018, durante el
mitin organizado por el aniversario de la Revolución sandinista para
tratar de fortalecer su legitimidad, Ortega repitió estas absurdas afirmaciones y pidió
a los obispos católicos que exorcizaran a las personas manifestantes y
expulsaran al diablo que supuestamente se había apoderado de ellos.
A
mediados de julio la política de terror del gobierno le permitió
recuperar el control de las calles. Desde entonces se han producido
detenciones masivas y siguen encarceladas varios cientos de personas
a las que el gobierno califica de “terroristas” . Se están celebrando
varios juicios y las personas acusadas se enfrentan a penas
extremadamente duras. En diciembre de 2018 Medardo Mairena, coordinador
del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía (el
movimiento en contra del canal transoceánico ) fue condenado a 76 años
de cárcel.
A modo de conclusión
La revolución
sandinista fue en sus inicios una experiencia extraordinaria de
liberación social y recuperación de la dignidad nacional en un país
dependiente cuya condición de patio trasero del imperialismo
estadounidense había sido aceptada durante décadas por sus gobernantes
autoritarios y dinásticos. Sin embargo, los logros del gobierno
sandinista entre 1979 y 1990 no fueron lo suficientemente lejos. Aunque
permitieron mejorar significativamente las condiciones de vida de la
mayoría de las y los nicaragüenses, no rompieron con el modelo
extractivista orientado a la exportación, el cual estaba dominado por el
gran capital, ni fomentaron significativamente la participación activa
de las masas en los procesos de toma de decisiones económicas y
políticas. Las instituciones políticas y la organización interna del
FSLN no se desarrollaron como herramientas que podían haber empoderado a
las masas, un error que permitió que el FSLN degenerara durante el
camino de regreso al poder de Ortega.
Esta forma de entender la
Revolución nicaragüense y su degeneración pone de relieve la necesidad
tanto de que las personas revolucionarias y activistas socialistas
fomenten una participación lo más amplia posible de las masas en la
lucha por su emancipación, como de contribuir a garantizar su
autoorganización. Un corolario de esta idea es la necesidad de que las
personas revolucionarias luchen contra la burocratización de la
dirección de sus organizaciones, lo cual empieza por la creación de
organizaciones que respeten la democracia interna. El FSLN no le dio
apenas importancia. Siguió siendo una organización político-militar tras
tomar el poder y esperó hasta 1991 para organizar su primer congreso
como organización política. Aunque la dirección sandinista tomó la
decisión correcta cuando reconoció la victoria de la derecha en 1990,
los siguientes pasos dados por la dirección del FSLN bajo Daniel Ortega
tenían a todas luces el objetivo de su vuelta al poder debido a su apego
a este. La izquierda del FSLN, que se organizó como corrientes críticas
durante la década de 1990, fue demasiado tímida en su oposición a estos
pasos.
Por último, la izquierda internacional debe hacer un
análisis materialista de los procesos sociales y políticos, sin
aferrarse a ideas fantasiosas de experiencias de socialismo realmente
existente. La evolución del FSLN y las políticas que llevó a cabo en
Nicaragua desde el 2007 se deberían analizar por lo que son y no en base
a lo que supuestamente representaron Daniel Ortega y Rosario Murillo
como activistas del FSLN durante las décadas de 1970 y 1980. En este
sentido, la izquierda internacional debería denunciar tanto el hecho de
que Ortega y Murillo profundizaran las políticas neoliberales de sus
predecesores de derecha como su prohibición total del aborto. Además, la
izquierda debe denunciar enérgicamente la actual represión criminal
organizada por parte del régimen contra las personas manifestantes y
exigir la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos. Al
adoptar esta postura, la izquierda no se debe comprometer en modo
alguno apoyando a una oposición de derecha y proimperialista. Por el
contrario, esta postura debe ir acompañada de un esfuerzo por vincularse
y reforzar a las personas sandinistas críticas y a otras personas
integrantes de la oposición progresista a Ortega y Murillo, en
particular a la juventud que se movilizó muy activamente desde abril de
2018, al movimiento feminista y al movimiento campesino e indígena que
se opuso al proyecto del canal transoceánico y a otros proyectos
destructivos vinculados al modelo capitalista orientado a la
exportación.
Éric Toussaint visitó frecuentemente Nicaragua y el resto de América Central entre 1984 y 1992.
Participó en la organización de brigadas de trabajo voluntario de
sindicalistas y otras personas militantes de la solidaridad
internacional que acudieron desde Bélgica a Nicaragua entre los años
1985 y 1989 . Fue uno de los activistas de la FGTB (Federación General del Trabajo de Bélgica) en temas relacionados con Nicaragua. D urante el período 1984-1992 s e reunió con diferentes miembros de la dirección sandinista: Tomás Borge, Henry Ruiz, Luis Carrion, Víctor Tirado López. Tuvo un estrecho contacto con la ATC, la organización sandinista de trabajadores y trabajadoras agrícolas .
Estuvo invitado en el I Congreso del FSLN en julio de 1991 y en el III
Foro de São Paulo celebrado en Managua en julio de 1992. En la
década de 1980 dio clase en el International Institute for Research and
Education de Amsterdam sobre la estrategia revolucionaria del FSLN antes
de su llegada al poder y sobre el período posterior a 1979.
Nathan Legrand es un activista internacionalista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) en Bélgica.
* N. de la t.:
Para esta traducción hemos tomado partes de artículos anteriores traducidos por Griselda Piñero y Alberto Nadal.
Esta traducción se puede reproducir libremente a
condición de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la
traductora y Rebelión como fuente de la traducción.
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