Después de enormes esfuerzos y luchas por avanzar hacia la democratización del país,
en particular durante los dos lustros posteriores a la firma de los
acuerdos de paz, en los últimos años y gobiernos se constatan profundos
retrocesos.
Varias estructuras del crimen organizado y de la
burguesía emergente lograron apoderarse de algunos espacios del poder
estatal, con lo cual se afianzó una disputa por el control de este
ámbito nodal de poder, que en buena medida había sido detentado —a veces
desde las sombras— por los principales segmentos de la burguesía
tradicional. No obstante, las contradicciones entre unos y otros, con
sobresaltos que los llevaron a confrontaciones relativamente relevantes,
prontamente fueron gestando nodos de alianza como respuesta a objetivos
comunes, ciertamente más tácticos e inmediatos que estratégicos. En ese
orden de ideas, los gobiernos del Partido Patriota y del FCN-Nación
constituyeron la expresión del contubernio en materia de políticas y
prácticas que a estas alturas son catalogables de clasistas, corruptas
y, en lo demostrable, delictivas.
Acusados y enjuiciados por
casos de corrupción y de crimen organizado, ambos segmentos de poder
económico y político se articularon para detener las investigaciones y
los juicios en su contra. Así, controlan el Gobierno y el Organismo
Judicial y han avanzado en el aseguramiento de instituciones
fundamentales para ese propósito: el Ministerio de Gobernación, la Corte
Suprema de Justicia, el Ministerio Público. Han infligido un golpe casi
mortal a la Cicig, factor externo que apuntaló los procesos de la
investigación criminal que los amenaza. Con ese mismo propósito han
pretendido destituir al procurador de los derechos humanos, así como
controlar el Tribunal Supremo Electoral, y avanzan en su búsqueda de
desaforar a miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) que les
resultan adversos en materia tanto de este tipo de casos como de
aquellos relacionados con proyectos extractivos.
Hasta el
momento han logrado una aplicación de justicia de clase al liberar
fácilmente a grandes empresarios, al tiempo que se endurece la
criminalización y la judicialización contra quienes se oponen a sus
intereses. Han reconfigurado los procesos judiciales y es muy probable
que salgan libres, con penas mínimas y conmutables por unos quetzales. A
la vez pretenden la aprobación de leyes que garanticen impunidad para
quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y delitos como el
financiamiento electoral ilícito.
En esta disputa, y en función
de garantizar impunidad, el Gobierno ha incurrido en una violación de
la norma constitucional en lo tocante a la relación con otros Estados y
organismos internacionales, lo cual se rige según el derecho
internacional. Ha cometido desacato continuado respecto a las
resoluciones de la CC, lo cual constituye un paso más en lo que varios
juristas interpretan como un golpe de Estado técnico o blando, en torno a
lo cual dicho organismo constitucional actúa de manera ambivalente. El
camino por el que transitan el gobierno y su alianza permite afirmar que
podría profundizarse por esa vía anticonstitucional, con lo cual
estaría en riesgo incluso el proceso electoral y podría instalarse un
régimen dictatorial como en Honduras, Paraguay y Brasil, entre otros.
Quienes integran esta alianza pro impunidad aparecen fragmentados de
cara al proceso electoral. Su objetivo es posicionar lo mejor posible
sus vehículos electorales y candidaturas para agenciarse de mayor poder
de negociación y convertirse en la principal fuerza ungida por quienes
tienen el poder real en el país. No obstante, siguen siendo parte del
actual bloque de poder y, frente a las que consideran amenazas políticas
—que incluyen expresiones de izquierda y de derecha moderada—, lo más
probable es su rearticulación antes o después de la primera vuelta
electoral, tal como ocurrió en torno a la figura de Jimmy Morales y al
FCN-Nación en las elecciones de 2015. Teniendo en cuenta su capacidad
financiera, su control de los medios de comunicación masiva, su manejo
de fondos y de instituciones estatales y sus políticas, prácticas y
discursos con fuertes signos fascistas, el riesgo es que esta alianza se
consolide, logre mantener el control del Estado por la vía electoral o de facto y nos haga retroceder aún más.
Si ello ocurre, las amenazas y riesgos son varios: mayor retroceso de
la enclenque fachada democrática (que podría convertirse en dictadura),
aumento de la conflictividad y confrontación política (con afianzamiento
de métodos y estructuras represivas al estilo de los de la etapa
contrainsurgente), violación de las garantías constitucionales y de los
derechos humanos, consolidación de la impunidad para el saqueo de los
bienes públicos y comunes y, por último, aumento de la explotación, del
despojo, de la desigualdad, de la miseria y de la expulsión de niños y
jóvenes, tal como ha venido ocurriendo durante los últimos dos
gobiernos.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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