La promesa de acabar con la corrupción, tras la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina en 2015, no fue más que eso. El mandato de Jimmy Morales dejó en evidencia las profundas redes de poder que constituyen el sistema político guatemalteco.
El presidente Jimmy Morales ha logrado pasar indemne de las acusaciones de corrupción en su contra y está a punto de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) -un organismo conformado a solicitud del Estado guatemalteco en 2007-. Dicha comisión ha jugado un papel importante en el desmonte de mafias civiles y militares en distintas instituciones estatales, pero el grupo de poder tradicional que mantiene atrapado al Estado necesita mantener el orden hasta las elecciones del próximo 16 de junio. Las élites no tienen intención de romper con la corrupción y sobreviven en medio de una crisis institucional catalogada por distintos medios comunitarios y movimientos sociales, como un “Golpe de Estado de baja intensidad” o “Golpe en cámara lenta”.[i]
Se proponen aquí algunas dimensiones de análisis que pueden ser el punto de partida para un primer balance de la gestión del presidente “outsider”. La primera y más mediática es la dimensión institucional, relacionada con la continuidad de la corrupción estatal generalizada, el reacomodo de fuerzas de derecha en el escenario político, y la emergencia de una germinal acción ciudadana como alternativa. Todo ello en medio de una crítica situación socioeconómica de la población, con indicadores que siguen empeorando sin atisbos de acción estatal para modificar el rumbo neoliberal del país y con un alineamiento total a las definiciones de los EE. UU. respecto de Centroamérica, en especial, con el control migratorio y la seguridad.

Morales y la corrupción como continuidad

La llegada de Jimmy Morales a la Presidencia en enero de 2016 pretendió funcionar como apaciguador de un conflicto institucional anclado al conflicto armado: la corrupción vinculaba al Ejecutivo y a otras instituciones estatales en amplias redes mafiosas civiles y militares. [ii] Después de la firma del acuerdo de paz en los años noventa quedaron al descubierto “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad” comprometidos con delitos de guerra, amparados por fuertes conexiones en el Estado y financiados con recursos públicos desviados por funcionarios afines. Un Estado capturado por criminales obligó entonces a sectores del poder a solicitar el ingreso de una comisión judicial internacional para apoyar la labor del sistema judicial en la desarticulación de esos cuerpos de seguridad en la ilegalidad y recomendar políticas públicas para erradicar e impedir su reaparición[iii].
Desde su ingreso al país, la CICIG ha apoyado la apertura de 84 megacausas vinculadas con estos grupos de seguridad ilegales, las cuales han alcanzado a empresarios, funcionarios civiles y militares, incluyendo al presidente Jimmy Morales y su familia, por el financiamiento ilícito de su campaña electoral.
La causa contra Morales desató la furia de las derechas; no estaban dispuestas a superar la profunda crisis de la cual se benefician. Desde el Congreso y la Presidencia optaron por desafiar a los sectores ciudadanos que promueven un nuevo país y a las Naciones Unidas -que vienen apoyando el intento del Ministerio Público de generar justicia- con un “Pacto de Corruptos”, como se conoce esa alianza (entre el Ejecutivo y el Congreso) para evitar sanciones penales al delito de financiamiento ilícito de campaña[iv], generar las condiciones para la expulsión de los funcionarios de la CICIG y brindar el respaldo mayoritario a los fueros presidenciales[v].
El presidente Morales insiste en que la corrupción está controlada, y ha sido respaldado por el Frente de Convergencia Nacional-FCN, otros partidos y por los gobernadores departamentales[vi], sobre quienes el Ministerio Público y la CICIG también tienen enfocada su labor de investigación, relacionando el poder local con los grupos armados y el narcotráfico. Todo parece encaminado a sostener el andamiaje de la política local que sustenta el andamiaje electoral nacional, amparado en una retórica nacionalista y en defensa de la soberanía, muy difícil de creer para un Gobierno tan obsecuente en su política exterior, en especial con EE. UU.[vii]. Se trata de una retórica de “normalidad” desmentida por grupos ciudadanos, por la Fiscalía y por algunos medios de comunicación[viii] que vienen haciendo esfuerzos democráticos por romper esa estructura de poder que ahora ha sellado el pacto de continuismo.

Partidos del orden, sin orden

Estos tres años de mandato de Morales han facilitado un reacomodo de las fuerzas políticas de derechas, las cuales delegaron en el presidente actual el desgaste de la crisis institucional que posibilitó, por un lado, el enfrentamiento a la CICIG y, por el otro, la flexibilización de normas legales para el libre paso de la corrupción. El Pacto de Corruptos, mencionado anteriormente.
El enfrentamiento de Jimmy Morales con la CICIG llegó al punto de intentar un autogolpe de Estado en agosto pasado. La defensa de la corrupción como articuladora estatal en Guatemala posibilita acciones de excepción y, por tanto, una amenaza directa a la ya de por sí debilitada institucionalidad democrática en el país mesoamericano. [ix]
Este reacomodo también incidió en el aumento de formaciones políticas: 24 partidos que participaban en el 2015, pasaron a ser 28 formaciones políticas constituidas y cinco por constituirse que competirán en las próximas elecciones[x]. Dicha reconfiguración, que va más allá del número de partidos, representa una mutación que desafía la precaria institucionalidad y legalidad constituida, promueve la proscripción de controles políticos, y sobre todo, el mantenimiento de la impunidad.
En el último año la ciudadanía ha salido a las calles a reclamar por cambios, sin que se observe una configuración de fuerzas alternativa a los grupos tradicionales del poder, aunque se ha creado un clima social de rechazo al control del Estado por ese pequeño grupo del poder. Tal descontento ha sido canalizado por grupos políticos liderados por pastores evangélicos, como Zuri Ríos, hija del genocida y dictador Efraín Ríos Mont -quien aspira a la presidencia alzando la bandera de su padre y del evangelismo, proponiendo la pena de muerte y una “revolución educativa” [xi]– y por el joven político Álvaro Arzú Escobar, actual presidente del Congreso, quien parece ser el “elegido” del poder. Poco importan los partidos; en épocas de liderazgos mediáticos la estrategia del poder en Guatemala ha sido generar caos y desorden institucional, y de esa manera lograron mantenerse, con algunos sobresaltos, pero sin rupturas, producto de su abrazo al poder Ejecutivo con un personaje de la “antipolítica” que le abrió una ventana de oportunidad a la continuidad.

Rumbo a las elecciones

El pasado 18 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones nacionales que decidirán los puestos a: (i) Presidencia y Vicepresidencia, (ii) diputados y diputadas por lista nacional y departamental, (iii) Parlamento Centroamericano y, (iv) Corporaciones municipales.[xii] El cierre de inscripciones es el 17 de marzo, siendo el 18 de marzo el inicio de la campaña electoral.
El Gobierno de Morales facilitó la llegada de nuevos personajes a la desgastada política tradicional de Guatemala, como la del actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, que con tan sólo 34 años despunta como una importante figura a disputar la Presidencia, es un neoliberal que encabezó el llamado “Pacto de Corruptos” que pretende impunidad para empresarios y políticos con un discurso nacionalista. También habilitó a la extrema derecha para renovar su participación en las elecciones: Zury Ríos, candidata por el Partido Valor, “resucitó” ese partido adormecido en lo que fue el Partido Liberal Progresista (PLP)[xiii] y lo denominó como parte de la “conservadora clásica”, siendo sus banderas: (i) rechazo al aborto, (ii) defensa de la propiedad privada y (iii) el cumplimiento de la ley. “Recuperemos Guatemala” se perfila como el eslogan de su campaña y, con éste, el statu quo no se vería amenazado.
La indignación y movilización social, sin embargo, han generado una oposición encabezada por diversos personajes de la academia y juristas, como Thelma Aldana, la exfiscal general y jefa del Ministerio Público, clave en los casos contra Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ella es identificada como una posible figura presidencial de la transparencia, debido a la percepción de que su gestión fue positiva y contribuyó a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Aldana aún no es formalmente candidata, pero sí ha expresado en distintos medios de comunicación su interés en postularse[xiv] y ha llevado a cabo reuniones con organizaciones políticas al respecto.[xv]
Esta posibilidad alertó a la actual Fiscal, María Consuelo Porras (cercana a los militares), quien declaró en octubre la apertura de un expediente para investigar a Thelma Aldana por presuntas irregularidades en nombramientos en el Ministerio Público. Llama la atención que, estratégicamente, los nombramientos en cuestión corresponden a agentes encargados de las investigaciones de alto nivel.[xvi] Con todo ello, Aldana tendrá una candidatura difícil pues deberá enfrentarse a una posible guerra judicial y a las poderosas estructuras que mantienen el control de buena parte de las instituciones.

Conclusiones del fracaso

La Guatemala dirigida por Morales sigue empobrecida: la tasa de pobreza es del 67,7%, la indigencia ronda el 46,1% -una de las más altas del continente, según la CEPAL[xvii]-, y en términos del Índice de Desarrollo Humano el país maya ocupa el puesto 127 de 169. [xviii] Ello explica la presencia de personas guatemaltecas en el éxodo migrante, que se vio potenciado por las caravanas migrantes en 2018. Con la migración las remesas resultan centrales en la conformación económica guatemalteca: suman el 70% de los ingresos por exportaciones que, en promedio, alcanzan 11 mil millones de dólares anuales[xix].
Los criminales de guerra se la juegan por la impunidad. El presidente Jimmy Morales puede ser caracterizado como el resultado de una estrategia para la continuación de las prácticas tradicionales de corrupción y control estatal para dicho fin. La Guatemala que soñaron las distintas personas movilizadas contra Otto Pérez Molina se encuentra aún lejana, la corrupción no ha abandonado al país centroamericano y la impunidad continúa siendo el soporte del poder guatemalteco.[xx]
Morales, el “outsider” político guatemalteco se constituyó como el principal defensor de la estructura corrupta que conforma la vida política, social y económica del país. La corrupción, a su vez, representa una gran posibilidad para la acumulación, el despojo y las medidas neoliberales. Así, son las poblaciones más vulnerables –indígenas, mujeres, menores de edad- las que quedan expuestas y arrojadas a una migración estructural que no les deja mayor opción entre emprender el riesgoso camino o vivir en la desesperación en un país con mínimas oportunidades. Esta situación complementa la explicación del enfrentamiento y las numerosas medidas de Morales contra la CICIG, pues la soberanía que reclaman contra esta comisión es la patente de corso para continuar el saqueo del Estado y de los recursos ciudadanos iniciado en los años del conflicto armado interno.
El balance de la presidencia de Morales tiene las dos caras de la misma moneda. En materia social y económica ha mantenido los altos índices de pobreza que tienen a Guatemala como uno de los países más desiguales del mundo, y mantiene la estructura de expulsión económica que sostiene una migración constante, que es el principal rubro de importaciones de divisas del país. En lo político mantuvo la crisis institucional, construyendo una alianza nacionalista para expulsar del país a la CICIG y mantener sometido al Estado a las mafias criminales que fueron origen de su creación.